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Desde luego que es mejor tarde que nunca formular evaluaciones sobre las políticas, o tal vez mejor dicho, imposiciones que establecía este organismo mundial, junto con otros internacionales sobre la políticas de gobierno de los países. En el caso de Bolivia el proceso de privatización estuvo signado por una serie de irregularidades y una red de corrupción, que despojó al Estado de varias de sus empresas, hecho en el que participaron los gobiernos nacionales que se prestaron a la ejecución de estas políticas.
La explicación del representante del Banco Mundial, reconoce que este organismo ha cometido “muchos errores, pero es natural que somos una organización viva” y pasa a explicar que lo que funciona en un país A, tiene que funcionar en el país B C,D, “ sin tomar en cuenta las realidades locales, eso lo admitimos es un error y no hay que esconderlo, porque estamos evolucionando”. Al parecer, según dijo este funcionario, el organismo está evolucionando influenciado por las posiciones de los Gobiernos de Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador, que también forman parte del banco.
Lo expresado por el representante del Banco Mundial, tiene mucha importancia, porque es un elemento en una labor indispensable e ineludible que deben realizar los países donde se aplicaron las políticas de privatización, para desarrollar no solo evaluaciones puntuales de los resultados, que desde luego, fueron nefastos para sus economías y para las economías regionales.
Hay algo también notable que dice el represente del BM en Bolivia y es que este organismos no tenía las llaves del Tesoro ni de los ministerios y que fue el propio Gobierno que ha tenido siempre la soberanía de decir “no quiero esto”. Es cierto, son los gobiernos, que en uso de su soberanía, pueden resistir las políticas de imposición de los organismos internacionales, con todas las consecuencias que esto conlleve, porque no se puede desconocer que estas mismas políticas, direccionadas del exterior, provienen de acciones y conductas puras, no, obedecen a intereses que van más allá de simples o inocentes acciones.
De cualquier modo, en la privatización de las empresas estatales bolivianas, existen grandes responsables, que en su momento deberán realizar el descargo de sus acciones ante el pueblo boliviano.
Es importante y valedero el trabajo que viene realizando en este sentido la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización que encabeza el senador Adolfo Mendoza (MAS). Un trabajo que desvelará luces sobre los procesos de privatización y capitalización en el periodo 1989-2000.
Los datos que se conocen hasta el momento sobre esta investigación indican que el Estado boliviano invirtió aproximadamente 1.000 millones de dólares en la instalación de al menos 60 empresas departamentales y que los gobiernos de ese entonces a tiempo de vender estas empresas recuperaron menos del 10 por ciento del costo de inversión. Para esto se endeudó al país con dinero de organismos financieros internacionales. Hay que esperar el resultado de esta investigación para conocer el verdadero hilado de intereses que se tejieron en la privatización y la capitalización en Bolivia.
Fuente: Opinion
