 |
Seguridad
La autoridad no especificó las identidades de quienes serán convocados, pero algunos medios manejan nombres de los que fueron cabezas visibles.
LA PAZ - Cambio
La fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, confirmó en conferencia de prensa que los cabecillas de la protesta policial en demanda de mejoras salariales, entre otros pedidos que fueron atendidos por el Gobierno, serán sometidos a una investigación.
Aunque la autoridad no confirmó las identidades de las personas que serán citadas, la Red ATB, con información atribuida a fuentes de la Fiscalía, señala que entre los primeros investigados figura el presidente de la Asociación Nacional de Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), Édgar Ramos.
En la lista seguirían el ex mayor de la policía David Vargas, que se plegó a la protesta y que como antecedente tiene haber sido cabecilla del motín policial de febrero de 2003, además de la representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, quien firmó el primer acuerdo que fue desconocido por los protestantes.
Según el reporte de ATB, la Fiscal de Distrito de La Paz confirmó la apertura de oficio del proceso para que los investigados sean citados ante esa instancia con la finalidad de que presten sus declaraciones y de esa manera se pueda establecer su participación en la revuelta policial.
La protesta policial se inició el jueves 21 de junio, luego de que varias mujeres que se identificaron como esposas de policías de baja graduación instalaran durante días algunos piquetes de huelga de hambre, uno de los cuales se ubicó en la parte trasera del Distrito Policial 1 de la zona de San Pedro.
Fue precisamente ahí donde se inició la radicalización de las medidas, pues aprovechando el feriado del Año Nuevo Andino y Amazónico muchos uniformados se plegaron y cerraron las puertas del recinto policial para impedir que salgan las patrullas.
Posteriormente, la protesta se trasladó a instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), hacia donde decenas de uniformados encapuchados se replegaron y dejaron desprotegida la plaza Murillo, donde también realizaron marchas de protesta.
Los excesos llegaron al extremo cuando los uniformados, pese a que se los convocaba constantemente al diálogo, tomaron las instalaciones del Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana, cerca al templo de La Merced, donde ingresaron por la fuerza y procedieron a quemar documentación.
Frente a los hechos, el Gobierno denunció que la protesta policial era un intento de golpe de Estado, pues se produjo cuando la marcha de la Cidob se aproximaba a La Paz.
Finalmente, luego de dos procesos de negociación, se llegó a la firma de un acuerdo que está en proceso de cumplimiento.
