TITULARES
• Tensiones en el proceso de cambio, Por Alfredo Serrano e Iñigo Errejón
• Evo promulgó ley para no construir carretera por el TIPNIS
• Ocho leyes en beneficio de los indígenas
• Dirigentes indígenas conformes con acuerdo
• Otros indígenas piden desarrollo y carretera en Tipnis
• Cocaleros exigen carretera por el TIPNIS
• Judiciales: El 80% de electores fue a las urnas
• Conozca a los magistrados elegidos en las urnas
• Aduana identifica ocho mil vehículos robados
• Canadá es el mayor consumidor de amaranto boliviano
• Investigan llamadas de allegados a narcogeneral a la embajada de EE.UU.
• Maltrato contra migrantes bolivianos en Argentina, Por Álvaro Careaga Vaca Cortez
Tensiones en el proceso de cambio
Por Alfredo Serrano e Iñigo Errejón
Autores del libro Ahora es cuando, carajo. Del asalto a la transformación del Estado en Bolivia.
DIARIO PAGINA 12, BUENOS AIRES.-
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-179647-2011-10-25.html
Bolivia ha vuelto recientemente a la actualidad mediática internacional por un incremento de las tensiones sociales: las protestas en enero de 2011 por la eliminación de los subsidios al combustible, la controversia por el proyecto de carretera que conectaba el valle subandino con la amazonía, pasando su segundo tramo por el Territorio Indígena Parque Natural Isiboro Secure (Tipnis), y los resultados de las recientes elecciones a todo el órgano judicial. La mayoría de las lecturas, unas conservadoras y otras irresponsablemente críticas, olvidan tres aspectos fundamentales; por una parte, que la protesta social es en Bolivia el medio privilegiado de canalización de demandas políticas al Estado –y no un hecho anormal o necesariamente expresión de crisis–, por otra parte, que la oposición no podrá capitalizar la erosión del oficialismo sin programa, liderazgo y propuesta de país creíbles; y por último, la resignificación del término política y democracia en los últimos años en Bolivia.
Es innegable, en cualquier caso, que el bloque social en el que descansa el oficialismo en Bolivia está viviendo una expansión de las diferencias en su interior. Este es un resultado paradójico de la derrota de la oposición de derecha regionalista, que se atrincheró en los departamentos del oriente del país para tratar de hacer colapsar el proceso de refundación del Estado. Superada la amenaza involucionista, desaparece también su efecto cohesionador al interior del heterogéneo campo popular.
Evo Morales ha orientado su acción de gobierno hacia la generación de normas y políticas públicas acordes con las expectativas depositadas por las capas subalternas del país: descolonización estatal, desarrollo y redistribución de la riqueza colectiva, recuperación de la soberanía, descentralización y modificación de la relación con el medio natural. Este momento de construcción es a menudo menos épico que el de la resistencia, pero crucial para que la nueva correlación de fuerzas cristalice en nuevas instituciones que hagan realidad las promesas de cambio a favor de las mayorías históricamente empobrecidas y excluidas. Esto implica necesariamente la apertura de debates que pueden ser críticos al interior del “bloque indígena y popular”, como, especialmente, aquel que refiere al modelo de desarrollo, en el que friccionan el proyecto “nacional–desarrollista” con el imaginario del “vivir bien” de inspiración eco–indianista. El conflicto del Tipnis pone de manifiesto esta tensión en una Bolivia en transición, que debe conciliar la equidad social y la justicia ambiental y que tiene el desafío de afrontar la dialéctica entre las necesidades coyunturales y los cambios estructurales.
Es lógico que este proceso sea esencialmente “turbulento”. El conflicto es precisamente la señal de la amplitud y profundidad de la democratización en marcha. En ello está Bolivia, con sus contradicciones y su acelerado tiempo histórico, con sus tensiones, apostando a una revolución democrática que no deja contentos a todos, pero donde todos participan. La diferencia radical con el pasado está en la expansión del alcance de la soberanía popular y la existencia de un gobierno que responde a los intereses y las interpelaciones de su sociedad, en un proceso dinámico de negociaciones y renegociaciones que los clásicos llamaban “democracia”.
Tres hechos dan muestra del nuevo momento político. Primero, la rectificación en la eliminación de los subsidios a la gasolina; segundo, la aplicación del sufragio universal para elegir el sistema judicial –previa preselección de candidatos por la Asamblea Legislativa Plurinacional por dos tercios de votos–; y tercero, la propuesta –quizá tardía– de una ley corta que regula el derecho a decidir de los pueblos indígenas, acompañado con la rectificación de la misma por parte de Evo Morales después de la negociación con la marcha indígena, proponiendo que la carretera definitivamente no pase por el Tipnis. El futuro no estará exento de conflictos, pero la democracia protagónica ha venido, en cualquier caso, para quedarse.
Evo promulgó ley para no construir carretera por el TIPNIS
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-10-25&idn=57158
El presidente Evo Morales promulgó ayer la ley de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) e informó que al menos 200 organizaciones de todo el país mostraron su respaldo a la construcción de la carretera Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de Moxos (Beni).
Entre esas organizaciones está el Consejo Indígena del Sur (Conisur) del Tipnis, que se declaró en estado de emergencia solicitando la construcción de la vía ya que eso significa desarrollo y progreso para esa región.
La norma declara al Parque Nacional como patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, parque intangible, y dispone que ninguna carretera atravesará esa región.
“Ahí está la norma, esfuerzo de ustedes... cumplimos un pedido suyo y esperamos que esta norma realmente pueda hacer respetar el parque Isiboro Sécure”, indicó Morales luego de la promulgación de la ley en el Palacio de Gobierno, donde estuvieron los dirigentes y marchistas indígenas del oriente.
Aseguró que no existió ningún capricho por parte del Gobierno al aprobar el financiamiento del segundo tramo de la carretera que debía pasar por el Tipnis, sino que era un pedido histórico del pueblo boliviano e incluso de algunas organizaciones del mismo Parque.
“Tenemos 200 organizaciones de los nueve departamentos que han pedido la construcción de caminos. (Son) empresarios, ganaderos, otros sectores sociales”, señaló Morales, y recordó que la subcentral de comunidades del río Sécure envió recién el año pasado un pedido de trabajo de ingeniería para realizar caminos por toda esa zona.
“Tenemos estas documentaciones —dijo a teimpo de mostrar papeles de respaldo a la carretera—, al margen de otras tantas comunicaciones”.
También pidió a los dirigentes que expliquen los alcances de la norma, sobre todo a los sectores que se declararon en estado de emergencia ante la promulgación de la ley que evitará que se construya la carretera para unir a Beni y Cochabamba.
Aprobación en la ALP
Por su parte, el vicepresidente Álvaro García, luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionara la ley observada por el Primer Mandatario, aseguró que las comunidades del Tipnis deberán ver cómo tratar con las empresas que tienen negocios dentro de ese Parque Nacional.
“¿Qué pasará con los contratos, acuerdos y concesiones que hay en el Tipnis?”, cuestionó García, que nombró a algunas empresas que trabajan con la venta de madera, turismo y otras actividades dentro del Parque Nacional.
Dirigentes defienden la intangibilidadEl presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas, agradeció al presidente Evo Morales por la promulgación de la ley que defenderá la biodiversidad existente en ese Parque Nacional.
“Agradecemos al señor Presidente que ha tenido la voluntad de que la carretera no rompa el corazón del Tipnis, porque es como lanzar una espada al corazón de un ser humano”, señaló Vargas en el acto de promulgación de la norma.
También explicó que el termino intangibilidad —incluido en la ley promulgada por el Presidente— está destinado a preservar los sistemas más frágiles del Parque Nacional. “Permitirá el ciclo de vida de los ecosistemas”.
En ese sentido, el vicepresidente Álvaro García instó a la dirigencia indígena a trabajar la reglamentación que garantice la condición de vida, de caza, de recolección y de cultivo de las naciones indígenas en el marco de la intangibilidad de ese territorio, frente a la existencia de empresas autorizadas para deforestar grandes hectáreas de bosque en el Tipnis.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez, admitió que hubo algunos personajes que quisieron aprovecharse de la marcha y destacó la importancia de trabajar por el futuro, junto al Ejecutivo.
Ocho leyes en beneficio de los indígenas
LA RAZON, LA PAZ.-
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=139963&EditionId=2695
Un paquete de al menos ocho leyes pondrán en marcha los acuerdos logrados entre Gobierno e indígenas. Entre las normas están las referidas a la consulta previa y al pago de una indemnización por daños ambientales como en el parque Aguaragüe, informaron dirigentes de los indígenas.
El presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, explicó que delegados de los indígenas, Gobierno y Legislativo perfilarán la modificación de la Ley de Reducción Comunitaria y la incorporación de demandas sobre temas como la protección del medio ambiente y de tierras indígenas en la redacción de leyes marco.
En el paquete legislativo están las leyes General de Consulta, de Áreas Protegidas y Parques Nacionales, de la Amazonía, de Bosques, Forestal, de Minería y de Hidrocarburos. “La aprobación de las normas son vitales para que los acuerdos empiecen a ser ejecutados”, afirmó el dirigente.
Entre el viernes y domingo, el presidente Evo Morales y los líderes de la marcha indígena lograron acuerdos en los 16 puntos de la plataforma de lucha de la marcha en defensa del TIPNIS, que llegó a La Paz el 19 de octubre tras 66 días de movilización.
Con la Ley General de Consulta buscan establecer los procedimientos para la consulta previa incorporada en la Constitución Política, para la explotación de recursos naturales no renovables en territorio indígena.
“Sólo exigimos que se cumpla la Constitución y la normativa internacional, es decir, que haya una consulta previa antes de ejecutar proyectos”, explicó el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez.
REFORMAS. En el caso de la Ley de Reconducción Comunitaria, proponen reformas para adecuarla a la Constitución Política del Estado de forma que haga respetar los derechos de los pueblos de tierras bajas sobre su territorio, adelantó el dirigente Vargas.
Respecto a las actividades petroleras en el parque Aguaragüe (chaco tarijeño), el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, afirmó que no pretenden paralizar las operaciones hidrocarburíferas en la zona, sino una indemnización por los daños ambientales en ésta y otras regiones de explotación.
La Ley de Áreas Protegidas y Parques Nacionales apuntará al cuidado de estos territorios, mientras que la Ley de Bosques y la Forestal deberán perfilar políticas de protección para evitar asentamientos ilegales y la extracción maderera ilegal. “Todos los puntos han sido resueltos. Existen plazos para que se cumplan”, explicó Vargas, quien evitó dar mayores detalles de las iniciativas que perfilarán.
Aún no hay resultados de la pesquisa sobre la represiónA un mes de la violenta intervención a la marcha indígena en defensa del TIPNIS, la Fiscalía realizó una inspección al lugar de los hechos y tomó declaraciones a 70 víctimas, mientras que la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) aún preparan los informes sobre los acontecimientos del 25 de septiembre en Yucumo, Beni.
La Fiscalía instruyó una investigación de oficio, mientras que una segunda se realiza a partir de la denuncia del jefe del Movimiento Sin?Miedo (MSM), Juan del Granado. El fiscal Marco Antonio Vargas está a cargo de la denuncia de Del Granado y anunció que solicitará lo hecho hasta el momento por la pesquisa de oficio.
“He solicitado me envíen fotocopias legalizadas de todos los actuados que existen allá (Beni), como también certificados médicos forenses y declaraciones de 70 víctimas de los hechos”, explicó.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó el domingo que espera un informe del Gobierno sobre la actuación policial para avanzar y concluir el informe de la represión policial. La organización activista de derechos humanos también alista un reporte.
La violencia en Yucumo derivó en la renuncia de cuatro autoridades, entre ellos del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. El Gobierno trabaja en formar una comisión con participación de instancias como la OEA y ONU. La opositora Convergencia Nacional y la CIDOB?presentaron un juicio por delitos como genocidio contra el presidente Evo Morales. La Fiscalía aún no inició la pesquisa.
Acuerdos entre Gobierno e indígenasDemanda indígena
1. Rechazo a la construcción del tramo II de la carretera entre Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que afectaría el TIPNIS.
2. Paralización de las actividades hidrocarburíferas en el Parque Aguaragüe.
3. Garantizar que los territorios indígenas sean respetados en la nueva legislación agraria.
4. Reconocimiento al derecho de recibir la retribución por compensación de la mitigación de gases.
5. Respeto al desarrollo normativo y el derecho a la consulta.
6. El desarrollo productivo y la descentralización a las regiones del Oriente, Chaco y Amazonía con asignación de recursos económicos.
7. Provisión de recursos económicos para la implementación en todos los territorios indígenas titulados. Autonomía indígena.
8. Ley de Bosques.
9. Contemplar el Parque y Aéreas Protegidas en la elaboración especial de las áreas protegidas.
10. Desembolso de recursos económicos para la construcción de la infraestructura y funcionamiento de la Universidad Indígena Boliviana (UIB).
11. Incorporación en forma efectiva a los pueblos indígenas como beneficiarios del Seguro Universal de Salud.
12. Realización del Censo de Población y Vivienda.
13. Implementación de planes de vivienda en tierras indígenas.
14. Implementación de políticas de manejo, protección y conservación para el río Pilcomayo.
15. Garantizar el derecho pleno del acceso y uso de la información y la comunicación a los pueblos indígenas.
16. Cumplimiento del acuerdo de mayo del 2010 con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).
Consensos alcanzados
-El presidente Evo Morales retrocedió y decidió vetar la construcción de la vía Cochabamba-Beni por el TIPNIS y declarar intangible al parque. Una ley consolidará la decisión presidencial, que recoge la demanda de la marcha indígena. Además, prohibirán asentamientos humanos en el parque.
-Los indígenas aclararon que el planteamiento no tiene el objetivo de paralizar operaciones hidrocarburíferas. Se implementará un plan de remediación de pasivos ambientales y una compensación por daños hidrológicos.
-Se trabajará en las enmiendas a la Ley de Reconducción Comunitaria. Además, se continuará con los saneamientos de las TCOs y el Gobierno entregará documentación referida a la venta ilegal de tierras.
-Aplicarán las conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos de Tiquipaya, que rechaza el cobro de la compensación. Apostarán a planes para fortalecer la capacidad de gestión integral de bosques.
-Elaborarán una Ley General de Consulta para garantizar el derecho a la consulta previa en la ejecución de proyectos de desarrollo.
-Ejecutarán una política de desarrollo plural y comunitario, como resultado de un cronograma de trabajo entre el Ejecutivo y los pueblos indígenas. Las iniciativas acordadas no sólo beneficiarán a los pueblos indígenas.
-El Gobierno desembolsará los recursos económicos que permitan ejecutar las autonomías territoriales indígenas, como la conversión de municipios tradicionales a municipios indígenas.
-Se elaborará una Ley de Bosques con participación indígena.
-Se elaborará una Ley de Áreas Protegidas y Parques Nacionales con participación indígena. El objetivo es el cuidado de territorios originarios.
-Se estableció que el Gobierno desembolsará ocho millones de bolivianos para la construcción y la implementación de la Universidad Indígena Boliviana (UIB) en tierras bajas. Además, se capacitará a los docentes que trabajen en esa casa de estudios superiores.
-El Gobierno construirá hospitales de segundo nivel en las poblaciones pequeñas donde existe mayor población indígena.
-No se conoció detalles sobre los resultados de este punto.
-No se conoció detalles sobre los resultados de este punto.
-Se estableció que en este punto se trabajará con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que implica negociaciones con los países vecinos de Argentina y Paraguay.
-Acordaron que el Gobierno implementará políticas para que los pueblos indígenas tengan acceso a la información y a la comunicación.
-Se validó el acuerdo suscrito entre la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Este convenio se complementará a los resueltos en el diálogo.
Dirigentes indígenas conformes con acuerdo
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-10-25&idn=57122
El presidente de la Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, luego del acuerdo suscrito con el presidente Evo Morales, sobre la demanda de 16 puntos, entre ellos la negativa de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el parque, en breve contacto con Cambio y radio Patria Nueva, por separado, explicó los alcances del convenio del domingo.
—¿Cuál es su evaluación sobre el conflicto por el Tipnis?
—La marcha fue por el Tipnis, para que la carretera no pase por allí. El Presidente (Evo Morales) vetó la ley y la remitió al Legislativo, se incluyó un artículo para que la carretera no pase por el Tipnis y la prohibición de asentamientos ilegales dentro del Tipnis. Son elementos que, dentro de una evaluación, han tenido resultados positivos; ha habido un gran avance y logro en el asunto de la carretera.
—¿Están satisfechos con los acuerdos logrados?—Creo que nunca se puede estar feliz, pero sí conformes en cada uno de los puntos. Considero que ha habido conformidad de la Comisión y fue por eso que se llegó al acuerdo, ya que de no haber conformidad, no habría acuerdos de nada, y estuviéramos todavía en una discusión tremenda.
—¿Cuál es su punto de vista sobre la intangibilidad del Tipnis, incluida en la Ley de Protección del Parque?—En cuanto al término de intangibilidad, éste se ha satanizado; sin embargo, si nos remitimos a los artículos que se dictan en la misma Constitución Política del Estado, se establece por ejemplo: “La región territorial, el uso exclusivo de los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas, el reconocimiento de la integridad del territorio a favor de los pueblos indígenas, el derecho colectivo y también el reconocimiento de la región compartida y los principios de las áreas protegidas como un bien común de todos los bolivianos”.
En el aspecto de la intangibilidad, se ha aclarado a los compañeros que con nuestros diputados (indígenas) se pueda implementar que el término de intangibilidad no afecte a las actividades tradicionales de los pueblos indígenas del Tipnis, o se pueda realizar a través de una reglamentación.
—¿Se han logrado acuerdos en los 16 puntos planteados en la marcha?—En cuanto a los otros puntos, ha sido muy discutido el problema del Aguaragüe (reserva natural con potencial hidrocarburífero), y se ha logrado que el Gobierno tenga que priorizar el asunto de la remediación de los pasivos ambientales, ya que existen más de 132 pozos petroleros abandonados, que están derramando crudo y escapando gases, y eso es lo que se ha argumentado e informado al Presidente: que el pueblo Guaraní no puede seguir viviendo así.
En 15 días, una comisión trabajará e inspeccionará esos pozos para que de manera inmediata se tomen acciones para remediar ese problema.
—Sobre tierra y territorio, ¿cuál fue el acuerdo alcanzado? —En cuanto a tierra y territorio, un elemento fundamental es que se van a hacer algunas enmiendas a la Ley 3545 (de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria), que modifica a la Ley 1715 (del Servicio Nacional de Reforma Agraria) y se la compatibilizará con la Constitución Política del Estado.
—¿Qué nos puede decir sobre el problema del cambio climático? —Sobre el cambio climático se tiene una política de cambio climático y fondo verde, de la cual se ha acordado establecer programas entre los pueblos indígenas y el Gobierno para ver los fines que puedan establecer proyectos o programas pilotos en nuestro país.
—En cuanto a la consulta previa, ¿se habló sobre otra ley o una normativa específica?
—En el aspecto de la consulta y normatividad se tiene priorizado realizar un proyecto de ley de consulta. Es importante el procedimiento de la consulta para no caer en errores que puedan cometerse como ahora, y también priorizar la Ley de Parques y Áreas Protegidas, la Ley de Bosques, la Ley de Minería y la Ley de Hidrocarburos, además de todas las leyes que están dentro de la plataforma.
—En el diálogo con el Gobierno, ¿se abordó la temática de las autonomías indígenas? —Se ha logrado llegar a un acuerdo por el cual, de manera conjunta con el Estado, se tengan que realizar las gestiones de territorialidad indígena, de la conversión de municipios a municipios indígenas y estos procedimientos...
—La educación y salud fueron dos de los 16 puntos de la plataforma de demandas de los marchistas, ¿cuál fue el acuerdo al respecto?—En educación, un aspecto elemental es la Universidad Indígena. Se tiene en licitación el proyecto, pero además, por ejemplo, hay un problema que existe en los docentes, ya que resulta que se contratan docentes, pero que no hablan el idioma, por lo tanto se ha establecido que los términos de referencia, cuando se trate de convocar a los docentes, se los haga de manera conjunta con las organizaciones y pueblos indígenas. En salud se estableció la necesidad de implementar recursos económicos para ítems; pero, sobre todo, fortalecer a los hospitales de segundo nivel en áreas donde no se tienen estas capacidades.
—¿Qué esperan ahora del Gobierno? Lo que tenemos que hacer ahora es elaborar una lista por los daños y resarcimiento de lo que ha pasado el 25 de septiembre, la represión policial en Yucumo, y eso se ha hablado con el Presidente. Además, se tiene que ver a los hermanos carnetizados, para poder concluir lo antes posible, en estos días, si fuera posible.
—¿Se pudo haber resuelto este conflicto, de más de dos meses, antes y sin necesidad de una marcha?—Si es que hay voluntad política, obviamente que se podía resolver antes, ni siquiera permitir que haya marcha. El Presidente, al final de cuentas, ha reconocido sus errores con el pueblo indígena y se comprometió a resolver personalmente cualquier problema que se tenga.
—¿Cuál es su opinión sobre los ministros de Estado? —Lo (...) dijimos nosotros en las jornadas de trabajo: se dice una cosa y se escribe otra, y eso le comunicamos al Presidente, que está convencido de que sus ministros le hacen quedar mal.
Otros indígenas piden desarrollo y carretera en Tipnis
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-10-25&idn=57138
Corregidores, caciques, miembros del Consejo Indígena del Sur (Conisur) y habitantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) se declararon ayer en estado de emergencia por el anuncio de la suspensión del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
La decisión de los pobladores del Tipnis, mediante un voto resolutivo, fue tras el acuerdo que logró el domingo otro sector encabezado por los dirigentes de tierras bajas con el Gobierno, y por el cual se suspende la vía por la reserva natural.
El pronunciamiento de este sector que rechaza la suspensión de la vía por el Tipnis, asimismo, exige un análisis y correcta interpretación de la palabra intangibilidad del territorio inserta en uno de los artículos de la Ley de Protección del Parque, devuelta por el Ejecutivo al Legislativo.
El Conisur acoge a 12 de las 64 comunidades con las que cuenta el Tipnis y está afiliado a la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba.
El voto resolutivo de Conisur contradice la principal demanda que logró el grupo de marchistas que llegó a La Paz y el domingo concretó con el Ejecutivo que la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos ya no atravesará ese parque.
Gobernador
Este pronunciamiento se suma a lo expresado por el gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, y las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que se declaró en vigilia en plena plaza 14 de Septiembre de Cochabamba.
“Reafirmamos nuevamente nuestra posición de que debe vincularse a través de una ruta caminera Cochabamba al Beni”, manifestó, en conferencia de prensa Novillo.
La autoridad gubernamental, no obstante, destacó que el presidente Evo Morales y los marchistas por el Tipnis hayan privilegiado el diálogo para solucionar el conflicto que los enfrentó por más de dos meses, por el tramo II
Sin embargo, pidió trabajar en la búsqueda de alternativas técnicas para el nuevo trazo del proyecto vial, ante la aprobación de una ley que declarará al Tipnis como región intangible.
“Nosotros consideramos que debemos convocar a quienes puedan apoyar y sugerir un planteamiento de carácter técnico, económico, social y financiero para ver una alternativa más viable”, dijo Novillo.
DATOS• El voto resolutivo del Conisur Tipnis señala cuatro puntos específicos:
• Declararnos en estado de emergencia ante la vulneración de nuestros derechos y oportunidades de desarrollo.
• La paralización de la aprobación de la ley corta y la instalación inmediata de un análisis y debate entre todas las comunidades indígenas del Tipnis y sus organizaciones para lo cual solicitamos el inmediato traslado de nuestras autoridades y representantes a la ciudad de La Paz.
• Exigimos el análisis y correcta interpretación de la intangibilidad del territorio en función de las necesidades de desarrollo presentes y futuras de nuestras comunidades.
• La consolidación administrativa de las organizaciones que componen el Tipnis y el reconocimiento de cada una de ellas y sus comunidades ante cualquier instancia.
Cocaleros piden carretera por el TIPNISCochabamba, 24 oct (ABI).- Más de 300 cocaleros y representantes interculturales instalaron el lunes una vigilia en la Plaza 14 de Septiembre, para demandar se realice la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
"Tomamos la decisión de hacer una vigilia pacífica con dos delegados por sindicato para defender la carretera y que se escuche a los verdaderos indígenas que quieren que pase por sus comunidades", estableció la presidenta de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Juanita Ancieta.
Explicó que la medida de carácter indefinido tendrá en las próximas horas el apoyo de los habitantes de las 16 provincias de Cochabamba, quienes observan que el diálogo iniciado en La Paz se realice con personas que no pertenecen a los verdaderos pueblos del TIPNIS.
El secretario general de la Federación del Trópico, Mario Castillo, explicó que se pedirá al presidente Evo Morales que se escuche los puntos de vista de las comunidades de Cochabamba en el parque, porque en este momento sólo se toma en cuenta sólo a unas cuantas regiones del área.
"Tenemos 16 comunidades que están de acuerdo con la carretera. Queremos saber el por qué no se está escuchando sus demandas y pedimos que se les incluya en el diálogo", aseveró.
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos, Manuel Mamani, dijo que su sector tendrá varios ampliados de sub centrales para definir su posible inclusión en la vigilia.
Dijo que los trabajadores del agro no están conformes con la determinación de anular la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que debería pasar por el TIPNIS.
Judiciales: El 80% de electores fue a las urnas
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-10-25&idn=57146
El 80% de los más de 5,2 millones de electores habilitados para las elecciones judiciales asistieron a las urnas el domingo 16, confirmó ayer Ramiro Paredes, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La estimación es sobre el 99% del recuento de votos.
Según el TSE, el Padrón Electoral para las recientes elecciones judiciales es de 5.243.375, que se incrementó con los más de 390 mil nuevos inscritos desde los anteriores comicios.
“Estamos con una participación expectable, masiva y mayoritaria (...) con diferencias cualitativas y cuantitativas frente a procesos electorales anteriores”, dijo.
En las elecciones generales de 1993, el grado de participación ciudadana fue de 72,16%, y en las de 1997 de 71,36%, recordó. En cambio, en los comicios nacionales de 2002 la concurrencia fue de 71,84%; en los de 2005, de 84,5%; y en los de 2009, de 95,25%.
Sin embago, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el grado de participación de electores varía. Por ejemplo, en las municipales de 1999 votó el 59,44% de la ciudadanía, mientras que en 2004 lo hizo el 63,36%.
En consecuencia, para el vocal Paredes, las comparaciones y críticas sobre el 20% de abstención en las elecciones judiciales “son forzadas” porque los procesos no son similares.
“Vamos a tener un parámetro de medición y comparación de aquí a seis años, cuando se realicen nuevamente elecciones para el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional”, argumentó.
Votos válidos y nulos
Entre tanto, la votación válida nacional sobrepasó la cifra de 1,7 millones, mientras que la de votos nulos está algo por debajo, añadió.
Desde su perspectiva, el voto nulo es un voto informado, “pero hay que ver la estructura sociológica” de éste.
Para explicar el comportamiento de este tipo de voto se tiene que hacer un estudio estadístico serio sobre el millón de personas que eligieron esa opción.
En cambio, el voto en blanco es más propio de la gente que no supo cómo votar o que no tenía mucho conocimiento del proceso electoral.
Por esas razones, tampoco es correcta la sumatoria de los votos nulos y blancos que hacen algunos críticos de las elecciones, señaló.
DATOS
• Tribunal Agroambiental: Según datos parciales, el nivel de votos válidos alcanzó el 42,4%; los blancos 15% y los nulos 42,5%.
• Consejo de la Magistratura: El índice de votos válidos llegó al 42,1%, mientras que los blancos alcanzaron el 15,8% y los nulos 42,1%.
• Tribunal Constitucional: Los votos válidos alcanzaron el 42,3%; los nulos el 43,9% y los blancos 13,8%.
Fuente: TSE.
Conozca a los magistrados elegidos en las urnas
DIARIO OPINION, COCHABAMBA.-
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/1025/noticias.php?id=29683
Con los datos oficiales computados al 99,1 por ciento , la conformación del Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia se consolidan y aparecen los nombres de las nuevas autoridades judiciales que tendrán un mandato por los siguientes seis años.
El Tribunal Supremo Electoral cuenta con los datos a escala nacional que serán procesados y entregados hasta la primera semana de noviembre. Sin embargo, durante el cómputo de votos en los tribunales electorales departamentales se identificaron irregularidades. En consecuencia el 30 de octubre se repertirá la votación en 35 mesas de Santa Cruz y una en Oruro.
Hasta la fecha los datos publicados dan a conocer los 56 candidatos electos mediante el voto el pasado 16 de octubre.
Tribunal Agroambiental
Para el Tribunal Agroambiental, instancia que tendrá 14 autoridades, siete titulares y siete suplentes en el ámbito nacional, los candidatos con mayor votación son:
Titulares
Bernardo Huarachi Tola (16,51 por ciento )
Deysi Villagomez Velasco (9,02 por ciento )
Gabriela Cinthia Armijo Paz (7,00 por ciento )
Javier Peñafiel Bravo (5,76 por ciento )
Juan Ricardo Soto Butrón (5,36 por ciento )
Lucio Fuentes Hinojosa (5,34 por ciento )
Paty Yola Paucara Paco (4,68 por ciento )
Suplentes
Isabel Ortuño Ibáñez (4,26 por ciento )
Lidia Chipana Chirinos (3,88 por ciento )
Mario Pacosillo Calsina (3,69 por ciento )
Katia López Arrueta (3,58 por ciento )
Javier Aramayo Caballero (3,19 por ciento )
Mirian Gloria Pacheco Herrera (3,19 por ciento )
Rommy Colque Ballesteros (2,99 por ciento )
Consejo de la Magistratura
Para el Consejo de la Magistratura, que consta de diez magistrados, cinco titulares y cinco suplentes en el ámbito nacional, los postulantes con mayor votación son:
Titulares
Cristina Mamani Aguilar (26,30 por ciento )
Wilma Mamani Cruz (8,73 por ciento )
Freddy Sanabria Taboada (8,70 por ciento )
Roger Gonzalo Triveño Herbas ( 7,98 por ciento )
Ernesto Aranibar Sagárnaga (6,83 por ciento )
Suplentes
Wilber Choque Cruz (6,34 por ciento )
Magdalena Teodora Alanoca C. (5,99 por ciento )
Roxana Orellana Mercado (5,65 por ciento )
Emilio Osvaldo Patiño Berdeja (4,62 por ciento )
Juan Orlando Ríos Luna (4,31 por ciento )
Tribunal Constitucional
El futuro Tribunal Constitucional constará de 14 autoridades, siete titulares y siete suplentes, de acuerdo a datos del Órgano Electoral, los candidatos con mayor votación son:
Titulares
Gualberto Cusi Mamani (15,63 por ciento )
Efren Choque Capuma (10,52 por ciento )
Ligia Mónica Velásquez Castaños (7,25 por ciento )
Mirtha Camacho Quiroga (5,97 por ciento )
Ruddy José Flores Monterrey (5,73 por ciento )
Neldy Virginia Andrade Martínez (5,24 por ciento )
Soraida Rosario Chanez Chire (5,04 por ciento )
Suplentes
Macario Lahor Cortez Chavez (4,42 por ciento )
Milton Hugo Mendoza Miranda (4,05 por ciento )
Blanca Isabel Alarcón Yampasi (3,84 por ciento )
Juan Oswaldo Valencia Alvarado (3,84 por ciento )
Carmen Silvana Sandoval Landívar (3,65 por ciento )
Edith Vilma Oroz Carrasco (2,82 por ciento )
Zenón Hugo Bacarreza Morales (2,45 por ciento )
Tribunal Supremo de Justicia
El Tribunal Supremo de Justicia estará conformado por 18 candidatos electos, nueve titulares y nueve suplentes de circunscripción departamental, es decir dos por departamento.
Chuquisaca
Rita Susana Nava Durán 40,96 por ciento
Javier Medardo Serrano Llanos 35,01 por ciento
La Paz
Maritza Suntura Juaniquina 48,66 por ciento
William Eduardo Alave Laura 36,75 por ciento
Cochabamba
Fidel Marcos Tordoya Rivas 42,29 por ciento
María Lourdes Bustamante Ramírez 41,28 por ciento
Oruro
Rómulo Calle Mamani 56,39 por ciento
Ana Adela Quispe Cuba 42,75 por ciento
Potosi
Elisa Sánchez Mamani 41,74 por ciento
Pastor Segundo Mamani Villca 40,97 por ciento
Tarija
Carmen Nuñez Villegas 52,82 por ciento
Antonio Guido Campero Segovia 51,10 por ciento
Santa Cruz,
Jorge Isaac Von Borries Méndez 56,38 por ciento
María Arminda Ríos García 35,97 por ciento
Beni
Silvana Rojas Panoso 57,44 por ciento
Gonzalo Hurtado Zamorano 57,02 por ciento
Pando
Norka Natalia Mercado Guzmán 76,75 por ciento
Delfín Humberto Betancourt Chinchilla 66,94 por ciento
Aduana identifica ocho mil vehículos robados
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-10-25&idn=57152
En la presente entrevista, Marlene Ardaya, quien asumió en enero de 2010 la presidencia de la Aduana Nacional de Bolivia, realizó un balance del proceso de nacionalización de autos indocumentados, que concluye el 7 de noviembre de este año, al cual calificó de exitoso y "producto estrella" de las actividades que ejecuta su gestión.
—¿Cómo marcha este proceso que acaba el 7 de noviembre?
—La nacionalización se constituye prácticamente en un producto estrella, podríamos decir, a pesar de las críticas que hubiesen. ¿Por qué producto estrella?, primero por la respuesta rápida de la Aduana ante la emisión de la Ley 133.
—Hablando de cifras ¿cuánto se ha avanzado?
—Haciendo una evaluación de la nacionalización, ya prácticamente estamos al cierre con un 96 por ciento del total programado. Se debe recordar que después de que hubo la depuración de registros, que era de 128 mil vehículos inicialmente, hemos llegado a un total de 123.326, de ésos la Aduana ya programó más o menos 119 mil, lo que implica decir que de esa cantidad se han acercado a Diprove (Dirección de Prevención contra el Robo de Vehículos) 62 mil.
De eso, la Aduana ya ha nacionalizado alrededor de 55 mil vehículos. Ahora ¿por qué ese rezago?, porque lamentablemente todos esperan hasta el último momento.
—¿Qué resultados se obtuvo con las alianzas con otros países?
—Prueba de estas alianzas estratégicas, que también se constituyen en uno de los logros de la Aduana Nacional, con Chile se ha logrado identificar 6.173 vehículos que habrían ingresado al país después de la Ley 133, nos han remitido la información y posteriormente se ha procedido al bloqueo. Entendemos que éste es un gran avance porque nos está permitiendo tener una nacionalización un poco más clara, más transparente.
Es en este sentido que hemos logrado tener contacto con todos los países (limítrofes) gracias al compromiso del propio Estado a devolver los vehículos robados, porque se debe recordar que en el momento de la nacionalización Bolivia estuvo muy etiquetada por estos países, Brasil, especialmente, que decía en su momento que íbamos a nacionalizar vehículos robados. Sin embargo, creo que hemos cubierto las expectativas con operativos interesantes, como el realizado en Challapata (la pasada semana), donde se decomisaron 33 vehículos que ya habían ingresado después de la ley.
—¿La gente está cumpliendo con los pagos por el trámite?
—Los datos que se muestran incluso en la forma de pago nos han hecho conocer que aproximadamente un 99 por ciento ha pagado en efectivo. Es muy poco lo que tendríamos como mora, que debería darse, como dice la ley, en pagos diferidos o pagos a cuotas.
Hoy hay sectores que todavía se oponen al proceso de nacionalización, ellos consideran que es muy caro una nacionalización bajo un programa transitorio, pero creo que es una señal importante de la administración tributaria y también del Estado, en el sentido de que no vuelvan a acumularse los vehículos indocumentados, porque había muchas voces que decían... esto va a volver a suceder, que en un año nuevamente se podría estar pensando en este tipo de programas...., no es así, las multas que se han puesto y el gravamen arancelario han duplicado prácticamente los costos.
—¿Qué tanto le puede costar a uno tener un auto indocumentado?
—Simplemente para una referencia, un vehículo normal se lo hubiera ingresado (al país) con documentos hasta con 6 mil dólares, un proceso de nacionalización normal, pero bajo la actual circunstancia, con las multas y los aranceles que han incidido, obviamente está alcanzando (una legalización) hasta los 10 mil dólares.
Creo que éste es un mensaje muy claro del Estado y de la propia administración en sí, de que la gente no debía tener vehículos indocumentados o cualquier otro tipo de mercancía, porque le costará más hacer (la legalización) en un programa excepcional, como el que se está realizando, en relación a un programa normal.
Es un trabajo muy duro el que nos espera los últimos días, el pensar sólo en el 7 de noviembre, más que todo a las 23.59 de ese día, es un poco complicado, y ahí lanzamos la seria advertencia de que deberían tener el Documento Único de Importación validado en el sistema informático de la Aduana Nacional.
Creemos que ése es un mensaje que lo estamos dando continuamente y esperemos que no esperen el último momento, porque de no seguir el trámite se va a proceder a la incautación.
—¿La Aduana logrará nacionalizar el resto de los vehículos que faltan?
—En realidad estamos terminando ya los 123 mil que teníamos como dato, lo que tenemos que entender es que no es un tema ya aduanero, sino tiene que ver con que la gente se dio cuenta de que no le engañará al Estado, ni a la administración tributaria, cuando ya tenemos bases de datos que han arrojado alrededor de 8 mil vehículos que estaban robados.
Entonces, de pronto la gente está susceptible de acercarse por el hecho de que saben que no van a poder pasar filtros. El primer filtro es el de Diprove, pero ese filtro también está conectado al sistema de la Aduana Nacional, por tanto no podría pasar de por medio una instancia más, aunque sí se han dado algunos casos que han sido sujetos de investigación.
—¿De dónde son estos vehículos robados?—En algunos casos son aquellos que han sido nacionalizados en Chile, es decir para circulación en zona chilena (...). Sin embargo, también se podría haber dado en el caso de Brasil, es decir, haber sido internados como turismo. Ya están identificados. Ingresaron como turismo por tres meses, pero ya tienen otro propietario aquí en Bolivia intentando engañar al Estado.
—¿Cuánto se ha recaudado hasta el momento por la nacionalización?—Ese dato no lo quisiéramos dar, entiendo que es atribución del propio Ministro de Economía (Luis Arce Catacora), entiendo que él dará esa información, pero según las consideraciones consideramos que el programa es exitoso.
Canadá es el mayor consumidor de amaranto boliviano
La Paz, 24 oct (ABI).- El mercado canadiense se mantiene como el mayor consumidor del amaranto boliviano que pretende incrementar su producción en busca de otros mercados, informó el lunes el director de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas y Originarias (CIOEC), Javier Valda.
"El mercado canadiense ahora es el mayor consumidor de amaranto y el volumen de exportación es de 6 a 7 toneladas anuales", remarcó.
Informó que esa producción y la venta a mercados canadienses benefician al menos a 10.000 pequeños productores, entre ellas Irupana (La Paz), Tarija y las regiones norte, centro y sur de Chuquisaca.
Indicó que existen posibilidades de exportación a Europa, pero se necesita un incremento en la producción, razón por la cual las Gobernaciones de Chuquisaca y Tarija implementan programas de apoyo e incentivo la producción y consumo de ese alimento nutritivo.
El amaranto es un cereal andino que, a pesar de sus nutrientes y maravillosas propiedades su producción, disminuyó en Bolivia por falta de incentivo.
Según estudios, ese alimento se cultiva en América desde hace 5.000 a 7.000 años, probablemente los primeros en utilizarlo como un cultivo altamente productivo fueron los mayas, de quienes otros pueblos de América, entre ellos los aztecas y los incas, aprendieron su consumo.
De acuerdo a medios escritos, en Bolivia un 70 por ciento de la producción de amaranto está bajo las normas de la agricultura.
Entre los países que participan en el comercio mundial de Amaranto se encuentra Argentina que tiene una participación del 49,13 por ciento, seguida de Perú con 45,24 por ciento, México con 3,02, Bolivia con 0,36 por ciento, Ecuador con 0,25 y otros con un 2 por ciento.
Investigan llamadas de allegados a narcogeneral a la embajada de EE.UU.
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=139957&EditionId=2695
En el caso Sanabria, la Fiscalía pidió ampliar las pesquisas a la esposa del coronel Milton Sánchez, Beatriz Salazar, porque llamó desde su celular a René Sanabria, y a Sergio R.V. quien a su vez hizo llamadas a un número registrado como de la Embajada de EEUU.
La solicitud de ampliación de investigación y toma de declaraciones relacionadas con el caso Sanabria fue presentada por la comisión de fiscales de Sustancias Controladas que investiga los vínculos del exdirector del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein), general (r) René Sanabria Oropeza, condenado a 14 años de cárcel en Estados Unidos, por conspirar para traficar cocaína hacia ese país.
La comisión de fiscales antinarcóticos hizo esta solicitud tras conocer un informe de la Jefatura Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que devela un flujo de llamadas entre el celular de Beatriz Patricia Salazar de Sánchez, esposa del coronel de policía Milton Sánchez Pantoja, implicado en el caso que fue enviado a la cárcel de San Pedro el 26 de febrero, y René Sanabria.
El análisis de llamadas también detectó, según la FELCN, un número registrado a nombre de Sergio G.R.V., quien tuvo contacto con un número del Ministerio de Gobierno, con Raúl Oña Mondaca (otro implicado en el caso) y un celular registrado a nombre de la Embajada de Estados Unidos.
La Razón buscó el pronunciamiento de la citada legación diplomática, pero hasta la tarde de ayer no tuvo una respuesta.
Detalle. Respecto a la esposa de Sánchez Pantoja, la FELCN sostiene que tuvo “una frecuencia de llamadas de 85 repeticiones” con el número de celular registrado a nombre de René Sanabria. También refiere contacto telefónico con un celular registrado a nombre del Ministerio de Gobierno y otro a nombre del “proyecto UT”.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el coronel Sánchez Pantoja fue uno de los primeros detenidos en Bolivia, luego de ser identificado como presunto nexo de la red de narcotráfico que habría realizado un envío de 144 kilos de cocaína a Estados Unidos el 2010.
Junto al mayor Raúl Oña Moncada y los capitanes capitán Felsi Calderón Gil y Fernando Siles Ríos, policías que trabajaban al mando de Sanabria en lo que fue el Cigein, Sánchez Pantoja fue enviado a San Pedro dos días después de que Sanabria fuera detenido en Panamá y trasladado luego a Estados Unidos (EEUU).
El informe de la FELCN indica que se buscó referencias sobre Rainer Knez Vaca Díez, el presunto contacto de la DEA que permitió atrapar a Sanabria y que, dentro del cuaderno de investigaciones, aparece como quien compró los pasajes para que el exjefe antidroga viaje a Panamá con Juan Marcelo Foronda y Milton Sánchez Pantoja, que debía acompañarlos, pero que finalmente se quedó en Bolivia.
Contacto. En relación con Knez Vaca Díez se dice que “no existe información”, pero “se establece que estaría casado con María Alejandra Arze Devia”. Añaden que sería de nacionalidad colombiana y que registra como último domicilio un inmueble ubicado en Santa Cruz.
En el afán de “confirmar o descartar” la participación de esta persona, así como de la esposa de Sánchez Pantoja, los fiscales sugieren ampliar las investigaciones en torno a ellas, por lo que el Ministerio Público hizo la solicitud respectiva al Juzgado 9° de Instrucción en lo Penal-Cautelar.
En Bolivia son cuatro los fiscales que dirigen las pesquisas del caso Sanabria: Sara Villarroel, Víctor Hugo Millán, Elsner Cruz y Juan Quispe Ulo. Fuera de nuestras fronteras, Sanabria fue acusado de concretar un negocio de $us 5,6 millones mediante el envío de 2,8 toneladas de cocaína a Miami, Estados Unidos.
El juicio toca a 24 personasLa investigación de la Fiscalía en torno al general (r) René Sanabria involucra al menos a 24 personas a la fecha. 13 guardan detención preventiva en Bolivia y dos, el propio Sanabria y Marcelo Foronda Azero, ya cumplen sus condenas en Estados Unidos.
Los primeros identificados como nexos de la red de narcotráfico que habría enviado 144 kilos de droga a Estados Unidos el 2010 fueron el coronel Milton Sánchez Pantoja, el mayor Raúl Oña y los capitanes Felsi Calderón Gil y Fernando Siles Ríos, quienes trabajaban al mando de Sanabria en el Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein).
En la imputación inicial de la comisión que indaga el caso en Bolivia, figuran Miguel M.T., Andrés S., Brenda D.M. y Carlos P.A., de quienes no se conoce el estado procesal. También está la esposa de Sanabria, Lourdes Nava, quien habría quemado documentos relacionados con el caso. En tanto, Jorge Sánchez Pantoja y Rainer Knez Vaca Díez tienen orden de captura.
El capitán Juan José Ugarte, el sargento Paulino Tapia Flores y la cabo Betty Poma Sanga, de la FELCN de Oruro, fueron encarcelados porque no detectaron la droga que iba camuflada en una carga de zinc. Por el tema del mineral fue detenido el abogado Yanik Valenzuela Foronda, sobrino de Foronda Azero. Los hermanos Wálter y Gonzalo Ojeda también fueron remitidos a San Pedro, por dotar el zinc, así como el peruano Orlando Igreda Coz.
Las esposas de Oña y Foronda Azero, Sandra Durán y Patricia Illanes, respectivamente, fueron las últimas detenidas. A ellas se suman ahora, como investigadas, las esposas de Milton Sánchez y de Rainer Knez Vaca Díez.
Maltrato contra migrantes bolivianos en Argentina
Por Álvaro Careaga Vaca Cortez
DIARIO PAGINA 12, LA PAZ.-
http://www.paginasiete.bo/2011-10-25/Opinion/Destacados/17Opi00225-10-11-P720111025MAR.aspx
No es la primera vez, es recurrente la falta de respeto, el maltrato y la violencia con la que algunos grupos delincuenciales someten a los paisanos bolivianos en Argentina. Por este mismo medio lo denunciamos a principios de año y no hay quién haga algo por nuestros compatriotas.
El consulado de Bolivia en la Patagonia pidió a las autoridades municipales, policiales y del Ministerio Público que intervengan para esclarecer el asalto violento contra agricultores en las ciudades de Pedro Luro y Buratovich, situadas al sur de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con los informes del periódico La Nueva Provincia de Bahía Blanca, hace dos semanas “tres sujetos asaltaron a Ramón Choque Carranza cuando llegó a su propiedad en el sur de Villarino y lo amenazaron con un arma de fuego. Lo llevaron a un descampado y exigieron dinero para liberarlo”.
Similar agresión sufrió otro agricultor de cebollas en la localidad de Mayor Buratovich. El matutino reportó también que “una banda de delincuentes armados asaltó, en un campo de Mayor Buratovich, a una familia de productores cebolleros bolivianos, quienes fueron privados de su libertad, agredidos y despojados de una cuantiosa suma de dinero y una camioneta, a bordo de la cual escaparon los asaltantes”.
Las crónicas periodísticas señalan el hecho con actitudes de violencia extrema contra trabajadores de origen boliviano. “Si lee esto, le pido al intendente que tenga piedad de los bolivianos, que somos trabajadores y nos esforzamos todos los días”, fue el conmovedor testimonio de Carranza al diario La Nueva Provincia, luego del brutal intento de asalto por parte de tres delincuentes, quienes le exigieron a su hermano la entrega de dinero para liberarlo.
Para colmo de males; el 35% de la población argentina prefiere no vivir en barrios con grandes concentraciones de habitantes de origen judío o boliviano, señala un informe sobre antisemitismo, que fue presentado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. El sondeo se realizó sobre 1.600 casos en diversas localidades de Argentina, clases sociales y cupos etarios. Desde 1913, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas auspicia investigaciones que consisten en luchar contra el antisemitismo y toda forma de discriminación, en ese país y en el mundo, a través de la educación, información y legislación.
Varios son los hechos de discriminación y malos tratos denunciados en contra de bolivianos, sin que nadie a la fecha interponga sus buenos oficios, para frenar de raíz estos hechos. Hace falta una reorientación operativa en el contexto de las relaciones internacionales con países vecinos, que hagan respetar nuestros derechos como ciudadanos. Los migrantes están dejados a su suerte.
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