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Agenda Presidencial
La norma decretada sanciona con la suspensión de funciones sin goce de haberes a docentes, autoridades o administrativos de unidades educativas que atenten contra la vida o integridad física, psicológica o sexual de sus estudiantes.
LA PAZ - Cambio
El presidente Evo Morales firmó ayer el Decreto Supremo 1302 de Erradicación de la Violencia en las Escuelas, que sanciona con la suspensión de funciones sin goce de haberes a docentes, autoridades y administrativos de unidades educativas que atenten contra la vida o integridad de sus estudiantes.
La norma, decretada en Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno, tiene como objetivo establecer mecanismos que coadyuven en la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito educativo.
“Este decreto supremo, tras varios debates en las reuniones de gabinete ministerial, ha sido aprobado por unanimidad para el bien de la seguridad de la niñez y la población estudiantil de toda Bolivia”, sostuvo el Primer Mandatario, antes de lamentar que en Bolivia existan casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en su etapa escolar.
A su turno, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, explicó que el decreto da la facultad al despacho que tiene a su cargo de seguir las acciones penales hasta la finalización del juicio contra las personas denunciadas.
“Lamentablemente, por culpa de algunos pocos profesores, se mella la dignidad de todos”, indicó el Jefe de Estado, antes de enfatizar que no se puede ni se debe generalizar a todos los maestros por las acciones de unos cuantos.
Además de remarcar la noble labor que cumplen los maestros y maestras del país, conminó a pagar por su delito a aquellos malos docentes y/o administrativos que incurran en este tipo de contravenciones.
“Este decreto supremo es para proteger a los estudiantes y para que quienes cometan errores sean sancionados”, exhortó Morales. “Pienso que el profesor debe ser modelo de persona y de esfuerzo en la escuela, demostrar ese poder de enseñanza y no cierto poder de abuso”, complementó.
Asimismo, Aguilar explicó que antes de la firma de la norma los procesos debían ser impulsados por los padres de familia, quienes en algunos casos carecían de recursos económicos, por lo cual el hecho quedaba en la impunidad.
Explicó que el decreto supremo establece que “las direcciones departamentales de Educación, una vez denunciado el o la docente, autoridad o administrativo, son las encargadas de tomar medidas de seguridad y protección suspendiéndolo de sus funciones sin goce de haberes mientras dure el proceso penal”.
El párrafo II del artículo 3 del nuevo decreto dispone que una vez producida la imputación formal por parte del representante del Ministerio Público, la o el director departamental de Educación comunicará dicha imputación al Ministerio de Educación para que proceda con la suspensión de su goce de haberes.
En caso de cese o sentencia emitida por la autoridad competente, la o el director, docente o administrativo imputado será restituido en sus funciones con la reposición de la totalidad de sus haberes devengados.
Marco legal
De acuerdo con el titular de Educación, el marco legal en el que se encuentra la nueva norma está fundamentado en la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez y la Ley del Código del Niño, Niña y Adolescente.
La CPE, en el párrafo II del artículo 15, establece que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”.
El párrafo III especifica que el “Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga como objetivo degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico”.
De igual forma, Aguilar mencionó que la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez establece que la educación es promotora de la convivencia pacífica y contribuye a erradicar toda forma de violencia en el Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia a través de programas de información, sensibilización y capacitación para todas las personas que integran la comunidad educativa.
Según Aguilar, fue en esa dirección que el Ministerio de Educación se planteó desarrollar un plan específico para enfrentar la violencia, maltrato y abuso en el ámbito educativo, como mecanismo de prevención e intervención.
La Ley 2026, del Código del Niño, Niña y Adolescente, en el artículo 106, estipula que “es deber de todos velar por la dignidad del niño, niña y adolescente, ampararlos y ponerlos a salvo de cualquier tratamiento inhumano, violento”.
Roberto Aguilar - Ministro de Educación
Como Ministerio de Educación estamos cumpliendo con la Constitución Política del Estado, que nos manda adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia.
Franklin Gutierrez - Junta Nacional de Padres de Familia
Señor Presidente, este decreto lo identifica a usted como un verdadero padre de los bolivianos, porque sólo un verdadero padre puede velar por la seguridad y respeto de sus hijos.
Rosario Mamani - Coordinadora Sepamos
Este decreto contribuye a la lucha continua que tenemos contra la violencia hacia los niños, quienes sufren violencia física, psicológica y/o sexual.
Padres de familia destacan la nueva norma
El presidente de la Junta Nacional de Madres y Padres de Familia, Franklin Gutiérrez, destacó que con la firma del Decreto Supremo 1302 se aplicarán los mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso contra la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes estudiantes.
“Este decreto supremo por fin se ha hecho realidad después de tantos años de haber hecho la solicitud a los anteriores gobiernos”, expresó Gutiérrez.
Luego de lamentar la existencia de tantos casos de acosos, violaciones y violencia que se quedaron en la impunidad, destacó que la medida por fin sancionará de forma seria a los infractores.
“Hasta ahora, los docentes que incurrían en delitos de violencia o maltrato contra los estudiantes sólo recibieron sanciones pasivas o se los cambiaba de una unidad educativa a otra”, manifestó el dirigente.
De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Educación, el 10 por ciento de los niños y niñas en Bolivia es víctima de agresiones sexuales, según el informe Violencia contra la niñez en Bolivia.
Según la coordinadora general de los Servicios y Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia (Sepamos), Rosario Mamani, ocho y nueve de cada diez niños y niñas sufren algún tipo de violencia, siendo la más constante la violencia física, luego la psicológica y la sexual.
Mamani reveló que de estos casos de violencia, dos de cada diez corresponden a sucesos acontecidos dentro de unidades educativas.
Según Gutiérrez, los casos más recurrentes son las violaciones a niñas y adolescentes mujeres. A razón de ello, anunció que los padres de familia elaborarán un proyecto de ley que incluya sanciones más duras para los infractores.
