domingo, 26 de abril de 2020

En el sistema estatal no hay rastros de compras de salud para la crisis




En esta entrega:
  • En el sistema estatal no hay rastros de compras de salud para la crisis
  • ADJUDICAN 7 MILLONES DE DÓLARES DE YPFB A EMPRESA DE CAMACHO
  • Restaurantes cuestionan adjudicación de Leyes

En el sistema estatal no hay rastros de compras de salud para la crisis


La Presidenta Añez señaló que varios recursos fueron redireccionados para atender la emergencia. En el Sicoes sólo figuran 43 contratos por spots.

A la fecha, 1.425.012 dólares invertidos para la atención de la emergencia sanitaria del país provienen de las donaciones de organismos internacionales. No hay datos de los gastos o compras  hechas por el Gobierno durante esta crisis. Las únicas contrataciones públicas del nivel central son las del Ministerio de Comunicación por concepto de productos informativos.
“Como Gobierno estamos haciendo absolutamente todos los esfuerzos, redireccionanado  los recursos económicos, porque lo importante es la vida de las bolivianas y los bolivianos. De qué  nos serviría en este momento tan dramático estar pensando en obras de gran magnitud si no tenemos salud y estamos perdiendo las vidas de los bolivianos”, manifestó  la presidenta, Jeanine Añez, en una entrega de insumos   y equipos médicos en Trinidad.
Página Siete solicitó a los ministerios de Salud y Economía datos del presupuesto  que el Gobierno central destinado para la atención de la emergencia sanitaria, las compras hechas hasta el momento y la cantidad de recursos que fueron redireccionados  para la contingencia. Pese a la insistencia no hubo respuesta.  

Un millón en donaciones


Según información proporcionada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, Bolivia recibió donaciones  de distintas agencias de cooperación internacional por un valor de 1.425.012 dólares.

Este monto, desde su origen, fue destinado a atender la emergencia sanitaria a través del fortalecimiento del  sistema de salud con insumos de bioseguridad, equipos de laboratorio y pruebas. 
La Embajada de Francia en Bolivia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el  Banco de Desarrollo de Alemania (KFW) y El Banco de Desarrollo FONPLATA, Banco de Desarrollo de América Latina – CAF son los benefactores.
Según el detalle de dicha cartera de Estado, el 23 de marzo, Fonplata -que aglutina a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay- donó al país 200.000 dólares. Este monto fue destinado a la compra de 16 camillas de transporte, 30 tubos de oxígeno más manómetro, 1.860 cajas de guantes de Nitrilo, 1.000 lentes de protección, seis desfibriladores, 57.334 pares de guantes estériles y 800 barbijos N 95.
El 27 de marzo  la Embajada Francesa aportó al país 39.000 dólares, que fueron destinados  a apoyar el trabajo del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenotrop). Esta institución, ubicada en Santa Cruz, es un laboratorio de detección del Covid-19. De acuerdo al viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga Soria, las pruebas que se desarrollan en el país se realizan con los reactivos adquiridos gracias a esta donación.
El 2 de abril el PNUD entregó al Gobierno Boliviano un lote importante de  equipos médicos. La donación tiene un valor de 498.656 dólares. Entre lo recibido están los tres laboratorios de PCR -con termocicladores, cabinas de bioseguridad, centrifugas refrigeradas para microtubos con contenedor de aerosoles  y todo el equipamiento imprescindible para implementar laboratorios  de nivel II- y los 10 laboratorios tipo GeneXpert, destinados a obtener tests rápidos que continúan en etapa de implementación por falta de reactivos.  
El 3 de abril, el KFW hizo una donación de  fondos de contravalor para el apoyo al trabajo de la Policía Boliviana. La donación de 287.356 dólares fue destinada para equipar al verde olivo con barbijos N 95, guantes látex, alcohol en gel y trajes de bioseguridad nivel A. En la información brindada no se especifica la cantidad o el destino. 

El 25 de marzo, la CAF realizó la donación de 400.000 dólares. Éste dinero está destinado a fortalecer las capacidades de detección y diagnóstico oportuno- con la adquisición de equipos, reactivos de diagnóstico y el pago a recursos humanos- y a fortalecer las capacidades de las redes de salud con personal, instrumental y equipo de protección de bioseguridad. 
En este caso el Ministerio de Salud es el  encargado de realizar la   cotización y licitación, pero ninguna figura en el Sicoes. 

Créditos esperan  en la Asamblea

 
Según el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Gobierno  se encuentra en proceso de aprobación de varios créditos con distintas agencias de cooperación multilaterales para hacer frente a esta pandemia. Estos préstamos que serán para inyectar  recursos  en la economía nacional, aún están en tratamiento en la Asamblea.
“Hemos remitido a la  Asamblea un crédito con la CAF por 50 millones de dólares para la atención sanitaria causada por la pandemia del Covid-19 y se  ha remitido un proyecto de ley para un crédito de 327 millones de dólares con el FMI”, señaló el ministro Carlos Díaz en conferencia de prensa.
Explicó que hay otros préstamos que están en el Legislativo a la espera de su aprobación. Entre ellos uno de 70 millones de dólares con el Banco Mundial para programas de resiliencia en las ciudades de La Paz y Santa Cruz y otro de 11.500 millones con la CAF para la implementación  de una planta de tratamiento de aguas en  El Alto.
Dijo que si bien estos son créditos para obras, también son fuentes generadores  de empleo.  “El gobierno tiene dos objetivos claros ante el Covid, cuidar la salud de los bolivianos y cuidar la economía de las familias”, aseveró. 


Piden transparentar las donaciones y créditos

 
Desde la Cámara de Diputados    se pidió  transparentar  las donaciones y créditos establecidos en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país. Se propuso la creación de una comisión mixta entre el Legislativo y el Ejecutivo nacional.
“El Gobierno debe decirnos en qué está gastando toda esta ayuda que llega. Italia dio 20 millones de euros, Japón 30 millones de dólares, Europa cinco millones de euros, el FMI 300 millones de bolivianos, el Banco Central de Bolivia 15 millones de dólares”, detalló el presidente de Diputados (MAS) Sergio Choque.
El diputado de UD, Erick Morón propuso -mediante una carta enviada a la presidenta Jeanine Añez y a Choque- crear una comisión fiscalizadora.
“Estoy solicitando implementar una comisión interinstitucional compuesta por profesionales, donde esté la Asamblea, la Contraloría, el Colegio de Auditores y los ministerios correspondientes. El  único fin de de esta instancia sería transparentar las donaciones y los presupuestos”, sostuvo Morón.  

El Decreto Supremo 4174 que declara la emergencia sanitaria autorizó la contratación directa de insumos y equipos médicos. Estos procesos debían ser reglamentados por cada “entidad contratante”.
El reglamento del Ministerio de Salud  contempla la necesidad de registrar en el Sicoes y en la Contraloría toda la información sobre los contratos. 

 

120 contratos en  Sicoes y tres convocatorias

Hasta el 24 de abril, el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) registró 120 contrataciones  referidas a la atención de la emergencia sanitaria por el coronavirus. De ellas solo 43 fueron hechas por una instancia del Gobierno central. El resto corresponde a Municipios, Gobernaciones, Hospitales y Cajas.
Los registros  del ejecutivo nacional corresponden al Ministerio de Comunicación. Todas tienen como objeto servicios para la difusión de spots y otros similares en el marco del derecho a la información. No figuran compras del Ministerio de Salud u otra cartera de Estado.  
Entre los otros contratos tampoco están las compras del Gobierno Municipal de La Paz o de El Alto.


Las licitaciones hechas por los otros municipios y Gobernaciones están referidas  a la adquisición de productos de higiene, insumos de bioseguridad, equipos médicos, medicamentos, trasporte para personal médico y bombas para equipos de desinfección, entre otros.
En la página Bolivia Segura, portal oficial en el país, son públicas  solo tres convocatorias. Las mismas tienen como fuente de financiamiento el BID y están bajo la responsabilidad de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), instancia dependiente del Ministerio de Salud.
La primera convocatoria data del 10 de abril e invita a empresas a presentar sus “expresiones de interés para la provisión de equipos de protección personal”.  Se solicita guantes de examen y quirúrgicos, máscaras para los trabajadores sanitarios y médicos, vestidos o batas, gafas protectoras y gorros, además de  enterizos u overoles desechables e impermeables. No hay costos. 

La segunda convocatoria data del 17 de abril. El requerimiento es un ventilador de transporte.
La tercera convocatoria está dirigida a la adquisición de equipos médicos. Entre algunos ítems están: 500 resucitadores ambulantes para adultos y 200 para niños, 124 glucómetros, 125 carros de paro con monitor desfibrilador, 100 cámaras de aislamiento, 100 electrocardiógrafos y 39 ventiladores de terapia intensiva. Además se requiere  baños secos, cabinas PCR y termocicladores entre muchos otros ítemes referidos a equipos de laboratorio.
El plazo para la presentación de propuestas para todas estas convocatorias ya venció. Las cotizaciones o datos de si ya fueron adquiridos o entregados no son públicos. 

  • Las autoridades califican como histórica la inversión que se realiza en salud para atender la emergencia sanitaria. Varios sectores han pedido aprobar ya el 10% para salud. 
  • Histórico A principios de abril el Gobierno anunció que haría una inversión histórica en salud con la compra de 500 camas de terapia intensiva y más de 1.000 de internación. 
  • Equipos Además de lo anterior se comprometió la entrega de 500 respiradores, 300 mil pruebas de biología molecular para realizar los test Covid-19 y la contratación de nuevo personal médico.
  • Registro Toda compra, incluso en tiempos de crisis y cuando son contratos directos, deben registrarse en el Sicoes, según los decretos  0181 y 1497.
  • Excepción El Manual de Operaciones del Sicoes señala que no se registrarán las compras presupuestadas en  montos menores a 20.000 bolivianos. 
  • Seguridad También quedan exentas del registro en el Sicoes  aquellas compras que sean para fines de seguridad y defensa del Estado, como implementos para las Fuerzas Armadas y la Policía. 
  • China El embajador chino en Bolivia, Huang Yazhong, hizo la entrega al Gobierno  la donación de Alibaba, consistente en 100.000 barbijos, 20.000 kits de reactivos y cinco respiradores.
Fuente: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/26/en-el-sistema-estatal-no-hay-rastros-de-compras-de-salud-para-la-crisis-253786.html#!



Con “una nota de carácter privado” y redactada en inglés, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), trasfiere siete millones de dólares “a sola firma”, a una empresa fantasma vinculada a Fernando Camacho.

Mientras el gobierno de facto convoca al ayuno y la oración, YPFB adjudicó siete millones de dólares a una empresa “dizque aseguradora” que nunca presentó oferta técnica ni económica que no tiene domicilio jurídico ni está certificada por la Autoridad de Fiscalización y Control  de Pensiones y Seguros – APS.

“¿Cómo puede ser posible que YPFB haya adjudicado el Programa de Seguros, de manera directa y sin proceso de contratación alguno, violentando de manera inconcebible los principios de transparencia, equidad, libre competencia y debido proceso?”, indica la carta documento que la empresa Boliviana Ciacruz, envió YPFB, advirtiendo con iniciarle un juicio por “daño al estado”.

“Exigimos a YPFB revierta inmediatamente, dicho contrato. En caso de que esto no suceda, adelantamos que haremos uso de todas las acciones legales pertinentes y de todos los medios adicionales disponibles, con la razón que nos asiste, para hacer valer y respetar no solamente nuestros derechos como operador de servicios legalmente establecido y habilitado en el País, sino principalmente los intereses de YPFB, Empresa Estratégica de todos los Bolivianos”, dice la carta documento, más interesada en defender al país, que los mismos funcionarios públicos.

La correspondencia de la aseguradora Boliviana Ciacruz, también pide explicación sobre el Sr. Helder Padilla Casanova, personaje ligado al cívico Fernando Camacho: “Cuál es la relación que existe y por qué razón y con qué autoridad o por instrucción de quién, el Sr. Helder Padilla envió una Nota el 12 de marzo en idioma inglés y a sola firma, dirigida “A Quién Corresponda” instruyendo, en contra de toda práctica aseguradora de mercado, a los Reaseguradores participantes en la colocación actual de las pólizas facultativas de YPFB”, expresa la misiva.

El directorio de YPFB, emitió un comunicado en el que desmiente la adjudicación de siete millones de dólares a la empresa fantasma.

Sin embargo, el jueves 23 de abril, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, admitió la existencia de dicho contrato instruyendo a YPFB anular la adjudicación: “Nosotros no compartimos esta forma de contratación, es por eso que de manera inmediata se le está pidiendo a YPFB que anule este proceso y que se haga una convocatoria pública”, afirmó queriendo minimizar el desfalco.

Resulta curioso que ni los cívicos de Tarija, Santa Cruz o Sucre, hayan pedido una investigación al respecto, ya que la justicia y los medios de comunicación, se encuentran ocupados haciendo mucho ayuno y oración, para coadyuvar con el gobierno en el plan nacional para detener el contagio del coronavirus.

(Adjuntamos documento en PDF)      CARTA YPFB (1)



Restaurantes cuestionan adjudicación de Leyes 

 

“Si estas 35 mil raciones hubieran sido divididas, podíamos generar trabajo por lo menos a 150 restaurantes que lo necesitan”, observó ayer la presidente de la Asociación de Empresarios de Restaurantes y Ramas Afines Cochabamba (Aserac), Vivian Cardona, en relación a la adjudicación de alimento para los policías y militares que la Alcaldía de Cochabamba otorgó a una sola empresa, en medio de irregularidades.

Junto al Movimiento Gastronómico Alimentario Boliviano (MIGA) y la Asociación de Chefs de Bolivia, expresaron su descontento mediante un manifiesto público por contratarse a una sola empresa, que, además, no presentó el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), en lugar de promover que la economía se reactive para todos y se tome en cuenta a los demás restaurantes establecidos legalmente.

Hace dos días, se revelaron irregularidades en la adjudicación. Según el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), se adjudicó la dotación de 34.890 raciones de alimentos para los uniformados por 15 días de manera directa y por 488.000 bolivianos al propietario de la empresa y restaurante Bunker Grill & Bar, pero no presentó el RUPE.

El concejal Edwin Jiménez explicó que el RUPE “es un requisito indispensable para participar en contrataciones públicas”. Junto al concejal Joel Flores, pedirán un informe al Ejecutivo porque el contrato vulnera las normas de contratación.

Además, explicaron que, aunque no haya una licitación por el estado de emergencia, se tendría que haber solicitado propuestas a varios restaurantes para elegir la mejor opción.

Sin embargo, Cardona informó que sus afiliados no fueron tomados en cuenta “ni para una cotización”. “¿Por qué no dar trabajo a mayor cantidad de personas para que puedan seguir sobreviviendo?”, cuestionó.

El secretario de Protección al Ciudadano, Omar Cordero, indicó el viernes que se contrató a una persona natural y no a una empresa, por lo que se prescindió del RUPE y justificó que por la emergencia no se compararon precios.

Mercado: Algunos se quieren hacer a los vivos



El Ministro de Trabajo y delegado presidencial en Cochabamba para la emergencia, Óscar Mercado, aseguró ayer que no permitirán que, en época de crisis, “algunas autoridades se quieran hacer a los vivos” administrando de forma indebida los recursos por la emergencia sanitaria.

“Hablo por todos y no por ninguno en particular”, dijo. Explicó que la inversión de los recursos “debe administrada con un objetivo claro que es la salud y la vida de los bolivianos”. Y, en caso de registrarse irregularidades o denuncias, tendrán que ser atendidas en las instancias correspondientes.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió, hace dos semanas, a las autoridades subnacionales ejecutar sus recursos con transparencia y no aprovechar la emergencia para vulnerar la ley. “A veces en el llamado de emergencia es donde se hacen los grandes negociados, pero robar en momentos como este es un triple delito”, sostuvo en conferencia.

Fuente:https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200426/restaurantes-cuestionan-adjudicacion-leyes




martes, 7 de abril de 2020

Secretario privado de Áñez a The New Yorker: “Soy agente de la CIA”



Erick Foronda, secretario privado de la presidenta Jeanine Áñez, le dijo al periodista estadounidense Jon Lee Anderson que es agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EEUU), una declaración que fue recogida para el reportaje “La caída de Evo Morales”, publicado por la renombrada revista The New Yorker.

La afirmación de Foronda fue registrada por Lee Anderson cuando fue a entrevistar a Áñez en el Palacio Quemado para la pieza periodística que fue lanzada originalmente por The New Yorker a mediados del mes pasado en su edición en inglés y que acaba de ser traducida al español en su página web.

El texto completo, que lleva como identificador la frase “Letter from Bolivia” (Carta desde Bolivia), puede leerse en español ingresando a este enlace: https://bit.ly/3aTIpTF

“Un hombre de traje se presentó como Erick Foronda, secretario privado de Áñez. Cuando señalé que me parecía conocido, declaró con afectada seriedad: ‘Debe ser porque soy agente de la CIA”, relata el prestigioso reportero estadounidense, conocido por sus coberturas en zonas de conflictos armados en Medio Oriente y América Latina.

Consultado por OPINIÓN al respecto, Foronda aclaró que ese intercambio de palabras con el periodista se dio en un contexto de burla y que en EEUU es una broma común que alguien diga que es agente de la CIA. Acotó que un agente de la CIA jamás admitiría públicamente trabajar para esa agencia de inteligencia estadounidense.

Tras consignar esa declaración textual, el reportaje del New Yorker ofrece más datos sobre Foronda: que fue asesor de la Embajada de EEUU en La Paz por más de dos décadas y que durante los primeros años de gobierno de Trump vivió en el país del norte.

“Ahora, los aliados de Morales señalan que su presencia (la de Foronda) en el palacio es indiscutible evidencia de que Estados Unidos ha respaldado el golpe”, apunta el periodista para a continuación citar una noticia emitida por Radio Habana Cuba en enero, la cual se titula: “Secretario privado de Áñez vela por la subordinación de Bolivia a EEUU”.

Más allá de la veracidad o no de la declaración de Foronda, el dato le permite a Lee Anderson perfilar el talante “desvergonzadamente derechista” del Gobierno transitorio liderado por Áñez, que, entre otras acciones compatibles con la política exterior del régimen de Trump, expulsó de Bolivia a diplomáticos y médicos venezolanos y cubanos, acusados sin pruebas de financiar acciones violentas de los simpatizantes del expresidente Evo Morales.

“El primer mandatario que felicitó a Áñez por su presidencia fue el líder derechista de Brasil, Jair Bolsonaro; el segundo fue Donald Trump”, complementa el texto de Jon Lee.

Más adelante, “La caída de Evo Morales” vuelve a aludir al secretario privado de la mandataria y precisa que “en Washington, Erick Foronda y Arturo Murillo se fotografiaron junto a Marco Rubio”, senador por Florida del Partido Republicano, del que llegó a ser precandidato a la presidencia en 2016 y a quien se identifica como una de las figuras más visibles del ala conservadora de la organización política hoy en funciones de gobierno.

En consonancia con Lee Anderson, un artículo del medio digital Sol de Pando (soldepando.com), dirigido por el periodista boliviano Wilson García Mérida, coincide en que Foronda sería agente de la CIA (en el texto “Agente de la CIA ordenó cambios en canal 7”). Lo propio plantea el portal de izquierda Rebelión (rebelion.org), en el texto “Erick Foronda, ‘el agente de la CIA que maneja el gobierno de Áñez”.

Dejando de lado la eventual injerencia estadounidense en el Gobierno transitorio, la pieza publicada por el New Yorker ofrece un retrato de Bolivia en las semanas posteriores a la renuncia de Evo Morales a la presidencia, en noviembre de 2019. Para ello, el reportero se encontró y habló con Morales, Álvaro García Linera, Jeanine Áñez, Arturo Murillo, Jerjes Justiniano (primer ministro de la Presidencia del régimen actual), Adriana Salvatierra, Waldo Albarracín, entre otras personas.

“La caída de Evo Morales” revela la complejidad del clima político en el país, fracturado entre los partidarios de Evo que denuncian un golpe de Estado y los sectores que le achacan al exmandatario un fraude electoral.

Lee Anderson consigue que Evo Morales, García Linera y Adriana Salvatierra admitan que cometieron errores en su gestión, como la forzada reelección para un cuarto mandato de la dupla masista que gobernó Bolivia por casi 14 años. Sin embargo, son confesiones a medidas o diferidas, que no explicitan las falla del Gobierno del MAS. Así también le saca a Áñez una afirmación en la que se dice “ultraderechista” por haber devuelto la Biblia al Palacio Quemado, pese a que Bolivia es constitucionalmente un Estado laico.

Jon Lee Anderson (California, 1957) es un destacado periodista y escritor estadounidense, que forma parte del staff de la revista The New Yorker y ha escrito para otros importantes medios en inglés y español. Es autor de los libros de no ficción “Che Guevara: una vida revolucionaria” (1997) y “La caída de Bagdad” (2004), entre otras publicaciones que reúnen perfiles, crónicas y otras piezas periodísticas de su dilatada carrera. Es también conocido por su faceta como “maestro de la Fundación Gabo”, con cuyo soporte brinda talleres periodísticos en América Latina.

La cobertura de la historia “La caída de Evo Morales” le demandó venir a Bolivia y recorrer varias de sus ciudades y pueblos, como La Paz, Cochabamba, El Alto, Santa Cruz y Orinoca. Su trabajo fue acompañado por el fotoperiodista Moisés Saman, de la agencia Magnum, cuyas imágenes ilustran la publicación en The New Yorker.

Fuente: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/secretario-privado-anez-the-new-yorker-soy-agente-cia/20200407155253760883.html




MINISTERIO DE LA COMUNICACIÓN “IMPRESENTABLE”


La crisis sanitaria del coronavirus ha develado el déficit comunicacional en el gobierno de facto. La ausencia de campañas educativas, informativas y formativas para enfrentar el virus, es evidente. A ello se suma, la circulación de un criticado spot, de autoría del Ministerio de Comunicación, en el que se da vida al agente transmisor de la enfermedad con el tono represor, amenazante y asesino de la voz en off. Lo calificaron de “impresentable”.

La cabeza de la comunicación gubernamental, Isabel Fernández ex presentadora de Unitel, no respondió la llamada de los medios de comunicación que buscaron una explicación. Tampoco apareció el viceministro de políticas comunicacionales, Martín Diaz Meave, comunicador de Luis Revilla, alcalde de la ciudad.

Nadie quiso asumir la responsabilidad sobre esa pieza comunicacional, que en las redes sociales se le atribuyó a Arturo Murillo, por el carácter policiaco del video, al punto de ser calificado de “impresentable”. En los pasillos del ministerio, funcionarios deslindan cualquier vinculación y afirman que fue “encargado” a una productora externa y que habría costado cerca de 50 mil bolivianos.

En el Decreto Supremo 4179, Janine Áñez suscribe: “se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, realizar en la gestión 2020, la asignación presupuestaria de recursos adicionales, a favor del Ministerio de Comunicación…”. “Recursos adicionales” que bien podrían estar alimentando a miles de familias bolivianas que hoy están obligadas a marchar o peregrinar para paliar el hambre.

Junto a la política comunicacional errática del régimen, se comprueba la alianza del gobierno con el canal Unitel de propiedad de terratenientes y banqueros. Al respecto, ya se conocieron las denuncias sobre la preferencia en publicidad que engorda el canal en esta crisis. Pero además, el gobierno permitió que el programa Calle 7, un reality —varias veces cuestionado por el tratamiento misógino y racista de sus contenidos—, siguiera al aire, pese a las restricciones de la cuarentena. 

Hubo que expresarse una reprobación generalizada en las redes sociales para que el canal retire el programa.

Entre tanto, pese al presupuesto adicional otorgado a este ministerio, los pueblos indígenas de la Amazonía, Chaco y Chuiquitanía, exigen campañas en sus idiomas originarios para enfrentar la pandemia. Sendas cartas enviadas a la presidenta no reciben respuesta alguna.

Referencia:
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/5/criticas-al-gobierno-por-spot-en-el-que-el-coronavirus-habla-251802.html

Fuente: https://www.primeralinea.info/ministerio-de-la-comunicacion-impresentable/

domingo, 22 de marzo de 2020

SE COMPRÓ UN DEPARTAMENTO EN PLENA CRISIS DEL CORONAVIRUS



Mientras graba spots televisivos en los que se muestra compungida por el avance del coronavirus; se compra carros último modelo y propiedades.

Gobierno de transacción: “Yo Jeanine Añez Chávez, con CI Nº 3281749 SC., mayor de edad, hábil por derecho, declaro a la fecha mi consentimiento con todas y cada una de las cláusulas de la presente minuta de compra y venta del departamento en propiedad horizontal” 

En medio de una pandemia apocalíptica, de la ausencia total de una estrategia nacional para enfrentar el contagio masivo, la autoproclamada, se compró en la ciudad de Trinidad, un departamento valuado en 100.000 dólares, ubicado en la urbanización Los Tocos, manzana Nº 24 Condominio “Solaris”. 

La adquisición del departamento, expresa cuánto les preocupa a la presidenta de facto y sus ministros, la emergencia mundial, el trance terrible que atraviesa el país, la ausencia de médicos e insumos, el cuidado y la prevención de quienes aún están sanos.

Como es propio de la surrealista historia de Bolivia, los políticos bolivianos, mientras rechazan la ayuda de China y Cuba; se compran mansiones y departamentos.

No cabe en esta pequeña nota preguntarse de dónde sacó Jeanine la plata.

Solo intenta dejar constancia que los transitorios, no pueden estar más lejos de la realidad. Y que nosotros, no podemos estar más cerca del abismo.

Fuente: https://www.primeralinea.info/se-compro-un-departamento-en-plena-crisis-del-coronavirus/


 







martes, 21 de enero de 2020

A LA POLICÍA LE HICIERON EL CUENTO DEL TÍO Y MURILLO LLAMA TONTOS ÚTILES A LA RESISTENCIA



A LA POLICÍA LE HICIERON EL CUENTO DEL TÍO

Engañados por los golpistas que “no les cumplieron”, repudiados por la población que los insulta y abuchea, la policía atraviesa el peor momento de su historia.

Mientras los comandantes nacionales y jefes departamentales, se repartieron un botín de un millón de dólares, los policías de bajo rango reciben atención psicológica debido a la presión social a la que están expuestos por el repudio de la población, por haber apoyado el golpe.



Como una quinceañera que de pronto se ha quedado sin pretendientes, la policía nacional en un abrir y cerrar de ojos, de tenerlo todo se quedó sin nada. Ha perdido la soga y el cabrito en esta historia, donde los uniformados verde olivo, entregaron mucho más de lo que les pedían los golpistas.

Sumado a la crisis de legitimidad que atraviesan, cargan con el antecedente de ser la institución más corrupta del país.

En un informe publicado el 2014, la Policía Boliviana ocupa el primer lugar entre las instituciones más corruptas del continente. (https://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/11/26/policia-lider-regional-entre-entidades-peor-imagen-39377.html).

De extracción popular e indígena, protestan con el rostro cubierto, pues temen ser reconocidos y enfrentar el rechazo de amigos, familiares y vecinos.

Queriendo esconder su procedencia, se arrancaron del uniforme la bandera (wiphala) que representa a las naciones y pueblos indígenas.

Pero la bandera terca, les flamea en la piel.

Fuente: https://www.primeralinea.info/a-la-policia-le-hicieron-el-cuento-del-tio/

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MURILLO LLAMA "TONTOS ÚTILES" IMPLÍCITAMENTE A LA RESISTENCIA COCHALA 


Murillo instruye a la Policía frenar acciones de Resistencia


El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que instruyó al Comandante Departamental de la Policía reunirse con los líderes de Resistencia Juvenil Cochala (RJC) para “agradecer” su papel en el conflicto poselectoral y decirles que no se van a permitir milicias en el país.

“Le he dado instrucciones al Comandante Departamental de la Policía para que busque a sus líderes (...) y les diga que Cochabamba está muy agradecida con el trabajo que han hecho (...), pero es importantísimo que seamos claros con esto: no podemos permitir violencia de ningún lado. Esa gente ha sido muy útil para Cochabamba, ha defendido a los cochabambinos, pero basta”, dijo ayer en conferencia de prensa en esta ciudad.




Garantizó que el Gobierno no permitirá el surgimiento de milicias, ni que haya gente que crea que tiene el derecho de convertirse en un grupo irregular.

Añadió que si Resistencia quiere convertirse en un “grupo de seguridad” debe presentar sus documentos ante el Ministerio de Gobierno, donde se analizará si cumple con todas las condiciones para autorizar el pedido.  También puede ser una asociación de motoqueros, “pero sin violencia y sin estar sobresaltando a la gente”.



VIDEO
Sobre el video que circuló la semana pasada, en redes sociales, donde miembros de la Resistencia, cubiertos con barbijos negros, desalojan a personas que se encontraban en la plazuela de Cala Cala, Murillo dijo que esa grabación "pareciera que es armada" por un sector con otros intereses. Hizo notar que no hay ninguna denuncia formal ante la Fiscalía sobre ese hecho.

"No hay una  prueba clara de ello, es algo muy confuso, parece armado. Estoy haciendo investigar por Inteligencia, hemos revisado los videos, los filman desde el frente y parece preparado por gente que tenía intereses en el tema de la terminal. Voy a llegar al fondo de esto y cuando tengamos claridad sobre el tema lo vamos a decir”.



Manifestó que es importante que haya denuncias claras ante la Fiscalía y aseguró que si se las hacen llegar les hará seguimiento.

Fue muy enfático al señalar que “no se permite racismo, discriminación ni milicias de ningún lado” y que se iniciarán acciones contra quienes ejerzan violencia porque el país debe reconciliarse.


Respecto al ataque denunciado por Resistencia contra contra uno de sus líderes, Murillo dijo que ese caso también está en investigación. “La violencia trae violencia y nuestra obligación como Ministerio de Gobierno, y se lo he dicho a Comandante de la Policía, es investigar y parar”.

Hace días, el expresidente Evo Morales llamó a formar milicias armadas en el país. Aunque poco después se retractó, su declaración generó repudio generalizado incluso dentro de su partido.



Fuente:  https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/murillo-instruye-policia-frenar-acciones-resistencia/20200121003256746939.html

jueves, 19 de diciembre de 2019

URGENTE: EEUU impulsa “guerra permanente y total” en Bolivia

Este “retorno” de los militares a la escena política es uno de los efectos de la “guerra permanente y total” que EEUU impulsa hacia la región.

 


En este post:

  • Bolivia protegida por la línea estadounidense de “guerra total y permanente”

  • Contundente derrota de EEUU y Almagro en la OEA al aprobarse resolución caribeña sobre Bolivia

  • Venezuela: Oligarquía por su miedo ordena detención de Morales


Bolivia protegida por la línea estadounidense de “guerra total y permanente”

 

Por: Ernesto Reyes
Con la luz verde de la Casa Blanca, que no hace más que asegurar el rápido y buen traslado de su estrategia político-militar hacia territorio boliviano, el gobierno de facto de Jeanine Añez se prepara con todo para responder con el recurso desproporcional de la fuerza represora a los más mínimos movimientos de resistencia popular que se den en ese país sudamericano, particularmente en los núcleos indígena campesinos leales a Evo Morales, quien fue desalojado del poder mediante un golpe de Estado el 10 de noviembre.

El modo como los golpistas bolivianos se han propuesto mantenerse en el gobierno, evitar la protesta social contra sus medidas anti-nacionales y seguir contando con el apoyo de amplias capas fascistizadas de la clase media, es por la vía de la represión concentrada y selectiva a la vez del movimiento campesino-indígena, que es el “sujeto histórico” que lideró el Proceso de Cambio.

Hay tres hechos –uno interno y dos externos- que confirman el modo de cómo el gobierno ilegítimo pretende avanzar en la línea estratégica de desmontar las bases materiales y simbólicas del Proceso de Cambio, así como las conquistas sociales logradas en el Estado Plurinacional.

El primero, de ninguna manera sorpresivo y el más importante respecto de los otros dos, es el pronunciamiento del presidente estadounidense Donald Trump, quien a través de su cuenta en Twitter, sostuvo en la tarde del martes 17:



No es nada sorpresiva la posición del presidente estadounidense. Para decirlo claro, no es que Añez recibe el apoyo de EE.UU. a una línea propia, autónoma y nacional, sino es Trump quien respalda la política general de los golpistas que, a través de una senadora desconocida hasta antes de ser colocada como presidente, solo están materializando la estrategia estadounidense para América Latina en un país importante desde el punto de vista geopolítico en la subregión.

La estrategia, que recupera los aspectos positivos para los intereses imperiales de la Doctrina la Seguridad Nacional y de la Guerra de Baja Intensidad –desarrolladas en la región entre las décadas de los 60 y 80-, consiste en el despliegue de la “guerra total y permanente” contra todos los gobiernos y movimientos de izquierda y progresistas de América Latina, con el objetivo de estratégico de “cerrarles el paso a todos los espacios legales e institucionales” que amenacen la hegemonía estadounidense y el orden establecido.

Esta estrategia opera mediante la combinación de viejos y nuevos métodos de desestabilización, intervención y dominación conocidos en la historia de América Latina. A diferencia de algunas interpretaciones parciales y erróneas de algunos ingenuos políticos e intelectuales progresistas, que llegaron a suponer que el poder duro (Hard power) había sido sustituido por el poder blando (Soft power), sobre todo en la llamada “era Obama”, la combinación de lo empleado antes y de lo incorporado en los últimos años, es la principal característica de la estrategia en curso.

Esos métodos van desde el uso, directo e indirecto, del componente militar (golpes de Estado e intervenciones directas) hasta los novedosos juicios políticos (lawfare) y noticias falsas (fake news), pasando por las ya conocidas sanciones y acciones internacionales a través de organismos como la OEA.

El segundo hecho es la promulgación del decreto supremo 4116 que hizo hace pocos días la auto-nombrada presidenta Añez, por el cual se autoriza al Ministerio de Defensa la adquisición, en el extranjero, de material bélico de uso militar.

¿Cómo justifica la compra el ministro de facto de Defensa? La respuesta es como escuchar al mismo Trump: “El país está amenazado, y el boliviano y la boliviana están amenazados permanentemente por gente del exterior armada, por narcoterroristas y por un expresidente (Evo Morales) que permanentemente está incitando al odio y la violencia, el terrorismo y la sedición. Debemos estar preparados para eso”.

Esto quiere decir, para no equivocarse, que la represión será la política general de este gobierno y se basará no en el uso legítimo de la fuerza policial, como encargada de mantener el orden público, a veces con excesos, sino en la participación de las Fuerzas Armadas. Esto implica, al mismo tiempo, que las masacres de Sacaba y El Alto no habrán sido un hecho aislado, sino que se tiene previsto otras masacres donde sea necesario, para evitar la organización del descontento popular.

Ya las masacres de Sacaba (15 de noviembre) y Senkata, El Alto (21 de noviembre) se registraron producto de la acción combinada de policías y militares (a estos últimos se les garantizó mediante decreto estar exentos de procesos penales), con un saldo de más de 32 muertes y centenas de heridos, según da cuenta un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que visitó Bolivia en la segunda quincena del mismo mes.

Como ocurrió desde la mitad de la década de los 80 hasta fines de 2005, la represión como política general se concentrará, principalmente, en la región del Chapare y en base al discurso -característico de la estrategia estadounidense desde la caída de la URSS- del “terrorismo y el narcoterrorismo” con presencia externa.

El tercer hecho, en el que no vamos a profundizar ahora, es la peligrosa militarización de la política de defensa y seguridad de América Latina, como ya se aprecia en los casos de Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. Este “retorno” de los militares a la escena política es uno de los efectos de la “guerra permanente y total” que EEUU impulsa hacia la región.

 Fuente; http://www.cubadebate.cu/especiales/2019/12/19/bolivia-protegida-por-la-linea-estadounidense-de-guerra-total-y-permanente/#.XfwYgvzB9PY


Contundente derrota de EEUU y Almagro en la OEA al aprobarse resolución caribeña sobre Bolivia

 

Hoy EEUU y el Secretario General Luis Almagro sufrieron una derrota contundente en la OEA, cuando CARICOM logró adoptar en el Consejo Permanente una resolución sobre Bolivia.
 
Antes de la reunión del Consejo Permanente la Representación de Bolivia había propuesto enmiendas al Proyecto del CARICOM. Granada dio inicio a la reunión señalando que el Proyecto boliviano no constituía enmiendas al Proyecto del CARICOM, sino un nuevo proyecto de Resolución.

El representante del gobierno golpista de Bolivia respondió que no pensaba igual y que no era un nuevo documento. Pensaba que el proyecto del Resolución del CARICOM hubiera podido ser más constructivo y en lugar de apoyar la intención de incendiar el país como desea Evo Morales, contribuya a pacificarlo. 

Agregó que a muchos no les interesa lo que pasó en Bolivia, que no fueron acciones contra el pueblo indígena, sino acciones de grupos armados que apoyaban a Evo Morales, así como el llamado de este a cercar las ciudades.

Belice presentó una moción de orden proponiendo que se sometiera a votación el proyecto de enmienda propuesto por Bolivia.

El resultado de la votación del proyecto de Bolivia fue el siguiente:

En favor 8 Bolivia, Brasil, Colombia, EE.UU, Ecuador, Panamá, Paraguay y Venezuela.
En contra 17 Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Granada, Jamaica, México, Trinidad y Tobago, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay, Bahamas, San Cristóbal y Nieves.
Abstención 8 Canadá, Costa Rica, Chile, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Perú y Honduras.
Ausente 1 Haití

Por lo que el proyecto de Bolivia fue rechazado.

A continuación el embajador de los Estados Unidos propuso someter a votación el proyecto de Resolución del CARICOM, cuyo resultado fue el siguiente:

En favor 18 Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Granada, Jamaica, México, Trinidad y Tobago, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Uruguay y Panamá.
En contra 4 Bolivia, Colombia, EE.UU, Venezuela (el representante del autoproclamado Guaidó),
Abstención 11 Canadá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Perú, Honduras, Brasil, Chile y Paraguay
Ausente 1 Haití

Como resultado fue aprobada la Resolución “Rechazo de la violencia y llamamiento al pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

A continuación hubo explicación de voto de varias delegaciones entre las que llamó la atención la del embajador de Colombia con un discurso agresivo y hasta ofensivo contra los patrocinadores de la Resolución y los que la apoyaron. Tanto el representante de Colombia como el de los EE.UU. atacaron a Venezuela, mientras el representante de Guaidó lo hacía también contra Nicaragua.

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE

RECHAZO DE LA VIOLENCIA Y LLAMAMIENTO AL PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”
PROPUESTA POR LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM)

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
TENIENDO EN CUENTA los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y aquellos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA);

TENIENDO PRESENTE que las convenciones internacionales y hemisféricas sobre derechos humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia;

DESTACANDO la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 1 establece que “[l]os indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos”; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de Naciones Unidas, y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas [AG/RES. 2888 (XLVI-O/16)], cuyo artículo XII afirma que “[l]os pueblos indígenas tienen derecho a no ser objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia ni otras formas conexas de intolerancia. Los Estados adoptarán las medidas preventivas y correctivas necesarias para la plena y efectiva protección de este derecho”.

TOMANDO NOTA de las profundas preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos, incluida la violencia racista y discriminatoria, expresadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus observaciones preliminares del 10 de diciembre de 2019, tras su visita a Bolivia;

TOMANDO NOTA TAMBIÉN de las conclusiones de la CIDH de que se produjo una ola de violencia luego del proceso electoral y de que se formularon graves denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, incluidas detenciones y arrestos arbitrarios, matanzas y asesinatos, lesiones a la población civil, criminalización y persecución de opositores políticos, y violaciones de la libertad de expresión;

RECORDANDO la “Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en las Américas” [AG/DEC. 79 (XLIV-O/14], la cual reafirma que avanzar en la promoción y protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas de las Américas es una prioridad para la OEA;

RECORDANDO TAMBIÉN el artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana que establece que: “[l]a eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana”;

RECONOCIENDO que, a pesar de las mejoras producidas durante la última década, los pueblos indígenas de Bolivia han sufrido injusticias históricas como consecuencia de la colonización y el despojo de sus tierras, territorios y recursos, entre otros, lo cual les ha impedido ejercer plenamente, en particular, su derecho al desarrollo en consonancia con sus necesidades e intereses propios;

DESTACANDO QUE los derechos inherentes de los pueblos indígenas de Bolivia, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales, así como de sus culturas, tradiciones espirituales, historias y filosofías, especialmente sus derechos a sus tierras, territorios y recursos, deben ser respetados y promovidos;

REAFIRMANDO que los pueblos indígenas, en el ejercicio de sus derechos, deben estar libres de todo tipo de discriminación;

CONSIDERANDO la importancia de eliminar todas las formas de discriminación racial o de violencia que derive de éstas que afecten a los ciudadanos de las Américas, especialmente a los pueblos indígenas, y tomando en cuenta la responsabilidad de los Estados de combatirlas;

AFIRMANDO que toda doctrina, política y práctica que se base en la promoción de la superioridad de pueblos o personas basándose en el origen nacional, racial, religioso, étnico o en las diferencias culturales en Bolivia, es racista, científicamente falsa, jurídicamente inválida, moralmente condenable y socialmente injusta; y

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO el acuerdo firmado entre las autoridades bolivianas y la CIDH para instalar un grupo independiente de expertos internacionales para investigar los actos de violencia ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019,

RESUELVE:

1. Condenar las violaciones a los derechos humanos y el uso de la violencia contra cualquier ciudadano de Bolivia, especialmente toda forma de violencia e intimidación contra los bolivianos de origen indígena.

2. Condenar también la intolerancia hacia los símbolos, vestigios tradicionales y prácticas religiosas, así como cualquier aspecto de la civilización indígena que pueda ser objeto de trato o mención desigual.

3. Subrayar la necesidad de que las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia cumplan su responsabilidad inherente, como parte de la comunidad de naciones, de proteger los derechos humanos de todos en Bolivia.

4. Instar a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia a que respeten, cumplan y pongan en práctica eficazmente todas sus obligaciones derivadas del derecho internacional relativas a los pueblos indígenas, especialmente aquellas obligaciones relacionadas con los derechos humanos.
 
5. Reiterar el llamamiento realizado por el Consejo Permanente de la OEA el 20 de noviembre de 2019, en la resolución CP/RES. 1140 (2259/19) rev. 1, a todos los actores políticos y civiles en Bolivia, incluidas todas las autoridades, la sociedad civil, las fuerzas militares y de seguridad y el público general, para que cesen inmediatamente la violencia, preserven la paz y busquen un diálogo franco que promueva la reconciliación democrática nacional.

6. Hacer un llamamiento a las autoridades bolivianas para que garanticen, de manera plena e irrestricta, la observancia y la protección de los derechos humanos y garanticen la responsabilidad por cualquier violación de los mismos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, tal como se refleja en la resolución CP/RES. 1140 (2259/19) rev. 1, del Consejo Permanente de la OEA.

18 de diciembre de 2019
RESUMEN DISCUSIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN “RECHAZO DE LA VIOLENCIA Y LLAMAMIENTO AL PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA” EN EL CONSEJO PERMANENTE

18 de diciembre de 2019

 Fuente: http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/12/18/contundente-derrota-de-ee-uu-y-almagro-en-la-oea-al-aprobarse-resolucion-caribena-sobre-bolivia/#.XfwbVfzB9PY



Venezuela: Oligarquía por su miedo ordena detención de Morales

Venezuela asegura que la orden de detención contra el depuesto presidente boliviano, Evo Morales, refleja el miedo que tiene la oligarquía al líder indígena.

“Con este tipo de decisiones arbitrarias, la oligarquía golpista boliviana demuestra el miedo que le tiene al presidente Evo Morales, ha declarado este jueves el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en su cuenta de Twitter.



Las declaraciones de Arreaza se producen después de que la fiscalía, bajo la orden del gobierno de facto de Bolivia, emitió ayer miércoles una ordenanza de detención contra Morales por presuntos cargos de “sedición y terrorismo”.

En este sentido, Arreaza al denunciar tal medida del gobierno de facto de la autoproclamada presidenta de Bolivia Jeanine Áñez, ha indicado que “la derecha fascista, ante la carencia de apoyo popular opta por la judicialización de la política”, para entonces expresar que “este es un caso descarado de Lawfare (guerra jurídica)”.

El propio expresidente boliviano, por su parte, calificó la orden de detención en su contra como una medida injusta, ilegal e inconstitucional, añadiendo que continuará su lucha política e ideológica.

El gobierno de facto de Bolivia anunció la decisión de aprehensión de Morales en un momento en que la posibilidad de que el líder indígena sea extraditado es remota, ya que el expresidente boliviano recibió el miércoles la confirmación de su estatus de “refugiado” en Argentina y no existe un tratado de extradición entre ambos países.

También, aunque el gobierno autoproclamado de Áñez solicitó a Argentina impedir que el dimitido presidente boliviano haga política, Morales dirige, desde el país austral, la campaña política de su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones generales del próximo año.
 
Tras una ola de protestas convocadas por la oposición boliviana, que se negó a reconocer los resultados de las elecciones de octubre, Morales renunció a su cargo el pasado 10 de noviembre con la intervención de los militares, que exigieron su dimisión.
Desde entonces, miles de bolivianos se han manifestado para expresar su repudio al golpe contra Morales, sin embargo, el gobierno impuesto que ahora desea la detención del líder indígena, ha reprimido duramente estas marchas y ha autorizado a las Fuerzas Armadas a masacrar, con total impunidad, al pueblo.

nlr/lvs/nkh/hnb

 Fuente: https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/444806/arreaza-detencion-morales-miedo

jueves, 12 de diciembre de 2019

Demoledor informe preliminar de CIDH sobre Golpe en Bolivia (Completo)


CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia, y urge una investigación internacional para las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del proceso electoral desde octubre de 2019

Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/320.asp


Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) delegó a su Secretaría Ejecutiva la realización de una visita de observación a Bolivia entre los días 22 y 25 de noviembre de 2019. La visita se realizó en el marco de una invitación del Estado y tuvo por objeto recoger información sobre la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis política y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre pasado en el país.

La delegación de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH visitó las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Sacaba. Durante la visita, la delegación sostuvo reuniones con altas autoridades del Estado de los niveles nacional y territorial, de todas las ramas del poder público, y se encontró con amplios grupos de personas y organizaciones de diversos sectores de la sociedad, recibiendo sus testimonios y documentación; también visitó hospitales, centros de detención, despachos defensoriales, y comunidades afectadas por la violencia. 

Así, durante su primer día la delegación de la CIDH se reunió con representantes del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, y el Instituto de Investigación Forense, así como con representantes de la Fiscalía General del Estado, incluyendo al Fiscal de La Paz, y de la Defensoría del Pueblo. 

Ese mismo día, se entrevistó con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y visitó la sede diplomática de México en La Paz. El segundo día, la delegación se reunió con el Procurador General del Estado, con los Presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

Al segundo día en la tarde se celebró una reunión plenaria con numerosas organizaciones de derechos humanos, partidos y organizaciones políticas de todas las representaciones, organizaciones indígenas, agrupaciones de víctimas, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), la Conferencia Episcopal de Bolivia, organizaciones periodísticas, estudiantes, médicos, defensores y otros diversos grupos y movimientos ciudadanos. 

El tercer día, el equipo de la CIDH se entrevistó con las directivas de la Cárcel de San Pedro en La Paz, y con los administradores del Hospital Holandés en El Alto. Posteriormente visitó la Alcaldía de El Alto, donde fue recibida por el equipo de gobierno y distintos líderes sociales de esa localidad. Más tarde visitó el Distrito 8 de El Alto, donde asistió a una reunión plenaria con habitantes de ese sector, que incluyó la presencia de víctimas y familiares de fallecidos en los hechos de violencia. 

El cuarto día de su visita, la delegación de la CIDH se trasladó a Cochabamba, donde se reunió con el Alcalde de Cochabamba, con el Comandante Departamental de la Policía de Cochabamba, con el Comandante de la Séptima División del Ejército en Cochabamba, y con el Fiscal Departamental de Cochabamba. Se trasladó luego a la población de Sacaba, donde se entrevistó con víctimas de la violencia y sus familiares, y con líderes sociales y defensores. También visitó ese día el Hospital Viedma y la sede de la Defensoría del Pueblo en esa ciudad, donde se entrevistó con numerosas personas, incluyendo representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, funcionarios públicos, víctimas, ciudadanos particulares y una asociación de familiares de agentes de la Policía.

Al respecto, la CIDH agradece la invitación, la apertura, la transparencia, el apoyo y el acompañamiento del Estado de Bolivia a todo lo largo de la visita de observación, y expresa su gratitud por toda la asistencia prestada para su organización y desarrollo, así como por el apoyo logístico y de seguridad. Además, valora el esfuerzo de las personas y organizaciones que presentaron información y testimonios ante el equipo técnico de la CIDH, especialmente de quienes han resultado víctimas en los recientes hechos de violencia registrados en el contexto de la crisis política y social en ese país.

La CIDH hace públicas en el presente comunicado sus observaciones preliminares sobre la situación de derechos humanos en Bolivia, y urge la realización de una investigación internacional independiente sobre los sucesos que se han registrado en el país a partir del mes de octubre de 2019. 

En este sentido la CIDH celebra que su solicitud coincida exactamente con la voluntad expresada por el Estado de Bolivia en la Nota Diplomática MPB-OEA-NV 274-19 del 10 de diciembre de 2019, en la cual el Gobierno interino expresa que “será esa investigación internacional la que investigue los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre octubre y diciembre del 2019”, y que “[e]stamos plenamente de acuerdo que haya una investigación internacional imparcial la que determine y califique los hechos de violencia ocurridos en Bolivia”. 

Al respecto, la Comisión valora altamente la disposición del Gobierno a permitir una investigación independiente. El foco central del trabajo de la CIDH es la mayor efectividad de los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición, independientemente de cuándo se haya consolidado la violación grave de derechos humanos correspondiente.

Con anterioridad a la realización de la visita de noviembre de 2019, la Comisión ha monitoreado de cerca la situación de derechos humanos en Bolivia en los últimos años por medio de las siguientes actuaciones: la realización de una visita in loco en 2006, y de una visita de trabajo por el Relator de País, Comisionado Francisco Eguiguren, en agosto de 2018; la elaboración de dos informes temáticos, sobre el “Acceso a la justicia e inclusión social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia”, en 2007, y “Comunidades Cautivas: Situación del pueblo indígena guaraní y formas contemporáneas de esclavitud en el Chaco de Bolivia”, en 2009; la publicación de un informe de seguimiento en el marco del Informe Anual de 2009; la emisión de múltiples comunicados de prensa, incluyendo 13 comunicados en los años de 2014 a 2019; 8 pedidos de información confidencial al Estado bajo el artículo 41 de la Convención Americana desde 2014, sobre temas relativos a los derechos de las personas LGBT, la edad mínima legal para prestar el servicio militar, el uso de la fuerza en manifestaciones públicas, la situación de las juezas, y la situación de los niños y niñas detenidos, entre otros; y 10 audiencias temáticas desde 2014, sobre temas tales como la independencia judicial en Bolivia, la violencia sexual contra adolescentes, la reforma penal y penitenciaria, el derecho a la consulta previa, o los derechos de las víctimas de la dictadura. A la fecha, la CIDH tiene 91 peticiones contra el Estado de Bolivia en proceso de estudio, 28 en etapa de admisibilidad, y 6 en etapa de fondo, relativas éstas últimas a temas de integridad personal y tortura, desaparición forzada, violencia sexual y protección judicial. Asimismo, la CIDH desarrolla actualmente procesos de solución amistosa entre el Estado y víctimas de violaciones de derechos humanos. En el año 2011, la Comisión otorgó medidas cautelares para proteger los derechos de una víctima del Estado refugiada en el exterior; y ha sometido, desde 1997, un total de 6 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Bolivia. 

El eje central de las observaciones de la CIDH en esta visita de observación a Bolivia fue el ejercicio del derecho a la protesta en un contexto de violencia generalizada que se desencadenó en los períodos previo y posterior a las elecciones presidenciales y legislativas, a partir del mes de octubre de 2019 y hasta la fecha actual, en el país. Para consolidar sus observaciones, el equipo técnico de la Comisión se ha apoyado en una alta cantidad de fuentes testimoniales y documentales, oficiales y extraoficiales, que dan cuenta de fuertes indicios de violaciones de derechos humanos, con profundas repercusiones sobre la vida de la sociedad boliviana.  

Marco temporal de la crisis

La Comisión observa que las movilizaciones y protestas sociales en Bolivia se enmarcan en el contexto del proceso electoral realizado el 20 de octubre, y registraron un punto de intensificación importante a partir del mes de octubre de 2019. 

Las protestas y movilizaciones fueron realizadas por una amplia diversidad de sectores cívicos, políticos, étnicos y movimientos sociales; el recurso a la violencia fue tomado por una serie de actores particulares de distinta afiliación en el curso de esas protestas y movilizaciones; y los actos lesivos de los derechos de las personas bolivianas observados por la CIDH fueron cometidos en el curso de la represión de las protestas por distintos agentes del Estado

Esa participación amplia y multisectorial en los hechos de violencia es el principal factor de complejidad de la crisis sociopolítica actual, tal y como se refleja en las presentes observaciones preliminares. Las recomendaciones dirigidas por la Comisión al Estado de Bolivia giran en torno a la urgente necesidad de que se genere un proceso de diálogo y reconciliación nacional, tendiente a desactivar las tensiones potencialmente violentas que hoy subyacen a las relaciones sociales en Bolivia. La Comisión toma nota y valora que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia haya condenado “toda forma de violencia y toda instancia en que se ponga en riesgo la vida y la seguridad de todos los miembros de la sociedad boliviana”, y comparte esta visión.

El marco cronológico de la crisis ya ha sido delineado por la CIDH en sus comunicados de prensa de 2019. La CIDH advirtió que, una vez hecho público el informe del grupo de auditores de la OEA sobre el proceso electoral, el 10 de noviembre, el Presidente Evo Morales anunció la convocatoria a nuevas elecciones y la renovación de la totalidad de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional. De acuerdo con información pública, el alto mando militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana solicitaron la renuncia del Presidente Morales, quien ese mismo día dimitió, aduciendo su voluntad de evitar que continuase la violencia en el país tras semanas de enfrentamiento. 

A la profundización de la crisis política se sumó la renuncia de otras altas autoridades del Estado, como el Vicepresidente de la República, los ministros del gabinete y los presidentes de las Cámaras Legislativas; y la posterior instauración de un Gobierno interino con el aval del Tribunal Constitucional. 

Como un antecedente relevante, en su Informe Anual de 2018 la Comisión expresó su preocupación por los efectos de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de 2017 que anuló el resultado del referéndum constitucional de febrero de 2016 en el que había ganado el “no”, rechazando la modificación constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa anteriormente, que buscaba reformar el mandato presidencial para que fuera posible la reelección continua por más de dos períodos. El 5 de diciembre de 2018, en el marco de su 170º Período de Sesiones, la Comisión Interamericana realizó una audiencia sobre el tema de la reelección presidencial en Bolivia. Dentro del Sistema Interamericano, la discusión sobre un derecho a la reelección es actualmente materia de un proceso de opinión consultiva que está en tramitación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Por otra parte, en este contexto, otras consideraciones relevantes efectuadas por la CIDH se han referido a la realización de operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el objetivo de mantener y restablecer el orden público con excesivo uso de la fuerza; así como a la emisión del Decreto Supremo No. 4.078 con el fin de eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que hubiera participado en los operativos para el restablecimiento del orden interno.En cuanto a esta última medida, en su comunicado del 19 de noviembre de 2019, la Comisión manifestó su profunda preocupación por las afectaciones de los derechos humanos por dicho instrumento en el contexto de la contención de las manifestaciones públicas. Sobre este punto, en su visita, la delegación de la CIDH recibió denuncias de diversas organizaciones e instituciones nacionales de derechos humanos sobre la utilización de dicho decreto para servir como una amnistía irrestricta a la actuación de las fuerzas de seguridad. 

Al respecto, la Defensoría del Pueblo informó que había presentado una acción de inconstitucionalidad abstracta contra esta norma ante el Tribunal Constitucional; y recientemente, el día 27 de noviembre, se informó sobre su derogación. 

El equipo de la CIDH recibió información según la cual las operaciones llevadas a cabo por dichas fuerzas conjuntas militares y policiales habrían resultado en la pérdida de vidas humanas en diferentes sucesos en todo el país, entre los que se destacan las muertes registradas el 11 de noviembre en la Zona Sur – Pedregal del municipio de La Paz; la masacre de Sacaba, Cochabamba, del 15 de noviembre; y la masacre de Senkata, en El Alto, del 19 de noviembre. La Comisión toma nota de que el Decreto Supremo No. 4.078 estuvo vigente durante las masacres de Sacaba y de Senkata. En ese sentido, la CIDH recuerda al Estado que, bajo los estándares interamericanos de derechos humanos, el Decreto 4.078 es jurídicamente inoponible en virtud de su invalidez, por lo cual los actos de violencia que se hayan cometido durante los días en que estuvo vigente no pueden quedar amparados por ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidad para los agentes del Estado.  



La CIDH también ha sido informada sobre la presentación y trámite actual de un proyecto de ley en el cual se eximiría de responsabilidad penal a Evo Morales y a Álvaro García. Al respecto, la CIDH advierte que bajo los estándares interamericanos, son inadmisibles las leyes de amnistía, o sus equivalentes, que pretendan excluir la responsabilidad penal individual de quienes son responsables por violaciones graves de los derechos humanos, independientemente de su rango o nivel de mando en la estructura del Estado.

La protesta social como eje y común denominador de los sucesos recientes

Durante la visita, la delegación de la CIDH recibió denuncias de manera reiterada sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas en el contexto de la contención de las diversas protestas sociales en el país. Sobre el particular, se informa que en el curso de las acciones de represión de las marchas y manifestaciones, diversas personas habrían resultado heridas por golpes, disparos, o por la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos u objetos contundentes. 

En el contexto de las protestas, la CIDH toma nota de la información de la Defensoría del Pueblo, que registró un escalonamiento del número de lesionados, empezando en 466 personas el 8 de noviembre y alcanzando al menos 804 personas el 22 de noviembre. Esta cifra incluye a las personas que resultaron heridas durante las masacres de Sacaba y Senkata. La CIDH toma nota de que algunas personas habrían sido lesionadas, durante los enfrentamientos, por otros actores y grupos sociales; y de la información sobre las lesiones sufridas por agentes de la fuerza pública, en sucesos tales como las protestas de la plaza Abaroa, el 24 de octubre, donde tres agentes de la policía habrían resultado heridos. 

Asimismo, la Comisión resalta la información recibida en el sentido de que el 22 de octubre, al intentar ingresar al Tribunal Superior Electoral, algunos manifestantes habrían sido bloqueados por la Policía, que utilizó golpes y gases lacrimógenos y generó varios heridos, incluyendo una joven de 16 años. Igualmente, según la información presentada por la Defensoría del Pueblo, el 31 de octubre varios grupos de jóvenes intentaron ingresar al Palacio de Gobierno, en la Plaza Murillo de La Paz, mostrando un alto nivel de agresividad y apoyados por mineros que tenían dinamita, ocasión en que habrían sido repelidos por la Policía mediante gasificación, golpes y otros actos que causaron lesionados entre ellos y entre las personas civiles que pasaban por el lugar. 

La Comisión observa que el desarrollo escalonado de los eventos políticos y electorales del país marcó el ritmo para la intensificación diaria y sucesiva de las manifestaciones, enfrentamientos y consistente derivación hacia la violencia de estas protestas y marchas. La CIDH recuerda que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos protege el derecho a la protesta social, imponiéndole al Estado obligaciones internacionales de estricto cumplimiento, entre las cuales sobresalen el deber de respeto y garantía de este derecho, y el deber de abstenerse de interferir en su ejercicio salvo para aquellos aspectos necesarios para proteger a quienes lo ejercen y garantizar el orden público, con un uso mínimo de la fuerza represiva y ningún uso en absoluto de fuerza armada letal. Además, la Comisión urge al Estado a que avance en la reparación de los lesionados en estos hechos de violencia y de sus familiares. 



La CIDH también llama al Estado a cesar los actos de violencia atribuibles a agentes estatales, o a grupos privados actuando en asocio, en connivencia con o bajo la tolerancia de los mismos, y a que garantice que cada persona lesionada en el contexto sociopolítico actual reciba el tratamiento médico y sanitario integral al que tiene derecho bajo la Convención Americana. 

Incitación a la violencia y a la discriminación étnica y racial

La Comisión Interamericana toma nota de que las manifestaciones y protestas en varios casos han degenerado en fenómenos colectivos violentos, en muchos casos racistas y en diversas formas discriminatorios. 

La CIDH declara su alarma por los distintos discursos de odio e incitaciones a la violencia a los que han recurrido diversos actores del país. Al respecto, la CIDH fue informada de la utilización de estos discursos e incitaciones por parte de funcionarios públicos y actores privados, quienes se han acusado recíprocamente de instigar a la población al uso de la violencia. Ello coincide en varios casos con el recurso simultáneo, desde el Estado, a la persecución penal de los opositores políticos, a quienes se señala de cometer los delitos de sedición, terrorismo e incitación a la violencia.

En efecto, tanto los oficialistas como la oposición se han acusado recíprocamente de instigar a las masas al uso de la violencia. 

La Comisión también toma nota de que fueron consistentes las declaraciones de quienes tomaron parte en algunas manifestaciones, en el sentido de que estaban protestando contra actos y patrones de racismo y discriminación. La CIDH también destaca la información presentada por la Defensoría del Pueblo, en la cual reporta que ha registrado docenas de casos de actos racistas y discriminatorios en el curso de las últimas semanas, en particular actos de violencia verbal, y algunos casos de retención y humillación pública por motivos raciales y/o de género. 

Entre los actos de racismo y discriminación referidos a la Comisión sobresalen los que se han cometido contra las así autodenominadas “mujeres de pollera”, es decir, mujeres indígenas o de ancestro indígena y campesino que usan el atuendo tradicional como parte de su cultura, y conforman una mayoría visible de la población boliviana. Al respecto, distintas personas declararon ante la CIDH que se habían sumado a las marchas y protestas sociales porque sectores políticos o sociales específicos habían humillado, despreciado o vilificado en sus discursos y expresiones a las mujeres de pollera, que eran sus madres, hermanas, tías o abuelas. Distintos testigos señalaron que a las mujeres de pollera se les había asesinado, golpeado, herido, y humillado mediante actos recurrentes tales como cortarles el pelo. 

Igualmente, la Comisión toma nota de los impactos que la situación actual ha tenido sobre los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia, que conforman un sector mayoritario de la población. Entre ellos sobresale la afectación del derecho a la integridad cultural de las personas indígenas por la quema, destrucción y ofensa a la bandera de la Wiphala. Las ofensas a este símbolo cultural de la población indígena boliviana, que incluyen su quema y destrucción, han sido cometidas por agentes de la policía, líderes cívicos y ciudadanos particulares en diversos espacios oficiales, tales como la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en espacios públicos, como sucedió entre otras en la plaza central de Cochabamba. 

Asimismo, se ha registrado en videos ampliamente difundidos a agentes de la policía de Santa Cruz que se cortaban dicho símbolo de su uniforme. Estos actos causaron inmediatamente indignación, ofensa y rechazo entre amplios sectores de la sociedad, particularmente los indígenas y campesinos, y constituyeron parte de los motivos que llevaron a numerosas personas a unirse a las movilizaciones.



En relación con este punto, la CIDH recuerda que la incitación a la violencia y los discursos de odio están prohibidos bajo la Convención Americana, mucho más cuando son esgrimidos por funcionarios públicos o líderes sociales para exacerbar situaciones de violencia y tensión social. Los funcionarios, líderes u otras personas que efectivamente desplieguen este tipo de incitaciones y discursos deben ser tenidos como responsables de las consecuencias que sus expresiones tengan sobre los derechos humanos de la población boliviana. Por otra parte, bajo la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos autóctonos de Bolivia tienen derecho a la integridad y dignidad de sus culturas. 

Arrestos y detenciones arbitrarias

De acuerdo con la información recabada, cientos de personas fueron detenidas entre el momento del inicio de las protestas y el de la visita de la delegación de la CIDH. La Comisión observa que, según lo informado por la Fiscalía General del Estado en el Informe del 26 de noviembre de 2019, la mayoría de los detenidos se encuentra en situación de detención preventiva. Asimismo, la información recibida da cuenta de que esas personas han sido recluidas tanto en cárceles y carceletas como en centros de reintegración, sitios de arresto policial y celdas judiciales, y que en diversos casos las detenciones no habrían sido precedidas por orden judicial, sino realizadas como medida policial preventiva de escaso o nulo sustento legal. 

Al respecto, la delegación de la CIDH obtuvo información en el sentido de que el 22 de octubre, la Policía habría aprehendido al menos a 21 jóvenes entre los manifestantes que se enfrentaron a la fuerza pública y quemaron el Tribunal Electoral Departamental de Beni. Asimismo, la Defensoría del Pueblo documentó que el 12 de noviembre había realizado verificaciones en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen – FELCC, donde encontró a 28 personas arrestadas, incluyendo a 4 menores de 18 años, por los hechos ocurridos en las protestas de Ciudad Satélite de El Alto. 

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó a la CIDH en el informe DGFSE No. 153/2019, remitido a la CIDH por el Ministerio Público mediante oficio FGE/JLP No. 751/2019 y luego mediante la Nota Diplomática del Estado, que para el día 26 de noviembre, 364 personas habían sido detenidas con ocasión de los hechos de violencia pre- y post-electoral, de las cuales una alta proporción fue capturada sin orden judicial previa, y muchas de las cuales permanecen privadas de la libertad a la fecha, en todo el país. 

Además, el equipo técnico de la CIDH pudo constatar, en su visita a las celdas judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que no se lleva un registro completo ni cuidadoso de las personas que han sido privadas de la libertad en este contexto. 

La Comisión recibió repetidos reportes sobre actos de maltrato físico y verbal, tales como golpes, culatazos, insultos, amenazas o similares, infligidos a las personas al momento de su aprehensión por parte de los agentes de la fuerza pública. En ese sentido, la CIDH toma nota del informe de la Defensoría del Pueblo del 22 de noviembre, que refiere que entre el grupo de detenidos que se habían visitado en las celdas de la FELCC, 18 presentaban heridas en distintas partes del cuerpo, 2 de ellas graves, y todas requiriendo atención médica que no se había provisto

Ante la delegación de la CIDH, en la Cárcel de San Pedro en La Paz, algunas personas detenidas denunciaron haber sido golpeadas e insultadas por agentes de la Policía al momento de su detención, así como obligadas a arrodillarse y otros vejámenes físicos. 



El Servicio de la Prevención de la Tortura (SEPRET) de Bolivia denunció que las personas detenidas en las últimas semanas estarían siendo llevadas a lugares distintos de los centros penitenciarios y carcelarios para allí permanecer privadas de la libertad, donde se les habrían aplicado castigos físicos, gases, golpes y otros ataques a su integridad. El SEPRET también denunció ciertas limitaciones que habían sido impuestas a sus funcionarios para acceder a los sitios de reclusión en todo el país. La Comisión toma nota de la renuncia, el 18 de noviembre, del Director de SEPRET, quien según lo informado, habría sido instado verbalmente a presentar su dimisión. 

La Comisión también recibió información sobre amenazas y agresiones contra personas privadas de la libertad, así como sobre la carencia de un registro detallado, al momento del ingreso, de las personas llevadas a los centros de detención, exponiéndolas en consecuencia a situaciones de alta vulnerabilidad, así como a un alto riesgo de ser víctimas de tortura o desaparición forzada. 

La CIDH recuerda que el Estado está en la obligación internacional de prestar una especial protección a los derechos de las personas privadas de la libertad, por su especial estado de vulnerabilidad; por lo que se le exhorta a que cumpla en el presente momento con esa obligación internacional básica. 

Además, la CIDH enfatiza la necesidad de proteger a las personas privadas de la libertad que han dado sus testimonios a la comitiva de CIDH, especialmente en la Cárcel de San Pedro, donde varios de ellos relataron haber recibido amenazas tanto por otros presos como por los propios agentes policiales custodios. 

Masacres y asesinatos 

En el contexto de la crisis y hasta el 27 de noviembre, la comitiva de la CIDH tuvo noticia de 36 personas que perdieron la vida en Bolivia. Durante su visita, la delegación de la CIDH recibió abundante información sobre dos masacres cometidas en Sacaba y en Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en las cuales perdieron la vida por lo menos 18 personas. 

La masacre de Sacaba ocurrió el 15 de noviembre. La Comisión recibió información testimonial según la cual miembros de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba llegaron en una manifestación pacífica al municipio de Sacaba, exigiendo el retorno al gobierno de Evo Morales y rechazando al Gobierno interino. A la altura del puente Huayllani, en el kilómetro 10 de la carretera a Cochabamba, se habría establecido un anillo de seguridad por parte de fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas. 

Al momento en el que los manifestantes intentaron pasar, inicialmente fueron contenidos con la indicación verbal de que estaba en camino la Defensoría del Pueblo para mediar; sin embargo, de conformidad con la información recibida, a los pocos momentos los agentes policiales y militares habrían abierto fuego contra la población civil allí reunida, a la que además habrían atacado con gases lacrimógenos, golpes y patadas. 



En estos hechos habrían resultaron muertas nueve personas: Omar Calle, César Sipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas Delgadillo, Armando Carvallo Escobar, Marco Vargas Martínez y Roberto Sejas. También habrían resultado heridas, inclusive por balas, numerosas personas que fueron recibidas en distintos hospitales de Sacaba y Cochabamba.  

La Comisión toma nota de que existen diferentes versiones sobre la forma como tuvieron lugar los hechos. Por una parte, algunas autoridades estatales, incluyendo el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y los mandos policiales, han acusado a los manifestantes de haberse disparado entre ellos, aduciendo razones tales como el calibre de las balas que fueron encontradas en los cuerpos de las personas fallecidas y heridas. 

Por otra parte, los numerosos testimonios recibidos por la CIDH son consistentes al indicar que las personas manifestantes estaban desarmadas, avanzaban pacíficamente por iniciativa propia, y fueron agredidas de repente con armas de fuego, contenedores de gas lacrimógeno, porras y otras armas por la fuerza pública, de manera sorpresiva. En la operación participaron helicópteros de la fuerza pública, según lo atestiguó el propio Comandante de la Policía de Cochabamba ante la CIDH. 

La masacre de Senkata ocurrió el día 19 de noviembre. Según la información recibida, un grupo de personas partidarias del MAS realizaba un bloqueo alrededor de la planta de hidrocarburos del sector de Senkata, en El Alto. Esa mañana se permitió la salida de la planta de sesenta vehículos contenedores de gasolina y gas, luego de lo cual los manifestantes habrían derribado uno de los muros perimetrales de la planta, momento en el cual habrían sido contenidos con armas de fuego por las fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército. 



En los hechos resultaron nueve personas muertas por impacto de bala: Devi Posto Cusi, Pedro Quisberth Mamani, Edwin Jamachi Paniagua, José Colque Patty, Juan José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Quispe, Clemente Mamani Santander, Rudy Cristian Vásquez Condori y Calixto Huanacu Aguilar. Entre las víctimas fatales se cuentan varias personas que al parecer no estaban participando en el bloqueo, sino simplemente pasaban por la zona en camino a sus casas o trabajos. 

También resultaron numerosas personas heridas, por impactos de bala, golpes, inhalación de gases y otras causas conexas, y fueron atendidas en diversos hospitales de El Alto. Al igual que con la masacre de Sacaba, algunos funcionarios públicos, tanto forenses como policiales, han cuestionado que las balas que mataron a estos ciudadanos hayan sido disparadas de armas reglamentarias de la fuerza pública. 

Al respecto, según declaraciones públicas, y ante la CIDH, en forma reiterada por las propias víctimas, estas personas se estaban manifestando públicamente sin violencia y fueron objeto de represión con armas de fuego por agentes estatales




También se han presentado denuncias públicas sobre la desaparición de varios cuerpos sin vida de personas que habrían fallecido en esta misma masacre, los cuales habrían sido recogidos por agentes estatales sin que se haya vuelto a tener noticia de las personas muertas. En particular se denunció ante la CIDH que este fue el caso de una mujer campesina, y de una niña de aproximadamente 12 años, entre otros. Las víctimas de esta masacre señalaron consistentemente que los muertos fueron muchos más que los nueve que se han reportado hasta la fecha.   

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos. 




En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas. Además, los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial

El derecho a la vida, protegido bajo la Convención Americana, es inviolable, y por su carácter esencial es la precondición para el ejercicio de todos los demás derechos humanos. Los órganos del Sistema Interamericano han reiterado que el uso de la fuerza por el Estado debe ajustarse a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad. 

Asimismo, se recuerda al Estado boliviano que la fuerza letal no puede ser utilizada para meramente mantener o restituir el orden público; sólo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes y reales puede ser un objetivo legítimo para aplicar la fuerza letal por parte de agentes estatales. En ese sentido, la CIDH urge al Estado que implemente en forma inmediata y apremiante mecanismos para prohibir e impedir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso de control del orden público en casos de manifestaciones públicas. La Comisión además reitera que las armas de fuego y las respectivas municiones deben estar excluidas de los operativos de control de las protestas sociales y que los funcionarios policiales o militares que pudieran entrar en contacto con la manifestación no deben portar armas de fuego o de otra manera letales. 

Adicionalmente, la Comisión urge al Estado que cumpla a la brevedad con su obligación internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos criminales. 

Además de las muertes registradas en las masacres de Sacaba y de Senkata, el equipo técnico escuchó las denuncias de los asesinatos de Beltrán Paulino Condori Aruni, de 21 años, y Percy Romel Conde Noguera, de 32 años, quienes habrían muerto por disparos de arma de fuego; y de Juan Marín Félix Taco, de 18 años, cuya causa de muerte no se ha determinado, todos ellos durante la contención de una protesta realizada por pobladores de las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, entre el 10 y 11 de noviembre. 

Según la información presentada por la Defensoría del Pueblo, estas muertes, así como varias lesiones a personas, fueron producidas durante el ingreso de las fuerzas policiales y militares al lugar de la protesta, habiéndose identificado un uso desmedido y desproporcionado de la fuerza pública en este incidente. 



El mismo día, según la información recibida por la CIDH, se produjo la muerte de Miguel Ledezma González, de 24 años, al parecer por un impacto de perdigones metálicos no reglamentarios, en un enfrentamiento con fuerzas policiales y militares en Sacaba. Asimismo, la CIDH fue informada sobre la muerte de otras personas, incluyendo agentes de la fuerza pública, en sucesos ocurridos en distintas zonas del país. 

Por otra parte, la comitiva delegada por la CIDH fue informada sobre la muerte de varias personas durante conflictos violentos entre diferentes grupos de particulares en el marco de las protestas, como la muerte, el 11 de noviembre, de Filemón Soria Díaz, de 45 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Cochabamba atado de pies y manos, quien habría muerto por estrangulamiento con un lazo.

El 12 de noviembre murió Juan José Mamani, de 35 años, en Cochabamba, tras ser golpeado a muerte por un grupo de personas; y Marcelino Jarata Estrada murió en Potosí por un impacto de arma de fuego. En Santa Cruz, en la zona de Montero, el 30 de octubre murieron Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas por impactos de bala, al igual que el joven Roberth C.S., abaleado el 13 de noviembre en la misma ciudad; las muertes ocurrieron durante enfrentamientos entre personas que realizaban bloqueos y partidarios de grupos de opositores al MAS, en los que aparentemente participaron francotiradores.

Dada la gravedad de los sucesos violentos observados, la CIDH condena las pérdidas de vidas humanas ocurridas en el contexto de la violencia electoral. Al mismo tiempo, hace un firme llamado al Estado boliviano para que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, investigue y esclarezca cada uno de los hechos, con el fin de establecer los responsables, juzgarlos y sancionarlos, así como a que provea reparación integral a las víctimas y sus familiares.

La CIDH advierte que se trata de hechos de violencia extremadamente graves, con aparente participación tanto de la fuerza pública como de distintos sectores sociales, en un contexto de zozobra y conmoción social, en el que han surgido distintas versiones de lo ocurrido. Más aun, no es claro que la institucionalidad nacional esté en condiciones o en capacidad de cumplir con la obligación estatal internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables. Por lo tanto, en criterio de la CIDH se trata de una situación típica en la que se plantea al Estado la necesidad de permitir la instauración de una investigación internacional independiente e imparcial sobre estos hechos, para coadyuvar a las autoridades nacionales en dicho cometido, por parte de un Grupo Internacional de Expertos Independientes. 


Heridos entre la población civil 

Los hechos de violencia ocurridos en Bolivia han causado un número de heridos hasta el momento no precisado, pero que claramente supera las 800 personas y resultará ser mucho más alto cuando se consoliden los registros completos de las víctimas de las últimas semanas. Las mediciones del número de heridos y lesionados con ocasión de los sucesos de las últimas semanas han variado, como es razonable esperar. Por ejemplo, para el 8 de noviembre la Defensoría del Pueblo había registrado 466 personas heridas, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad; para el 18 de noviembre se había aumentado esa cifra a 715 personas, y en el informe defensorial preliminar del 22 de noviembre se había elevado el estimativo a 804 personas. Muchos de estos heridos habrían sido lesionados por la Policía y las Fuerzas Armadas en el curso de las acciones de represión de las marchas y manifestaciones, fuera con golpes, disparos, gases lacrimógenos u objetos contundentes; otros fueron lesionados durante enfrentamientos con otros actores y grupos sociales. Esta cifra incluye las personas que resultaron heridas durante las masacres de Sacaba y de Senkata. La CIDH nota que también han resultado heridos en los enfrentamientos numerosos agentes de la fuerza pública.  

Muchos de los heridos han recibido algún grado de atención médica en diversos centros hospitalarios y de salud, y varios permanecen a la fecha de hoy hospitalizados. La CIDH visitó a algunas de estas personas en hospitales de El Alto y en Cochabamba, observando directamente la gravedad de sus lesiones y su preocupación por los costos de los tratamientos médicos a su cargo. Sin embargo, también se recibió información según la cual una alta cantidad de personas heridas no habría tenido acceso al servicio de salud, especialmente quienes están privados de la libertad. Ante la CIDH recurrentemente se expresó la preocupación de las personas heridas y sus familiares por no contar con dinero para pagar el costo de medicamentos, exámenes y tratamientos que no están cubiertos por ningún tipo de aseguramiento y de cuyo pago depende la continuidad del servicio respectivo.   



El derecho a la integridad personal es uno de los derechos fundamentales de la persona humana protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Estado tiene la obligación de investigar esos hechos y tomar las medidas necesarias para reparar las violaciones en las que se identifique a sus agentes como responsables. De conformidad con el derecho a la salud, los Estados tienen la obligación inderogable de asegurar el derecho de acceso a las instalaciones, bienes y servicios de salud por quienes lo requieran. Cuando las personas no puedan hacer valer ese derecho por sí mismas, como es el caso de los heridos y enfermos, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para facilitar ese acceso, lo cual puede incluir la búsqueda y recogida de dichas personas, así como su atención inmediata. Esto incluye la obligación de los Estados de adoptar medidas positivas para asegurar la atención integral de la salud, especialmente en circunstancias de peligro para la vida. Así mismo, los Estados deben abstenerse de impedir que el personal sanitario imparta tratamientos médicos a las personas que lo necesiten en el marco de estas situaciones. 

La CIDH llama al Estado de Bolivia a que cesen los actos de violencia atribuibles a agentes estatales, o a grupos privados actuando en asocio o connivencia con, o bajo la tolerancia de los mismos, y a que garantice que cada persona lesionada en el contexto sociopolítico actual reciba el tratamiento médico y sanitario integral al que tiene derecho bajo la Convención Americana.

Criminalización y persecución de opositores políticos, reales o percibidos

La delegación de la CIDH también recibió reportes sobre la persecución judicial de numerosas personas a través de investigaciones penales o procesos judiciales iniciados en razón de sus opiniones, convicciones o posturas políticas, incluso en razón de su trabajo como funcionarios públicos del gobierno del MAS. 

En particular, altos funcionarios del Estado del nivel ministerial del actual Gobierno interino han emitido declaraciones públicas anunciando la presentación de denuncias y la apertura de investigaciones penales por sedición y terrorismo contra miembros del MAS. El clima de persecución judicial y extrajudicial de opositores ha resultado en renuncias masivas y en cadena de servidores públicos a todo nivel; por ejemplo, la Asociación de Alcaldes de Bolivia denunció a la CIDH que no menos de 65 autoridades locales habrían presentado su renuncia como parte de este patrón de presión e intimidación en la vida cotidiana de todo el país.  

También es de público conocimiento que a quienes eran vocales del Tribunal Supremo Electoral -Organo Electoral Plurinacional- de Bolivia al momento de las elecciones del 20 de octubre se les iniciaron sendas investigaciones penales, como consecuencia de lo cual actualmente están privados de la libertad o prófugos. 

Tal fue el caso de vocal Antonio Costas, con quien el equipo técnico de la CIDH se entrevistó en la Cárcel de San Pedro, en La Paz, al igual que con su familia, recibiendo testimonios sobre el uso y valoración irregulares, en su proceso, de pruebas testimoniales exculpatorias, y sobre la transmisión pública de su detención por los medios de comunicación. La Comisión manifiesta su preocupación por la situación jurídica suya y de los demás vocales presos o investigados, y por la garantía de sus derechos procesales, y demás derechos humanos, bajo la Convención Americana.  

Adicionalmente, el 17 de noviembre se anunció la creación de un aparato especial en la Fiscalía para detener y procesar a legisladores y otras personas, supuestamente por actos de subversión y sedición. También se tuvo conocimiento de la emisión de amenazas de iniciación de procesos penales por sedición contra un grupo de defensores y activistas de nacionalidad argentina en Santa Cruz.

Por otra parte, la CIDH tuvo conocimiento de la difusión, a través de redes sociales, de anuncios, panfletos e informaciones de carácter persecutorio contra funcionarios y activistas del MAS. En este sentido, distintos exministros han descrito ante la CIDH la circulación de listas con sus direcciones particulares, teléfonos, residencias de sus familiares y otros datos personales, a través de WhatsApp, Facebook y otros medios, así como de montajes en los que sus fotografías aparecen bajo signos de “Se Busca” y frases similares; en varios casos tal distribución de información personal precedió al saqueo, destrucción e incendio de sus viviendas, o de las de sus familiares. 

La CIDH precisa que también recibió denuncias, durante su visita, de actos y patrones de persecución judicial de opositores que habrían tenido lugar durante el Gobierno del Evo Morales; aunque estos hechos rebasan el marco temporal de las observaciones de esta visita, para la Comisión es claro que, de verificarse, entrañarían violaciones de los derechos humanos que deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas oportunamente. 


Libertad de expresión, y rol de la prensa en la crisis

Durante la visita a Bolivia, la delegación de la CIDH se reunió, entre otros, con periodistas, trabajadores de la prensa, comunicadores comunitarios e independientes en las ciudades de La Paz y Cochabamba, donde pudo identificar una serie de vulneraciones al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública. 

En esta oportunidad, la delegación de la CIDH también recibió información de organizaciones de la sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo, la cual el 28 de octubre, emitió un comunicado exigiendo a los sectores sociales movilizados, al Estado, a la policía y a los medios de comunicación, que garantizasen la seguridad e integridad física de los periodistas durante el desarrollo de su trabajo. 

De igual manera, fue informado que el 16 de noviembre, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa (FSTP) de Cochabamba denunció el peligro que enfrenta la prensa y el riesgo actual para la vida e integridad de los periodistas que cubren las protestas y manifestaciones sociales en esa región. 

Sobre el particular, durante la visita, la CIDH identificó dos momentos fundamentales que caracterizarían la situación de la libertad de expresión y del acceso a la información en el país: antes de la renuncia del entonces Presidente Evo Morales, el 10 de noviembre; y después de la misma, cuando la Policía Nacional se amotinó y las Fuerzas Armadas solicitaron la renuncia del entonces mandatario, para luego dar lugar a un Gobierno interino, presidido por la senadora Jeanine Añez. 

Según información recabada por la CIDH, del 20 de octubre al 2 de diciembre, se habrían registrado al menos 50 periodistas agredidos de 20 medios de comunicación nacional e internacional. Dichas agresiones habrían sido originadas tanto por parte de manifestantes, como también por el excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas

Sobre el particular, fue informado que en el marco de las protestas y manifestaciones sociales, los comunicadores de los periódicos El Deber, La Razón, Página Siete, Los Tiempos, Opinión, de la Agencia de Noticias Fides (ANF), de los canales de televisión ATB, UNITEL, Gigavisión, Red Uno, Bolivisión, PAT, Tele C y de las radios Pio XII y Radio San Simón, entre otras, habrían sido objeto de ataques. 

De acuerdo con la información recibida, las agresiones provendrían de ambos sectores de manifestantes, es decir, los que estaban a favor del entonces presidente Morales y los que pedían su renuncia y la anulación de las elecciones de octubre. Entre las agresiones reportadas se encontrarían golpes, insultos, incautación y destrucción de equipos, así como obstaculización de coberturas periodísticas. Así, por ejemplo, fue informado que la motocicleta del periodista Adalid Peredo de la Red Uno fue quemada a fines de octubre mientras cubría el paro cívico en Cochabamba. También se reportó la retención de varios periodistas en El Alto, cuando, según lo informado, manifestantes a favor del gobierno de Morales habrían rodeado el aeropuerto, impidiendo la salida del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se dirigía a La Paz para entregarle una carta al entonces mandatario solicitándole su renuncia. 

Adicionalmente, de acuerdo con la información compartida con la CIDH, el 8 de noviembre, la situación de violencia en Bolivia habría tenido una escalada tras el motín policial, alcanzando al menos las ciudades de La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. Según lo informado, debido a la ausencia de la fuerza pública se habrían registrado saqueos e incendios provocados en sedes de partidos políticos, domicilios particulares de políticos y dirigentes, medios de comunicación estatales e independientes, así como ataques y hostigamientos a sus funcionarios. Entre ellos, se registra la quema de la sede de las Seis Federaciones del Trópico del Chapare y del Movimiento Al Socialismo (MAS) donde se encontraban las instalaciones de la Radio Comunitaria Kawsachun Coca; y la toma de instalaciones de diferentes medios de comunicación estatales y otros canales privados como TVU, Red Uno, UNITEL. 

Durante la visita también fue informado que, el 9 de noviembre, el director de la radio estatal Radio Tupak Katari y del periódico Prensa Rural, José Aramayo, fue amarrado a un árbol y vejado durante horas por vecinos de la zona de Miraflores, en La Paz, incidente que habría sido documentado por el corresponsal del periódico argentino, Página 12, Sebastián Moro, quien un día después fue encontrado inconsciente en su domicilio, con traumatismo en distintos lugares del cuerpo y luego de seis días falleció. Según lo informado, la familia del periodista habría denunciado que materiales periodísticos y herramientas suyas de trabajo habrían sido sustraídas, y pidieron una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte. 

Por otra parte, según la información disponible, el 9 de noviembre, grupos de manifestantes contra el entonces gobierno de Morales habrían cercado los medios de comunicación estatal, Bolivia TV y Radio Patria Nueva en La Paz, bloqueando la salida de cerca de 30 trabajadores y obligándolos a cortar la transmisión de sus señales. 

Además, fue informado que, el 10 de noviembre, en el municipio de Yapacaní (Santa Cruz), militantes del MAS habrían tomado y destruido las instalaciones de la Radio Ichilo. De igual forma, los canales Red Uno y Televisión Universitaria de La Paz interrumpieron su producción debido a amenazas de ataque a sus instalaciones, así como la red UNITEL, la cual comunicó que la planta transmisora para las ciudades de La Paz y El Alto habría sido objeto de ataque. 

Adicionalmente, la televisora Abya Yala suspendió sus servicios de prensa, denunciando que sus trabajadores habrían sido agredidos por manifestantes opositores del entonces gobierno de Morales tras asistir a una conferencia de prensa, y que en esta oportunidad se habría amenazado con dinamitar a ese medio de comunicación. 

Adicionalmente, fue informado que, el 12 de noviembre, los periódicos Página Siete en La Paz, Los Tiempos y Opinión de Cochabamba, habrían suspendido la circulación de sus respectivas ediciones impresas, dado el clima de inseguridad y amedrentamiento a periodistas y sus medios. El periódico El Día de Santa Cruz reportó que dejo de circular en formato impreso desde el 23 de octubre debido al paro indefinido en la región. 

La CIDH observa que al clima de silenciamiento de la prensa también han contribuido declaraciones de altos funcionarios gubernamentales. En este sentido, el 14 de noviembre, la recientemente designada Ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, amenazó a periodistas nacionales e internacionales con procesos penales por sedición, declarando que “aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país tienen que responder a la ley boliviana” (sic). Además, indicó que “esos periodistas ya están identificados” y que el ministro de Gobierno "va a tomar las acciones pertinentes”.  

En este contexto, la CIDH ha registrado agresiones a periodistas extranjeros de, entre otros, Página 12, TN, Crónica, América, Telefé, TeleSur y Aljazeera. Sobre este último medio, Aljazeera, fue informado que su reportera Teresa Bo,  fue gasificada de manera intencional por miembros de la Policía mientras hacía transmisión en vivo de las protestas. De acuerdo con la información recabada, la mayoría de corresponsales extranjeros abandonaron el país debido a la alegada falta de garantías, la presunta presión por parte de manifestantes contra el gobierno de Evo Morales, y también debido a campañas de difamación que habrían sido compartidas en diferentes redes sociales con sus fotografías y la dirección de los hoteles en los que se encontraban alojados. 



Además, fue reportado que, el 15 de noviembre, en Sacaba el periodista y camarógrafo de la cadena televisiva ATB, Sergio Figueroa, habría sido agredido por campesinos, quienes le habrían golpeado, habrían tratado de arrebatarle su equipo, y habrían intentado rociarlo con gasolina, reclamándole por el silencio de la prensa nacional ante la masacre allí ocurrida. Según lo informado, en ese mismo episodio, habría sido lanzado por personas desconocidas un petardo que habría estallado en medio de los periodistas y militares que estaban en el lugar, causando presuntamente heridas a cuatro reporteros: Fernando Bustamante, César Baldelomar, Ronald Aguilar y Sergio Figueroa. Asimismo, fue indicado que habrían sido apedreados por los manifestantes otros seis periodistas, a quienes nuevamente se les habría recriminado por su falta de cobertura. Sobre esta presunta falta de cobertura, varios comunicadores  alegaron que no se encontraban en condiciones de dar coberturas a las protestas y manifestaciones sociales en el país debido a la falta de garantías de seguridad. 

Igualmente, fue informado que personas presuntamente del Comité Cívico de Santa Cruz, habrían llamado al analista político y periodista Carlos Valverde para intimidarlo si seguía criticando al gobierno de transición y si persistía con sus críticas hacia el presidente del Comité, Luis Fernando Camacho. Más recientemente, el 3 de diciembre, fue informado que el caricaturista del periódico La Razón, Alejandro Salazar, comunicó a la dirección del medio de comunicación que dado el asedio y amedrentamiento del cual estaba siendo víctima decidió dejar de publicar sus viñetas alegando que no tenía las condiciones para continuar realizando su trabajo. Durante la visita, a la delegación de la CIDH también fue reportado el bloqueo de señal de los canales internacionales TeleSur y Actualidad RT por parte de empresas privadas, como Cotas y Comteco, y por parte de Entel, la empresa estatal. Lo anterior, presuntamente sin ninguna justificación. 

Por otro lado, según información proporcionada a la CIDH,  desde la renuncia del entonces presidente Morales se habría identificado el uso de falsas cuentas en Twitter como parte de la campaña de apoyo al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y al gobierno interino de Jeanine Añez. 

Los datos mostrarían alrededor de 68 mil cuentas creadas, las cuales compartieron 14 hashtags que habrían sido compartidas por 252.090 cuentas diferentes, que hicieron 1’048.575 tuits del 9 al 17 de noviembre., Algunos de estos hashtags son: #BoliviaLibreyDemocratica, #NoHayGolpeEnBolivia, #EvoEsFraude, #BoliviaUnida, entre otros. 

Finalmente, durante su visita al país, la delegación de la CIDH también recibió denuncias por parte de periodistas independientes y comunitarios quienes, debido a la alegada ausencia de medios de comunicación nacional en la cobertura de los conflictos, habrían decidido reportar a través de redes sociales y blogs. Según lo informado, estos periodistas habrían recibido amenazas de muerte y amedrentamiento por parte de grupos privados de choque, tales como los así denominados “Resistencia Juvenil Cochala”. 



Asimismo, periodistas, familiares de víctimas y heridos han denunciado la falta de acceso a la información pública durante la transición de gobiernos. Sobre el particular, fue informado que a los familiares de los heridos en la masacre de Sacaba se les habría sido negada información en el Hospital Viedma de Cochabamba.  

Por todo lo expuesto, la Comisión recuerda al Estado que el rol de la prensa en una sociedad democrática es fundamental, más en situaciones de alta tensión social y violencia, en las cuales el ejercicio de la profesión periodística constituye una forma de denunciar violaciones de los derechos humanos y garantizar la dimensión colectiva de la libertad de expresión, esto es, el derecho de la sociedad como un todo a estar informada. Es igualmente importante el papel de la prensa en el curso de las protestas sociales, y el Estado debe garantizar que ésta puedan ejercer su labor periodística sin ser objeto de detenciones, amenazas, agresiones o limitaciones en cualquier forma. 

La CIDH también recuerda al Estado de Bolivia que los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse de que con sus pronunciamientos no estén lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos; y que deben atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse de que sus expresiones no constituyan formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. 

Asilo y refugio

Según fue relatado al equipo de la CIDH, varios funcionarios que conformaron el gabinete de gobierno del Presidente Evo Morales habrían recibido asilo en sedes diplomáticas, específicamente en las de Argentina y México. Sin embargo, según lo relatado, el Gobierno interino se habría rehusado a expedir los salvoconductos que dichos exfuncionarios requieren para salir del país, aduciendo distintas razones, entre ellas, la apertura de investigaciones penales en su contra, o su papel en ciertas negociaciones que están en curso. La Comisión toma nota de la información de que a algunos de los familiares de esos funcionarios se les habrían otorgado salvoconductos, pero a ellos no, lo cual podría afectar la integridad de sus familias. 

Uso de la violencia por grupos privados y ciudadanos particulares

La Comisión destaca que los enfrentamientos violentos entre personas particulares han sido una constante de las manifestaciones y protestas. Desde el primer día del paro cívico, se registraron enfrentamientos en Santa Cruz en la zona del Plan 3000, en los cuales por lo menos una persona resultó herida. 

Asimismo, personas entrevistadas por la delegación de la Comisión reportaron  la participación directa en la violencia de grupos privados de diferente tamaño y con distintos niveles de armamento, así como de enfrentamientos de distintos grados de violencia ocurridos en el curso de las manifestaciones. 

Según la información recibida, dichos grupos habrían actuado en ocasiones en asociación con, o bajo la tolerancia de, agentes del Estado, incluidos miembros de la fuerza pública. Tal es el caso, en particular, de la autodenominada “Resistencia Cochala”, grupo armado y motorizado al que se ha señalado consistentemente de participar en los desórdenes sociales ejerciendo control violento e intimidación sobre amplios sectores de la sociedad, y afectando en particular la integridad personal y la circulación de las personas. Algunos de estos grupos privados ejercen control territorial y limitan la circulación sobre amplios sectores de las ciudades; incluso sobre la Plaza Murillo, en La Paz, donde se encuentran las oficinas del Alto Gobierno y del Poder Legislativo. 


Según se informó a la Comisión, el 9 de noviembre, numerosas personas provenientes de Chuquisaca y Potosí marcharon hacia La Paz pidiendo la renuncia del entonces Presidente Evo Morales, pero habrían sido retenidas y torturadas en el sector de Vila Vila por un grupo de particulares, comuneros de Huancane, que bloquearon el camino e ingresaron a los buses, desnudaron a hombres y mujeres, y les amarraron, los obligaron a arrodillarse y acostarse sobre el asfalto caliente, los apedrearon, rociaron con gasolina y golpearon, además de robar sus documentos y pertenencias. Simultáneamente, otros grupos afines al MAS habrían bloqueado distintos puntos de esa misma carretera para evitar el ingreso de dichos manifestantes a La Paz. La confrontación habría generado al menos 34 personas heridas; quienes pretendían marchar se replegaron a la localidad de Challapata, y hubo una situación de toma recíproca de rehenes de ambos grupos, que fue resuelta con la mediación de la Defensoría del Pueblo. 

Asimismo, se denunció que el activista y defensor Julio Llanos, adulto mayor que abogaba por los derechos de las víctimas de la dictadura, fue golpeado el 29 de octubre por dos personas que participaban en una marcha que pasaba frente a su lugar permanente de activismo ante el Ministerio de Justicia en La Paz, y luego de estar hospitalizado por más de un mes, falleció a consecuencia de la agresión. 

La Comisión también tuvo conocimiento de que entre los días 28 y 31 de octubre grupos de mineros afines al partido MAS habrían hecho estallar grandes cantidades de explosivos para dispersar las protestas en La Paz, sin que las autoridades de policía o gubernamentales lo impidieran o les impusieran las sanciones de ley. 

Según la datos presentados por la Defensoría del Pueblo a la CIDH, el 30 de octubre, en enfrentamientos entre manifestantes y personas que querían dispersarlos, murieron en el municipio de Montero los señores Mario Salvatierra, Marcelo Terrazas y Marcelino Jarata, todos ellos al parecer por impactos de bala, que según el Instituto de Investigaciones Forenses no corresponderían a armas de dotación reglamentaria de las fuerzas de seguridad del Estado. De igual manera, una confrontación en el municipio de Vinto, el día 6 de noviembre, entre personas que apoyaban el paro cívico y grupos llegados del campo, causó la muerte del joven Limbert Guzmán Vásquez, al parecer por fractura craneal con objeto contundente. 

La Comisión nota que la violencia desembocó también en numerosos actos de incendio, saqueo, destrucción y amedrentamiento. En Cochabamba el 23 de octubre una manifestación de estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón recorrió las calles, y un grupo de la misma marcha destrozó el edificio de la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y del MAS. Además, el 21 de octubre fue quemado por un grupo de manifestantes el edificio del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, con saldo de tres personas heridas, y el 22 de octubre marchistas quemaron las oficinas del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, del Tribunal Electoral Departamental de Beni y del Servicio de Registro Cívico de Beni, así como el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. 

El 9 de noviembre, también, quemaron la casa del gobernador del Departamento de Oruro, quien renunció públicamente, así como la del Alcalde municipal de Oruro, a quien también quemaron su emisora de radio, motivando su renuncia. La Comisión observa que fueron quemadas o destruidas y saqueadas también las residencias y demás propiedades de la hermana del entonces presidente Evo Morales, del gobernador del departamento de Chuquisaca, del ex diputado y presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda -cuyo hermano fue tomado como rehén-, del senador del MAS Omar Aguilar, de la asambleísta departamental del MAS Sandra Siñani, del diputado David Ramos, del Ministro de Minería y Metalurgia César Navarro -así como la casa de su madre en la ciudad de Potosí-, del entonces presidente Evo Morales, del Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, de la Alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, y del dirigente indígena Nelson Condori, representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en el municipio de Guaqui; asimismo, del Rector de la Universidad Mayor de San Andrés y dirigente del CONADE, Waldo Albarracín.

Al respecto, la CIDH destaca que más de 40 funcionarios públicos de todos los niveles y ramas del poder renunciaron en cadena por temor a ser víctimas de actos como estos, incluyendo varios senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, ministros, y viceministros, entre otros. Varios familiares de los funcionarios públicos respectivos también fueron víctimas de actos violentos, ataques, retenciones, insultos y otro tipo de agresiones, incluyendo sus cónyuges, hijos, padres y hermanos. La Comisión observa que, asimismo, el 10 de noviembre, empresas y organizaciones particulares fueron afectadas por saqueos, incendios y destrozos, como fue el caso del incendio de 64 buses del servicio público en La Paz. 
En este contexto, la CIDH recuerda que el Estado tiene la obligación de investigar los hechos de violencia, saqueo, incendio y destrucción en los que han participado personas particulares, identificando, juzgando y sancionando a los responsables, máxime cuando han resultado personas heridas durante los mismos. Además, tiene la obligación de impedir que grupos privados ejerzan la violencia; de investigar los hechos en los que han participado; y en el caso de que lo hayan hecho en connivencia, en asociación, o bajo la permisividad o inacción de las autoridades estatales, el Estado de Bolivia debe investigar y sancionar a los funcionarios públicos que han permitido dichas conductas.

Bloqueos de vías, bienes y servicios básicos

La Comisión toma nota de que desde el 23 de octubre, momento en que se inició el paro general, se empezaron a generar bloqueos a la circulación de personas y bienes en todo el país por parte de manifestantes, tanto en aeropuertos y carreteras como en las calles de las principales ciudades. Los bloqueos afectaron tanto a líderes sociales, tales como el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, como a legisladores nacionales y a ciudadanos del común, quienes se habrían visto obligados a acatar las restricciones a la circulación y acceso impuestas por distintos sectores sociales y por la fuerza pública. 

Al respecto, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados relataron a la CIDH haber sido sometidos a interrogatorios y vejámenes antes de poder acceder al recinto de la Asamblea Legislativa en La Paz. Según la información recibida, algunos de los puntos de control estarían siendo operados por grupos armados privados que habrían actuado en connivencia con la Policía y las Fuerzas Armadas
Se informó a la delegación de la Comisión que la principal consecuencia directa de los bloqueos, ha sido la escasez de alimentos, combustibles y bienes básicos, además del aumento de precios. También se han visto afectados los servicios de salud y de educación, así como el sector turístico.  

Afectaciones a la institucionalidad y la administración pública

Por otra parte, la Comisión también recibió información relativa a diversos tipos de afectaciones por acciones violentas sufridas por funcionarios públicos, tanto civiles como policiales y militares, que habrían sido víctimas de violencia en el contexto de la crisis sociopolítica. La Comisión destaca el caso de la alcaldesa del municipio de Vinto, Patricia Arce, quien el día 6 de noviembre fue sometida a humillación y violencia física y verbal públicamente por un grupo privado de personas, mediante actos que incluyeron cortarle el pelo, empaparla de pintura y otros químicos, remover parcialmente su ropa y conducirla forzadamente en público por un camino de insultos, gritos y agresiones colectivas. La CIDH considera dichos hechos de la mayor gravedad e insta al Estado a investigar, juzgar y sancionar a sus responsables

La CIDH también ha sido informada sobre la muerte de agentes de la Policía en los disturbios. En particular, tuvo conocimiento de la muerte del Sargento de la Policía Juan José Alcon Parra, por agresiones que sufrió el día 11 de noviembre durante el saqueo y toma del Comando Regional de la Policía de El Alto. Así mismo, se denunció la muerte del Teniente Coronel Heybert Antelo, comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de La Paz, quien falleció en el servicio el 12 de noviembre tras sufrir una emboscada en un punto del bloqueo en la ciudad de El Alto. 

Adicionalmente, la Comisión recibió información sobre saqueos e incendios de entidades públicas por turbas violentas. Entre otros, se destacan, el ataque y saqueo del hospital municipal de la zona La Portada, el 10 de noviembre; de la Estación de Policía Integral EPI-Sur de Cochabamba, el 11 de noviembre; de las oficinas de Tránsito, Radiopatrullas y el Comando Regional de la FELCC de la Ceja de El Alto, el 11 de noviembre; y de la Estación Policial Integral 5 de la zona de Ventilla en El Alto, que fue destrozada. 
La Comisión observa con preocupación la práctica reiterada de cercar despachos y oficinas públicas estatales por parte de grupos de manifestantes, impidiendo el acceso y salida de funcionarios y ciudadanos, con distintos propósitos y duraciones. La delegación recibió información de que el 4 de noviembre se cercó el Palacio de Justicia en Santa Cruz, así como las oficinas de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Constitucional en Sucre. El 5 de noviembre se cercaron las oficinas de Impuestos Nacionales, el Banco Unión, la Aduana Nacional, la Fiscalía, el YPFB, el INRA, Migración y la Dirección de Trabajo en Santa Cruz. El mismo día, una marcha de empleados del magisterio encerró las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales, el Banco Unión, la Alcaldía y la Gobernación de Oruro; y el 6 de noviembre se cercaron numerosas instituciones públicas en La Paz incluyendo el Tribunal Departamental de Justicia, la Fiscalía Departamental, el Ministerio de Educación y la Jefatura Departamental del Trabajo.
Al respecto, la CIDH toma nota de que la Defensoría del Pueblo en particular ha sido objeto de varios cercos de este tipo e intentos de toma, entre otras los días 30 de octubre en Potosí, 4 de noviembre en Cochabamba, 6, 7 y 27 de noviembre en La Paz. 
El principal efecto de estos bloqueos ha sido el de generar temor entre los funcionarios públicos y ciudadanos atrapados, así como bloquear la provisión de los servicios y funciones que cada una de estas entidades cumple y presta a la ciudadanía, por lo menos durante el tiempo que duren encerradas por la muchedumbre.

Conclusiones previas

La Comisión observa con extrema preocupación que, en el contexto de la violencia sociopolítica generalizada que se desencadenó en los períodos previo y posterior a las elecciones generales, caracterizada por la polarización, la hostilidad y el odio en las relaciones sociales, fundados en la discriminación, la intolerancia y el racismo, se ha registrado una serie de graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias, mucho más allá del contexto de la protesta social, al nivel más estructural y fundamental de la sociedad boliviana, con profundas repercusiones sobre la vida cotidiana del país. 
La Comisión considera que cualquier salida a la crisis sociopolítica, para ser compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe priorizar el respeto a los derechos de la persona humana y a la institucionalidad democrática, sobre los que se erige el Estado de Derecho.  De tal suerte que la transición hacia la paz debe darse por las vías constitucionalmente previstas, cesando de inmediato la violencia y el uso excesivo de la fuerza.  Construir un diálogo nacional amplio y respetuoso se hace imperativo para retomar la concordia, la convivencia pacífica y la tolerancia social y política en Bolivia, en apego a los derechos humanos amparados en la Convención Americana. 
En este preciso sentido, la Comisión toma nota, como un factor de distensión positivo, de la convocatoria legislativa a las elecciones, e insta a la pronta determinación de la fecha en que se realizarán tales comicios. La importancia jurídica, política y social de las elecciones presidenciales y legislativas próximas exige del Estado la adopción de medidas dirigidas a garantizar el ejercicio pleno no solamente de los derechos políticos, sino de todos los derechos de los ciudadanos bolivianos.
La Comisión toma nota de la reciente expedición del Decreto Supremo 4100, que establece una indemnización monetaria y servicios de salud para las familias de las víctimas mortales y los heridos durante la crisis sociopolítica, y dispone que una vez pagada tal indemnización, los familiares de las víctimas “tendrán por reparado su derecho ante cualquier instancia internacional”. 

La CIDH advierte que una norma administrativa nacional como ésta no puede jurídicamente cerrar u obstruir el acceso de esas personas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El derecho de petición ante el Sistema Interamericano no resulta afectado en su vigencia o contenido por este tipo de medidas de carácter nacional, pues tiene su fundamento en las obligaciones convencionales internacionales del Estado de Bolivia. 

Más aún, la CIDH resalta que la compensación monetaria es solo uno de los componentes del derecho a la reparación integral que tienen las víctimas de la violencia electoral en Bolivia; tal derecho a la reparación también les da un título jurídico para reclamar del Estado medidas de satisfacción, justicia, verdad, rehabilitación y garantías de no repetición, ante instancias internacionales y nacionales. 

Recomendaciones preliminares de la CIDH

Con base en sus observaciones y a la luz de las normas que rigen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH recomienda en forma preliminar al Estado de Bolivia:
  1. Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia a partir de octubre de 2019, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables; específicamente, un Grupo Internacional de Expertos Independientes.
  1. Respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. En esa misma medida, asegurar que los operativos de seguridad con respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según protocolos de actuación que estén acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley.
  1. Tomar medidas dirigidas al cese de la violencia y de la represión armada de las protestas sociales. Como medio idóneo para ello, suspender el despliegue masivo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía por las calles de las ciudades y poblaciones de Bolivia, y restablecerlos a sus posiciones normales en tiempos de paz, conforme a sus criterios usuales de mando y disposición. Igualmente, cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas, así como garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que se están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas.
  1. Desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido la violencia contra la población civil en todo el país, del bando que sean.
  1. Establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas y sus familias.
  1. Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte; dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo, y debe proveer un sustento informativo básico para las acciones de reparación de los perjuicios causados, incluyendo la garantía por parte del Estado de que a las personas heridas y lesionadas se les provea atención integral en salud sin costo adicional para ellos.
  1. Entregar los salvoconductos a las personas que se encuentran asiladas en las embajadas de México y Argentina, o en otras sedes diplomáticas, para que así puedan ejercer su derecho humano a obtener asilo y refugio, en forma tal que no se fragmenten sus respectivos núcleos familiares.
  1. Fortalecer la Defensoría del Pueblo, proteger a sus funcionarios y respetar su autonomía e independencia para que pueda cumplir sus funciones sin intervención política de ninguna índole.
  1. Realizar una revisión legal independiente e individualizada de todas las imputaciones hechas a las personas arrestadas y detenidas durante las protestas, y liberar en forma inmediata a quienes estén detenidos en forma arbitraria o injustificada a la fecha de hoy, en centros de detención de cualquier tipo. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas, y asegurar su acceso a una defensa técnica y a la administración de justicia.
  1. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación. En relación con éstos últimos, el Estado debe garantizar el respeto de la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura.
  1. Garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos,  amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales.
  1. Conducir desde el más alto nivel del Estado un proceso nacional de diálogo y reconciliación que permita desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana.
  1. Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas.
  1. Es deber del Estado proteger a quienes testificaron, y continuarán testificando, ante la CIDH. Sin perjuicio de la procedencia de medidas cautelares interamericanas para casos concretos, en tanto medida preventiva básica, la CIDH solicita formalmente al Estado boliviano que adopte las disposiciones necesarias para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de todas y cada una de las personas que testificaron ante la Comisión Interamericana en su visita y dialogaron de alguna forma con ella. De especial interés es la situación de las personas privadas de la libertad y hospitalizadas con las que habló el equipo técnico de la CIDH, con respecto a las cuales se urge al Estado que brinde una protección inmediata mediante las medidas más expeditas y eficaces. El Estado también deberá abstenerse de tomar represalias, o de permitir que se tomen represalias, en su contra.
  1. Comprometerse a instalar de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Bolivia para operar en el territorio nacional y contribuir a la pacificación social.
  1. Llamar a la CIDH a realizar una visita in loco por la CIDH a la mayor brevedad, que haga posible a la Comisión ampliar el marco temporal de verificación de la situación de los derechos humanos en el país, incluyendo en su análisis hechos, procesos y factores causales anteriores al periodo estricto de las observaciones, que pueden tener alto valor explicativo.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 320/19