lunes, 26 de agosto de 2013

Quintana: 30 años de cárcel para culpables en caso de los misiles

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Política

DEFENSA    

Un estudio y evaluación gubernamental definirá el tipo de equipos que serán adquiridos.

Redacción central / Cambio

El Ministerio Público debe determinar el grado de responsabilidad de los imputados.

Una vez que exista sentencia se evaluará alguna acción contra Estados Unidos.


Una sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto debe ser la sanción que deben recibir los responsables de la entrega de los misiles chinos a una potencia extranjera, afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

En una entrevista realizada en radio Fides, la autoridad señaló: “Lo mínimo que puedo esperar del Ministerio Público es que se sancione con 30 años de cárcel sin derecho a indulto para que se descargue el peso de la humillación ante el país”.

Para el ex oficial de ejército, la entrega de este armamento es “un acto de traición a la patria”. Aseveró que esta figura jurídica se agrava siendo que quienes hicieron la entrega de los misiles eran oficiales superiores de las Fuerzas Armadas.

Quintana aseveró que el desarme realizado en 2005 por decisiones políticas es delito que lesionó la soberanía del Estado Plurinacional, “es un delito que disminuyó la capacidad de defensa del Estado y comprometió su seguridad”.

Ante este panorama, la autoridad del Ejecutivo señaló que el Ministerio Público es el encargado de “evaluar” las declaraciones y pruebas que se tienen sobre la entrega de 37 misiles de fabricación china a una potencia extranjera.

En relación con la posible participación del ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, mencionada por el senador de Convergencia Nacional Marcelo Antezana, el Ministro de la Presidencia aseveró: “Hasta el momento verificamos que no existe una orden escrita que autorice al comando en jefe o al comandante del Ejército la entrega de los misiles”.

Finalmente, en relación con la reposición del equipo defensivo, Quintana dijo que esto depende de un estudio y una evaluación propia de las Fuerzas Armadas y del Gobierno.