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Política
El Director de Estudios y Proyectos del Ministerio de Comunicación indicó que la oposición utiliza a los medios para consolidar esa estrategia. Una diputada del MAS habla de una trinchera política de la derecha.
Algunos medios de difusión privados están en campaña de desprestigio del Gobierno y del presidente Evo Morales, con miras a las elecciones generales de 2014.En ese afán, realizan calumnias y distorsionan la información como fue el caso de un discurso del presidente Evo Morales, según el director de Estudios y Proyectos del Ministerio de Comunicación, Idón Chivi.
“Muchos de los medios de comunicación coadyuvados por el viejo modelo neoliberal junto a los viejos políticos neoliberales están haciendo hoy vida política a través de los micrófonos, de las pantallas, de las cámaras fotográficas”, dijo la autoridad a Cambio.
“Se desarrolla —explicó— una estrategia política electoral que tiene como centro la calumnia y como mecanismo de ejecución de la calumnia a los medios de comunicación. Es una estrategia electoral hacia el año 2014”.
Las declaraciones de Chivi surgen en el marco de las denuncias presentadas por el Ministerio de la Presidencia ante la Fiscalía a tres medios de difusión, la Agencia de Noticias Fides (ANF), Página Siete y El Diario, por tergiversar un discurso del presidente Morales.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público bajo la figura de difusión e incitación al racismo y la discriminación, penada por el artículo 281 del Código Penal y la Ley 045 de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.
Estrategia de la oposición
Según Chivi, esta estrategia electoral tiene dos ejes: primero, desgastar la imagen del Presidente presentándolo como una figura “autoritaria, dictatorial, sabiendo que eso es mentira”.
“Como no pueden desgastar al Presidente, tienen que atacar a un Ministro, a un Viceministro o a alguna autoridad o funcionario público”, detalló Chivi.
El segundo eje de esta operación mediática —según Chivi— es mostrar un país relacionado con la producción y tráfico de cocaína, tal como lo hacen algunos medios incluso a nivel internacional.
Para la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Marianela Paco esta campaña se inició desde la candidatura de Evo Morales a la Presidencia y aún prosigue, convirtiendo a los medios de información en una “trinchera” de políticos opositores al proceso de cambio.
“Estas acciones son una trinchera política para mantener los lazos y nexos del anterior poder político neoliberal, y esto seguramente es lo que están direccionando estos titulares”, señaló Paco a Cambio.
Proceso por racismo
De acuerdo con la querella, los titulares —que decían que Morales trató de flojos a los pobladores del oriente— pudieron causar enfrentamientos entre esa región y el occidente.
En ese contexto, Paco explicó que en Santa Cruz, en 2008, hubo agresiones xenófobas y racistas, a tal punto que se prohibió el ingreso de las personas del occidente a su plaza principal, 24 de Septiembre.
“En esa etapa, acusaron al Presidente (Morales) de generar esta división; entonces, este tipo de publicaciones nuevamente pueden provocar estas situaciones que no queremos vivir los bolivianos y bolivianas; y por eso, en la ley (045) hemos incorporado que se prevengan estos hechos”, indicó Paco, proyectista de la ley antirracista.
El artículo 23 de la Ley 045 incorpora en el título VIII del libro segundo del Código Penal el capítulo V, denominado Delitos Contra la Dignidad del Ser Humano”. En ese punto se estipula en uno de sus parágrafos que “la persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación (...) o incite al odio, a la violencia, o a la persecución de personas o grupos de personas, fundados en motivos racistas o discriminatorios, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a cuatro años (...) Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social o propietario de éste, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
“Lo que se hizo como Estado fue presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Esta instancia valorará la causa en tarea de investigación pertinente”, dijo Chivi.
DATOS
• La analista política Helena Argirakis considera que la nueva estrategia de difamar y calumniar a las autoridades, como el caso del jefe de Unidad Nacional (UN) contra el presidente Evo Morales, es parte de la llamada “guerra de baja intensidad”.
• Esta nueva estrategia, con el apoyo de algunos medios de difusión privados, se manifiesta ante el fracaso de los afanes de desgastar al Gobierno y al proceso de cambio.
• El vicepresidente Álvaro García Linera dijo anteriormente que la campaña mediática de este sector de medios privados, de “empresarios, terratenientes y otros” contra la carretera y la consulta en el Tipnis sintetiza el papel político opositor al Gobierno que asumió este sector desde la asunción al poder del presidente Evo Morales, en 2006, con más del 64% de votación.
opiniones
Marianela Paco
Diputada del MAS
Es importante separar el trabajo de los periodistas de la línea que tienen los respectivos medios. Yo encontraba que una nota grabada dice una cosa y el titular dice otra. Esto nos hace pensar que algunos filtros responden más a una estructura empresarial y de trinchera política dentro de los medios.
Willman Cardozo
Diputado de AS
Los medios deben estar más unidos que nunca, sino el Gobierno, tal como lo ha hecho con la oposición, pretenderá liquidar a la prensa en el ámbito nacional con el pretexto de cambiar la Ley de Imprenta. Si hay un cambio en esta normativa debe ser con los sectores involucrados.
Jorge Pérez
Viceministro de Régimen Interior
Frente a este hecho existe la Ley de Imprenta. Esta normativa legalmente habilita dos caminos. A la persona que se creyere ofendida por un hecho se le ofrece el camino penal ante un juez, que es la vía ordinaria o el camino de un tribunal de imprenta. En este caso se ha visto por conveniente (...) esta vía investigativa.
Sectores en contra de las denuncias
La denuncia en contra de los medios Página Siete, El Diario y ANF ya está en proceso inicial, según informó la fiscal asignada al caso, Susana Rodríguez.
Con ese propósito, se convocó a los representantes legales y editores que estuvieron a cargo de la edición de la nota sobre el Presidente, el 15 de agosto, en los tres medios.
Sobre el caso, organizaciones como la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) se manifestaron en contra del Gobierno y de la denuncia realizada por Presidencia.
Los periodistas también se movilizaron en ciudades como Santa Cruz, Oruro, Tarija, Beni y otros. Para hoy se anuncia una marcha de medios de comunicación en La Paz bajo la consigna de que la denuncia gubernamental es un atentado contra la libertad de expresión.
El director de Página Siete, Raúl Peñaranda, uno de los periódicos denunciados, señaló que la intención del Gobierno es “intimidar” a los medios de información y recordó que la noticia fue repetida también por otros medios televisivos nacionales.
Para el diputado de Alianza Social (AS) Wilman Cardozo “el Gobierno está en una franca intención de liquidar a los medios de comunicación privados, especialmente a los que lo estorban en su accionar político”.
El vocero de la Iglesia Católica en Santa Cruz, Edwin Bazán, calificó como vergonzosas las denuncias presentadas por el Ministerio de la Presidencia y dijo que éstas están “carentes de fundamentos (...) Un medio de comunicación está para reflejar la verdad”.
UTILIZAN la Ley de Imprenta como manto de impunidad
Los empresarios privados de los medios de información utilizan la Ley de Imprenta y la libertad de expresión como un “manto de impunidad” para cubrir sus errores.
Así lo señalaron, por separado, asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el director de Estudios y Proyectos del Ministerio de Comunicación, Idón Chivi.
“La libertad de prensa está garantizada por la Constitución Política del Estado, pero no se permitirá que se tergiverse o distorsione la información. He sido víctima de uno de ellos por el caso Unipol y los medios se esconden detrás de la Ley de Imprenta”, afirmó el diputado Edwin Tupa (MAS).
Galo Bonifaz (MAS) lamentó que “algunos medios manejen la Ley de Imprenta como un manto de impunidad, lo cual no debería hacerse”.
“La libertad de expresión la quieren usar como un manto de impunidad (...) Algo que no me parece ético”, agregó la diputada Marianela Paco (MAS).
Finalmente, Chivi explicó que los empresarios privados dueños de medios de comunicación utilizan el concepto de libertad de expresión de manera errónea. “El derecho a la información es para dar información con responsabilidad y veracidad, no es una garantía de impunidad para periodistas de lengua floja. La libertad de expresión no es un mecanismo que pueda ser usado en contra de la dignidad humana”, indicó.
La denuncia presentada contra ANF, Página Siete y El Diario fue derivada al Ministerio Público, hecho que fue objetado por sectores de la prensa con el argumento de que el caso debe pasar por el Tribunal de Imprenta, según la norma que rige para estos medios informativos.
El artículo 31 de la Ley de Imprenta señala que “la acción penal por delitos y faltas de imprenta corresponde al Ministerio Público”.
Asimismo, el artículo 11 de esa ley señala: “Se delinque contra la sociedad, en los que comprometan la existencia o la integridad de la nación, o expongan a una guerra extranjera, o tiendan a trastornar la tranquilidad y el orden público, o inciten o sostengan conmociones o desobediencias a las leyes o a las autoridades, o provoquen la perpetración de algún delito, o sean obscenos o inmorales”.
