domingo, 26 de abril de 2020

En el sistema estatal no hay rastros de compras de salud para la crisis




En esta entrega:
  • En el sistema estatal no hay rastros de compras de salud para la crisis
  • ADJUDICAN 7 MILLONES DE DÓLARES DE YPFB A EMPRESA DE CAMACHO
  • Restaurantes cuestionan adjudicación de Leyes

En el sistema estatal no hay rastros de compras de salud para la crisis


La Presidenta Añez señaló que varios recursos fueron redireccionados para atender la emergencia. En el Sicoes sólo figuran 43 contratos por spots.

A la fecha, 1.425.012 dólares invertidos para la atención de la emergencia sanitaria del país provienen de las donaciones de organismos internacionales. No hay datos de los gastos o compras  hechas por el Gobierno durante esta crisis. Las únicas contrataciones públicas del nivel central son las del Ministerio de Comunicación por concepto de productos informativos.
“Como Gobierno estamos haciendo absolutamente todos los esfuerzos, redireccionanado  los recursos económicos, porque lo importante es la vida de las bolivianas y los bolivianos. De qué  nos serviría en este momento tan dramático estar pensando en obras de gran magnitud si no tenemos salud y estamos perdiendo las vidas de los bolivianos”, manifestó  la presidenta, Jeanine Añez, en una entrega de insumos   y equipos médicos en Trinidad.
Página Siete solicitó a los ministerios de Salud y Economía datos del presupuesto  que el Gobierno central destinado para la atención de la emergencia sanitaria, las compras hechas hasta el momento y la cantidad de recursos que fueron redireccionados  para la contingencia. Pese a la insistencia no hubo respuesta.  

Un millón en donaciones


Según información proporcionada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, Bolivia recibió donaciones  de distintas agencias de cooperación internacional por un valor de 1.425.012 dólares.

Este monto, desde su origen, fue destinado a atender la emergencia sanitaria a través del fortalecimiento del  sistema de salud con insumos de bioseguridad, equipos de laboratorio y pruebas. 
La Embajada de Francia en Bolivia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el  Banco de Desarrollo de Alemania (KFW) y El Banco de Desarrollo FONPLATA, Banco de Desarrollo de América Latina – CAF son los benefactores.
Según el detalle de dicha cartera de Estado, el 23 de marzo, Fonplata -que aglutina a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay- donó al país 200.000 dólares. Este monto fue destinado a la compra de 16 camillas de transporte, 30 tubos de oxígeno más manómetro, 1.860 cajas de guantes de Nitrilo, 1.000 lentes de protección, seis desfibriladores, 57.334 pares de guantes estériles y 800 barbijos N 95.
El 27 de marzo  la Embajada Francesa aportó al país 39.000 dólares, que fueron destinados  a apoyar el trabajo del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenotrop). Esta institución, ubicada en Santa Cruz, es un laboratorio de detección del Covid-19. De acuerdo al viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga Soria, las pruebas que se desarrollan en el país se realizan con los reactivos adquiridos gracias a esta donación.
El 2 de abril el PNUD entregó al Gobierno Boliviano un lote importante de  equipos médicos. La donación tiene un valor de 498.656 dólares. Entre lo recibido están los tres laboratorios de PCR -con termocicladores, cabinas de bioseguridad, centrifugas refrigeradas para microtubos con contenedor de aerosoles  y todo el equipamiento imprescindible para implementar laboratorios  de nivel II- y los 10 laboratorios tipo GeneXpert, destinados a obtener tests rápidos que continúan en etapa de implementación por falta de reactivos.  
El 3 de abril, el KFW hizo una donación de  fondos de contravalor para el apoyo al trabajo de la Policía Boliviana. La donación de 287.356 dólares fue destinada para equipar al verde olivo con barbijos N 95, guantes látex, alcohol en gel y trajes de bioseguridad nivel A. En la información brindada no se especifica la cantidad o el destino. 

El 25 de marzo, la CAF realizó la donación de 400.000 dólares. Éste dinero está destinado a fortalecer las capacidades de detección y diagnóstico oportuno- con la adquisición de equipos, reactivos de diagnóstico y el pago a recursos humanos- y a fortalecer las capacidades de las redes de salud con personal, instrumental y equipo de protección de bioseguridad. 
En este caso el Ministerio de Salud es el  encargado de realizar la   cotización y licitación, pero ninguna figura en el Sicoes. 

Créditos esperan  en la Asamblea

 
Según el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Gobierno  se encuentra en proceso de aprobación de varios créditos con distintas agencias de cooperación multilaterales para hacer frente a esta pandemia. Estos préstamos que serán para inyectar  recursos  en la economía nacional, aún están en tratamiento en la Asamblea.
“Hemos remitido a la  Asamblea un crédito con la CAF por 50 millones de dólares para la atención sanitaria causada por la pandemia del Covid-19 y se  ha remitido un proyecto de ley para un crédito de 327 millones de dólares con el FMI”, señaló el ministro Carlos Díaz en conferencia de prensa.
Explicó que hay otros préstamos que están en el Legislativo a la espera de su aprobación. Entre ellos uno de 70 millones de dólares con el Banco Mundial para programas de resiliencia en las ciudades de La Paz y Santa Cruz y otro de 11.500 millones con la CAF para la implementación  de una planta de tratamiento de aguas en  El Alto.
Dijo que si bien estos son créditos para obras, también son fuentes generadores  de empleo.  “El gobierno tiene dos objetivos claros ante el Covid, cuidar la salud de los bolivianos y cuidar la economía de las familias”, aseveró. 


Piden transparentar las donaciones y créditos

 
Desde la Cámara de Diputados    se pidió  transparentar  las donaciones y créditos establecidos en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país. Se propuso la creación de una comisión mixta entre el Legislativo y el Ejecutivo nacional.
“El Gobierno debe decirnos en qué está gastando toda esta ayuda que llega. Italia dio 20 millones de euros, Japón 30 millones de dólares, Europa cinco millones de euros, el FMI 300 millones de bolivianos, el Banco Central de Bolivia 15 millones de dólares”, detalló el presidente de Diputados (MAS) Sergio Choque.
El diputado de UD, Erick Morón propuso -mediante una carta enviada a la presidenta Jeanine Añez y a Choque- crear una comisión fiscalizadora.
“Estoy solicitando implementar una comisión interinstitucional compuesta por profesionales, donde esté la Asamblea, la Contraloría, el Colegio de Auditores y los ministerios correspondientes. El  único fin de de esta instancia sería transparentar las donaciones y los presupuestos”, sostuvo Morón.  

El Decreto Supremo 4174 que declara la emergencia sanitaria autorizó la contratación directa de insumos y equipos médicos. Estos procesos debían ser reglamentados por cada “entidad contratante”.
El reglamento del Ministerio de Salud  contempla la necesidad de registrar en el Sicoes y en la Contraloría toda la información sobre los contratos. 

 

120 contratos en  Sicoes y tres convocatorias

Hasta el 24 de abril, el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) registró 120 contrataciones  referidas a la atención de la emergencia sanitaria por el coronavirus. De ellas solo 43 fueron hechas por una instancia del Gobierno central. El resto corresponde a Municipios, Gobernaciones, Hospitales y Cajas.
Los registros  del ejecutivo nacional corresponden al Ministerio de Comunicación. Todas tienen como objeto servicios para la difusión de spots y otros similares en el marco del derecho a la información. No figuran compras del Ministerio de Salud u otra cartera de Estado.  
Entre los otros contratos tampoco están las compras del Gobierno Municipal de La Paz o de El Alto.


Las licitaciones hechas por los otros municipios y Gobernaciones están referidas  a la adquisición de productos de higiene, insumos de bioseguridad, equipos médicos, medicamentos, trasporte para personal médico y bombas para equipos de desinfección, entre otros.
En la página Bolivia Segura, portal oficial en el país, son públicas  solo tres convocatorias. Las mismas tienen como fuente de financiamiento el BID y están bajo la responsabilidad de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), instancia dependiente del Ministerio de Salud.
La primera convocatoria data del 10 de abril e invita a empresas a presentar sus “expresiones de interés para la provisión de equipos de protección personal”.  Se solicita guantes de examen y quirúrgicos, máscaras para los trabajadores sanitarios y médicos, vestidos o batas, gafas protectoras y gorros, además de  enterizos u overoles desechables e impermeables. No hay costos. 

La segunda convocatoria data del 17 de abril. El requerimiento es un ventilador de transporte.
La tercera convocatoria está dirigida a la adquisición de equipos médicos. Entre algunos ítems están: 500 resucitadores ambulantes para adultos y 200 para niños, 124 glucómetros, 125 carros de paro con monitor desfibrilador, 100 cámaras de aislamiento, 100 electrocardiógrafos y 39 ventiladores de terapia intensiva. Además se requiere  baños secos, cabinas PCR y termocicladores entre muchos otros ítemes referidos a equipos de laboratorio.
El plazo para la presentación de propuestas para todas estas convocatorias ya venció. Las cotizaciones o datos de si ya fueron adquiridos o entregados no son públicos. 

  • Las autoridades califican como histórica la inversión que se realiza en salud para atender la emergencia sanitaria. Varios sectores han pedido aprobar ya el 10% para salud. 
  • Histórico A principios de abril el Gobierno anunció que haría una inversión histórica en salud con la compra de 500 camas de terapia intensiva y más de 1.000 de internación. 
  • Equipos Además de lo anterior se comprometió la entrega de 500 respiradores, 300 mil pruebas de biología molecular para realizar los test Covid-19 y la contratación de nuevo personal médico.
  • Registro Toda compra, incluso en tiempos de crisis y cuando son contratos directos, deben registrarse en el Sicoes, según los decretos  0181 y 1497.
  • Excepción El Manual de Operaciones del Sicoes señala que no se registrarán las compras presupuestadas en  montos menores a 20.000 bolivianos. 
  • Seguridad También quedan exentas del registro en el Sicoes  aquellas compras que sean para fines de seguridad y defensa del Estado, como implementos para las Fuerzas Armadas y la Policía. 
  • China El embajador chino en Bolivia, Huang Yazhong, hizo la entrega al Gobierno  la donación de Alibaba, consistente en 100.000 barbijos, 20.000 kits de reactivos y cinco respiradores.
Fuente: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/26/en-el-sistema-estatal-no-hay-rastros-de-compras-de-salud-para-la-crisis-253786.html#!



Con “una nota de carácter privado” y redactada en inglés, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), trasfiere siete millones de dólares “a sola firma”, a una empresa fantasma vinculada a Fernando Camacho.

Mientras el gobierno de facto convoca al ayuno y la oración, YPFB adjudicó siete millones de dólares a una empresa “dizque aseguradora” que nunca presentó oferta técnica ni económica que no tiene domicilio jurídico ni está certificada por la Autoridad de Fiscalización y Control  de Pensiones y Seguros – APS.

“¿Cómo puede ser posible que YPFB haya adjudicado el Programa de Seguros, de manera directa y sin proceso de contratación alguno, violentando de manera inconcebible los principios de transparencia, equidad, libre competencia y debido proceso?”, indica la carta documento que la empresa Boliviana Ciacruz, envió YPFB, advirtiendo con iniciarle un juicio por “daño al estado”.

“Exigimos a YPFB revierta inmediatamente, dicho contrato. En caso de que esto no suceda, adelantamos que haremos uso de todas las acciones legales pertinentes y de todos los medios adicionales disponibles, con la razón que nos asiste, para hacer valer y respetar no solamente nuestros derechos como operador de servicios legalmente establecido y habilitado en el País, sino principalmente los intereses de YPFB, Empresa Estratégica de todos los Bolivianos”, dice la carta documento, más interesada en defender al país, que los mismos funcionarios públicos.

La correspondencia de la aseguradora Boliviana Ciacruz, también pide explicación sobre el Sr. Helder Padilla Casanova, personaje ligado al cívico Fernando Camacho: “Cuál es la relación que existe y por qué razón y con qué autoridad o por instrucción de quién, el Sr. Helder Padilla envió una Nota el 12 de marzo en idioma inglés y a sola firma, dirigida “A Quién Corresponda” instruyendo, en contra de toda práctica aseguradora de mercado, a los Reaseguradores participantes en la colocación actual de las pólizas facultativas de YPFB”, expresa la misiva.

El directorio de YPFB, emitió un comunicado en el que desmiente la adjudicación de siete millones de dólares a la empresa fantasma.

Sin embargo, el jueves 23 de abril, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, admitió la existencia de dicho contrato instruyendo a YPFB anular la adjudicación: “Nosotros no compartimos esta forma de contratación, es por eso que de manera inmediata se le está pidiendo a YPFB que anule este proceso y que se haga una convocatoria pública”, afirmó queriendo minimizar el desfalco.

Resulta curioso que ni los cívicos de Tarija, Santa Cruz o Sucre, hayan pedido una investigación al respecto, ya que la justicia y los medios de comunicación, se encuentran ocupados haciendo mucho ayuno y oración, para coadyuvar con el gobierno en el plan nacional para detener el contagio del coronavirus.

(Adjuntamos documento en PDF)      CARTA YPFB (1)



Restaurantes cuestionan adjudicación de Leyes 

 

“Si estas 35 mil raciones hubieran sido divididas, podíamos generar trabajo por lo menos a 150 restaurantes que lo necesitan”, observó ayer la presidente de la Asociación de Empresarios de Restaurantes y Ramas Afines Cochabamba (Aserac), Vivian Cardona, en relación a la adjudicación de alimento para los policías y militares que la Alcaldía de Cochabamba otorgó a una sola empresa, en medio de irregularidades.

Junto al Movimiento Gastronómico Alimentario Boliviano (MIGA) y la Asociación de Chefs de Bolivia, expresaron su descontento mediante un manifiesto público por contratarse a una sola empresa, que, además, no presentó el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), en lugar de promover que la economía se reactive para todos y se tome en cuenta a los demás restaurantes establecidos legalmente.

Hace dos días, se revelaron irregularidades en la adjudicación. Según el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), se adjudicó la dotación de 34.890 raciones de alimentos para los uniformados por 15 días de manera directa y por 488.000 bolivianos al propietario de la empresa y restaurante Bunker Grill & Bar, pero no presentó el RUPE.

El concejal Edwin Jiménez explicó que el RUPE “es un requisito indispensable para participar en contrataciones públicas”. Junto al concejal Joel Flores, pedirán un informe al Ejecutivo porque el contrato vulnera las normas de contratación.

Además, explicaron que, aunque no haya una licitación por el estado de emergencia, se tendría que haber solicitado propuestas a varios restaurantes para elegir la mejor opción.

Sin embargo, Cardona informó que sus afiliados no fueron tomados en cuenta “ni para una cotización”. “¿Por qué no dar trabajo a mayor cantidad de personas para que puedan seguir sobreviviendo?”, cuestionó.

El secretario de Protección al Ciudadano, Omar Cordero, indicó el viernes que se contrató a una persona natural y no a una empresa, por lo que se prescindió del RUPE y justificó que por la emergencia no se compararon precios.

Mercado: Algunos se quieren hacer a los vivos



El Ministro de Trabajo y delegado presidencial en Cochabamba para la emergencia, Óscar Mercado, aseguró ayer que no permitirán que, en época de crisis, “algunas autoridades se quieran hacer a los vivos” administrando de forma indebida los recursos por la emergencia sanitaria.

“Hablo por todos y no por ninguno en particular”, dijo. Explicó que la inversión de los recursos “debe administrada con un objetivo claro que es la salud y la vida de los bolivianos”. Y, en caso de registrarse irregularidades o denuncias, tendrán que ser atendidas en las instancias correspondientes.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió, hace dos semanas, a las autoridades subnacionales ejecutar sus recursos con transparencia y no aprovechar la emergencia para vulnerar la ley. “A veces en el llamado de emergencia es donde se hacen los grandes negociados, pero robar en momentos como este es un triple delito”, sostuvo en conferencia.

Fuente:https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200426/restaurantes-cuestionan-adjudicacion-leyes




martes, 7 de abril de 2020

Secretario privado de Áñez a The New Yorker: “Soy agente de la CIA”



Erick Foronda, secretario privado de la presidenta Jeanine Áñez, le dijo al periodista estadounidense Jon Lee Anderson que es agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EEUU), una declaración que fue recogida para el reportaje “La caída de Evo Morales”, publicado por la renombrada revista The New Yorker.

La afirmación de Foronda fue registrada por Lee Anderson cuando fue a entrevistar a Áñez en el Palacio Quemado para la pieza periodística que fue lanzada originalmente por The New Yorker a mediados del mes pasado en su edición en inglés y que acaba de ser traducida al español en su página web.

El texto completo, que lleva como identificador la frase “Letter from Bolivia” (Carta desde Bolivia), puede leerse en español ingresando a este enlace: https://bit.ly/3aTIpTF

“Un hombre de traje se presentó como Erick Foronda, secretario privado de Áñez. Cuando señalé que me parecía conocido, declaró con afectada seriedad: ‘Debe ser porque soy agente de la CIA”, relata el prestigioso reportero estadounidense, conocido por sus coberturas en zonas de conflictos armados en Medio Oriente y América Latina.

Consultado por OPINIÓN al respecto, Foronda aclaró que ese intercambio de palabras con el periodista se dio en un contexto de burla y que en EEUU es una broma común que alguien diga que es agente de la CIA. Acotó que un agente de la CIA jamás admitiría públicamente trabajar para esa agencia de inteligencia estadounidense.

Tras consignar esa declaración textual, el reportaje del New Yorker ofrece más datos sobre Foronda: que fue asesor de la Embajada de EEUU en La Paz por más de dos décadas y que durante los primeros años de gobierno de Trump vivió en el país del norte.

“Ahora, los aliados de Morales señalan que su presencia (la de Foronda) en el palacio es indiscutible evidencia de que Estados Unidos ha respaldado el golpe”, apunta el periodista para a continuación citar una noticia emitida por Radio Habana Cuba en enero, la cual se titula: “Secretario privado de Áñez vela por la subordinación de Bolivia a EEUU”.

Más allá de la veracidad o no de la declaración de Foronda, el dato le permite a Lee Anderson perfilar el talante “desvergonzadamente derechista” del Gobierno transitorio liderado por Áñez, que, entre otras acciones compatibles con la política exterior del régimen de Trump, expulsó de Bolivia a diplomáticos y médicos venezolanos y cubanos, acusados sin pruebas de financiar acciones violentas de los simpatizantes del expresidente Evo Morales.

“El primer mandatario que felicitó a Áñez por su presidencia fue el líder derechista de Brasil, Jair Bolsonaro; el segundo fue Donald Trump”, complementa el texto de Jon Lee.

Más adelante, “La caída de Evo Morales” vuelve a aludir al secretario privado de la mandataria y precisa que “en Washington, Erick Foronda y Arturo Murillo se fotografiaron junto a Marco Rubio”, senador por Florida del Partido Republicano, del que llegó a ser precandidato a la presidencia en 2016 y a quien se identifica como una de las figuras más visibles del ala conservadora de la organización política hoy en funciones de gobierno.

En consonancia con Lee Anderson, un artículo del medio digital Sol de Pando (soldepando.com), dirigido por el periodista boliviano Wilson García Mérida, coincide en que Foronda sería agente de la CIA (en el texto “Agente de la CIA ordenó cambios en canal 7”). Lo propio plantea el portal de izquierda Rebelión (rebelion.org), en el texto “Erick Foronda, ‘el agente de la CIA que maneja el gobierno de Áñez”.

Dejando de lado la eventual injerencia estadounidense en el Gobierno transitorio, la pieza publicada por el New Yorker ofrece un retrato de Bolivia en las semanas posteriores a la renuncia de Evo Morales a la presidencia, en noviembre de 2019. Para ello, el reportero se encontró y habló con Morales, Álvaro García Linera, Jeanine Áñez, Arturo Murillo, Jerjes Justiniano (primer ministro de la Presidencia del régimen actual), Adriana Salvatierra, Waldo Albarracín, entre otras personas.

“La caída de Evo Morales” revela la complejidad del clima político en el país, fracturado entre los partidarios de Evo que denuncian un golpe de Estado y los sectores que le achacan al exmandatario un fraude electoral.

Lee Anderson consigue que Evo Morales, García Linera y Adriana Salvatierra admitan que cometieron errores en su gestión, como la forzada reelección para un cuarto mandato de la dupla masista que gobernó Bolivia por casi 14 años. Sin embargo, son confesiones a medidas o diferidas, que no explicitan las falla del Gobierno del MAS. Así también le saca a Áñez una afirmación en la que se dice “ultraderechista” por haber devuelto la Biblia al Palacio Quemado, pese a que Bolivia es constitucionalmente un Estado laico.

Jon Lee Anderson (California, 1957) es un destacado periodista y escritor estadounidense, que forma parte del staff de la revista The New Yorker y ha escrito para otros importantes medios en inglés y español. Es autor de los libros de no ficción “Che Guevara: una vida revolucionaria” (1997) y “La caída de Bagdad” (2004), entre otras publicaciones que reúnen perfiles, crónicas y otras piezas periodísticas de su dilatada carrera. Es también conocido por su faceta como “maestro de la Fundación Gabo”, con cuyo soporte brinda talleres periodísticos en América Latina.

La cobertura de la historia “La caída de Evo Morales” le demandó venir a Bolivia y recorrer varias de sus ciudades y pueblos, como La Paz, Cochabamba, El Alto, Santa Cruz y Orinoca. Su trabajo fue acompañado por el fotoperiodista Moisés Saman, de la agencia Magnum, cuyas imágenes ilustran la publicación en The New Yorker.

Fuente: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/secretario-privado-anez-the-new-yorker-soy-agente-cia/20200407155253760883.html




MINISTERIO DE LA COMUNICACIÓN “IMPRESENTABLE”


La crisis sanitaria del coronavirus ha develado el déficit comunicacional en el gobierno de facto. La ausencia de campañas educativas, informativas y formativas para enfrentar el virus, es evidente. A ello se suma, la circulación de un criticado spot, de autoría del Ministerio de Comunicación, en el que se da vida al agente transmisor de la enfermedad con el tono represor, amenazante y asesino de la voz en off. Lo calificaron de “impresentable”.

La cabeza de la comunicación gubernamental, Isabel Fernández ex presentadora de Unitel, no respondió la llamada de los medios de comunicación que buscaron una explicación. Tampoco apareció el viceministro de políticas comunicacionales, Martín Diaz Meave, comunicador de Luis Revilla, alcalde de la ciudad.

Nadie quiso asumir la responsabilidad sobre esa pieza comunicacional, que en las redes sociales se le atribuyó a Arturo Murillo, por el carácter policiaco del video, al punto de ser calificado de “impresentable”. En los pasillos del ministerio, funcionarios deslindan cualquier vinculación y afirman que fue “encargado” a una productora externa y que habría costado cerca de 50 mil bolivianos.

En el Decreto Supremo 4179, Janine Áñez suscribe: “se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, realizar en la gestión 2020, la asignación presupuestaria de recursos adicionales, a favor del Ministerio de Comunicación…”. “Recursos adicionales” que bien podrían estar alimentando a miles de familias bolivianas que hoy están obligadas a marchar o peregrinar para paliar el hambre.

Junto a la política comunicacional errática del régimen, se comprueba la alianza del gobierno con el canal Unitel de propiedad de terratenientes y banqueros. Al respecto, ya se conocieron las denuncias sobre la preferencia en publicidad que engorda el canal en esta crisis. Pero además, el gobierno permitió que el programa Calle 7, un reality —varias veces cuestionado por el tratamiento misógino y racista de sus contenidos—, siguiera al aire, pese a las restricciones de la cuarentena. 

Hubo que expresarse una reprobación generalizada en las redes sociales para que el canal retire el programa.

Entre tanto, pese al presupuesto adicional otorgado a este ministerio, los pueblos indígenas de la Amazonía, Chaco y Chuiquitanía, exigen campañas en sus idiomas originarios para enfrentar la pandemia. Sendas cartas enviadas a la presidenta no reciben respuesta alguna.

Referencia:
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/5/criticas-al-gobierno-por-spot-en-el-que-el-coronavirus-habla-251802.html

Fuente: https://www.primeralinea.info/ministerio-de-la-comunicacion-impresentable/