Alcaldía y Comité Cívico acusados de defender narcotráfico

Imagen: Uno de los Memes que circularon en las redes sociales - Facebook

Morales acusa a Alcaldía de Cochabamba y Comité Cívico de defender el narcotráfico

La Paz, 15 mar (ABI).- El presidente Evo Morales acusó a la Alcaldía de Cercado y al político Comité Cívico de Cochabamba de "defender al narcotráfico", en el fondo de la inopinada huelga contra la Ley de Sustancias Controladas que se registra el jueves en esa ciudad central a 400 km al este de La Paz, y de "usar y engañar" a los chóferes que se tomaron calles y avenidas.

    En manos del conservador José María Leyes, "la Alcaldía de la ciudad de Cochabamba defiende ahora el narcotráfico", afirmó Morales en declaraciones a la ABI.

    "Junto al Comité Cívico, la Alcaldía, engañando, usando a los transportistas, hacen una huelga contra la Ley de Sustancias Controladas. Son, entonces, los verdaderos defensores del narcotráfico. 

Parece (la de la Alcaldía de Leyes) una lucha enmascarada contra las leyes que combaten el narcotráfico", lamentó el jefe de Estado.

    Al convocar a una protesta contra la Ley de Sustancias Controladas, la Alcaldía y el Comité Cívico se convierten en "los verdaderos defensores del narcotráfico; parece una lucha enmascarada contra la ley contra las drogas", agregó.

    El mandatario hizo notar que su oposición de derechas perdió la línea cuando atacó, la semana pasada, la puesta en vigencia de la Ley de la Hoja de Coca, que homologó el cultivo de 22.000 hectáreas en los Yungas y en el Chapare y, días después, se opone a la Ley de Sustancias Controladas o precursores para la fabricación de drogas que, tras recibir la aprobación de la Asamblea Legislativa, se ponía en trance de promulgación.

    La protesta, sostenida parcialmente por los chóferes del transporte público, tornó irregulares las actividades en la ciudad de Cochabamba, la cuarta más poblada de Bolivia.

    El Presidente recordó que en 1988, en medio de los gobiernos de derechas, la Organización de Naciones Unidas (NNUU) contó 55.000 hectáreas de coca en Bolivia, casi 4 veces más de que lo permitía la derogada Ley 1008.

    Morales, cuyo ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó a principios de semana a la comunidad internacional, reunida en Viena, el carácter de la Ley de la Hoja de Coca, que ratificó los cultivos de los Yungas y homologó el cato de coca en el Chapare, vigente desde 2007, dijo que Bolivia ha defendido, nada más, su identidad y dignidad.

    "Hemos defendido la planta milenaria, la "Mamacoca", madre de la dignidad, dueña de nuestra identidad", afirmó el gobernante indígena de izquierdas.

    La huelga en Cochabamba se mantuvo pese a que el Legislativo boliviano reformó la víspera, ante de aprobar la Ley de Sustancias Controladas, los artículos 49, 68, 76, 91 y una disposición adicional,  que vulneraban la presunción de inocencia y el debido proceso, de acuerdo con representantes de  los gremios de transportistas.

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Fuente: ABI - http://www1.abi.bo/abi/?i=372305

El paro fue acatado, pero no tuvo efecto

Expertos constitucionalistas dicen que existe una “comprensión errónea” del parágrafo cuarto del artículo 70 de la Ley de Sustancias Controladas por parte de la dirigencia cívica y del sector del autotransporte y sugirieron interpretar la norma en su conjunto y no por partes, para evitar desinformar o causar susceptibilidad en la población.

A criterio de los abogados, la norma busca atacar a aquellos bienes que provienen del narcotráfico que normalmente se registran a nombre de terceras personas o “palos bancos”.

Ayer en Cochabamba se cumplió un paro cívico con bloqueo de calles y carreteras que  fue acatado por el transporte federado, Magisterio, salud y las alcaldías de Cercado y Quillacollo, exigiendo cambios a la ley antidroga pese a las modificaciones que la Cámara de Senadores hizo a cuatro artículos y una disposición adicional a pedido del sector del autotransporte.

Funcionarios de la alcaldía habría sido vistos organizando los bloqueos

El Gobierno criticó la medida. El presidente Evo Morales afirmó que los promotores de la protesta “defienden al narcotráfico”.

 Funcionarios de la alcaldía habría sido vistos organizando los bloqueos

El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores, señaló ayer que se daría un plazo al Gobierno para que elimine el parágrafo cuarto del artículo 70 o que se modifique y diga: “este artículo sólo servirá para perseguir a los productores de materia prima para la provisión de drogas y que se persiga sólo a los narcotraficantes. Esito que le aumenten y el pueblo estará tranquilo, ya no estará susceptible”.

Sin embargo, el exmagistrado y constitucionalista, José Antonio Rivera, dijo: “hay una hipersensibilidad y comprensión errónea de la finalidad” que tiene la Ley de Sustancias Controladas. 

Agregó que, como está redactada, no existiría incompatibilidad  con la Constitución Política del Estado, empero, dijo que si hay dudas que esta norma va contra la Constitución, “el procedimiento es plantear una acción de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional —como máximo intérprete y guardián de la Constitución— va a explicitar a través de su jurisprudencia y nos va aclarar”.

El Comité Cívico y los transportistas, para justificar el paro de ayer, difundieron a los medios y a la población la versión de que la Ley de Sustancias Controladas permite que los vehículos de transporte de pasajeros y viviendas alquiladas sean decomisados si en ellos se descubren actividades del narcotráfico, pero sin que los propietarios tengan conocimiento de ello.

Los dos sectores insistieron con el paro pese a que la ley cuestionada se aprobó con cambios para no afectar al sector transportista. La propia Confederación Nacional de Choferes de Bolivia descalificó a sus asociados de Cochabamba porque, aseguraron, con las modificaciones planteadas al Legislativo ya están conformes.

Por su parte, el también constitucionalista y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, indicó que la norma es “coherente” y, en esencia, permite una lucha verdadera para no legalizar bienes provenientes del narcotráfico.

Ambos profesionales señalaron que la nueva ley está en el marco de los compromisos que asumió Bolivia como Estado ante las Naciones Unidas al ser parte de la Convención de Viena sobre Sustancias Controladas y Psicotrópicos, y la Convención de Naciones Unidas para la Lucha Contra el Crimen Organizado o Convención de Palermo.

Interpretación

Rivera explicó que es necesario entender que la adopción de esta vía de afectación a la economía de los narcotraficantes tiene dos componentes: el sustantivo y el componente procesal. Dijo que el primero es importante porque “este instituto de extinción no se aplica a cualquier bien de manera genérica sino sólo aquellos bienes que tengan su origen en el narcotráfico”.

Justamente, esta norma sustantiva es la que generó susceptibilidad en la ciudadanía porque está contenida entre los artículos 68 al 70 de la norma.

“La primera condición es que el bien tiene que provenir o tiene que tener su fuente en el narcotráfico y, segundo, que el poseedor que si bien no ha participado en el narcotráfico, pero posee un bien que tiene origen en el narcotráfico”, en términos comunes se trata de los “palos blancos” que son utilizados por los narcotraficantes para el lavado de dinero.

Cabrera indicó que la nueva norma prevé la pérdida de bienes después de un proceso judicial y no meramente administrativo como lo establecía el anterior proyecto de ley de extinción de dominio que fue declarado inconstitucional.

“Hoy se la va a trabajar con jueces especializados y que se tramite el proceso en el ámbito jurisdiccional. Ello supone que es una autoridad judicial la que va a determinar si es lícito o es ilícito el bien obtenido”, señaló.

Sin embargo, ambos profesionales recomiendan a la población y, sobre todo, a la dirigencia cívica y al sector del autotransporte interpretar el cuerpo normativo en su totalidad.

“Hay que hacer una lectura contextual y sistemática de la norma. El parágrafo tercero de este artículo 70 señala que el Estado garantiza y respeta los derechos adquiridos de buena fe en la acción de pérdida de dominio de bienes”.

Observación

Cabrera observó que la redacción del inciso C del artículo 73 de la Ley de Sustancias Controladas no está acorde a lo que establece la Constitución Política del Estado, por lo que sugiere a la Asamblea Legislativa hacer la modificación para evitar vulneración de derechos.

El inciso C del artículo 73 sobre Derechos y garantía del Afectado indica: “Presentar, ofrecer, producir pruebas e intervenir ampliamente en el proceso en resguardo de sus derechos para acreditar el origen lícito de los bienes”. Cabrera señala que es un artículo inconstitucional “porque va contra un principio elemental que se llama ‘presunción de inocencia’, lo que supone  es que es el acusador —en este caso el Estado— debe demostrar la ilicitud de obtención del bien y no el acusado”.

Nota completa en: http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170317/paro-fue-acatado-pero-no-tuvo-efecto