"Constatada la presencia de las partes notificadas, este Tribunal de Juicio instala la audiencia", señaló el presidente del Tribunal de Juicio, Antonio Campero.
Previa a la instalación del proceso oral, dijo que los nueve magistrados del TSJ, que son parte del estrado actuarán conforme a derecho y darán celeridad al proceso.
Aunque la apertura, fijada para las 09h00, estaba en duda por la probable ausencia de la magistrada Rita Susana Nava, debido a un problema de salud, se hizo presente para el quórum correspondiente en sala.
Sin embrago, Campero dijo que esa instancia deberá resolver las acciones constitucionales que presentaron algunos de los acusados impugnando resoluciones de los magistrados y algunas normas que aun no tienen resoluciones.
Los imputados en ese juicio son el ex ministro de Defensa, Gonzalo Méndez el ex comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Marco Antonio Justiniano, el ex comandante General del Ejército y ex senador, Marcelo Antezana; el general Gonzalo Rocabado Mercado, que cumple una pena por el caso Octubre Negro; el exjefe de Estado Mayor, Marco Antonio Vázquez Ortiz; el ex inspector General del Ejército, Víctor Hugo Cuéllar; los coroneles Wilber Sánchez Sánchez, David Torrico Vargas y Ciro Valdivia Murguía y el ex ayudante del Departamento Cuarto del Ejército, capitán Ernesto Caballero.
El ex ministro Gonzalo Méndez y el ex Comandante de las Fuerzas Armadas, Marco Antonio Justiniano fueron declarados rebeldes durante la audiencia cautelar.
El ex ministro Méndez y al almirante Justiniano, junto a Marcelo Antezana y Gonzalo Rocabado Mercado fueron imputados por los delitos de sometimiento total o parcial de la Nación a dominio extranjero. En tanto que Vásquez, Torricos, Cuéllar, Sánchez, Valdivia fueron imputados por los delitos de revelación de secretos, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, ésta última también inculpa a Caballero.
El caso de los misiles chinos tiene su origen en 2005, año en que fueron entregados 36 misiles de fabricación china, de propiedad de las Fuerzas Armadas de Bolivia a la Embajada de Estados Unidos para que sean transportados a ese país con el objetivo de desactivarlos, bajo el argumento de que podían ser sustraídos y usados en acciones terroristas. Los misiles volvieron al país desmantelados en 2006.
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