En esta entrega:
- En el sistema estatal no hay rastros de compras de salud para la crisis
- ADJUDICAN 7 MILLONES DE DÓLARES DE YPFB A EMPRESA DE CAMACHO
- Restaurantes cuestionan adjudicación de Leyes
En el sistema estatal no hay rastros de compras de salud para la crisis
La Presidenta Añez señaló que varios recursos fueron redireccionados para atender la emergencia. En el Sicoes sólo figuran 43 contratos por spots.
A la fecha, 1.425.012 dólares invertidos
para la atención de la emergencia sanitaria del país provienen de las
donaciones de organismos internacionales. No hay datos de los gastos o
compras hechas por el Gobierno durante esta crisis. Las únicas
contrataciones públicas del nivel central son las del Ministerio de
Comunicación por concepto de productos informativos.
“Como Gobierno estamos haciendo
absolutamente todos los esfuerzos, redireccionanado los recursos
económicos, porque lo importante es la vida de las bolivianas y los
bolivianos. De qué nos serviría en este momento tan dramático estar
pensando en obras de gran magnitud si no tenemos salud y estamos
perdiendo las vidas de los bolivianos”, manifestó la presidenta,
Jeanine Añez, en una entrega de insumos y equipos médicos en Trinidad.
Página Siete solicitó a los ministerios
de Salud y Economía datos del presupuesto que el Gobierno central
destinado para la atención de la emergencia sanitaria, las compras
hechas hasta el momento y la cantidad de recursos que fueron
redireccionados para la contingencia. Pese a la insistencia no hubo
respuesta.
Un millón en donaciones
Según información proporcionada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, Bolivia recibió donaciones de distintas agencias de cooperación internacional por un valor de 1.425.012 dólares.
Este monto, desde su origen, fue destinado a atender la emergencia sanitaria a través del fortalecimiento del sistema de salud con insumos de bioseguridad, equipos de laboratorio y pruebas.
La Embajada de Francia en Bolivia, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco de
Desarrollo de Alemania (KFW) y El Banco de Desarrollo FONPLATA, Banco de
Desarrollo de América Latina – CAF son los benefactores.
Según el detalle de dicha cartera de
Estado, el 23 de marzo, Fonplata -que aglutina a Argentina, Bolivia,
Brasil, Paraguay y Uruguay- donó al país 200.000 dólares. Este monto fue
destinado a la compra de 16 camillas de transporte, 30 tubos de oxígeno
más manómetro, 1.860 cajas de guantes de Nitrilo, 1.000 lentes de
protección, seis desfibriladores, 57.334 pares de guantes estériles y
800 barbijos N 95.
El 27 de marzo la Embajada Francesa
aportó al país 39.000 dólares, que fueron destinados a apoyar el
trabajo del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenotrop). Esta institución, ubicada en Santa
Cruz, es un laboratorio de detección del Covid-19. De acuerdo al
viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo
Quiroga Soria, las pruebas que se desarrollan en el país se realizan con
los reactivos adquiridos gracias a esta donación.
El 2 de abril el PNUD entregó al
Gobierno Boliviano un lote importante de equipos médicos. La donación
tiene un valor de 498.656 dólares. Entre lo recibido están los tres
laboratorios de PCR -con termocicladores, cabinas de bioseguridad,
centrifugas refrigeradas para microtubos con contenedor de aerosoles y
todo el equipamiento imprescindible para implementar laboratorios de
nivel II- y los 10 laboratorios tipo GeneXpert, destinados a obtener
tests rápidos que continúan en etapa de implementación por falta de
reactivos.
El 3 de abril, el KFW hizo una
donación de fondos de contravalor para el apoyo al trabajo de la
Policía Boliviana. La donación de 287.356 dólares fue destinada para
equipar al verde olivo con barbijos N 95, guantes látex, alcohol en gel y
trajes de bioseguridad nivel A. En la información brindada no se
especifica la cantidad o el destino.
El 25 de marzo, la CAF realizó la
donación de 400.000 dólares. Éste dinero está destinado a fortalecer las
capacidades de detección y diagnóstico oportuno- con la adquisición de
equipos, reactivos de diagnóstico y el pago a recursos humanos- y a
fortalecer las capacidades de las redes de salud con personal,
instrumental y equipo de protección de bioseguridad.
En este caso el Ministerio de Salud es el encargado de realizar la cotización y licitación, pero ninguna figura en el Sicoes.
Créditos esperan en la Asamblea
Según el Ministerio de Planificación
del Desarrollo, el Gobierno se encuentra en proceso de aprobación de
varios créditos con distintas agencias de cooperación multilaterales
para hacer frente a esta pandemia. Estos préstamos que serán para
inyectar recursos en la economía nacional, aún están en tratamiento en
la Asamblea.
“Hemos remitido a la Asamblea un
crédito con la CAF por 50 millones de dólares para la atención sanitaria
causada por la pandemia del Covid-19 y se ha remitido un proyecto de
ley para un crédito de 327 millones de dólares con el FMI”, señaló el
ministro Carlos Díaz en conferencia de prensa.
Explicó que hay otros préstamos que
están en el Legislativo a la espera de su aprobación. Entre ellos uno de
70 millones de dólares con el Banco Mundial para programas de
resiliencia en las ciudades de La Paz y Santa Cruz y otro de 11.500
millones con la CAF para la implementación de una planta de tratamiento
de aguas en El Alto.
Dijo que si bien estos son créditos
para obras, también son fuentes generadores de empleo. “El gobierno
tiene dos objetivos claros ante el Covid, cuidar la salud de los
bolivianos y cuidar la economía de las familias”, aseveró.
Piden transparentar las donaciones y créditos
Desde la Cámara de Diputados se
pidió transparentar las donaciones y créditos establecidos en el marco
de la emergencia sanitaria que vive el país. Se propuso la creación de
una comisión mixta entre el Legislativo y el Ejecutivo nacional.
“El Gobierno debe decirnos en qué
está gastando toda esta ayuda que llega. Italia dio 20 millones de
euros, Japón 30 millones de dólares, Europa cinco millones de euros, el
FMI 300 millones de bolivianos, el Banco Central de Bolivia 15 millones
de dólares”, detalló el presidente de Diputados (MAS) Sergio Choque.
El diputado de UD, Erick Morón
propuso -mediante una carta enviada a la presidenta Jeanine Añez y a
Choque- crear una comisión fiscalizadora.
“Estoy solicitando implementar una
comisión interinstitucional compuesta por profesionales, donde esté la
Asamblea, la Contraloría, el Colegio de Auditores y los ministerios
correspondientes. El único fin de de esta instancia sería transparentar
las donaciones y los presupuestos”, sostuvo Morón.
El Decreto Supremo 4174 que declara la
emergencia sanitaria autorizó la contratación directa de insumos y
equipos médicos. Estos procesos debían ser reglamentados por cada
“entidad contratante”.
El reglamento del Ministerio de
Salud contempla la necesidad de registrar en el Sicoes y en la
Contraloría toda la información sobre los contratos.
120 contratos en Sicoes y tres convocatorias
Hasta el 24 de abril, el Sistema de
Contrataciones Estatales (Sicoes) registró 120 contrataciones referidas
a la atención de la emergencia sanitaria por el coronavirus. De ellas
solo 43 fueron hechas por una instancia del Gobierno central. El resto
corresponde a Municipios, Gobernaciones, Hospitales y Cajas.
Los registros del ejecutivo
nacional corresponden al Ministerio de Comunicación. Todas tienen como
objeto servicios para la difusión de spots y otros similares en el marco
del derecho a la información. No figuran compras del Ministerio de
Salud u otra cartera de Estado.
Entre los otros contratos tampoco
están las compras del Gobierno Municipal de La Paz o de El Alto.
Las licitaciones hechas por los otros municipios y Gobernaciones están referidas a la adquisición de productos de higiene, insumos de bioseguridad, equipos médicos, medicamentos, trasporte para personal médico y bombas para equipos de desinfección, entre otros.
Las licitaciones hechas por los otros municipios y Gobernaciones están referidas a la adquisición de productos de higiene, insumos de bioseguridad, equipos médicos, medicamentos, trasporte para personal médico y bombas para equipos de desinfección, entre otros.
En la página Bolivia Segura, portal
oficial en el país, son públicas solo tres convocatorias. Las mismas
tienen como fuente de financiamiento el BID y están bajo la
responsabilidad de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento
Médico (Aisem), instancia dependiente del Ministerio de Salud.
La primera convocatoria data del 10
de abril e invita a empresas a presentar sus “expresiones de interés
para la provisión de equipos de protección personal”. Se solicita
guantes de examen y quirúrgicos, máscaras para los trabajadores
sanitarios y médicos, vestidos o batas, gafas protectoras y gorros,
además de enterizos u overoles desechables e impermeables. No hay
costos.
La segunda convocatoria data del 17 de abril. El requerimiento es un ventilador de transporte.
La tercera convocatoria está
dirigida a la adquisición de equipos médicos. Entre algunos ítems están:
500 resucitadores ambulantes para adultos y 200 para niños, 124
glucómetros, 125 carros de paro con monitor desfibrilador, 100 cámaras
de aislamiento, 100 electrocardiógrafos y 39 ventiladores de terapia
intensiva. Además se requiere baños secos, cabinas PCR y
termocicladores entre muchos otros ítemes referidos a equipos de
laboratorio.
El plazo para la presentación de
propuestas para todas estas convocatorias ya venció. Las cotizaciones o
datos de si ya fueron adquiridos o entregados no son públicos.
- Las autoridades califican como histórica la inversión que se realiza en salud para atender la emergencia sanitaria. Varios sectores han pedido aprobar ya el 10% para salud.
- Histórico A principios de abril el Gobierno anunció que haría una inversión histórica en salud con la compra de 500 camas de terapia intensiva y más de 1.000 de internación.
- Equipos Además de lo anterior se comprometió la entrega de 500 respiradores, 300 mil pruebas de biología molecular para realizar los test Covid-19 y la contratación de nuevo personal médico.
- Registro Toda compra, incluso en tiempos de crisis y cuando son contratos directos, deben registrarse en el Sicoes, según los decretos 0181 y 1497.
- Excepción El Manual de Operaciones del Sicoes señala que no se registrarán las compras presupuestadas en montos menores a 20.000 bolivianos.
- Seguridad También quedan exentas del registro en el Sicoes aquellas compras que sean para fines de seguridad y defensa del Estado, como implementos para las Fuerzas Armadas y la Policía.
- China El embajador chino en Bolivia, Huang Yazhong, hizo la entrega al Gobierno la donación de Alibaba, consistente en 100.000 barbijos, 20.000 kits de reactivos y cinco respiradores.
Con “una nota de carácter privado” y redactada en inglés, Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), trasfiere siete millones de
dólares “a sola firma”, a una empresa fantasma vinculada a Fernando Camacho.
Mientras el gobierno de facto convoca al ayuno y la oración, YPFB adjudicó siete millones de dólares a una empresa “dizque aseguradora” que nunca presentó oferta técnica ni económica que no tiene domicilio jurídico ni está certificada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS.
“¿Cómo puede ser posible que YPFB haya adjudicado el Programa de Seguros, de manera directa y sin proceso de contratación alguno, violentando de manera inconcebible los principios de transparencia, equidad, libre competencia y debido proceso?”, indica la carta documento que la empresa Boliviana Ciacruz, envió YPFB, advirtiendo con iniciarle un juicio por “daño al estado”.
“Exigimos a YPFB revierta inmediatamente, dicho contrato. En caso de que esto no suceda, adelantamos que haremos uso de todas las acciones legales pertinentes y de todos los medios adicionales disponibles, con la razón que nos asiste, para hacer valer y respetar no solamente nuestros derechos como operador de servicios legalmente establecido y habilitado en el País, sino principalmente los intereses de YPFB, Empresa Estratégica de todos los Bolivianos”, dice la carta documento, más interesada en defender al país, que los mismos funcionarios públicos.
La correspondencia de la aseguradora Boliviana Ciacruz, también pide explicación sobre el Sr. Helder Padilla Casanova, personaje ligado al cívico Fernando Camacho: “Cuál es la relación que existe y por qué razón y con qué autoridad o por instrucción de quién, el Sr. Helder Padilla envió una Nota el 12 de marzo en idioma inglés y a sola firma, dirigida “A Quién Corresponda” instruyendo, en contra de toda práctica aseguradora de mercado, a los Reaseguradores participantes en la colocación actual de las pólizas facultativas de YPFB”, expresa la misiva.
El directorio de YPFB, emitió un comunicado en el que desmiente la adjudicación de siete millones de dólares a la empresa fantasma.
Sin embargo, el jueves 23 de abril, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, admitió la existencia de dicho contrato instruyendo a YPFB anular la adjudicación: “Nosotros no compartimos esta forma de contratación, es por eso que de manera inmediata se le está pidiendo a YPFB que anule este proceso y que se haga una convocatoria pública”, afirmó queriendo minimizar el desfalco.
Resulta curioso que ni los cívicos de Tarija, Santa Cruz o Sucre, hayan pedido una investigación al respecto, ya que la justicia y los medios de comunicación, se encuentran ocupados haciendo mucho ayuno y oración, para coadyuvar con el gobierno en el plan nacional para detener el contagio del coronavirus.
(Adjuntamos documento en PDF) CARTA YPFB (1)
Mientras el gobierno de facto convoca al ayuno y la oración, YPFB adjudicó siete millones de dólares a una empresa “dizque aseguradora” que nunca presentó oferta técnica ni económica que no tiene domicilio jurídico ni está certificada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS.
“¿Cómo puede ser posible que YPFB haya adjudicado el Programa de Seguros, de manera directa y sin proceso de contratación alguno, violentando de manera inconcebible los principios de transparencia, equidad, libre competencia y debido proceso?”, indica la carta documento que la empresa Boliviana Ciacruz, envió YPFB, advirtiendo con iniciarle un juicio por “daño al estado”.
“Exigimos a YPFB revierta inmediatamente, dicho contrato. En caso de que esto no suceda, adelantamos que haremos uso de todas las acciones legales pertinentes y de todos los medios adicionales disponibles, con la razón que nos asiste, para hacer valer y respetar no solamente nuestros derechos como operador de servicios legalmente establecido y habilitado en el País, sino principalmente los intereses de YPFB, Empresa Estratégica de todos los Bolivianos”, dice la carta documento, más interesada en defender al país, que los mismos funcionarios públicos.
La correspondencia de la aseguradora Boliviana Ciacruz, también pide explicación sobre el Sr. Helder Padilla Casanova, personaje ligado al cívico Fernando Camacho: “Cuál es la relación que existe y por qué razón y con qué autoridad o por instrucción de quién, el Sr. Helder Padilla envió una Nota el 12 de marzo en idioma inglés y a sola firma, dirigida “A Quién Corresponda” instruyendo, en contra de toda práctica aseguradora de mercado, a los Reaseguradores participantes en la colocación actual de las pólizas facultativas de YPFB”, expresa la misiva.
El directorio de YPFB, emitió un comunicado en el que desmiente la adjudicación de siete millones de dólares a la empresa fantasma.
Sin embargo, el jueves 23 de abril, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, admitió la existencia de dicho contrato instruyendo a YPFB anular la adjudicación: “Nosotros no compartimos esta forma de contratación, es por eso que de manera inmediata se le está pidiendo a YPFB que anule este proceso y que se haga una convocatoria pública”, afirmó queriendo minimizar el desfalco.
Resulta curioso que ni los cívicos de Tarija, Santa Cruz o Sucre, hayan pedido una investigación al respecto, ya que la justicia y los medios de comunicación, se encuentran ocupados haciendo mucho ayuno y oración, para coadyuvar con el gobierno en el plan nacional para detener el contagio del coronavirus.
(Adjuntamos documento en PDF) CARTA YPFB (1)
Restaurantes cuestionan adjudicación de Leyes
Junto al Movimiento Gastronómico Alimentario Boliviano (MIGA) y la Asociación de Chefs de Bolivia, expresaron su descontento mediante un manifiesto público por contratarse a una sola empresa, que, además, no presentó el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), en lugar de promover que la economía se reactive para todos y se tome en cuenta a los demás restaurantes establecidos legalmente.
Hace dos días, se revelaron irregularidades en la adjudicación. Según el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), se adjudicó la dotación de 34.890 raciones de alimentos para los uniformados por 15 días de manera directa y por 488.000 bolivianos al propietario de la empresa y restaurante Bunker Grill & Bar, pero no presentó el RUPE.
El concejal Edwin Jiménez explicó que el RUPE “es un requisito indispensable para participar en contrataciones públicas”. Junto al concejal Joel Flores, pedirán un informe al Ejecutivo porque el contrato vulnera las normas de contratación.
Además, explicaron que, aunque no haya una licitación por el estado de emergencia, se tendría que haber solicitado propuestas a varios restaurantes para elegir la mejor opción.
Sin embargo, Cardona informó que sus afiliados no fueron tomados en cuenta “ni para una cotización”. “¿Por qué no dar trabajo a mayor cantidad de personas para que puedan seguir sobreviviendo?”, cuestionó.
El secretario de Protección al Ciudadano, Omar Cordero, indicó el viernes que se contrató a una persona natural y no a una empresa, por lo que se prescindió del RUPE y justificó que por la emergencia no se compararon precios.
Mercado: Algunos se quieren hacer a los vivos
“Hablo por todos y no por ninguno en particular”, dijo. Explicó que la inversión de los recursos “debe administrada con un objetivo claro que es la salud y la vida de los bolivianos”. Y, en caso de registrarse irregularidades o denuncias, tendrán que ser atendidas en las instancias correspondientes.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió, hace dos semanas, a las autoridades subnacionales ejecutar sus recursos con transparencia y no aprovechar la emergencia para vulnerar la ley. “A veces en el llamado de emergencia es donde se hacen los grandes negociados, pero robar en momentos como este es un triple delito”, sostuvo en conferencia.
