La prensa cruceña de la época publicó un artículo sobre las irregularidades que se cometieron.
Crédito: CEMIPC
En el proceso de privatización de las empresas de la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (Cordecruz), ocho de las doce unidades productivas fueron transferidas a manos privadas sólo por el 18% de su valor de implementación, señala un informe de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la investigación de la privatización y la capitalización.
Cordecruz poseía 12 empresas productivas: dos Cabañas Lecheras en Todos Santos (Caletsa); Fábrica de Alimentos Balanceados Portachuelo (Albapor); Fábrica de Cerámica Roja Camiri; Fábrica de Cerámica Roja Roboré; fábrica de losetas Montero; Hilandería Santa Cruz (Hilancruz); Hotel Asahí; Ingenio Azucarero Guabirá; Planta Elaboradora de Quesos San Javier; Planta Industrializadora de Leche (PIL) y Productos Alimenticios de Maíz - Mairana.
De estas cuatro fueron cerradas —las fábricas de cerámica roja y losetas, además de una planta lechera— otras ocho pasaron a manos privadas.
En el informe se detalla que el costo de implementación de las ocho empresas vendidas alcanza a 117.631.596 dólares y que fueron vendidas por un valor de 21.491.586 dólares, lo que representa el 18,3% del monto de inversión inicial realizado por el Estado boliviano.
Sólo en los casos del Ingenio Azucarero Guabirá y la PIL los trabajadores tuvieron participación en el proceso de privatización y se adjudicaron una parte de las acciones, en el primer caso formaron una asociación accidental junto a los productores de caña, y en el segundo se adjudicaron el 20% de las acciones, mientras que el 60% paso a los productores y el otro 20% se quedó con Cordecruz.
En el resto de las empresas no hubo participación de los trabajadores y las empresas fueron entregadas a personas particulares y sólo tres fueron adjudicadas por empresas constituidas, donde inclusive se observaron irregularidades, es el caso de Hilancruz.
Además, para llevar adelante la privatización de estas unidades productivas, los gobiernos neoliberales pagaron 709.607 dólares en consultorías, que fueron las que determinaron el valor de venta de las empresas públicas.
Otro gasto en el que se incurrió en la privatización de las empresas de Cordecruz fue el pago de bonos extralegales, montos de dinero con los que se desmovilizaron a los trabajadores que se oponían al proceso privatizador, el monto alcanza a 2.762.000 dólares, correspondiendo a unos 2.000 dólares para cada trabajador de seis empresas, sólo en dos —Albapor y Quesos San Javier— no se realizó el respectivo pago.
Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora se privatizaron dos empresas: el Ingenio Guabirá y la Cabaña Lechera Todos Santos (1993), luego durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se ejecutó el resto de las privatizaciones (1995-1996).
La Comisión Investigadora lleva adelante la indagación sobre los procesos de privatización de las empresas públicas, entre ellas las unidades de Cordecruz, empresas prefecturales, municipales y cooperativas de servicios básicos, todas ellas fueron transferidas o cerradas.
