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martes, 15 de diciembre de 2015

Investigación: Privatización causó daño de $us 2.500 MM


Imagen tomada de http://adolfomendozaleigue.blogspot.com

Privatización causó un daño al Estado de $us 2.500 MM


(Victor Hugo Chambi Ocaña / Cambio).-La privatización y la capitalización de las empresas públicas durante los gobiernos neoliberales provocó un daño económico al Estado superior a los 2.500 millones de dólares, afirmó el expresidente de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la investigación de esos procesos Adolfo Mendoza.

“En la investigación establecimos que aproximadamente el daño económico al Estado supera los 2.500 millones de dólares”, declaró el exsenador que dirigió la primera etapa de la investigación sobre el período neoliberal, en el que se vendieron las empresas estatales.

El monto señalado sólo corresponde a las empresas que fueron propiedad de las extintas corporaciones departamentales de fomento, unidades productivas en las que se interiorizó la primera comisión, conformada en la anterior legislatura.

Venta de Unidades Productivas

De acuerdo con el detalle que se presentó en el informe preliminar, la comisión determinó que la venta de cuatro empresas del departamento de Chuquisaca generó una pérdida de 31,7 millones de dólares.

En Beni se vendieron tres unidades productivas que causaron la pérdida de 1,7 millones de dólares; en Cochabamba llegó a los 3,7 millones de dólares por la venta de cuatro empresas; mientras que en La Paz, el daño al Estado alcanzó a 8,3 millones de dólares por la venta de cinco unidades productivas.

Las pérdidas económicas en el departamento de Oruro alcanzaron a 3,9 millones de dólares por la venta de cinco empresas; en el departamento de Pando, la venta de una empresa generó una pérdida de 1,3 millones de dólares, igualmente en Potosí se vendió una sola empresa y el daño al Estado fue de 5,5 millones de dólares.

El daño económico en Santa Cruz es el daño más alto, con 99,6 millones por la venta de ocho empresas públicas; mientras que en Tarija, la pérdida económica por la venta de seis empresas fue de 47,4 millones de dólares.

A ese monto de 203,1 millones de dólares se deben sumar las pérdidas por la capitalización de las empresas estratégicas del Estado, la venta de las empresas de las Fuerzas Armadas, de las universidades, de las municipales y de las prefecturales, pérdidas económicas que se harán  conocer en el informe de la segunda comisión, que se conformó en la presente legislatura.

Además, en varios de los casos de venta, cierre o transferencia de las empresas públicas se descubrió que hubo irregularidades en los procesos de licitación, subasta o venta directa de las empresas. “La actual comisión centró su trabajo en las  consecuencias jurídicas y económicas”, precisó Mendoza.

En los siguientes días, la Comisión Investigadora presentará el informe conclusivo sobre la venta, transferencia y cierre de 213 empresas de Estado, proceso que se efectuó durante los gobiernos de Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer Suárez.

En el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de aprobar el informe,  se determinará la presentación de proposiciones acusatorias contra los responsables.

Préstamos por $us 444,5 MM

El informe preliminar determinó que además de la venta de las empresas públicas a precios ínfimos hubo créditos que adquirieron los gobiernos neoliberales para los procesos de privatización y capitalización, monto que alcanzó a los 444.5 millones de dólares.

De acuerdo con los documentos, el gobierno de Jaime Paz Zamora y su ministro de Planeamiento, Samuel Doria Medina, adquirieron créditos con la condición de desnacionalizar las empresas estatales.

Para esta privatización, el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) alcanzó a 147.176.761 dólares.

Mientras que para la capitalización de las empresas estratégicas, los créditos que adquirió el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada con el BM y el BID fueron de 297.281.370 dólares.

Los créditos fueron por 20 y 30 años respectivamente y en el primer caso se terminó de pagar en 2011 y el segundo hasta el año 2023.
 

viernes, 21 de agosto de 2015

Adolfo Mendoza: PDC acata órdenes de Manfred


El exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adolfo Mendoza aseguró que la jefa de bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola sigue órdenes de Manfred Reyes Villa para evitar que se emita la autorización de juicio de responsabilidades contra los autores de la privatización.

“La Fundación Nacional por la Democracia (NED, por su sigla en inglés) trabaja junto con Manfred Reyes Villa, él es el jefe de Norma Piérola, y Reyes Villa es uno de los que debe rendir cuentas al Estado boliviano”, indicó Mendoza.

El exlegislador cochabambino señaló que Piérola, al acusarlo de estar vinculado a alguna organizaciones no gubernamentales (ONG), “sólo quiere generar desinformación para afectar el juicio contra los privatizadores e intentar amedrentar a quienes realizamos la investigación”.

El martes, Piérola acuso a Mendoza de ser propietario de la Organización No Gubernamental (ONG) Ciudadanía y de ser financiada por la NED, extremo que fue calificada de falsa por el exasambleísta.
Mendoza aclaró que Ciudadanía es una ONG, con sede en Cochabamba, en la que se promueve el debate y análisis ciudadano en el que inclusive participó la diputada del PDC.

“La oposición lo que quiere es generar una suerte de guerra sucia para que este proceso contra los privatizadores tarde y se detenga, como ciudadano y expresidente de la Comisión de investigación sobre la privatización quiero decirles a la oposición y a la señora Norma Piérola que no podrán detener el juicio contra los privatizadores”, afirmó Mendoza.

Fuente: Cambio

miércoles, 18 de febrero de 2015

Mendoza asesorará 2ª comisión legislativa que investiga privatización en Bolivia

http://adolfomendozaleigue.blogspot.com/2015/02/mendoza-asesorara-2-comision.html

Abi (18-2-15).- El ex senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Adolfo Mendoza, anunció el miércoles que como ex miembro de la primera comisión legislativa que investigó el proceso de privatización y capitalización en Bolivia, asesorará el trabajo de la nueva comisión que se formará el viernes y trabajará esta gestión.

"Yo como ciudadano tengo la obligación de continuar con esta línea de investigación y por supuesto que voy a contribuir en todo lo que sea necesario, porque finalmente la comisión a mi cargo terminó la fase objetiva, científica de la investigación", dijo.

Mendoza detalló que la próxima comisión investigadora tiene la tarea fundamental de dar seguimiento y retomar las conclusiones a las que se llegó en 2014.

"Y hacer el análisis jurídico y financiero para ver las pérdidas que tuvo el país", agregó.

En 2013 la Asamblea Legislativa Plurinacional conformó una comisión investigadora del proceso de privatización, que presentó los primeros resultados al final del período legislativo 2010-2014, el 13 de enero, con dos proposiciones acusatorias contra 13 ex autoridades, por los casos ENFE y FOCAS.

En esa ocasión, los ex parlamentarios recomendaron dar continuidad a las investigaciones que involucran a otras empresas estatales que fueron privatizadas o capitalizadas.

Según los legisladores, la nueva comisión tendrá dos tareas fundamentales: dar continuidad a la proposición acusatoria en el caso de la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y del proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS), y continuar con la investigación de las privatizaciones.

Fuente: ABI

martes, 3 de febrero de 2015

Derechos culturales, despatriarcalización, inclusión y Constitución

Entrevista a Adolfo Mendoza sobre derechos culturales, despatriarcalización, inclusión y Constitución

http://adolfomendozaleigue.blogspot.com/2015/02/entrevista-adolfo-mendoza-sobre.html
 
(3-2-15).- Álvaro Rivero entrevista a Adolfo Mendoza buscando insumos conceptuales en el marco de las consultorías: (1) Políticas Públicas para la Promoción de Derechos Culturales en Cochabamba; (2) Políticas Públicas para la Promoción de la Despatriarcalización en Cochabamba y (3) Políticas Públicas para la Inclusión Cultural de Poblaciones Vulnerables en el departamento de Cochabamba; trabajos encargados y realizados por Rivero para la Dirección de Culturas e Interculturalidad de la Gobernación de Cochabamba, efectuados entre octubre y diciembre del 2014.

Álvaro Rivero Ostoic (ARO): La entrevista va a tener como telón de fondo, digamos, esta idea de que los derechos culturales deben ser promocionados, también quiero indagar un poco del tema de despatriarcalización, ¿cómo se puede impulsar el proceso de despatriarcalización? Finalmente como se puede incluir a las poblaciones vulnerables para que puedan ejercer sus derechos culturales de manera apropiada, digamos ¿no?, entonces esa es la idea. Comenzaríamos con una cuestión general, una gran parte del tema de derechos en Bolivia, se ha concretizado –si vale el término– a partir de la aprobación de la Constitución, sin embargo previamente a la aprobación de la Constitución hay una historia previa ¿no? Es un resultado y punto de partida de un proceso anterior. Entonces quisiera que nos puedas conversar las características del proceso político previo que ha llevado a, primero, a la instalación de la demanda de Asamblea Constituyente, el proceso constituyente propiamente dicho y el resultado, o sea la Constitución, ¿qué características tuvo este proceso político que culminó en la aprobación de la Constitución por el pueblo boliviano?

Adolfo Mendoza Leigue (AML): Ya, lo primero que hay que señalar es que a veces se cree que los derechos culturales se reducen nada más a una parte del catálogo de derechos en la Constitución Política del Estado y específicamente los art. 98 y 99, además de los referidos a educación superior y educación en general; pero el carácter de los derechos culturales vistos desde esta perspectiva, revela una óptica restringida, diría, precisamente por lo que estuvo en juego en la Asamblea Constituyente. Solamente para hablar de los art, 98 y 99, donde se hace mucha referencia al patrimonio, a las culturas, a las naciones y pueblos; en realidad a veces se toma solamente como un asunto de las naciones y pueblos en un sentido multiculturalista, antes que en una propuesta que parte del mundo indígena, pero para lo común, es decir, de un particular con pretensión universal de validez, para organizar el conjunto de las relaciones entre Estado y sociedad civil, eso es lo que se dio en el proceso constituyente, a diferencia de lo que acontecía antes, incluso con determinadas marchas indígenas.

Por ejemplo la del 90 –más allá de que se visibilizó lo indígena de tierras bajas y un conjunto de derechos culturales desde los pueblos indígenas–, la lógica era la de la integración, era la política del reconocimiento, era la política multiculturalista antes que otra cosa, es decir se intentaba respetar los derechos del indígena, incluirle en el Estado viejo, pero no tocar estructuras estatales. Esa es la diferencia entre la marcha del 90 y la marcha por la Asamblea Constituyente del 2002; porque la del 2002 genera una demanda de transformación del Estado en su conjunto, no solamente de inclusión indígena, por todas esas razones cualquier política cultural debe velar –además de la protección de los derechos y la sola promoción–, por la facilitación de estos derechos, o sea en el Estado antiguo primaba la política cultural de la promoción, en el Estado Plurinacional esa promoción, en realidad ,se transforma en facilitación, porque se trata de reorganizar el conjunto de las relaciones, no promover algo solamente.

ARO: Y qué papel cumple la cultura en esta reorganización de las relaciones entre el Estado y la sociedad en el proceso constituyente.

AML: Yo creo que hay una memoria que da cuenta de una acumulación histórica de luchas sociales que, en tanto también luchas culturales, luchas por determinados valores, determinada cosmovisión, determinada forma de hacer las cosas, determinada manera de pensar el Estado; viene de diversos procesos. Lo que Bolivia vivió y tal vez América Latina en su conjunto, durante la crisis del Estado Colonial de 1780 hasta 1830, es algo que creo que se vuelve a repetir –como diría René Zavaleta¬ como una suerte de segundo movimiento general de la época, ahora, con la reorganización de nuestros estados de América Latina; eso no se explicaría sin esta acumulación de fuerzas históricas, que son al mismo tiempo acumulación de experiencias y por tanto de construcciones culturales desde la subalternidad y desde lo indígena, desde las mujeres que hablan, ya no de lo particular para lo particular, sino para construir otras relaciones sociales.

ARO: En ese sentido la despatriarcalización sería una parte integral de este proceso o es una suerte de anexo que no tiene un papel central, ¿tú crees que si o que no?

AML: Hay varias interpretaciones al respecto, yo soy un firme defensor que la despatriarcalización, es uno de los núcleos de la construcción de la nueva estatalidad, es decir de la construcción del Estado Plurinacional, así como el Estado Plurinacional se enfrenta al Estado Burgués tradicional, confesional, colonial, se enfrenta al Estado patriarcal; por tanto es algo que explica la propia existencia, o debería explicar la propia existencia del Estado Plurinacional, la despatriarcalización. O sea frente a la economía capitalista, economía plural; frente a la estructura colonial del poder la descolonización; frente al Estado confesional, el Estado laico; frente al Estado patriarcal, la despatriarcalización. Creo que son pilares fundamentales de la construcción del Estado plurinacional, teniendo en cuenta sin embargo, que ya no se trata de promoción solamente de derechos, que ya no se trata de generar sentido de inclusión, sino de transformación de las relaciones, ese es el núcleo central también de la despatriarcalización, la transformación de las relaciones sociales y de los sentidos de dominación que tenían estas las relaciones sociales.

ARO: ¿Podrías redundar un poco sobre el tema de la descolonización en ese contexto que has mencionado?

AML: Ah sí, varios autores han hablado de un hecho que ya es algo más que aparente, o sea obviamente que todo esto está en construcción porque depende mucho de las relaciones de fuerza, eso no quiere decir que las fuerzas que defienden la estructura colonial hayan desaparecido o las que defienden las estructuras patriarcales hayan desaparecido, no. Es por eso que frecuentemente vemos que cuando se habla de lo colonial se reduce a un asunto indígena, o cuando se habla de despatriarcalización se reduce a un asunto de las mujeres, cuando no es así; la despatriarcalización no es un asunto de las mujeres pero sí es parte de la acumulación de fuerzas y de luchas del movimiento de mujeres; como planteamiento hacia el conjunto, con pretensión universal. Lo mismo en el caso indígena, por tanto la colonialidad del poder, según muchos autores, es paralela; por lo menos; a la modernidad, en cuanto organización del poder, es decir no se podría entender modernidad sin colonialidad del poder, es la otra cara de la modernidad, no existiría modernidad sin colonialidad, por tanto son 2 caras de la misma moneda.

ARO: Entonces en este sentido ¿el actual proyecto de construcción estatal trasciende a la modernidad?

AML: Trasciende a la modernidad, trasciende al Estado cívico social, trasciende a la construcción de los estados modernos basados en la idea de un Estado nación, porque la clave del proceso constituyente está en la construcción de la nueva estatalidad, pero a partir de lo nacional plural, no a partir de la victoria de un proyecto de nación como perspectiva homogeneizadora respecto de otros, que fue la apuesta liberal, igualar a todos los ciudadanos, ni la esperanza modernizante, occidental, del proyecto de nación victorioso de la Revolución Federal por ejemplo y lo mismo en el caso del proyecto nacionalista revolucionario, ahí fue victorioso otro proyecto de construcción del Estado nación. En el caso de la Independencia frente a la propuesta indígena de construcción de una nueva estatalidad, reivindicado incluso una república de indios, etc. Frente al proyecto de nación, de idea de nación, de los guerrilleros de la Independencia, frente incluso a la nueva construcción de la idea de nación que tenía la Constitución de Cádiz de 1812, que en su reconocimiento de la ciudadanía era mucho más bondadosa que la propia Constitución Francesa. En ese momento se da la victoria de un proyecto de nación, que luego se emparenta con el ideal francés, ¿no?, la revolución francesa, entonces continuamente hemos tenido luchas por construir una idea de Estado nación, eso se rompe en este nuevo movimiento general de la época, o por lo menos estamos en eso, en una relación de fuerzas que tiende a romper esa lógica y pensar a lo nacional desde una perspectiva plural.

ARO: A eso quería ir, la Constitución propone un diseño estatal que, posteriormente se plasma en toda una serie de acciones, sobre todo legislativas, de construcción de este nuevo diseño estatal. ¿Cómo evaluarías el avance que se ha dado en estos últimos 4 años en la construcción de una nueva estatalidad?

AML: Te voy a poner el ejemplo a partir de la despatriarcalización, antes se luchaba por cuotas de género, ahora ya no se lucha por cuotas de género, se lucha por el principio de la paridad, es un concepto totalmente distinto, el concepto de las cuotas estaba ligado a la incorporación de la mujer al viejo Estado, pero siempre en condición subalterna, de reconocimiento de sus derechos pero desde lo dominante, en cambio el concepto de paridad transforma ese juego de relaciones, entonces hay un salto de género hacia despatriarcalización.

ARO: ¿Y en el campo de la cultura?

AML: Esto es propio del campo de la cultura, si es que entendemos la cultura por un conjunto de acciones sociales que construyen perspectivas políticas y a partir de esas acciones colectivas, operan la memoria, la política de la memoria, la política del olvido y la construcción de nuevos imaginarios políticos, es decir de relaciones, de acuerdos y pactos, eso es propio de la cultura, si tenemos por concepto de la cultura este ¿no?, de un conjunto de acciones sociales que construyen identidades y también diferencias.

ARO: Se define que la Constitución boliviana es una constitución que pone mucho énfasis en el tema de los derechos, qué relación hay entre este énfasis en los derechos y lo que tradicionalmente se llamaba la acción afirmativa, es decir un marco legal que priorice a ciertos sujetos a ciertos colectivos de manera de poder favorecerlos, ¿existe en la Constitución boliviana esta idea de la acción afirmativa y cómo?

AML: En todos los sentidos, porque la Constitución es una visión de la organización de las propias relaciones sociales, pongo dos ejemplos de esta lectura restringida de la construcción estatal, lo indígena y los derechos de la mujer Desde la visión restringida, estos derechos aparecen como meras acciones afirmativas o si se quiere, algunos dicen discriminación positiva o políticas de acción afirmativa, pero desde la perspectiva del proceso constituyente, no solamente implica acción afirmativa para incluir, sino para modificar la relación, nuevamente, es lo indígena, es lo femenino, que le habla al conjunto de la sociedad y no solamente a lo indígena, a lo femenino. En todo caso hay una combinación lógica en el juego de relaciones que es necesario fortalecer, con políticas de acción afirmativa, esta modificación de las relaciones sociales. Por eso viene el criterio de paridad o por eso viene la interculturalidad, desde la propia comprensión, incluso de la democracia ¿no? Por eso también hay acción afirmativa que niega la visión multiculturalista previa. En el caso indígena, las políticas de acción afirmativa, estaban pensadas siempre para considerar lo indígena como minoritario, en el caso boliviano no es así, aunque políticamente lo indígena antes se expresó como minoría de efecto estatal, usando esta noción de Zavaleta a propósito del proletariado minero, que era una minoría pero que actuaban como una mayoría de efecto estatal, lo que sucede ahora es que estas “minorías” indígenas, minorías políticas actúan como mayoría del efecto estatal.

ARO: Complicando un poco el análisis, señalando lo que tú dices, se puede ver además desde un punto de vista desde las autonomías, tenemos 4 niveles autonómicos lo cual hace un chenco bastante grande del tema. Como evaluarías la construcción de estas nuevas relaciones sociales y estatales, en los niveles departamentales y municipales, si es que se puede hacer un análisis de una realidad tan diversa ¿no?

AML: El punto de partida es considerar que este Estado no es un Estado autonómico, es un Estado Plurinacional, que tiene como uno de sus ejes una organización territorial distinta y esta organización territorial se basa en las autonomías, o sea no es un Estado que funciona a partir de las autonomías, es un Estado que tiene a las autonomías como parte de una nueva organización del Estado, una nueva organización territorial. Obviamente en el caso de las autonomías hay diversas correlaciones de fuerza que todavía no ceden, conservan la experiencia de dominación previa, yo diría. Es decir por un lado hay una comprensión conservadora –le llamo– de las autonomías y por otro lado una comprensión revolucionaria de las autonomías; la visión conservadora de las autonomías, es una visión que se liga con la descentralización político administrativa y esto forma una tensión no superada en el momento actual en términos institucionales; por ejemplo las asambleas departamentales todavía funcionan como los viejos consejos departamentales, los concejos municipales funcionan en muchos casos, no en todos, –especialmente en las capitales departamentales– como los viejos concejos municipales y no desde la perspectiva del autogobierno, pero en otros casos ya han variado esas relaciones, por ejemplo, muchos indígenas originarios campesinos, se han tomado el poder municipal y la máxima autoridad ya no es el Concejo Municipal, es la organización social, entonces ahí tu puedes ver esta otra vena de la construcción autonómica que yo le llamo la comprensión revolucionaria de las autonomías con base en el autogobierno.

ARO: Si, es importante el tema porque en la práctica, los asuntos culturales, en el sentido tradicional –tal vez como tú dices conservador–, simplemente han pasado de ser, digamos, objeto de un ministerio a ser tuición, del ejecutivo departamental o del legislativo departamental o municipal, ¿no?, entonces en la práctica simplemente hay una transferencia de competencias pero no hay un nuevo funcionamiento del tema, digamos de la comprensión, de lo cultural.

AML: En algunos casos, pero en otros no y eso es mucho más visible en aquellos municipios que se han convertido en autonomías indígenas o aquellos territorios que pretenden adoptar un autogobierno indígena, nada más pongo el ejemplo de Raqaypampa, donde pese a todavía no haber conformado formalmente un autogobierno indígena originario campesino, ya funcionan como tal, bajo el diseño del Distrito indígena. Ahora su autogobierno lanza políticas educativas, políticas de manejo territorial, en relación a tierra-territorio, relación con los recursos naturales, incluso ahora Raqaypampa, están empezando a aportar el desayuno escolar al municipio al cual pertenecían, por así decirlo, esa es la lógica del autogobierno también.

ARO: Si la construcción del nuevo Estado es todavía objeto de disputas de posiciones conservadoras y revolucionarias, ¿cómo ves los posibles escenarios, obviamente en torno al tema cultural, en torno al tema de despatriarcalización?, ¿cuál es la agenda legislativa?, ¿cuales los posibles temas prioritarios que se pueden desarrollar en estos dos ámbitos?

AML: Todo depende del estado de la correlación de fuerzas, porque la nueva institucionalidad, está haciéndose en el camino, todavía no se ha terminado de construir, pero por extraño que parezca, hay lugares en estas relaciones de fuerza, el Estado como relaciones de fuerza, donde lo cultural puede emerger de manera novedosa y no solamente a partir de su vena indígena, a partir de su vena femenina, a partir de la vena de la subalternidad, sino que te marca sentidos culturales de dominio territorial que antes no existían.

Pongo un ejemplo, en Cochabamba se ha aprobado la Ley Canata, (de la región metropolitana); en el caso de la región metropolitana de Cochabamba, estamos suponiendo que existe un espacio de planificación porque, una cosa es la región como espacio de planificación y otra cosa es la región como autonomía, que es lo que existe en el Gran Chaco en Bolivia, sin embargo pese a que la región metropolitana de Cochabamba, es un espacio de planificación y no de autonomía regional metropolitana, permite combinar de distinta manera el gobierno local y el gobierno departamental, bajo el principio de problemas comunes, soluciones comunes. Esto puede tener inimaginables consecuencias de políticas culturales e institucionales, nada más pienso en una, si es que no existiría esta ley y la posibilidad de organizar la región metropolitana bajo el concepto del buen gobierno, pero no el buen gobierno entendido solamente como la elección de autoridades , sino del dominio territorial, metropolitano en este caso, si es que concebimos las cosas desde esta perspectiva podríamos estar ante la aparición de una nueva forma institucional que exprese una construcción identitaria distinta de Cochabamba como departamento, la vieja idea de la conformación de Cochabamba como región ya no existe más porque las identidades colectivas del trópico, del cono sur, de la zona andina, del valle alto, han empezado a emerger de manera distinta y en el eje metropolitano también emerge la necesidad de construir nuevos imaginarios y una identidad metropolitana que institucionalmente se podría plasmar, nada más pongo un ejemplo ahí, en la propuesta, yo estoy defendiendo esa propuesta, pero viene de una larga discusión en Cochabamba, del centro cultural metropolitano, convertir a la plaza principal en un lugar de encuentro, de la identidad metropolitana, pero también departamental y eso implica una modificación de la presencia del poder en la plaza, es decir en el centro colonial del poder alto, ¿qué hace la Gobernación, el Concejo Municipal, la Alcaldía, la Policía, en la plaza?, deberían estar fuera y allí montar el museo de la Guerra del agua , auditorios de Bartolina Sisa o de Alejo Calatayud, que hagan de ese espacio urbano un lugar de encuentro distinto.

ARO: Eso implicaría, una modificación de esta concepción que prioriza al Estado, en algunos casos, incluso sobre la misma sociedad civil, es decir hay una tendencia en esta construcción estatal, de darle demasiado poder al Estado ¿no?, en desmedro de lo que tú llamas, la propia autonomía o autogobierno local. ¿Lo que planteas significaría una nuevo planteamiento de relación entre la sociedad y Estado o no necesariamente?

AML: Si, por dos razones: uno que la fuerte presencia de la estatalidad es parte de la acumulación de fuerzas culturales y políticas, bajo la comprensión del Estado ético, es decir es tal la influencia de la sociedad civil sobre la propia institucionalidad estatal que a veces se confunden las políticas institucionales del estado, con las acciones propias de la sociedad civil y el Estado asume ahí un protagonismo que es normal que en proceso de transformación estatal, sin embargo esta figura no se podría completar si es que no echamos mano a la otra vertiente que también nace de la misma acumulación de fuerzas políticas y culturales, la movilización social, si es que no existe una movilización social, para hablar del ejemplo, sobre el centro cultural metropolitano, no bastarán las reformas que haga la Gobernación o lo que haga el municipio del Cercado o la manera en que se teja la región metropolitana desde la institucionalidad estatal, el contenido de esta propuesta, –Centro Cultural Metropolitano– solo es posible a partir de la movilización social de los actores, culturales y con actores culturales no me refiero solamente a artistas o a los sectores que clásicamente se llamaban cultural sino a las fuerzas sociales.

ARO: Siguiendo la misma línea de razonamiento pero con referencia al tema de derechos, de alguna manera la Constitución plantea que el Estado debe tener una actitud más proactiva, de iniciativa, para que los derechos humanos y entre ellos, los derechos culturales sean efectivamente cumplidos, en contraste con la tradicional forma de ver –liberal– de que se ocupe la sociedad, digamos, ¿no? Se trata de que el Estado debe promover y hacer cumplir los derechos que están signados en la Constitución. Puede darse una tensión entre este énfasis estatal, con él, –también derecho reconocido– que es el autogobierno y la propia diversidad, o sea si el Estado influye demasiado poderosamente en la aplicación de los derechos culturales, podría poner en peligro, el tema de la diversidad, de los actores, etc. ¿Tú crees que efectivamente puede haber esta tensión, como se podría resolver esta contradicción o aparente contradicción?

AML: No hay experiencia de construcción estatal en la historia de la humanidad que deje de lado el papel de la institucionalidad, del aparato estatal en la construcción de las nuevas relaciones, porque es el Estado que también pone las reglas de juego y las leyes son parte de esas reglas de juego, la clave de este asunto, sin embargo, es que eso se transforme en voluntad colectiva, o sea se transforme en un nuevo sentido común, se transforme ya no en un hecho particular, sino en un hecho universal, ese es el gran logro del Estado moderno y siempre el Estado tendió a promover ese tipo de vínculos, es decir, no es algo nuevo desde esa perspectiva, sin embargo yo te lo pongo en clave distinta, cuando se habla de la autonomía, desde la perspectiva del autogobierno y por tanto de la libre determinación de los pueblos, a veces recurrimos a un arsenal teórico que no es propio de la construcción de la nueva estatalidad. Estoy recordando en este momento la vieja discusión de Lenin y Rosa Luxemburgo, entre autonomía y autodeterminación, eso se ha desdibujado porque la autonomía, es al mismo tiempo, un sentido de autodeterminación de los pueblos, es decir la autonomía no se reduce, –si bien para el Estado plurinacional tiene sentido como parte de la organización territorial del Estado–, a los niveles indígena, municipal, regional o departamental; más bien esta nueva comprensión de las autonomías, implica una organización del Estado, del territorio que ocupa en su conjunto.

Donde tiene fuerza esta otra clave, es hacia afuera; Bolivia asume, desde la matriz indígena, el concepto de libre determinación de los pueblos, es decir, la defensa de la soberanía ya no es la que era antes, por eso se incluye la diplomacia de los pueblos. Porque estos sentidos de autonomía y de autogobierno, hacia afuera, implicaría decir –momento– no somos el patio trasero del Imperio; es decir, Bolivia como conjunto, se expresa en un autogobierno como afirmación de la soberanía; eso es parte también de la reflexión que debemos hacer sobre autonomía.

ARO: La idea de autodeterminación, tu mencionas que tiene una base territorial; sin embargo pueden haber colectivos, sobre todo en caso cultural, que quieran desarrollar su actividad al margen del Estado, entonces, en este sentido, yo te planteo que si la normatividad actual pone algún tipo de limitaciones a la actividad de estos grupos autónomos que no necesariamente tienen referente territorial.

AML: No, porque la Constitución les protege, pero en todo caso porque al mismo tiempo no se elimina la acción colectiva y menos en la construcción de una nueva estatalidad; es como si de repente el proceso constituyente no se hubiese cerrado y los discursos constituyen también a los actores…

ARO: Yendo al tema de los actores, hemos hablado de las mujeres, de los indígenas y de alguna manera –con el tema metropolitano¬ de las ciudades; en ese sentido que otros sujetos culturales, o sujetos sociales, están surgiendo, configurando o ya se han visibilizado, que sea interesante mencionar en esta conversación. ¿Desde el punto cultural que sujetos culturales o sociales nuevos, están surgiendo que merezcan la atención de las políticas públicas o, en general, del Estado?

AML: Desde una perspectiva teórica clásica, está la emergencia de una nueva clase media, por ejemplo; pero desde una perspectiva ampliada y no tradicional, esto también tiene que ver con una nueva construcción de ciudadanía y, por tanto, de un nuevo sujeto ciudadano, el ciudadano ya no como sujeto de derechos simplemente, sino como identidad política. La ciudadanía ya no como condición jurídica sino, como participación en las decisiones del gobierno, a distintos niveles; para mí hay dos buenos ejemplos, uno general, y uno especifico no?, tú lo puedes notar en las áreas metropolitanas, es el nacimiento de las clases medias en realidad entre comillas, pero, a nivel general, hay una ruptura y al mismo tiempo continuidad, en la construcción de ciudadanía, los ciudadanos no dejan de tener como base la defensa de sus derechos y la ciudadanía no deja de ser una condición jurídica, pero ahora la ciudadanía es algo más que defensa de derechos y de igualdad ante la ley, es construcción de identidades políticas que piensan, de una determinada manera, el gobierno de su ciudad, decían los antiguos ¿no?, los griegos.

ARO: Para acabar, hablando de derechos culturales de una forma genérica, ¿la Constitución y el proceso posterior como plantean la relación entre estos derechos culturales y el resto de los derechos humanos?, Por otro lado ¿qué concepción sobre la cultura está detrás de la acción del Estado? Son dos preguntas ¿no?

AML: Ya, las uniré de todas maneras; en el contenido clásico del Estado moderno, los derechos culturales son como una demanda de sectores específicos que requieren protección; desde la perspectiva del Estado plurinacional, aparece el concepto de interculturalidad y el concepto de interculturalidad, no se refiere solamente a una relación equilibrada, armónica, sino también a relaciones conflictivas, a relaciones de poder y eso mismo se relata en el artículo 98 de la Constitución que habla de los derechos culturales ¿no?, en el catálogo de derechos, de derechos de las culturas dice: la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado plurinacional comunitario, la interculturalidad es el instrumento para la cohesión, convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones, la interculturalidad tendrá lugar con respeto a la diferencias en igualdad de condiciones , ah, además dice: el Estado asumirá como fortaleza la existencia de las culturas indígenas originarias campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones y será responsabilidad del Estado, preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país. Esto antes de entrar a la definición de patrimonio cultural en la Constitución, entonces qué encontramos aquí en los derechos culturales: lo mismo que en el caso de la ciudadanía, es decir, aceptar lo común que nos une sin negar la legitimidad del derecho a la diferencia, pero donde el derecho a la diferencia tampoco puede negar lo común que nos une; entonces eso cambia la propia visión tradicional de los derechos, de los derechos culturales, por eso es tan fuerte el concepto de interculturalidad, que ya está mencionado en la Constitución, pero que ahora se empieza a trabajar incluso en términos de institucionalidad democrática, por tanto no se trata del melting pot, no se trata de multiculturalismo, aunque esas tendencias también están presentes, se trata de la posibilidad de generar políticas que, transformando las relaciones de poder, encuentren un nuevo equilibrio entre lo común y la legitimidad del derecho a las diferencias. Entonces las culturas no se reducen a identidades cerradas, es decir, ya no es la vieja óptica donde el derecho de un grupo atañe solamente a un grupo, en este caso el derecho indígena está planteado, por ejemplo, para el conjunto, como valor, como cosmovisión.

ARO: Una cosa más, ¿no crees que como está planteado ese artículo pone demasiado énfasis en la cultura como algo dado y no en la cultura como algo que se construye y que se va transformando inevitablemente?

AML: Si y no, pone énfasis en la cultura como algo dado, cuando hace referencia a la existencia de las culturas indígenas originarias campesinas, pero pone énfasis en la construcción de la interculturalidad, cuando se señala que este es un instrumento para una nueva cohesión, entonces hay la vena anterior y también esta otra que está diseñada para la transformación de las relaciones de dominación, sin embargo eso no quiere decir que no exista una tensión, porque finalmente la interculturalidad es conflicto, también; y eso no quiere decir que venzan necesariamente los discursos que construyen ahora otros sujetos que no tengan una matriz conservadora, puede lo conservador también vencer, porque estamos en un momento de construcción institucional de nuevas relaciones.

ARO: Muchas gracias.

AML: A ti.

Fuente: Dirección de Culturas e Interculturalidad de la Gobernación de Cochabamba

viernes, 15 de agosto de 2014

Doria Medina nombró a sus exfuncionarios como ejecutivos en cementera privatizada

http://adolfomendozaleigue.blogspot.com/2014/08/doria-medina-nombro-sus-exfuncionarios.html

PC (8-08-14).- Un informe de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Investigación a las privatizaciones y capitalizaciones revela que el exministro de Planeamiento, Samuel Doria Medina (1991-1993), nombró ejecutivos de la empresa cementera El Puente a sus exfuncionarios que participaron en la privatización de dicha empresa.

El documento da cuenta que entre 1991 y 1993, Doria Medina fue ministro de Planeamiento, Flavio Escobar secretario, Hernán Paredes consultor y Giovanni Pacheco coordinador de dicho ministerio, todos ellos trabajaron en la privatización de las empresas propiedad de las Corporaciones de Fomento, entre ellas la cementera tarijeña El Puente.

Tres años después, en 1996, el ya exministro de Planeamiento se adjudica la cementera y nombra a Escobar como su representante legal, a Paredes como negociador de la empresa y a Pacheco como el Gerente General.

Para el expresidente de dicha comisión legislativa, el ex senador Adolfo Mendoza esta es una muestra de cómo “se vulneró la antigua Constitución Política del Estado, la propia Ley de privatización y los decretos que viabilizaron la venta de las empresas”.

Fuente: Cambio

lunes, 11 de agosto de 2014

Ex senador Adolfo Mendoza critica guerra sucia de oposición

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Cepra (7-08-14).- El ex senador por el Movimiento Al Socialismo, Adolfo Mendoza cuestionó la forma de hacer política por parte de los líderes de la oposición, asegurando que no tienen una propuesta sólida para el país y que las críticas negativas que emitieron luego del mensaje presidencial son parte de una guerra sucia.

“Ya basta a la guerra sucia, no se puede hacer política ni proponer estrategias”, dijo el ex senador a tiempo de cuestionar al líder de Unidad Democrática Samuel Doria Media, quien durante los gobiernos antecesores al de Morales no hizo más que apoyar a la privatización de las empresas nacionales.

En la oportunidad, Mendoza señaló que varias de las empresas que pertenecían a la nación ahora están bajo la propiedad de Doria Medina y que él formó parte del intento de privatización del agua, a través de la empresa Aguas del Tunari en Cochabamba.

“Doria Medina tuvo la posibilidad y el descaro de apropiarse de empresas que fueron del Estado”, afirmó Mendoza.

Fuente: Cepra

lunes, 7 de julio de 2014

En Santa Cruz se privatizaron 8 empresas por el 18% de su valor

 
 
La prensa cruceña de la época publicó un artículo sobre las irregularidades que se cometieron.
Crédito: CEMIPC

En el proceso de privatización de las empresas de la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (Cordecruz), ocho de las doce unidades productivas fueron transferidas a manos privadas sólo por el 18% de su valor de implementación, señala un informe de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la investigación de la privatización y la capitalización.

Cordecruz poseía 12 empresas productivas: dos Cabañas Lecheras en Todos Santos (Caletsa); Fábrica de Alimentos Balanceados Portachuelo (Albapor); Fábrica de Cerámica Roja Camiri; Fábrica de Cerámica Roja Roboré; fábrica de losetas Montero; Hilandería Santa Cruz (Hilancruz); Hotel Asahí; Ingenio Azucarero Guabirá; Planta Elaboradora de Quesos San Javier; Planta Industrializadora de Leche (PIL) y Productos Alimenticios de Maíz - Mairana.

De estas cuatro fueron cerradas —las fábricas de cerámica roja y losetas, además de una planta lechera— otras ocho pasaron a manos privadas.

En el informe se detalla que el costo de implementación de las ocho empresas vendidas alcanza a 117.631.596 dólares y que fueron vendidas por un valor de 21.491.586 dólares, lo que representa el 18,3% del monto de inversión inicial realizado por el Estado boliviano.

Sólo en los casos del Ingenio Azucarero Guabirá y la PIL los trabajadores tuvieron participación en el proceso de privatización y se adjudicaron una parte de las acciones, en el primer caso formaron una asociación accidental junto a los productores de caña, y en el segundo se adjudicaron el 20% de las acciones, mientras que el 60% paso a los productores y el otro 20% se quedó con Cordecruz.

En el resto de las empresas no hubo participación de los trabajadores y las empresas fueron entregadas a personas particulares y sólo tres fueron adjudicadas por empresas constituidas, donde inclusive se observaron irregularidades, es el caso de Hilancruz.

Además, para llevar adelante la privatización de estas unidades productivas, los gobiernos neoliberales pagaron 709.607 dólares en consultorías, que fueron las que determinaron el valor de venta de las empresas públicas.

Otro gasto en el que se incurrió en la privatización de las empresas de Cordecruz fue el pago de bonos extralegales, montos de dinero con los que se desmovilizaron a los trabajadores que se oponían al proceso privatizador, el monto alcanza a 2.762.000 dólares, correspondiendo a unos 2.000 dólares para cada trabajador de seis empresas, sólo en dos —Albapor y Quesos San Javier— no se realizó el respectivo pago.

Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora se privatizaron dos empresas: el Ingenio Guabirá y la Cabaña Lechera Todos Santos (1993), luego durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se ejecutó el resto de las privatizaciones (1995-1996).

La Comisión Investigadora lleva adelante la indagación sobre los procesos de privatización de las empresas públicas, entre ellas las unidades de Cordecruz, empresas prefecturales, municipales y cooperativas de servicios básicos, todas ellas fueron transferidas o cerradas.

Adolfo Mendoza participa en sesión del Parlamento del Mercosur que expresa solidaridad con Argentina

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Parlasur (5-07-14).- El próximo lunes 7 de julio, el Parlamento del MERCOSUR realizará una nueva Sesión Plenaria, a partir de las 11 horas en el Edificio MERCOSUR, en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

El Presidente del PARLASUR, Rubén Martínez Huelmo, informó que a partir de las 8:30 horas están previstas las reuniones de las distintas Comisiones, así como la reunión de la Mesa Directiva. De esta manera, la XXXI Sesión Ordinaria dará inicio a las 11 horas.

La Convocatoria tiene por objeto la consideración de diferentes temas para discusión y votación. Sin embargo se prevé la presentación de una propuesta, de autoría del parlamentario argentino Guillermo Carmona y apoyada por legisladores de varios países, sobre la situación por la cual está pasando la República Argentina relacionada con el litigio junto a los acreedores de los fondos especulativos o los llamados “fondos buitres”.

Al respecto, el presidente Rubén Martínez Huelmo afirmó que “una declaración de solidaridad con Argentina será seguramente aprobada en la reunión del Parlamento del Mercosur (Parlasur)”, según informan medios locales.

Por su parte, el parlamentario brasileño Roberto Requião expresó ante el Senado de su país que “necesitamos que surja una voz fuerte de conciencia latinoamericana, como surgió en otros momentos de la historia, como en la Guerra de las Malvinas, y sin vacilaciones expresar nuestra indignación contra los viles ataques que sufren en este momento, la Nación Argentina y en consecuencia, el Mercosur”.

Otro tema que seguramente este en el debate es la denuncia por parte de parlamentarios venezolanos sobre la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de Venezuela.

Fuente: Parlasur

jueves, 12 de junio de 2014

Lloyd Aéreo Boliviano derribado en pleno vuelo

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CEMPyC (11-06-14).- Un dudoso proceso de adjudicación con el discurso de capitalización despojó a los bolivianos de su línea aérea bandera; sin valorar su larga y prestigiosa trayectoria, la compañía fue entregada, sin reparos, a un ciudadano brasileño de cuestionada reputación.

El primer despegue

El 15 de septiembre de 1925, año del centenario de la República de Bolivia, 27 visionarios a la cabeza de Guillermo Kyllman dieron impulso a la creación de la primera línea aérea en el país: Lloyd Aéreo Boliviano - LAB. El propósito era acortar las distancias y vencer los obstáculos geográficos característicos del territorio boliviano que, por entonces, contaba con limitado acceso caminero y de ferrocarriles.

El primer vuelo del LAB se realizó en un Junker-F13L, con dos tripulantes y cuatro pasajeros, en la ruta Cochabamba – Sucre. El éxito de conexiones promovió la creación de la Escuela de Pilotos y Mecánicos en 1927, con ese aporte ya en 1930 surcaba no sólo el cielo boliviano uniendo a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Trinidad y Sucre, sino también alzó vuelo hacia Chile, Perú y Brasil.

El LAB va a la guerra

Estallada la contienda del Chaco, el Lloyd Aéreo Boliviano pone a disposición del Estado sus recursos materiales y humanos, sin que este hecho afecte sus rutas comerciales. Este aporte despierta el aprecio del pueblo boliviano y el reconocimiento del gobierno. Concluida la guerra en 1936, potencia sus servicios con 11 aeronaves más.

En 1941, durante el contexto de la segunda guerra mundial, el gobierno boliviano nacionaliza las acciones que ciudadanos alemanes tenían en el LAB, manteniendo a través de una resolución su carácter de sociedad anónima por 30 años más, con carácter prorrogable. Moderniza su flota cambiando los modelos de naves alemanas por americanas.

La era del Jet

Concluyendo la década de los años 60, el LAB adquiere una nave 727-100 con la que ingresa a la era del Jet. Esta adquisición se complementa a mediados del 70 con tres aeronaves Boeing de gran capacidad que le permite a la empresa mejorar y ampliar sus vuelos hacia nuevos destinos en Sur y Norteamérica.

En agosto de 1972, mediante decreto, el LAB es denominado “línea bandera de Bolivia”, a fin de realizar convenios de carácter internacional en lo concerniente al transporte aéreo.

Con mayoría absoluta del Estado (97,8%), en 1979 la aerolínea se establece como de sociedad de economía mixta, hecho que se mantuvo hasta 1995. El Lloyd Aéreo Boliviano era de sinónimo de prestigio y orgullo para los bolivianos por el nivel de excelencia alcanzado pese a dificultades financieras a los que fue sometido por los gobiernos de entonces.

Los albores del desastre

Las leyes de privatización y capitalización desarrolladas por los gobiernos neoliberales, al inicio de los 90, marcaron el inicio del fin de más de 400 empresas públicas, entre ellas la línea bandera de Bolivia.

En 1990, Samuel Doria Medina, asesor del gobernante Jaime Paz Zamora, anuncia de manera pública a los medios de comunicación que “deben ser privatizadas 100 empresas estatales”, estando entre ellas al LAB. Al momento de intentar este cometido, trabajadores de la línea aérea, organizaciones sindicales, sociales y cívicas de Cochabamba frenan este primer intento de privatización haciendo manifiestas su indignación y protestas, entre 1992 y 1993.

Con el ascenso de Gonzalo Sánchez de Lozada a la presidencia en 1993, la privatización se disfraza con el término capitalización, y se arremete nuevamente contra el LAB bajo la excusa de “modernizar la flota, mejorar los servicios y prepararse para competir en el largo plazo, buscar formas de asociación que permitan economías de escala y evitar la interferencia política sindical en la administración de la empresa.” Nada de esto se cumplió, es más, la “capitalización” fue la inyección letal que exterminó la línea bandera.

El derribo de una compañía pujante

El 21 de marzo de 1994 se promulga la Ley de Capitalización, un disfraz que oculta la continuidad de la privatización de las empresas públicas iniciada en el gobierno del MIR.

Para el proceso fueron contratadas cinco consultoras
A pesar de las notas informativas y de opinión reflejadas en varios medios de comunicación dando cuenta de que el LAB no tenía necesidad de ser capitalizada en virtud de sus proyecciones y las preferencias que le otorgaba su carácter de línea bandera, el ministro de Capitalización, Alfonso Revollo Thenier, contrapone esta posición con la falsedad de que la empresa perdía mensualmente $us 700 mil dólares y que al ser capitalizada se revertiría esa situación. La memoria anual del LAB correspondiente a 1994, que fue aprobada por unanimidad, da cuenta que el Balance de Gestión de ese año muestra la reversión de pérdidas de $us 23 millones a tan sólo 3,8 millones.

La resistencia ciudadana y laboral en Cochabamba, amplia y contundente según publicaciones en los medios, no para la arremetida contra la “capitalización” del Lloyd.

Lamentablemente, de nada valieron las posiciones contrarias a la enajenación de la línea aérea respaldadas con estudios y expuestas de manera pública en sentido de que se podía y se debía prescindir de entregar a manos privadas una empresa de tan grande trayectoria y potencial.

Entre las más destacadas están:

“...no es conveniente capitalizar unidades fundamentales de la economía nacional sin saber lo que realmente cuestan…Lo fundamental en el caso LAB, no es ni siquiera el precio sin el control del espacio. Para un país enclaustrado, sin salida soberana hacia los océanos tener autonomía en el campo de la aviación es vital.” (OPINIÓN, 2/10/1995).

“…con la venta del 50% de sus acciones significará la liquidación de la línea bandera…en todas partes donde este tipo de empresas han sido capitalizadas, los socios estratégicos las desmantelan en beneficio de sus propios intereses, que no son los del país y menos de las regiones.” (ÚLTIMA HORA, Resistencia Laboral para Capitalizar el LAB, nota con declaraciones del dirigente José Gutiérrez. 7/10/1995).

“El plan estratégico propuesto por los consultores que estudiaron la capitalización del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) revela que la empresa puede marchar con una positiva proyección financiera sin un socio capitalizador. La propuesta está basada en las ventajas competitivas del LAB, la situación geográfica desde donde opera, y la explotación de nuevas oportunidades ofrecidas por la mayor liberalización del transporte aéreo. El informe concluye que, con carácter “confidencial” y reservado, ha sido manejado en esferas del LAB y del Gobierno, e incluso facilitado a los interesados en la capitalización de la empresa… ” (LA RAZÓN, El Lab puede prescindir de la capitalización, 8/10/1995).

“El Lloyd Aéreo Boliviano dejó de ser una empresa deficitaria para pasar a ser una empresa viable y capaz de rendir utilidades. Desde junio de 1995 se advierte ganancias con un aproximado por mes de 4.200.000 bolivianos.” (OPINIÓN, LAB dejó de ser una empresa deficitaria a partir de 1995, declaraciones de Napoleón Araujo, Presidente del LAB, 9/10/1995).

El golpe final

El 12 de junio de 1995, el Ministerio de Capitalización aprueba los Términos de Referencia mediante Resolución Ministerial Nº 030/95, éstos tendrían hasta octubre de ese mismo 18 enmiendas. Por entonces, Alfonso Revollo Thenier, ministro de Capitalización y el secretario de esa cartera, Edgar Saravia, se explayaban en declaraciones en sentido de que había importantes interesados en adquirir las acciones del LAB. Empezaron citando una cifra de nueve proponentes, pero terminaron cerrando su negocio con una sola empresa de Brasil.

Inversión prometida en el LAB
Luego de casi cuatro meses de tensión, finalmente el gobierno de Sánchez de Lozada anuncia que el jueves 19 de octubre de 1995, en el auditorio del Banco Central de Bolivia se conocerá las ofertas de seis empresas interesadas en capitalizar el LAB. El día anterior, de modo inesperado se emite la Resolución Suprema Nº 216358 para viabilizar la licitación con un único proponente, modificando la R.S. 215485 de marzo de 1995. ¿Cuál fue la necesidad de hacer aquello si se pregonó todo el tiempo que había muchas empresas interesadas? ¿Qué intereses motivaron continuar con la licitación contra viento y marea? ¿Acaso se conocía previamente quiénes presentarían los sobres y cuántos serían? Quizá la respuesta se evidencie en que el proceso de adjudicación sólo tomó 24 horas, pues el 20 de octubre la Viácao Aérea Sao Paulo S.A (VASP) del Brasil ya tenía el 50,3% de las acciones del Lloyd Aéreo Boliviano bajo promesa de invertir $us 47,4 millones, en función del D.S. 24146, haciendo caso omiso del informe del Banco de Inversión Banque Paribas, que en abril de 1995 estableció en un informe confidencial que el valor de mercado del LAB ascendía a 69.945.000 dólares.

El periodista José Antonio de la Vía en su nota “Réquiem para el LAB”, publicada el 18 de octubre, en el diario Opinión, afirma:

“Después de setenta años de haber surcado los cielos de la patria y de las tres Américas, el LAB, llega al final de su vida con la llamada “Capitalización”, por la cual será vendido a un precio inferior al que vale cualquiera de sus aviones tratados como chatarra u obsoletos... Esta empresa pionera de la vinculación de Bolivia con alejadas ciudades del oriente y en la que han ofrendado su vida varios aviadores alemanes fundadores, así como tripulantes nacionales, hoy, por obstinada tozudez y obsecuencia sin límites hacia los patrones capitalistas, se la va a enterrar. Paz en su tumba. ”

Lo que vino en el maletín de la VASP

Viácao Aérea Sao Paulo S.A – VASP fue adquirida en 1990 por el consorcio Voe Canhedo, encabezada por Wagner Canhedo Azevedo. De acuerdo a fuentes mediáticas de Brasil, esa compra estaba rodeada de “condiciones sospechosas” ya que días antes de efectuar la transacción Canhedo recibió del gobierno un monto superior al costo de la aerolínea. Ya en 1989, Canhedo fue investigado y citado en cuatro ocasiones por la Comisión de Fiscalización y Control del Congreso del Brasil por denuncias de desvío estatal de fondos. Al momento de adquirir las acciones del LAB las deudas de Canhedo ascendían a $us 800 millones. ¿Acaso las consultoras internacionales contratadas por decenas de miles de dólares no advirtieron al gobierno del MNR sobre la situación caótica de la VASP y los antecedentes oscuros de Canhedo? Y si lo hicieron, ¿Por qué la prisa de la adjudicación entre gallos y medianoche?

Obviamente que el beneficio no fue para Bolivia ni para los bolivianos, por el contrario, al mes de la adjudicación, sin contemplar ningún curso legal, el 23 de noviembre, mediante D.S. 24166, se autoriza modificar los términos de los contratos de capitalización y de administración del LAB, favoreciendo aún más a la adjudicataria. Con estas modificaciones, el 30 de noviembre de 1995 se firma el contrato que sería la sentencia lapidaria para la aerolínea.

Un contrato manejado arbitrariamente

De acuerdo a informes de la Superintendencia de Transportes y del Viceministerio de Transportes, la VASP habría cumplido los acuerdos contractuales firmados en 1995. Sin embargo, lo que no se informa es que, de manera unilateral, la capitalizadora cambió y/o suprimió condiciones del contrato, por ejemplo:

La VASP debe pagar el alquiler de dos aeronaves en un 30% ($us 8.605.000). El Directorio del LAB, presidido por Canhedo, anula la obligación de este alquiler modificando unilateralmente el contrato, ilegalidad que fue avalada por el ex ministro de Capitalización Alfonso Revollo Thenier.

El Contrato de Administración prohibía la contraprestación de servicios de la VASP con el LAB. Pese a ello, el 6 de junio de 2000 el LAB concilió una deuda de $us 11.540.518 con la VASP por gastos operativos efectuados en Miami desde 1996, compromiso que no fue registrado contablemente pero que se evidenció en un convenio firmado entre los Canhedo, que eran presidentes del LAB y de VASP. La aerolínea brasilera se cobra la deuda arrebatando las acciones que el Lloyd tenía en la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA), por $us 9.8 millones. Aun así, el LAB queda debiendo a la capitalizadora VASP $us 1.7 millones.

Más saqueo que capitalización

VASP, desde su posesión del LAB, inició un proceso de vaciamiento económico del LAB, proceso denominado «cavar el túnel», que quiere decir proceso de transferencia o desvíos de activos y ganancias por fuera de la empresa controlada.

Este hecho se verifica fundamentalmente en el desfalco de los almacenes del LAB, denunciado oportunamente por los trabajadores. Asimismo, incumple los aportes a las AFPs alcanzando hasta 2012 una deuda de Bs 200 millones.

Por otra parte, se constata que entre 1991 y 1995 el Lloyd Aéreo Boliviano realizó 123 mil vuelos. En el siguiente lustro, 1996-2000, éstos ascendieron a 178 mil. Estas cifras, traducidas en montos dan cuenta que en 1997 se registró un ingreso por venta de Bs 946 millones que generaron Bs 4,8 millones en utilidades. Pero pese al incremento de vuelos y a una venta por Bs 925 millones, el año 2000 se registran pérdidas por Bs 50 millones.

Ya en noviembre de 2002, se advierte esta situación, cuando la empresa de auditoría externa Ernst & Young emite el informe sobre los estados financieros del LAB al 31/12/2001, con abstención de opinión, incluyendo varias observaciones, por ejemplo, que el manejo financiero de la empresa no está respaldado y que el LAB se encuentra en quiebra técnica.

Wagner Canhedo vende acciones y abandona la nave

El contrato de Capitalización y Suscripción de Acciones establecía el compromiso de la VASP a no transferir las acciones adquiridas sin autorización del LAB, del Estado y del fiduciario de las acciones. Haciendo caso omiso de esta cláusula y contra todo orden legal, el 9 de noviembre de 2001, Wagner Canhedo vende sus acciones a dos empresarios bolivianos: Ernesto Asbún y Raúl Garafulic.

“Capitalización”, sinónimo de desastre para el LAB

La caótica situación del LAB en el 2002 promueve la pérdida de su carácter de línea bandera y de la soberanía del espacio aéreo de Bolivia, lo que conlleva a perder la preferencia en rutas nacionales e internacionales así como toda la inversión económica y social que el Estado boliviano realizó en la aerolínea.

El empeño del gobierno de Sánchez de Lozada por disfrazar la privatización con el título de “capitalización” para entregar los excedentes económicos y nuestros bienes y recursos naturales a grupos empresariales privados, nacionales y extranjeros, provocaron la ruina no sólo de empresas públicas, sino también el destino de miles de trabajadores y sus familias.

Fuente: Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización

Cochabamba: Privatización de cuatro empresas públicas ocasionó más de tres y medio millones de dólares de daño al Estado

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CEMPyC (11-06-14).- Las empresas FABOCE, transferida a Cerámica Nacional S.R.L., el Criadero de truchas Piusilla vendida a COMINEX S.R.L., Tarhui transferida a Jorge Cruz Ribera y la empresa PIL transferida a Gloria S.A. son las cuatro unidades productivas dependientes de CORDECO que fueron transferidas al sector privado.

Según datos proporcionados por la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, el costo total de inversión del Estado Boliviano para la puesta en marcha de estas empresas fue de $us 11.249.507 y el total recuperado con su venta fue de $us 7.553.700, provocando un daño económico de $us 3.695.807 al país, además del costo social y estratégico para la región.

La planificación de privatizaciones contempló la venta de 43 empresas públicas en Cochabamba, siete dependientes de CORDECO, tres municipales, una empresa prefectural, 20 cooperativas de agua potable y alcantarillado, 10 eléctricas y dos telefónicas.

La intempestiva elevación de tarifas de Aguas del Tunari S.A. (ATSA), transnacional que se adjudicará SEMAPA, provocó el levantamiento del pueblo cochabambino que consiguió con su lucha revertir la privatización de esta empresa y detener el proceso de enajenación iniciado en 1989.

Fuente: Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización

martes, 10 de junio de 2014

Parlasur insta incorporación de Bolivia como miembro pleno del Mercosur

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(9-06-14).- En sesión del Parlamento del Mercosur, de forma unánime, se aprobó hoy 9 de junio en Montevideo, una resolución que insta a los países de Mercosur a adoptar las medidas necesarias para agilizar la aprobación de la incorporación de Bolivia como miembro pleno del Bloque.

Asistieron en representación de Bolivia, Roxana Camargo y Adolfo Mendoza, senadores del Estado, que en sus intervenciones, abogaron por la integración latinoamericana y la construcción de la Patria Grande.

Los oradores, representantes de los países miembros, respaldaron la posición boliviana, de fortalecer la opción integradora, que también fue promovida por el presidente del Uruguay Pepe Mujica, que hizo uso de la palabra más temprano.

De esta manera, mediante la participación de legisladores bolivianos en el Parlasur, se logra avanzar en el caro anhelo de integración, perseguido desde hace más de 200 años en Nuestra América.

Fuente: Comunicacion Adolfo Mendoza

La privatización en Bolivia y el error del BM

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PO (30-05-14).- Después de tantos años de realizada una de las medidas más criticadas en varios países latinoamericanos, como fue la privatización, impulsada por el Banco Mundial, ahora, a través de su representante en el país, Faris Hadad Zervos, realiza un mea culpa, con algunas justificaciones, más que argumentos.

Desde luego que es mejor tarde que nunca formular evaluaciones sobre las políticas, o tal vez mejor dicho, imposiciones que establecía este organismo mundial, junto con otros internacionales sobre la políticas de gobierno de los países. En el caso de Bolivia el proceso de privatización estuvo signado por una serie de irregularidades y una red de corrupción, que despojó al Estado de varias de sus empresas, hecho en el que participaron los gobiernos nacionales que se prestaron a la ejecución de estas políticas.

La explicación del representante del Banco Mundial, reconoce que este organismo ha cometido “muchos errores, pero es natural que somos una organización viva” y pasa a explicar que lo que funciona en un país A, tiene que funcionar en el país B C,D, “ sin tomar en cuenta las realidades locales, eso lo admitimos es un error y no hay que esconderlo, porque estamos evolucionando”. Al parecer, según dijo este funcionario, el organismo está evolucionando influenciado por las posiciones de los Gobiernos de Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador, que también forman parte del banco.

Lo expresado por el representante del Banco Mundial, tiene mucha importancia, porque es un elemento en una labor indispensable e ineludible que deben realizar los países donde se aplicaron las políticas de privatización, para desarrollar no solo evaluaciones puntuales de los resultados, que desde luego, fueron nefastos para sus economías y para las economías regionales.

Hay algo también notable que dice el represente del BM en Bolivia y es que este organismos no tenía las llaves del Tesoro ni de los ministerios y que fue el propio Gobierno que ha tenido siempre la soberanía de decir “no quiero esto”. Es cierto, son los gobiernos, que en uso de su soberanía, pueden resistir las políticas de imposición de los organismos internacionales, con todas las consecuencias que esto conlleve, porque no se puede desconocer que estas mismas políticas, direccionadas del exterior, provienen de acciones y conductas puras, no, obedecen a intereses que van más allá de simples o inocentes acciones.

De cualquier modo, en la privatización de las empresas estatales bolivianas, existen grandes responsables, que en su momento deberán realizar el descargo de sus acciones ante el pueblo boliviano.

Es importante y valedero el trabajo que viene realizando en este sentido la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización que encabeza el senador Adolfo Mendoza (MAS). Un trabajo que desvelará luces sobre los procesos de privatización y capitalización en el periodo 1989-2000.

Los datos que se conocen hasta el momento sobre esta investigación indican que el Estado boliviano invirtió aproximadamente 1.000 millones de dólares en la instalación de al menos 60 empresas departamentales y que los gobiernos de ese entonces a tiempo de vender estas empresas recuperaron menos del 10 por ciento del costo de inversión. Para esto se endeudó al país con dinero de organismos financieros internacionales. Hay que esperar el resultado de esta investigación para conocer el verdadero hilado de intereses que se tejieron en la privatización y la capitalización en Bolivia.

Fuente: Opinion

jueves, 5 de junio de 2014

Informe: entrega de Semapa benefició a Samuel y Goni

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PC (5-06-14).- Un informe de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la investigación de la privatización y capitalización involucra a Gonzalo Sánchez de Lozada y a Samuel Doria Medina como beneficiarios de la concesión otorgada al consorcio Aguas del Tunari (ATSA) del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) de Cochabamba, producida en 1999.

El documento detalla que en ese entonces los accionistas de ATS fueron International Water SA (Subsidiaria de Bechtel Enterprise de Estados Unidos), Riverstar de Uruguay (subsidiaria de Abengoa de España), lCE Agua y Energía de Bolivia —uno de cuyos accionistas fue el ex presidente Sánchez de Lozada—, además de la Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce) de Samuel Doria Medina, la constructora Copesa y la Compañía Boliviana de Energía (CBI).

El presidente de la Comisión Legislativa, el senador Adolfo Mendoza, aseguró que, al igual que en otros procesos privatizadores, en éste funcionaron poderosas redes del poder político de entonces.

“Lo más grave de estas redes de poder no está en el pasanaku que generaron respecto de la democracia pactada, sino que negociaron con la vida, hicieron negocio con el agua, que ahora es un derecho humano, estaban jugando con la salud y el bienestar de la gente”, afirmó.

El informe enfatiza en que entre las particularidades del proceso de entrega a manos privadas de Semapa está que “ATSA podía disponer de las fuentes ya otorgadas en concesión y de otras fuentes de agua que considere necesarias. Estas fuentes podían estar fuera de su área de concesión y no se establecía caudal y ubicación. Era un cheque en blanco”

El Gobierno de entonces garantizó ganancias del 16% al consorcio “por medio del incremento de las tarifas”, facturas que estaban indexadas al tipo de cambio del dólar y de acuerdo a la inflación registrada en los Estados Unidos; además que “el contrato otorga beneficios desproporcionados al concesionario, castiga injustamente a los usuarios y afecta los intereses del Estado”.

Atentado a la vida

Mendoza calificó a este proceso como la “lesión más fuerte” a los derechos de la población sobre acceso a recursos y que inclusive atentó contra la vida.

“Lo fundamental en este caso es que se estaba afectando un derecho humano, eso es lo escandaloso, una vez que se estaba negociando con la salud y con el derecho de la gente, ya no se trata sólo de una empresa que produce cemento o vidrios, se trata de un recurso que directamente se vincula con la gente, eso es lo grave”, insistió.

La administración de ATSA del servicio de agua potable y alcantarillado en Cochabamba no duró más de seis meses debido a la movilización de la población, entre enero y abril de 2000, que se conoció como ‘La guerra del agua’, lo que permitió la restitución de Semapa como empresa pública encargada de la distribución del servicio.

Tras la movilización, Semapa se convirtió de esa manera en la primera empresa pública con control social. Un representante de la Coordinadora en defensa del agua y la vida forma parte del directorio para estar al servicio del pueblo.

Fuente: Cambio

miércoles, 14 de mayo de 2014

Comisión que investiga privatización y capitalización presentará su segundo informe

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PS (13-05-14).- El senador Adolfo Mendoza, presidente de la Comisión Especial Mixta para la Investigación de la Privatización y Capitalización, informó que esta semana brindará el segundo informe sobre los resultados que hasta el momento han revelado las indagaciones a estos dos procesos económicos que tuvieron lugar en el país desde 1989 hasta 2000.

“(Habrá) un segundo informe respeto a lo que ocurre en cada uno de los departamentos, eso obviamente se está trabajando y tenemos la información lista y estamos esperando que se concluyan algunos otros datos adicionales para que la población tenga a su disposición el informe de las empresas privatizadas en cada uno de los nueve departamentos. Inicialmente lo que hemos hecho es ofrecer esta información a través de nuestras páginas oficiales, y estimamos como hemos advertido que esta semana vamos a dar este segundo informe”, dijo.

Mendoza, señaló que se realizará un informe especial de cada empresa privatizada, por la cantidad de recursos invertidos en las mismas.

“Las capitalizadas merecerán un informe especial, incluso empresa por empresa, sector por sector, que es una dinámica que si bien guarda la misma lógica que la privatización, porque tiene connotaciones muy específicas por la cantidad de recursos invertidos como la normativa vigente”.

La comisión fue conformada en agosto del año pasado y está compuesta por los senadores Adolfo Mendoza Leigue y Tania Melgar Ocampo, los diputados Marcelo Elío Chávez, Javier Zavaleta López y Emiliana Aiza Parada.

Entre 1989 y 1993, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) gobernó y promulgó la Ley de Privatizaciones, años después algunos ministros de ese gobierno, como Samuel Doria Medina, se adjudicaron algunas empresas estatales. Entre 1993 y 1997, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) entregó a las transnacionales las empresas estratégicas del Estado, entre ellas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Fuente: Prensa Senado

Convenio para producir trigo y maíz

http://www.cambio.bo/index.php?pag=leer&n=112464

Las autoridades bolivianas buscan aumentar la producción de trigo para reducir de forma gradual la importación del grano.

Bolivia y México firmarán un convenio para fortalecer capacidades en la producción de trigo y maíz con el objetivo de aumentar el rendimiento de ambos cultivos. El plan incluye capacitación de estudiantes universitarios y productores, además de investigación conjunta.

El convenio entre el Ministerio de Desarrollo Rural de Bolivia y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), en México, se acordó durante la visita del Director del Instituto Nacional de Innovación Agrícola y Forestal (Iniaf).

Para mejorar los rendimientos y utilizar la tecnología desarrollada por el Cimmyt, Bolivia requiere un soporte de investigadores, profesionales y productores capacitados, para ello desarrollarán cursos cortos, talleres y conferencias.

Según la institución internacional, Bolivia puede aportar conocimiento para mejorar el rendimiento del maíz y el trigo con “sistemas de manejo integrado de plagas o la entrega de nuevas variedades”,

Se destaca la importancia de conjugar la investigación y tecnología del centro mexicano con la experiencia de los agricultores bolivianos en conservación de los suelos, manejo de plagas y saberes ancestrales.

lunes, 2 de septiembre de 2013

Senado aprueba resolucion de repudio a declaraciones de senador brasilero que buscan dañar relaciones entre nuestros países

http://adolfomendozaleigue.blogspot.com/2013/08/senado-aprueba-resolucion-de-repudio.html

CC (30-08-13).- Por iniciativa de la presidenta del Senado, Gabriela Montaño y del presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara Alta, Adolfo Mendoza, el Pleno aprobó una declaración camaral que repudia las declaraciones de un senador brasilero ofensivas hacia las instituciones democráticas del país.

Luego de aprobada la declaración, el senador por el Movimiento al Socialismo (MAS), Adolfo Mendoza, aclaró que esta declaración no tiene nada que ver con la huida del senador Pinto, consideró como 'un caso menor respecto a la magnitud de nuestras relaciones con Brasil'.

'Lo que molesta es que se quiera llevar a un plano distinto la relación con Brasil y sea parte de una estrategia para oscurecer las relaciones entre dos gobiernos progresistas', agregó.

Asimismo, calificó al legislador brasileño como miembro de la banda internacional de políticos tradicionales que se dedican a menoscabar las victorias democráticas.

Presentamos la declaración completa:


DECLARACIÓN CAMARAL N° 046/2013-2014

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, la democracia y respeto al orden jurídico internacional, constituidos en la reciprocidad de todos los Estados hermanos, se menoscaba por las aseveraciones vertidas por el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Federal de la República Federativa del Brasil Ricardo de Rezende Ferraço, entendiendo que dicho accionar no es el sentir de nuestros pueblos ni expresan los lazos de hermandad existentes entre ambas naciones.

Que, las estrechas relaciones de respeto y amistad del Estado Plurinacional de Bolivia y la República Federativa del Brasil expresan los cambios de la política regional que van más allá del campo diplomático tradicional, al tener una convivencia activa dentro de la integración regional en lo económico, político y social.

Que, las declaraciones de Ricardo de Rezende Ferraço contra la democracia boliviana son innecesariamente agresivas, incoherentes respecto a los principios democráticos universales, ofensivos de la dignidad de Bolivia y su forma de Gobierno democrática, participativa, representativa y comunitaria.

Que, dichas declaraciones atentan contra la buena relación de dos países hermanos, intentando justificar la lamentable participación de quienes se involucraron directamente en una acción contraria al Estado de Derecho y la ética.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas por la Constitución política del Estado y en aplicación a lo establecido en los Artículos 107 y 164 de su Reglamento General, virtud del Art. 164 de su Reglamento General,

DECLARA:

PRIMERO. Su repudio a las declaraciones del Senador Brasilero Ricardo de Rezende Ferraço refiriéndose de forma peyorativa a la forma democrática que vive Bolivia, con alusiones ofensivas al Estado Plurinacional de Bolivia.

SEGUNDO. La Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia declara que defiende con firmeza todos los acuerdos sobre integración sudamericana y latinoamericana, frente a quienes no apoyan el fortalecimiento de mecanismos de integración propuestos por gobiernos progresistas de América Latina, entre los que destacan el Presidente Evo Morales Ayma y la Presidenta Dilma Rousseff.

TERCERO. Se determina enviar la presente Declaración Camaral al Senado Federal de la República Federativa del Brasil, para que tengan constancia de la molestia, repudio y el rechazo a las declaraciones del Senador Brasilero, Ricardo de Rezende Ferraço.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil trece.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen. Lili Gabriela Montaño Viaña
PRESIDENTA
CÁMARA DE SENADORES

SENADOR SECRETARIO

Fuente: Comisión de Constitución

La investigación de empresas privatizadas incluirá injerencia de EEUU

http://adolfomendozaleigue.blogspot.com/2013/09/la-investigacion-de-empresas.html

PO (1-09-13).- La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa, que estudia la privatización y capitalización de las empresas estatales y recursos naturales, realizará una investigación de la influencia, injerencia e intervención directa de Estados Unidos en estos procesos a los que sometieron a Bolivia los gobiernos de 1989 a 2005.

El presidente de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa para la investigación de las privatizaciones, Adolfo Mendoza, declaró que se pretende indagar algunas irregularidades del saqueo de las empresas estatales y recursos naturales, provocadas por los gobiernos neoliberales en favor de privados, pero además el sometimiento que las exautoridades expusieron al país a la injerencia de EEUU.

Según el oficialista, Estados Unidos tuvo una intervención e influencia directa sobre las autoridades gubernamentales de esos periodos de capitalización y privatización.

“Estados Unidos ha tenido una intervención caracterizada por una insolente intromisión en las decisiones soberanas de Bolivia. Hubieron muchos créditos y muchas supuestas donaciones que tenían como condición la privatización de las empresas”, aseveró.

Dijo que las hipótesis que maneja van más allá, pues no se trata sólo de una injerencia directa de EEUU, sino se trata de una estrategia que implicó decisiones a nivel continental que afectaron los intereses bolivianos y latinoamericanos.

Manifestó que hay otro elemento la “vergüenza nacional” que implicaba cada una de las decisiones en torno a la privatización y capitalización.

Enfatizó que el hecho de que se actúe con sumisión a una autoridad extranjera es algo que los bolivianos no pueden olvidar y por eso hay que recordarlos para que no se vuelvan a repetir.

El senador reconoció que aún no se tienen plazos de entrega del trabajo porque dependerá del análisis que se haga y sus alcances. Aunque anunció que se prevé un primer informe a fin de año.

“Lo que debe entender la ciudadanía es que la única orientación política y ética que tiene la Asamblea Legislativa en esta investigación es evidencia del saqueo de Bolivia de los recursos naturales y de empresas estratégicas, además se pretende mostrar estos hechos para nunca más se repitan estos hechos lacerantes para el país”, aseveró.

Primera fase
Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa comenzó con el trabajo de la primera etapa sobre la entrega de cerca de 100 empresas estatales, en el periodo de la privatización y capitalización entre 1989-2005 en Bolivia, que estuvo bajo la administración de gobiernos denominados neoliberales, para determinar sus alcances legales, costos y posibles irregularidades.

El senador Mendoza informó que el trabajo de esa instancia fiscalizadora ya arrancó días atrás en su primera etapa.

“Se trata de una Comisión legislativa que deberá contar con un soporte profesional del más alto nivel para hacer una investigación multidisciplinaria, ya que abarca varios campos, pero la decisión es transparentar esas entregas de la cosa estatal a manos privadas”, afirmó.

La Asamblea Legislativa Plurinacional conformó el 19 de junio la Comisión Especial Investigadora sobre el proceso de privatización en Bolivia. En la sesión plenaria del 5 de julio se dio a conocer que esta Comisión estará conformada por nueve legisladores, seis del oficialismo y tres de la oposición. Aún los opositores no designaron sus representantes.

El período de gobiernos denominados neoliberales abarca dos décadas: desde 1985 hasta 2005, tiempo en el cual gobernaron Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Hugo Bánzer Suárez (1997-2000), Jorge Quiroga Ramírez (2001), Gonzalo Sánchez de Lozada (2001-2003), Carlos D. Mesa (2003-2004) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005). El 24 de abril de 1992, el entonces presidente Jaime Paz Zamora, promulgó la Ley 1330 de Privatizaciones, con la que se inició la etapa de entrega de las empresas del Estado a manos de empresarios privados. Hasta el año 2000, 93 empresas fueron privatizadas.

Las empresas estatales fueron privatizadas en tres etapas, en los tres gobiernos de corte neoliberal.
La primera ola fue con el gobierno de Jaime Paz Zamora, etapa en la cual se entregaron 34 empresas estatales a manos privadas.

La segunda se llevó adelante entre 1995 y 1997 con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando se privatizaron 36 empresas y se capitalizaron 10 unidades estratégicas.

La tercera oleada de privatizaciones se efectuó durante el gobierno de Hugo Bánzer Suárez, con el ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, Erick Reyes Villa. Se entregaron 14 empresas estatales a la administración privada.

Oposición decide no participar
Los opositores decidieron excluirse de la Comisión Mixta para este proceso de investigación porque consideran que es un pretexto para afectar al opositor que lidera el bloque amplio para las elecciones de 2014, Samuel Doria Medina, y quien denunció irregularidades con el programa “Bolivia Cambia”.

Sobre este tema, el diputado opositor Franz Choque (CN) dijo que no se resiste a las investigaciones del periodo denominado neoliberal pero criticó que sea al calor de los intereses políticos, como una respuesta a las denuncias del líder de UN, Samuel Doria Medina, que denunció sobre irregularidades en el programa “Evo Cumple”.

“Para el MAS todo es Estados Unidos y eso muchas veces es lastimar la imagen del país en el contexto internacional”, agregó.

Espera que este trabajo no sirva para continuar con la persecución política a los opositores, sino para esclarecer situaciones dudosas por lo dudoso de algunos procesos.

A su vez la diputada de la opositora UN, Elizabeth Reyes, confirmó que su partido político no participará de esta Comisión.

La Comisión trabajará más de un año pero dará informes por etapas
La Comisión Especial Mixta que estudia la privatización de las empresas estatales realizará una investigación de cuatro meses por cada etapa del proceso, es decir hasta fin de año se espera concluir la primera de tres etapas de este trabajo legislativo, según el diputado oficialista del MAS, Héctor Arce.

“Estamos trazando una estrategia en diferentes etapas, primero de investigación muy seria, de aproximadamente cuatro meses; la segunda es de procesamiento de información junto a la sociedad civil, también de cuatro meses, y, finalmente, procederemos a elaborar un informe que será histórico”, manifestó.

Para el diputado, es fundamental la participación de la oposición, porque es una responsabilidad que tiene, “no puede quedarse al margen”.

Según el oficialista, algunos sectores opositores muestran predisposición a participar en el proceso. “Tenemos información de que Convergencia Nacional o una de las fracciones participará en la Comisión; nos parece importante este hecho”, añadió.

La Comisión trabajará principalmente en lo jurídico y financiero. El senador Adolfo Mendoza explicó que la parte jurídica es para conocer los términos que se impusieron en la firma de los contratos y ver si estos fueron legales o ilegales, además de lo financiero que determinará si el precio por cada empresa fue el válido o se entregó a precios ínfimos.

Además dijo que estará la parte social, porque se refiere a la manera en que todo esto afectó a la política pública de nuestro Estado.

Señaló que se está en plena conformación de los grupos de trabajo y el levantamiento de información que debe ser analizada.

Corrupción
Ratificó que el objetivo de la investigación es para determinar casos de corrupción e irregularidades de la entrega de recursos naturales a empresas transnacionales y nacionales entre 1989 y 2005.

Varias de las empresas privatizadas y capitalizadas por inversionistas extranjeros ya fueron recuperadas, como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), sin embargo muchas quedaron en la quiebra y actualmente se debaten en largos procesos laborales y por deudas con el Servicio de Impuestos Nacionales, como la empresa cochabambina Lloyd Aéreo Boliviano.

Se privatizó 93 empresas estatales en ocho años
El 24 de abril de 1992, el entonces presidente Jaime Paz Zamora, promulgó la Ley 1330 de Privatizaciones, con la que se inició la etapa de entrega de las empresas del Estado a manos de empresarios privados, luego en la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada con la capitalización y continuando hasta el año 2000 de Hugo Bánzer, 93 empresas fueron privatizadas.

Las empresas públicas fueron privatizadas en tres oleadas, una por cada uno de los tres gobiernos de corte neoliberal.

El ministro de Planeamiento de Jaime Paz Zamora, Samuel Doria Medina, llevó adelante la privatización de 34 empresas públicas, en un primer momento. Según un informe de Udape, en esta gestión al menos 1,7 millones de dólares fueron entregados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para acelerar las privatizaciones en Bolivia.

Luego el proceso de enajenación continuó con Alfonso Revollo, ministro de Capitalización de Gonzalo Sánchez de Lozada, que privatizó 36 empresas y capitalizó 11 unidades estratégicas.

Posteriormente el gobierno de Hugo Bánzer Suárez, con el entonces ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, Erick Reyes Villa, periodo en el que se entregó 14 empresas del Estado a manos de privados.

Este proceso de capitalización en la gestión de Goni fue una forma de enajenar las empresas estratégicas del Estado. Con esta modalidad se entregaron Entel, LAB, YPFB, ENFE, ENDE y ENAF a manos privadas extranjeras.

En tanto que la Ley 1330 de Privatización trazó el lineamiento para la entrega de las empresas, hoteles y demás reparticiones estatales a los sectores privados con la idea de mejorar su administración.

La Ley
El artículo 1 de la norma, promulgada el 24 de abril de 1992, señala: “Se autoriza a las instituciones, entidades y empresas del sector público enajenar los bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales y colectivas nacionales o extranjeras, o aportar los mismos a la constitución de nuevas sociedades anónimas mixtas”.

La venta de las unidades productivas se realizaría, según la ley de Jaime Paz Zamora, por licitación pública, subasta o puja abierta, negando la participación de autoridades de los tres poderes del Estado en estos procesos.

El artículo siete de la referida norma indica que los recursos obtenidos por la venta de empresas “deberán ser destinados a proyectos de inversión e infraestructura económica y social del departamento donde se encuentren ubicadas”, o para inversión pública, hecho que aún no fue evidenciado.

Fuente: Opinion