El documento detalla que en ese entonces los accionistas de ATS fueron International Water SA (Subsidiaria de Bechtel Enterprise de Estados Unidos), Riverstar de Uruguay (subsidiaria de Abengoa de España), lCE Agua y Energía de Bolivia —uno de cuyos accionistas fue el ex presidente Sánchez de Lozada—, además de la Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce) de Samuel Doria Medina, la constructora Copesa y la Compañía Boliviana de Energía (CBI).
El presidente de la Comisión Legislativa, el senador Adolfo Mendoza, aseguró que, al igual que en otros procesos privatizadores, en éste funcionaron poderosas redes del poder político de entonces.
“Lo más grave de estas redes de poder no está en el pasanaku que generaron respecto de la democracia pactada, sino que negociaron con la vida, hicieron negocio con el agua, que ahora es un derecho humano, estaban jugando con la salud y el bienestar de la gente”, afirmó.
El informe enfatiza en que entre las particularidades del proceso de entrega a manos privadas de Semapa está que “ATSA podía disponer de las fuentes ya otorgadas en concesión y de otras fuentes de agua que considere necesarias. Estas fuentes podían estar fuera de su área de concesión y no se establecía caudal y ubicación. Era un cheque en blanco”
El Gobierno de entonces garantizó ganancias del 16% al consorcio “por medio del incremento de las tarifas”, facturas que estaban indexadas al tipo de cambio del dólar y de acuerdo a la inflación registrada en los Estados Unidos; además que “el contrato otorga beneficios desproporcionados al concesionario, castiga injustamente a los usuarios y afecta los intereses del Estado”.
Atentado a la vida
Mendoza calificó a este proceso como la “lesión más fuerte” a los derechos de la población sobre acceso a recursos y que inclusive atentó contra la vida.
“Lo fundamental en este caso es que se estaba afectando un derecho humano, eso es lo escandaloso, una vez que se estaba negociando con la salud y con el derecho de la gente, ya no se trata sólo de una empresa que produce cemento o vidrios, se trata de un recurso que directamente se vincula con la gente, eso es lo grave”, insistió.
La administración de ATSA del servicio de agua potable y alcantarillado en Cochabamba no duró más de seis meses debido a la movilización de la población, entre enero y abril de 2000, que se conoció como ‘La guerra del agua’, lo que permitió la restitución de Semapa como empresa pública encargada de la distribución del servicio.
Tras la movilización, Semapa se convirtió de esa manera en la primera empresa pública con control social. Un representante de la Coordinadora en defensa del agua y la vida forma parte del directorio para estar al servicio del pueblo.
Fuente: Cambio
