TITULARES
• Víctimas de genocidio exigen a Obama entregar a expresidente boliviano
• Militar condenado pide “pensar bien” antes de acatar órdenes
• Tres generales dicen que sentencia minará obediencia de FFAA
• Juicio por masacre de octubre 2003 costó Bs. 500.000
• Fiscal General sostiene que condena es muy suave
• Dos exministros condenados quedarán libres
• Exministro dice que Sánchez de Lozada es el verdadero responsable
• Intransigencia de marchistas: Fracasa el diálogo por quinta vez
• Día del Afroboliviano
• Defensoría del Pueblo trabajará en fronteras contra la trata
• Productores de quinua obtendrán más apoyo
• Aduana detectó ocho mil vehículos robados
• Tribunal Electoral difundirá datos de los candidatos al Órgano Judicial
Víctimas de genocidio piden a Obama entregar a expresidente boliviano
LA RAZON.-
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136722&EditionId=2639
Tras la condena a siete exautoridades de Gonzalo Sánchez de Lozada por los hechos de octubre del 2003, el caso se traslada a escenarios internacionales. Familiares de víctimas y la bancada del MAS pedirán la extradición de nueve personas, mientras un sentenciado apelará a órganos externos.
Las víctimas anunciaron que irán hasta Estados Unidos para exigir al gobierno de Barack Obama que encamine la extradición del expresidente Gonzalo?Sánchez de Lozada, residente en ese país desde la Guerra del Gas de octubre del 2003.
Además de Sánchez de Lozada, se pedirá la extradición de los exministros Jorge Berindoague, Guido Áñez y del exilado político Manfred Reyes Villa, advirtió el abogado de familiares de las víctimas, Freddy Ávalos.
De acuerdo con el viceministro de Justicia, Nelson Cox, la sentencia judicial “fortalece e impulsa el proceso de extradición de Sánchez de Lozada, y de sus exministros Berindoague, Áñez, Mirtha Quevedo, Javier Tórrez, Jorge Torres Obleas, Dante Pino y Hugo Carvajal, quienes salieron del país y residen en Estados Unidos, Perú y España.
El martes, la Corte Suprema de Justicia encontró culpables de “genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta” a dos exministros de Sánchez de Lozada, Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa, y a los exjefes militares Roberto?Claros, Juan Véliz Herrera, Osvaldo Quiroga, Luis Alberto Aranda y Gonzalo Rocabado, fijando penas de tres y 15 años de presidio.
El vocero del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Luis Eduardo Siles, reclamó ayer la creación de una comisión internacional que investigue “a profundidad y exhaustivamente” los hechos de octubre.
“Me parece inaudito que el señor (Roberto) de la Cruz esté vociferando sobre este tema de la sentencia, cuando él es un responsable de los hechos (...) Que se investigue si habían militares chilenos en un hotel recibiendo órdenes del Gobierno y el rol del señor (Carlos)?Mesa porque anmistió a los responsables a través de un decreto”, manifestó Siles.
Apelación. El excomandante General de Ejército entre agosto del 2002 y noviembre del 2003, Juan Véliz Herrera, sentenciado a 15 años de prisión, que apelará la decisión de la Corte Suprema de Justicia ante organismos externos.
“Ante semejante injusticia no voy a descansar en proclamar mi inocencia a través de los medios que me permita la ley nacional e internacional”, manifestó. La sentencia contra las exautoridades se dio a conocer tras siete días de debate por el fallo y ocho años de proceso en la Corte Suprema, cuyo domicilio es la ciudad de Sucre.
La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) sugerirá a la Asamblea Legislativa que se conforme una comisión especial para que se traslade a Estados Unidos para reclamar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, según anunció ayer la diputada Emiliana Ayza.
El MNR critica la sentencia
A través de un comunicado, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) sostiene que el fallo del caso Octubre es un desconocimiento “grosero” a los más elementales principios del derecho, del debido proceso y del derecho a la defensa. La sentencia, según el comunicado, pasará a la historia como una arbitrariedad que prueba cuánto puede distorsionarse el concepto de justicia. En el documento, el MNR considera necesaria la convocatoria a una Comisión Internacional de la Verdad sobre los hechos de septiembre y octubre del 2003, con el objetivo de investigar y documentar “lo que verdaderamente ocurrió”. El MNR?enumeró cinco violaciones a la ley y al debido proceso cometidos en el juicio.
El MAS sugiere que una comisión vaya a EEUU
La bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) sugerirá a la Asamblea Legislativa que se organice una comisión especial para que viaje a Estados Unidos con el fin de acelerar los trámites para la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien reside Washington, acusado como principal responsable del genocidio del caso Octubre.
“Seguramente nosotros vamos a decidir como Asamblea nacional que se arme una comisión para que vaya a Estados Unidos donde están esos masacradores que han dañado al pueblo boliviano, que vaya una comisión para pedir a las autoridades que lo extraditen”, sostuvo la subjefe de la bancada del MAS, Emiliana Ayza.
Edwin Tupa, jefe de la bancada del oficialismo, señaló que esta comisión sería multipartidaria, esto con el objetivo de evitar comentarios de otros partidos de que el MAS estaría organizando una persecución política.
“Queremos evitar que se refieran a nosotros de esa manera y los integrantes (de la comisión), que no tendrían nada que esconder ni nada con la oposición, deberían cumplir el mandato de la Asamblea”, manifestó Tupa. Ayza afirmó además que no está de acuerdo con la sentencia de tres años a Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa.
Puntos de vista
Luis E. Siles: ‘No están los causantes de este hecho’
“(El fallo) no corresponde a un juicio que haya tenido los requisitos mínimos de imparcialidad, no están los que llamaron a la guerra civil, deberían estar (Jaime) Solares, Felipe Quispe, muchos que convocaron a las armas. Proponemos que se organice una comisión internacional que investigue a profundidad los hechos”. Vocero del MNR.
Juan Véliz: ‘Se juzga la conducta, no el cargo’
“Esta sentencia es injusta con mi persona y las Fuerzas Armadas, los hechos ocurridos el 2003 no fueron provocados ni planificados por la FFAA. Me condenan porque fui comandante del Ejército en el gobierno de Sánchez de Lozada, lo cual no es un delito, ni un tipo penal, porque se juzga la conducta humana y no el cargo”. Sentenciado.
Ángel Irusta: ‘El Tribunal actuó con imparcialidad’
“Este Tribunal ha actuado con imparcialidad y dejando de lado cualquier presión, hemos actuado conforme a la Constitución y las leyes... la ley no establece que aquellos que salen a guardar el orden puedan hacer abuso de la autoridad, tienen direcciones y reglamentos y especialmente está el Código Penal, nadie puede matar”. Ministro del Tribunal
Emiliana Ayza: ‘Tres años es muy poco tiempo’
“No estamos muy de acuerdo con que los acusados tengan sentencia corta, tres años es muy poco tiempo en relación al daño que hicieron al pueblo boliviano, pedimos que tengan por lo menos 30 años, pedimos una justicia digna para todos. Vamos a pedir este reclamo a través del Ministerio Público”. Subjefa bancada MAS
Militar condenado pide “pensar bien” antes de acatar órdenes
PAGINA SIETE.-
http://www.paginasiete.bo/2011-09-01/Nacional/NoticiaPrincipal/06Nal01010911.aspx
Lo único que puedo pedirles a mis camaradas es que tengan mucho cuidado cuando tengan que cumplir con la misión constitucional y las órdenes del capitán general de las Fuerzas Armadas (el Presidente) porque no sea que ellos se vean en la misma situación que me encuentro hoy'”. Esa fue la advertencia que pronunció desde el penal de San Roque el ex comandante general del Ejército, general Juan Véliz.
Ante la presión de los periodistas, las autoridades de la penitenciaría de San Roque finalmente dieron luz verde para las declaraciones de los internos que deseaban hablar con los medios, en este caso Juan Véliz y Adalberto Kuajara, ambos sentenciados con privación de libertad (15 años y medio y tres años, respectivamente) junto a un ex ministro y cuatro ex autoridades del alto mando militar en el fallo del juicio del caso octubre 2003. Para tal efecto se improvisó una sala de conferencias en uno de los ambientes externos de la cárcel.
En este contexto, Véliz exteriorizó su desacuerdo con la sentencia que recibió, puesto que según su criterio sólo habría cumplido con lo que manda la Constitución. “(') con todo esto nosotros estamos viendo que se ha criminalizado todo el régimen de las FFAA, entonces de aquí en adelante los militares tendrán que pensar muy bien antes de acatar las órdenes del capitán general de las FFAA”. Ante la consulta de que ¿esta sentencia pone en duda la subordinación de las FFAA ante el Estado?, Véliz dijo: “Claro que sí (') si nosotros lo único que hemos hecho es cumplir las órdenes del capitán de las FFAA a través de los canales correspondientes (') y yo jamás he dado una disposición que sea contraria a lo que manda la Constitución y la Ley Orgánica de las FFAA”, dijo.
Extradición de Goni
El abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, aseguró que ahora el camino para concretar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada está abierto, puesto que se ratificó que en octubre de 2003 hubo una masacre. “La extradición es una responsabilidad fundamental del Gobierno boliviano, la extradición se tramita de Estado a Estado, aunque nuestro pedido al Gobierno es que puedan agilizar y ser más contundentes en la tramitación de esta solicitud, pero es importante que ya se haya negociado un acuerdo marco con EEUU, que incluye un punto sobre la cooperación internacional, porque en el marco de esto se incluye la posibilidad de extradición”.
Durante sus últimas declaraciones, el fiscal general del Estado, Mario Uribe, reconoció que los principales responsables por octubre 2003 no fueron considerados en el juicio. “Estoy reorganizando el equipo de fiscales de recursos (') y ha de continuar trabajando con dos propósitos fundamentales: el primero, lograr la extradición del señor Sánchez de Lozada, que es muy difícil ('). También vamos a trabajar en pedir la revocatoria del asilo o refugio político que se les ha otorgado en el Perú a algunos involucrados en el juicio; estoy tomando todos los recaudos para que en cualquier momento que se presente cualquiera de los acusados en este juicio, inmediatamente el Ministerio Público esté preparado para iniciar el juicio oral”, enfatizó.
Tres generales dicen que sentencia minará obediencia de FFAA
PAGINA SIETE.-
http://www.paginasiete.bo/2011-09-01/Nacional/Destacados/06Nal02010911.aspx
Tres generales en retiro de las Fuerzas Armadas consideran que la sentencia contra cinco jefes militares por el caso octubre 2003 afectará a la obediencia y a la subordinación de esa entidad castrense con relación al poder político.
Alvin Anaya, Víctor Jemio y Marcelo Antezana sostienen que ese fallo pondrá en aprietos a las FFAA cuando reciban una orden presidencial y tengan en frente la disyuntiva de cumplir o no, sabiendo que corren el riesgo de ser enviados a la cárcel por ello.
“Es difícil que la institución no aprenda una lección de tan duro impacto, se podrá llegar en el futuro a la insubordinación o tal vez a una figura del ‘se acata pero no se cumple’, que significa tibieza o resistencia de los subalternos a cumplir órdenes del factor político”, sostiene Jemio.
El martes, los generales Roberto Claros, Juan Véliz Herrera, Osvaldo Quiroga, Luis Aranda Granados y Gonzalo Rocabado fueron sentenciados a más de diez años de cárcel, junto a dos ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya pena de éstos alcanza a tres años. Jemio sostiene que esa sentencia “significa un duro revés a la institucionalidad” de las FFAA, ya que su “profesionalidad se puso en duda”, puesto que “ésta se manifiesta en la obediencia disciplinada sin la posibilidad” de incumplimiento de órdenes. Antezana y Anaya coinciden que a futuro se verán las secuelas de este episodio. Dejan entrever que ya no es posible pensar que esa institución castrense tenga una actitud eminentemente obediente en caso de convulsión y defensa del Estado de derecho y la democracia (la estabilidad del Estado y del Gobierno “legalmente constituido”), como manda la Constitución. “No sé si las FFAA cumplirán con la ley o dirán ‘señores yo no salgo porque no quiero ir preso hasta 20 años’”, dice Anaya.
“Indistintamente que Gobierno esté en el poder, cualquier mando militar lo pensará mucho antes de asumir la responsabilidad de cumplimiento de una orden del capitán general (Presidente)”, añade Antezana. Éste para terminar ensaya una idea: “Si sé que me encarcelarán si cumplo la misión constitucional ante una convulsión interna, de repente me conviene aliarme con los movimientos sociales o los insurrectos, para derrocar cualquier Gobierno y así evitar que no me procesen a futuro”.
Juicio por masacre de octubre 2003 costó Bs. 500.000
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-01&idn=53496
El juicio de responsabilidades por las muertes de septiembre y octubre de 2003, cuya sentencia será leída íntegramente este viernes en Sucre, le costó al Estado boliviano un total de 500 mil bolivianos.
La información fue proporcionada por el fiscal general del Estado, Mario Uribe Melendres, quien explicó que el Ministerio Público realizó ese gasto en el traslado de testigos desde La Paz a Sucre, el pago de transporte, hospedaje y otros.
“Todo el proceso, el juicio en sí, ha costado 500 mil bolivianos. Todo esto está documentado y será presentado para que los sentenciados paguen las costas judiciales”, manifestó Uribe.
La máxima autoridad del Ministerio Público señaló además que el trabajo pendiente es realizar el resarcimiento de daños a las víctimas y familiares de los fallecidos.
“Inmediatamente se dé lectura íntegra a la sentencia contra los siete acusados, el Ministerio Público iniciará la demanda de resarcimiento del daño civil ocasionado a las víctimas”, agregó el Fiscal General.
En el proceso de trámite se determinará el monto del daño civil ocasionado, que será cubierto por los siete condenados a prisión.
Fiscal General dice que condena es muy suave
El Fiscal General del Estado expresó, a nombre del Ministerio Público, su desacuerdo con la sentencia de 15 y 3 años de prisión para los acusados del juicio.
“Hemos solicitado la pena máxima, incluso agravante hasta 25 años. Es un aspecto (el fallo) con el que el Ministerio Público no está de acuerdo, y las víctimas tampoco”, mencionó Uribe.
La autoridad además manifestó que el fallo es inapelable y en última instancia, por lo que deberá ser cumplido tal como lo dictaminó el Tribunal de Sentencia.
Pese a no estar satisfecho con el dictamen, Uribe calificó la sentencia como histórica en el país.
“Con esta condena se ha demostrado la veracidad de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público y las pruebas de la masacre de octubre de 2003”, señaló el Fiscal General.
CODIFICACIÓN DE RECLUSOS
Tras conocerse la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio en el caso octubre 2003, los sentenciados ingresaron al penal de San Roque y recibieron la numeración correspondiente (código de reclusos) que los identifica en el interior del recinto penitenciario.
Los sentenciados ingresaron con la siguiente numeración: Erick Alberto Reyes Villa Nº 262; Adalberto Kuajara Arandia Nº 263; Roberto Claros Flores Nº 264; Gonzalo Alberto Rocabado Nº 265; Luis Alberto Granados Nº 266; y José Oswaldo Quiroga el Nº 267. Juan Véliz tiene otro código porque ingresó al penal anteriormente.
Datos
Sentencia: el Tribunal de Juicio en el caso octubre 2003 condenó a 15 y 3 años de cárcel a cinco ex miembros del Alto Mando Militar de 2003 y a dos ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Libertad: los ex ministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara pueden beneficiarse con la suspensión condicional de la pena y quedar libres.
Dos exministros condenados quedarán libres
Los ex ministros Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa, sentenciados a tres años de prisión en el juicio Octubre Negro, tienen el beneficio de la suspensión condicional de la pena, establecido en el Código de Procedimiento Penal, que significa quedar en libertad pese a la condena.
Ambos condenados no presentan ninguna sentencia por delito doloso en los últimos cinco años, requisito para solicitar este beneficio.
Según la secretaría del Tribunal de Sentencia, que llevó adelante el proceso Octubre Negro, los sentenciados aún no han presentado la solicitud, y según el abogado de ambos ex ministros, Ariel Coronado, se hará el trámite una vez que comience la lectura completa de la sentencia, prevista para este viernes desde las 14.30 en la Corte Suprema de Justicia, en Sucre.
Los condenados pueden pedir su traslado de cárcel
El presidente del Tribunal de Sentencia, Ángel Irusta, informó ayer que los sentenciados en el juicio por el caso octubre 2003 pueden pedir traslado de prisión por razones de salud y familiares.
“Los condenados, amparados en la Ley de Ejecución Penal, pueden en sus casos solicitar el traslado al lugar donde se encuentren sus familiares por problemas de salud, a pesar de que en la parte resolutiva se determina que deben guardar prisión en la cárcel de San Roque”, expresó.
Irusta además aclaró que el fallo en el caso octubre 2003, que aplica 3, 10, 11 y 15 años contra dos ex ministros y cinco jefes militares, es totalmente inapelable.
La autoridad del Tribunal manifestó que la Constitución Política del Estado de 1967 y la Ley Nº 4045 de Juicio de Responsabilidades a Altas Autoridades, con la que se sustanció el juicio de responsabilidades, establecen que estos casos de juicio de privilegio son en única instancia, por tanto, no procede apelación ni recurso alguno.
El comentario de la autoridad judicial surgió a raíz del anuncio de los familiares de las víctimas de presentar una solicitud de revisión extraordinaria de sentencia para que las penas sean incrementadas hasta 25 y 30 años de prisión, antes de que el viernes 2 de septiembre se dé lectura a la sentencia completa y fundamentada.
Asimismo, sostuvo que lo único que los condenados han perdido ha sido la libertad, pero el resto de sus derechos se mantienen intactos y deben ser respetados, como la solicitud de traslado a otra cárcel por los argumentos que puedan exponer en su momento.
Ex ministro dice que Sánchez de Lozada es el verdadero responsable
PAGINA SIETE.-
http://www.paginasiete.bo/2011-09-01/Nacional/Destacados/07Nal03010911.aspx
“Si nosotros nos hemos sometido voluntariamente al proceso, estimo que un nuevo proceso tendría que llevarse adelante con los acusados presentes (') porque no ha habido jamás juicio a Sánchez de Lozada como inicialmente se lo planteó”, dijo ayer Adalberto Kuajara, ex ministro de Trabajo, a tiempo de señalar enfáticamente que los verdaderos responsables de los acontecimientos de octubre 2003 serían Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y el entorno directo del entonces Presidente.
En el mismo tono, el ex comandante general del Ejército, Juan Veliz, dijo que los que deberían ser enjuiciados por los hechos de octubre tendrían que ser “aquellos que participaron en los desórdenes sociales de aquel momento, como fueron los movimientos sociales y el poder político, no quienes no teníamos poder de decisión (')”.
En todo caso a pesar del escenario en el que se encontraban, ambos reclusos mostraron seguridad y tranquilidad durante sus declaraciones. Posteriormente fueron reingresados al penal.
Por otro lado, Kuajara ratificó una vez más que primero espera escuchar la lectura completa de la sentencia. Reveló además que junto con su colega Erick Reyes Villa, en el propósito de financiar su defensa en el juicio invirtieron alrededor de 10.000 dólares por concepto de honorarios para sus defensores. Veliz anunció que apelará a todas las instancias que la legislación nacional lo permita en el país.
Cárcel de Sucre no es segura
Sucre, 31 ago (ABI).- El Penal de San Roque, en Sucre, que alberga desde el martes a 5 ex jefes militares y 2 ex ministros sentenciados a expiar penas de presidio de entre 3 y 15 años, no reúne ni siquiera las condiciones básicas para ser considerada como un penal de mínima seguridad, según la normativa del Régimen Penitenciario boliviano.
"El gobernador del penal de San Roque, teniente coronel Jesús Cardozo, aseguró que en reiteradas ocasiones ha enviado informes sobre los problemas de hacinamiento por la infraestructura inadecuada y por la presencia de 267 internos, 5 y 6 veces más su capacidad instalada.
"Para todos es conocido que el hacinamiento es extremo en este centro penitenciario, sin embargo, son órdenes judiciales que tenemos que acatar. He conversado con los delegados de este recinto para poder albergar a los nuevo internos", dijo el gobernador, en referencia a la llegada de 7 nuevos reclusos procesados en el juicio 'octubre negro'.
Se trata de los ex militares Roberto Claros, Oswaldo Quiroga, Luis Alberto Aranda y Gonzalo Rocabado, quienes junto a los ex ministros Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa ingresaron como nuevos internos al penal después de leída la sentencia del juicio.
El ex general Juan Veliz, condenado a 15 años y medio de reclusión, es interno regular desde marzo pasado por la detención preventiva que pesaba sobre él.
Según el gobernador de San Roque, los nuevos reclusos pasaron su primera noche en una habitación, donde se instalaron literas de doble nivel.
"Aquí no hay ninguna atribución de celdas, hay internos que están bastante tiempo, ellos se ubican de acuerdo a la salida de otros internos y se van ubicando, la mayoría duerme donde puede, en pasillos, en el suelo, en el comedor", informó.
La problemática del hacinamiento en el Penal de San Roque no es ajena a las autoridades, incluso nacionales que el pasado junio declararon como prioridad nacional la construcción de una nueva cárcel en Sucre.
"Declárase de prioridad nacional la construcción de un nuevo Centro Penitenciario en la ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca", dice el artículo 1 de la Ley Nº 140 promulgada por el presidente Evo Morales, el pasado 14 de junio.
El 29 de julio de 2011, autoridades de la Gobernación de Chuquisaca, Gobierno Municipal de Sucre, la Dirección General de Régimen Penitenciario y representantes de organizaciones de Control Social firmaron un convenio para concretar la construcción del nuevo penal.
En ese marco, la Gobernación de Chuquisaca se comprometió a financiar la contratación de una empresa que haga el diseño final del nuevo penal, en tanto que la Alcaldía de Sucre asumió el compromiso de sanear los terrenos donde se instalará la nueva cárcel, en la comunidad de Duraznillo, a cinco kilómetros de Sucre, en el distrito 6.
La Dirección de Régimen Penitenciario, con la firma del convenio, gestionará y solicitará el financiamiento para la construcción en la gestión 2012.
Por su parte, la Comisión Impulsora, conformada por representantes de FEJUVE Chuquisaca, Comité de Vigilancia del Municipio de Sucre, CONALJUVE y la Asamblea Departamental se encargará de realizar el seguimiento al proceso.
Intransigencia de marchistas: Fracasa el diálogo por quinta vez
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-01&idn=53530
El Gobierno denunció ayer que los intereses políticos y la intransigencia de algunos dirigentes indígenas bloquearon el diálogo entre la delegación de ministros de Estado y los representantes marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Las declaraciones surgen luego de que el Gobierno, por quinta vez consecutiva, envió una delegación de ministros para dialogar con los marchistas del Tipnis, marcha que es encabezada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).
En esta ocasión, el diálogo tenía que ser en San Ignacio de Moxos (Beni), pero, a pedido de algunos dirigentes, la delegación de ministros —que contaba con la autorización de tomar decisiones— se trasladó a la localidad de San Borja, en el mismo departamento.
“Entendemos que en este sexto, séptimo intento que tiene el Gobierno de dialogar, no debe haber ninguna otra excusa para no iniciar este diálogo”, señaló el ministro de Comunicación, Iván Canelas, momentos antes de que la delegación del Gobierno arribó a la población de San Borja.
“Si nuevamente rechazan (el diálogo) con una serie de argumentos que definitivamente no son coherentes —agregó Canelas—, demostrarán, nomás, que esta marcha tiene por detrás intereses netamente políticos”.
Luego de varias horas de espera, los representantes marchistas no aparecieron en el lugar de la cita.
INTRANSIGENCIA DIRIGENCIAL
Tras la fallida espera para dialogar, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, quien formó parte de la delegación de ministros que viajaron a Beni para conversar, recordó que las demandas indígenas fueron presentadas casi una semana después de que se inició la marcha del Tipnis.
“Esta marcha se empezó a desarrollar en Trinidad el 15 de agosto, y el pliego petitorio de la marcha fue entregado el 21 de agosto, es decir, 6 días de movilización, casi 100 kilómetros de recorrido desde San Ignacio de Moxos, y recién se desarrolló la plataforma de demandas de la marcha. En caso de que no hubiera voluntad de atender (las demandas) se justificaba una movilización, en este caso las cosas sucedieron al revés”, dijo Romero.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, recordó que “las marchas se hacían para iniciar el diálogo, para que por lo menos dos o tres ministros atiendan a los marchistas. (Ahora), antes y durante esta marcha, estamos detrás de los marchistas rogándoles por dialogar”.
Finalmente, la tercera integrante de dicha comisión, la ministra de Autonomía, Claudia Peña, lamentó que los dirigentes sacrifiquen tanto a sus bases, siendo que tienen que sentarse a dialogar con el Gobierno en algún momento.
“Tarde o temprano nos vamos a tener que sentar en una mesa como estamos sentados ahora, la pregunta es: ¿cuándo?, ¿cuánto sacrificio van a tener que hacer las bases de los dirigentes indígenas antes de que sus dirigentes, líderes, accedan a sentarse en una mesa de diálogo?”, cuestionó.
APOYOS A LA CARRETERA
Romero informó que existen más de 350 resoluciones de varias organizaciones de Beni y Cochabamba que se manifestaron a favor de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
“(Son) campesinos indígenas interculturales, mujeres ‘Bartolina Sisa’, mototaxistas, gremiales. Deben ser ya más o menos unos 350 manifiestos, declaraciones, votos resolutivos de apoyo a la construcción de la carretera”, aseveró.
En la oportunidad, Romero también dio lectura al voto resolutivo del Pacto de Unidad de las organizaciones de San Borja que dan su apoyo “unánime” a la construcción de dicha vía y el completo respaldo al pedido de diálogo realizado por el Gobierno
DEMANDAS INATENDIBLES
En referencia a las 16 demandas presentadas por los dirigentes marchistas del Tipnis y la Cidob, de las cuales sólo una se relaciona con la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, Romero reiteró que algunos de esos puntos son inatendibles porque afectan seriamente a la economía nacional.
“La paralización de las actividades carburíferas en el Aguaragüe (Tarija) impedirá el 90% de las exportaciones del gas de Bolivia. Afectará el 90% de nuestros ingresos fiscales por concepto de venta petrolera. Perjudicará los más de 2 mil millones de dólares anuales que percibe el Estado boliviano; rediscutir el Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad... es un asunto que implica a todos los bolivianos y bolivianas”, aseguró el Ministro, quien lamentó la intransigencia de los dirigentes indígenas que siguen en su marcha.
Alcalde de Alto Beni pide dejar caprichos
El alcalde del municipio de Alto Beni, Joaquín Benito, pidió ayer a los dirigentes marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) dejar de lado su “postura caprichosa” y acceder al diálogo planteado por el Gobierno.
“Quisiéramos, mediante los medios de comunicación, llamar a la reflexión a los hermanos indígenas, sobre todo a sus dirigentes, quienes están conduciendo esa marcha. Que dejen a un lado esa postura caprichosa de no querer dialogar”, señaló el Alcalde.
“Ofrecemos incluso nuestro territorio de Alto Beni para que el diálogo pueda ser allá. Nosotros garantizamos plenamente, si es necesario vamos a atender la alimentación respectiva para los hermanos marchistas, pero queremos que el diálogo ya se lleve adelante”, dijo y luego recordó que las organizaciones de Alto Beni y los colonizadores de La Paz no permitirán que los indígenas marchistas ingresen a ese departamento.
Comité Pro Santa Cruz apoya a los marchistas
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Herland Vaca Díez, aseguró que ahora los indígenas marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) están reconocidos como miembros de esa institución.
“En el Comité Pro Santa Cruz no había representación de los indígenas, ahora sí hay. Entonces, haremos todo lo que podamos por los marchistas desde el punto de vista humano, todo lo que podemos hacer por lo que ellos están reivindicando, que va en beneficio de los recursos naturales”, dijo y reiteró que se enteraran de las necesidades de los marchistas para brindar apoyo.
BLOQUEOS Y RESPALDO
Por otra parte, pobladores de la localidad de Yucumo (Beni) decidieron bloquear desde la noche del martes la ruta de ingreso a la población cerca de la frontera con el departamento de La Paz, con el objetivo de que los marchistas dialoguen con el Gobierno.
“Está totalmente decidido (el bloqueo) con un solo objetivo: que entablen el diálogo. La gente que está marchando está cansadísima y sí quiere el diálogo”, aseguró uno de los dirigentes de la localidad de Yucumo, según un reporte de radio Patria Nueva.
En ese sentido, el diputado del MAS por Beni Antonio Molina señaló que “hay un pronunciamiento del pueblo Yuracaré que indica, en su resolución, que la construcción de ese camino es algo que beneficia.
Día del Afroboliviano
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-01&idn=53479
Como obsequio al Libertador Simón Bolívar, para quien la esclavitud era “la hija de las tinieblas”, se multiplicaron en 1825 los gestos ciudadanos de generosidad patriótica en la recién fundada República de Bolivia. Se había combatido por la libertad, y había que dar libertad a los esclavos.
Fiel a esos principios, señala el periódico El Cóndor de Bolivia en una noticia publicada el 27 de diciembre de 1825, el general Andrés de Santa Cruz fue uno de los primeros en dar libertad a un esclavo suyo, de nombre Domingo.
El entonces “Presidente del Departamento de Chuquisaca” y Ministro de la Corte Superior de Justicia, Casimiro Olañeta, hizo lo mismo con Fortunata y Mariano.
Pero la libertad y la igualdad para miles de ciudadanos en los antiguos territorios de la Real Audiencia de Charcas no llegaría sino más tarde. El proceso revolucionario no alcanzó a esta parte del continente.
En los primeros 25 años de la República los esclavos, a quienes se les llamó “meros deudores”, debían pagar la libertad con su trabajo. Y mientras no honraran esa deuda que se acumulaba día a día con la comida y el techo que recibían de sus amos eran, como lo mandaba la ley, “meros deudores”. Así, bajo esa modalidad, el sistema se mantuvo inalterable hasta 1851.
De hecho, a Bolivia continuaron llegando de África esclavos para trabajar en las minas de Potosí. En 1844, con un tratado firmado con Inglaterra, el país recién abolió el tráfico de esclavos.
Durante la Colonia llegaron esclavos negros de África que habían sido comprados por terratenientes españoles y criollos.
El 23 de septiembre de 1851, Manuel Isidoro Belzu eliminó la figura esclavista de los “meros deudores” y dio libertad a miles de indios y negros.
El pueblo afroboliviano, con toda justicia, tramita en la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para que esa fecha sea declarada como Día Nacional del Pueblo Afroboliviano.
Lo que se busca con ello es que el 23 de septiembre de cada año se visibilice más a esa población y se avance con mayor vigor en el respeto a sus derechos.
Como la expresión cultural más importante de la comunidad es la saya, una combinación de música y baile que procede de otras culturas ancestrales llegadas del África, la fecha será matizada con simposios y encuentros de confraternidad.
Se dice que al sentirse extraños y tan lejos de su lugar de origen, para los esclavos negros la mejor forma de mitigar sus añoranzas se plasmó en manifestaciones etnofolklóricas, como la música y la danza.
La población afroboliviana exige también que se los incluya en una pregunta en el censo del próximo año para establecer el número de su población. En el actual marco constitucional, el Instituto Nacional de Estadística está en la obligación de atender ese pedido.
Y como premio para las personas que luchen contra el racismo y la discriminación, se tramita también la condecoración Pedro Andaverez Peralta, un héroe afroboliviano de la Guerra del Chaco.
Ya en 2010, el Ejecutivo aprobó la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, como parte de las iniciativas para visibilizar a sectores de la sociedad boliviana históricamente marginados.
Defensoría del Pueblo trabajará en fronteras contra la trata
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-01&idn=53492
El Defensor del Pueblo pretende conformar consejos de frontera para trabajar de forma coordinada y frontal contra la trata y tráfico de niños, niñas y adolescentes en las zonas alejadas del país, además de realizar el control, atención, restitución de derechos y las sanciones sobre ese delito.
Con esa finalidad, se prepara un curso taller con la participación de varias instituciones que tienen presencia en los municipios fronterizos del país, informó Lidia Rodríguez, responsable nacional del Programa de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia del Defensor del Pueblo.
“Será un curso completo en las fronteras con las instituciones asentadas ahí, como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) con la división de Trata y Tráfico, Migración, Defensorías de las Niñez y la Adolescencia, Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y los inspectores laborales, para que haya un trabajo articulado”, señaló Rodríguez.
El operativo será desplegado en el marco de la conformación de la Red Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, que resultó del encuentro internacional denominado Una Obligación de los Estados y la Sociedad Civil y el Derecho a la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, realizado en la ciudad de La Paz.
En ese encuentro se recomendó la creación de la Red de Atención a la Trata y Tráfico de Personas (RATT), con sede en Bolivia, como una instancia encargada de articular esfuerzos para erradicar el tráfico humano y la explotación sexual y laboral de infantes y adolescentes.
Este trabajo se iniciará el 19 de septiembre en los municipios de Yacuiba y Bermejo, en el departamento de Tarija. En fechas posteriores, el evento será en Villazón (Potosí), Puerto Suárez y Puerto Quijarro (Santa Cruz), Cobija (Pando) y otros municipios aledaños.
Asimismo, se informó que para el mes de octubre, el cronograma señala que los expertos se trasladarán a Pisiga (Oruro).
Según Jorge Oporto, jefe de la Unidad de Programas Especiales del Defensor del Pueblo, muchos niños, niñas y adolescentes salen de Bolivia anualmente a través de las fronteras de Bermejo, Yacuiba y Villazón, con supuesta autorización de sus padres.
“Hemos hecho algunas investigaciones con información real en La Quiaca (Argentina), donde verificamos que los niños pasan por las fronteras de forma legal, pero irregularmente, y hay otros niños que pasan ilegalmente. Según la Cónsul argentina que está en Villazón, los niños van a trabajar en condiciones infrahumanas”, señaló Oporto.
Productores de quinua obtendrán más apoyo
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-01&idn=53491
Los cultivadores de quinua de Oruro recibirán un mayor apoyo estatal destinado a promover la producción de ese alimento, mediante la firma de un convenio que permita la provisión de diésel y gasolina, según anunció el viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Víctor Hugo Vázquez.
“Estamos esperando que los productores de quinua, a través de la Asociación Nacional de Productores de Quinua (Anapqui), presenten toda la documentación correspondiente para que se firme este convenio lo más antes posible”, dijo.
La autoridad gubernamental afirmó que el acuerdo permitirá que se facilite la dotación de esos combustibles con la finalidad de no perjudicar a este sector.
Desde el mes de julio, los afiliados de la Cámara Departamental de Productores de Quinua de Oruro (Cadepquior) expresaron su preocupación por las restricciones que se tienen para adquirir los combustibles.
Esa situación obligó a que los productores se declaren en estado de emergencia, debido a que la falta de combustible les impide desarrollar la labor de siembra de manera regular, actividad agrícola que se realiza precisamente durante los meses de agosto y septiembre.
El Viceministro informó que actualmente las proyecciones para la producción de quinua durante este año señalan que hay grandes expectativas, pues existe el convencimiento de que se llegará a más de 60 mil hectáreas. “Con ello se tendrán aproximadamente 40 mil toneladas del producto”, añadió.
El potencial quinuero del departamento de Oruro se concentra principalmente en las provincias Ladislao Cabrera (municipios de Garci Mendoza y Pampa Aullagas), Eduardo Avaroa y Sebastián Pagador, donde se produce aproximadamente el 90 por ciento de la producción local.
De la cosecha obtenida, la mayor parte de los comunarios destina un promedio de entre el 60 al 75 por ciento a la comercialización y exportación del producto.
Otros datos señalan que las exportaciones de quinua legales del país, durante el período 2004-2007, crecieron en un 180 por ciento, es decir de 3.706 toneladas a 10.411.
En ese marco, Oruro es uno de los principales proveedores, tanto de quinua orgánica como de quinua convencional. En los años 2006 y 2007, la quinua representó el 58,1 por ciento y el 48,3 por ciento del total exportado, lo que implica 4.442 toneladas (2006), y 5.031 toneladas en 2007. El resto se destina al consumo familiar, es decir entre el 40 y el 25 por ciento.
El departamento de Oruro posee casi el 50 por ciento de la capacidad de exportación de este producto.
Entre los países a los que se destina la producción está Dinamarca, al cual, los primeros meses de 2007, se envió 2.000 toneladas.
Otros destinos son Estados Unidos, Francia, Holanda, Alemania, Israel, Bélgica, Japón, Reino Unido, Canadá, Brasil, Ecuador, Chile, Irlanda, Malasia, Italia, Nueva Zelanda, Colombia, España y Argentina, se sumaron recientemente a la lista Venezuela y Cuba, según datos del Plan de Desarrollo Departamental.
Aduana detectó ocho mil vehículos robados
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-01&idn=53532
Unos 8 mil vehículos fueron detectados como robados en otros países dentro del proceso de nacionalización que ejecuta la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), informó ayer la presidenta de esa entidad, Marlene Ardaya.
Este número de automotores corresponde a un proceso de intercambio de datos que hizo la entidad a partir de la información que proporcionaron los países vecinos.
Los vehículos observados como robados fueron bloqueados en el sistema informático para que no prosigan el trámite de legalización.
Ahora, de acuerdo con los convenios establecidos por Bolivia con los países limítrofes, la Aduana procederá a realizar las devoluciones de los automotores encontrados, explicó la presidenta de esa entidad gubernamental.
Avances
“El proceso de nacionalización de los autos indocumentados está marchando acorde a lo que se había planificado”, sostuvo la presidenta de la Aduana.
Hay cerca de 26 mil vehículos nacionalizados y los registrados con Documentos Únicos de Importación (DUI) (suman 5.000), con lo que el número de automotores regularizados está sobre los 31 mil.
Explicó que la diferencia entre las dos cifras se justifica a partir de que algunos propietarios están buscando financiamiento para realizar el proceso de legalización correspondiente, el cual dura de tres a cuatro días.
Las cifras señaladas significan que en esta semana se llegó casi al 50% del total de los vehículos programados de forma inicial.
“Es evidente que la gente todavía se está acercando en forma paulatina (a la Aduana), sin embargo hoy 31 de Agosto (ayer) vence el plazo para los rezagados de julio”, manifestó.
Esto implicó una mayor cantidad de afluencia de personas que se hicieron presentes en los puntos de atención, donde la ANB realiza el proceso de nacionalización.
Este avance permite prever que hasta el 15 de septiembre se dará a conocer el programa total de regularización de vehículos ‘chutos’ a través de los medios de prensa.
Según Ardaya, con ello concluirá el proceso de nacionalización, porque además existe bastante movimiento en las provincias para realizar el proceso de nacionalización de sus automotores.
Tribunal Electoral difundirá datos de los candidatos al Organo Judicial
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-01&idn=53525
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inicia este jueves la difusión de méritos de candidatas y candidatos al Órgano Judicial durante 45 días continuos bajo varias modalidades, entre ellas la de ‘casa por casa’.
“Nosotros vamos a garantizar que todos los ciudadanos conozcan previamente a todos los candidatos para la elección judicial del 16 de octubre”, afirmó el presidente del TSE, Wilfredo Ovando.
Por su parte, el director del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), Juan Carlos Pinto, señaló que en la estrategia comunicacional se prioriza la distribución de 2,5 millones de cartillas con información de cada uno de los candidatos.
“Desde el 1 de septiembre vamos a iniciar el proceso de difusión a través de varios medios, la más importante, en la primera semana, es la entrega de cartillas con todos los méritos y datos de los candidatos”, aseguró Pinto.
Dijo que se elaboran nueve cartillas, una por departamento, porque es un material alternativo que permite la revisión permanente y de más tiempo para comparar y elegir a la mejor opción para el 16 octubre.
En cada departamento, las cartillas se entregarán casa por casa, para que en el lapso de 45 días, los ciudadanos decidan cuál es el candidato de su preferencia.
El segundo medio de difusión es a través de la TV, donde se producirán 10 espacios de media hora, que cubrirán a los 116 candidatos, distribuidos de forma secuencial de acuerdo con las franjas de la papeleta de sufragio, donde los candidatos expondrán sus méritos.
En el formato radial, los espacios serán más largos, aproximadamente una hora, con traducción en cuatro idiomas para los departamentos, en medios privados y estatales.
“Con la televisión pensamos tener una cobertura a nivel urbano, y con las radios en el área rural, además del desplazamiento del material impreso en las ferias, plazas, con la movilización de capacitadores”, agregó el director del Sifde.
Indicó que el despliegue y la movilización de los funcionarios de los tribunales contarán con alianzas estratégicas institucionales.
“Durante 45 días, sean días hábiles o inhábiles, feriados o no, todos los días conoceremos a los candidatos por los medios de comunicación”, manifestó Ovando.
La Presidenta del Tribunal Departamental de La Paz, Ana Benavides, informó que se movilizarán por todas las provincias del departamento en una campaña casa por casa: “Vamos a entregar la cartilla con todos los méritos de los candidatos y un CD para que los puedan conocer de la mejor manera”, informó Benavides.
Por su parte, el vocal del TSE, Ramiro Paredes, indicó que otra forma de difusión se realiza a través de los medios que desde hace dos semanas emiten programas de entrevistas a los candidatos.
PARA TOMAR EN CUENTA
Capacitadores. Desde hoy, un equipo nacional de facilitadores capacitará de forma simultánea en los 9 departamentos a cerca de 60 personas por departamento, que luego multiplicarán los conocimientos a los notarios, jurados y guías electorales. De la misma forma, a las Organizaciones sociales, sociedad civil e instituciones, tanto en el campo como en la ciudad.
Medios Alternativos:
- En cada departamento se realizará la exposición en pantalla de candidatas/os en las plazas de los pueblos, ferias y otros.
- Se contratarán vallas de publicidad para convocar a la participación ciudadana, en los 9 departamentos.
- También se utilizará el portal Web del Órgano Electoral para la difusión de los méritos, así como las amplias redes sociales para su difusión.
Cartillas. Contendrán los datos personales y méritos de cada uno de los candidatos, además de su fotografía. Se obtendrán 9 cartillas diferenciadas.
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