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Morales acusa a Alcaldía de Cochabamba y Comité Cívico de defender el narcotráfico
La Paz, 15 mar (ABI).- El presidente Evo Morales acusó a la Alcaldía de
Cercado y al político Comité Cívico de Cochabamba de "defender al
narcotráfico", en el fondo de la inopinada huelga contra la Ley de
Sustancias Controladas que se registra el jueves en esa ciudad central a
400 km al este de La Paz, y de "usar y engañar" a los chóferes que se
tomaron calles y avenidas.
En manos del conservador José María Leyes, "la Alcaldía de la ciudad
de Cochabamba defiende ahora el narcotráfico", afirmó Morales en
declaraciones a la ABI.
"Junto al Comité Cívico, la Alcaldía, engañando, usando a los
transportistas, hacen una huelga contra la Ley de Sustancias
Controladas. Son, entonces, los verdaderos defensores del narcotráfico.
Parece (la de la Alcaldía de Leyes) una lucha enmascarada contra las
leyes que combaten el narcotráfico", lamentó el jefe de Estado.
Al convocar a una protesta contra la Ley de Sustancias Controladas,
la Alcaldía y el Comité Cívico se convierten en "los verdaderos
defensores del narcotráfico; parece una lucha enmascarada contra la ley
contra las drogas", agregó.
El mandatario hizo notar que su oposición de derechas perdió la
línea cuando atacó, la semana pasada, la puesta en vigencia de la Ley de
la Hoja de Coca, que homologó el cultivo de 22.000 hectáreas en los
Yungas y en el Chapare y, días después, se opone a la Ley de Sustancias
Controladas o precursores para la fabricación de drogas que, tras
recibir la aprobación de la Asamblea Legislativa, se ponía en trance de
promulgación.
La protesta, sostenida parcialmente por los chóferes del transporte
público, tornó irregulares las actividades en la ciudad de Cochabamba,
la cuarta más poblada de Bolivia.
El Presidente recordó que en 1988, en medio de los gobiernos de
derechas, la Organización de Naciones Unidas (NNUU) contó 55.000
hectáreas de coca en Bolivia, casi 4 veces más de que lo permitía la
derogada Ley 1008.
Morales, cuyo ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó a
principios de semana a la comunidad internacional, reunida en Viena, el
carácter de la Ley de la Hoja de Coca, que ratificó los cultivos de los
Yungas y homologó el cato de coca en el Chapare, vigente desde 2007,
dijo que Bolivia ha defendido, nada más, su identidad y dignidad.
"Hemos defendido la planta milenaria, la "Mamacoca", madre de la
dignidad, dueña de nuestra identidad", afirmó el gobernante indígena de
izquierdas.
La huelga en Cochabamba se mantuvo pese a que el Legislativo
boliviano reformó la víspera, ante de aprobar la Ley de Sustancias
Controladas, los artículos 49, 68, 76, 91 y una disposición adicional,
que vulneraban la presunción de inocencia y el debido proceso, de
acuerdo con representantes de los gremios de transportistas.
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Fuente: ABI - http://www1.abi.bo/abi/?i=372305
Expertos constitucionalistas dicen que existe una “comprensión errónea”
del parágrafo cuarto del artículo 70 de la Ley de Sustancias
Controladas por parte de la dirigencia cívica y del sector del
autotransporte y sugirieron interpretar la norma en su conjunto y no por
partes, para evitar desinformar o causar susceptibilidad en la
población.
A criterio de los abogados, la norma busca atacar a aquellos bienes que
provienen del narcotráfico que normalmente se registran a nombre de
terceras personas o “palos bancos”.
Ayer en Cochabamba se cumplió un paro cívico con bloqueo de calles y
carreteras que fue acatado por el transporte federado, Magisterio,
salud y las alcaldías de Cercado y Quillacollo, exigiendo cambios a la
ley antidroga pese a las modificaciones que la Cámara de Senadores hizo a
cuatro artículos y una disposición adicional a pedido del sector del
autotransporte.
Funcionarios de la alcaldía habría sido vistos organizando los bloqueos
El Gobierno criticó la medida. El presidente Evo Morales afirmó que los promotores de la protesta “defienden al narcotráfico”.
Funcionarios de la alcaldía habría sido vistos organizando los bloqueos
El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores, señaló ayer
que se daría un plazo al Gobierno para que elimine el parágrafo cuarto
del artículo 70 o que se modifique y diga: “este artículo sólo servirá
para perseguir a los productores de materia prima para la provisión de
drogas y que se persiga sólo a los narcotraficantes. Esito que le
aumenten y el pueblo estará tranquilo, ya no estará susceptible”.
Sin embargo, el exmagistrado y constitucionalista, José Antonio Rivera,
dijo: “hay una hipersensibilidad y comprensión errónea de la finalidad”
que tiene la Ley de Sustancias Controladas.
Agregó que, como está
redactada, no existiría incompatibilidad con la Constitución Política
del Estado, empero, dijo que si hay dudas que esta norma va contra la
Constitución, “el procedimiento es plantear una acción de
inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional —como máximo
intérprete y guardián de la Constitución— va a explicitar a través de su
jurisprudencia y nos va aclarar”.
El Comité Cívico y los transportistas, para justificar el paro de ayer,
difundieron a los medios y a la población la versión de que la Ley de
Sustancias Controladas permite que los vehículos de transporte de
pasajeros y viviendas alquiladas sean decomisados si en ellos se
descubren actividades del narcotráfico, pero sin que los propietarios
tengan conocimiento de ello.
Los dos sectores insistieron con el paro pese a que la ley cuestionada
se aprobó con cambios para no afectar al sector transportista. La propia
Confederación Nacional de Choferes de Bolivia descalificó a sus
asociados de Cochabamba porque, aseguraron, con las modificaciones
planteadas al Legislativo ya están conformes.
Por su parte, el también constitucionalista y expresidente del Colegio
Nacional de Abogados, César Cabrera, indicó que la norma es “coherente”
y, en esencia, permite una lucha verdadera para no legalizar bienes
provenientes del narcotráfico.
Ambos profesionales señalaron que la nueva ley está en el marco de los
compromisos que asumió Bolivia como Estado ante las Naciones Unidas al
ser parte de la Convención de Viena sobre Sustancias Controladas y
Psicotrópicos, y la Convención de Naciones Unidas para la Lucha Contra
el Crimen Organizado o Convención de Palermo.
Interpretación
Rivera explicó que es necesario entender que la adopción de esta vía de
afectación a la economía de los narcotraficantes tiene dos componentes:
el sustantivo y el componente procesal. Dijo que el primero es
importante porque “este instituto de extinción no se aplica a cualquier
bien de manera genérica sino sólo aquellos bienes que tengan su origen
en el narcotráfico”.
Justamente, esta norma sustantiva es la que generó susceptibilidad en
la ciudadanía porque está contenida entre los artículos 68 al 70 de la
norma.
“La primera condición es que el bien tiene que provenir o tiene que
tener su fuente en el narcotráfico y, segundo, que el poseedor que si
bien no ha participado en el narcotráfico, pero posee un bien que tiene
origen en el narcotráfico”, en términos comunes se trata de los “palos
blancos” que son utilizados por los narcotraficantes para el lavado de
dinero.
Cabrera indicó que la nueva norma prevé la pérdida de bienes después de
un proceso judicial y no meramente administrativo como lo establecía el
anterior proyecto de ley de extinción de dominio que fue declarado
inconstitucional.
“Hoy se la va a trabajar con jueces especializados y que se tramite el
proceso en el ámbito jurisdiccional. Ello supone que es una autoridad
judicial la que va a determinar si es lícito o es ilícito el bien
obtenido”, señaló.
Sin embargo, ambos profesionales recomiendan a la población y, sobre
todo, a la dirigencia cívica y al sector del autotransporte interpretar
el cuerpo normativo en su totalidad.
“Hay que hacer una lectura contextual y sistemática de la norma. El
parágrafo tercero de este artículo 70 señala que el Estado garantiza y
respeta los derechos adquiridos de buena fe en la acción de pérdida de
dominio de bienes”.
Observación
Cabrera observó que la redacción del inciso C del artículo 73 de la Ley
de Sustancias Controladas no está acorde a lo que establece la
Constitución Política del Estado, por lo que sugiere a la Asamblea
Legislativa hacer la modificación para evitar vulneración de derechos.
El inciso C del artículo 73 sobre Derechos y garantía del Afectado
indica: “Presentar, ofrecer, producir pruebas e intervenir ampliamente
en el proceso en resguardo de sus derechos para acreditar el origen
lícito de los bienes”. Cabrera señala que es un artículo
inconstitucional “porque va contra un principio elemental que se llama
‘presunción de inocencia’, lo que supone es que es el acusador —en este
caso el Estado— debe demostrar la ilicitud de obtención del bien y no
el acusado”.
Nota completa en: http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170317/paro-fue-acatado-pero-no-tuvo-efecto
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