1) exigir a la empresa mencionada el pago devengado de las regalías del 10% de las acciones que les fueron transferidas en 1975
2) denunciar a Samuel Doria Medina por el delito de estafa.
José Montalvo, jubilado y representante de los ex trabajadores de Soboce, explicó que en un acto público realizado el 4 de septiembre de 1975, con motivo del 50 aniversario de la cementera, se realizó la transferencia de más de 56.616 acciones a 179 trabajadores y obreros por los servicios prestados a la empresa.
De acuerdo con informes y publicaciones correspondientes a la fecha, el entonces presidente de Soboce, Hugo Villegas, comunicó la emisión de acciones por el equivalente del 10 por ciento de su capital, al 31 de diciembre de 1975, en favor de empleados y obreros.
En el periodo dictatorial de la década de los setenta, el Gobierno del Cnel. Hugo Banzer Suárez había proscrito la actividad sindical y en su lugar creó asociaciones laborales, cuyos representantes recibieron estos paquetes accionarios, mismas que figuraron en las memorias de la cementera hasta 1993. La Época pudo corroborar que en las memorias de la cementera de los años 1978, 1980, 1981, 1985 y 1993 se observa que en la Nómina de Accionistas está incluido el referido paquete accionario de la asociación laboral.
La denuncia
Montalvo denunció que, desde entonces, los 179 beneficiarios no cobraron dividendos de 56.616 acciones, las cuales se incrementaron a medida que corrían los años. En 1994, las acciones fueron revertidas en una asamblea presidida por uno de los ejecutivos de Soboce; la asociación laboral no transfirió el paquete accionario a los sucesivos sindicatos.Así, en 1994 ocurrió un hecho importante: el principal accionista de Soboce, Samuel Doria Medina Auza, mediante la fotocopia simple de un testimonio disolvió y dejó sin efecto los derechos de la asociación laboral. Además, este proceso de anulación se hizo mediante un testimonio “falso”, mismo que no cuenta con un número de registro y tampoco está archivado en la Notaría de Fe Pública donde fue redactado. Esto se indica en los siguientes términos: “No cursa la escrita pública sin número sobre la copia legalizada del acta de asamblea general extraordinaria de la asociación laboral de la Sociedad Boliviana de Cemento”.
El documento de Doria Medina da cuenta de que en asamblea los trabajadores y obreros en la planta de Viacha de la empresa Soboce renunciaron a las acciones. Por este motivo, la asociación laboral no transfirió el paquete accionario a los sucesivos sindicatos desde aquel año. Lo preocupante de este hecho es que dicha asamblea jamás se habría realizado y que toda documentación vinculada con dicho acto sería ilegal. Asimismo, 20 trabajadores de la empresa, a la cabeza de Carlos Téllez Miranda, se habrían prestado para esa farsa. Con esta acción, los ejecutivos de Soboce vulneraron el derecho de los trabajadores de forma flagrante, enfatiza Montalvo.
La trampa de Soboce
En 2010 la empresa “obligó” a los obreros a firmar un documento privado para no realizar gestiones de reclamo de las mencionadas acciones. En el documento privado se deja constancia de la entrega de montos en dinero a los empleados como un “aporte voluntario” de la siguiente forma: “Parte Cuarta. Contribución voluntaria. En mérito a los antecedentes a objeto descritos en las clausulas anteriores, al presente, en un acto de desprendimiento voluntario, en forma extraordinaria, excepcional y por única vez, Soboce otorga una contribución voluntaria de bolivianos 10.620 en favor del beneficiario, quien por su parte declara recibir dicha suma de dinero a su plena conformidad habiendo Soboce hecho el pago pleno señalado en esta cláusula”.En dicho documento, al hacerse alusión a las acciones, Soboce reconoce la existencia de las mismas y el derecho de los ex trabajadores a exigir el pago de los dividendos correspondientes.
Los extrabajadores aceptaron una compensación única de 10.620 bolivianos a exfuncionarios vivos y 5.310 para viudas y derechohabientes. Se aceptó esa transacción para evitar que prescriba la causa, además de que los mismos estaban sometidos a presión, puesto que fueron amenazados con el inicio de juicios por parte de la empresa.
Se estima que solo quedan con vida 46 de los 179 beneficiarios originales, debido a las condiciones de trabajo que soportaron los obreros, similares a las condiciones de trabajo en las minas.
Hasta la fecha, desde 1975, ese 10 % ha reportado grandes utilidades y regalías a la empresa Soboce. Sin embargo, esos montos nunca llegaron a manos de los trabajadores, ahora obreros jubilados, indica Montalvo.
El juicio
El 5 de febrero de 2013, los representantes de los extrabajadores presentaron una denuncia por presunto delito de estafa con múltiples víctimas contra los ejecutivos de la empresa cementera. Al cabo de algunos meses, perdieron el proceso y tras presentar un recurso, la justicia volvió a dar razón a la parte patronal. Al momento de las declaraciones, el entonces presidente de Soboce, Samuel Doria Medina, se acogió al derecho constitucional del silencio y negar cualquier hecho vinculado a una posible participación suya.
En agosto de 2014 se inició una nueva acción judicial con nueva documentación que sustenta la idea de la falsificación de documentos por parte de los directivos de Soboce.
En marzo de 2015, el fiscal Edwin Sarmiento, adscrito a la División de Delitos Económicos Financieros, instruyó un requerimiento al juez registrador de Derechos Reales para que envíe un informe que certifique los bienes inmuebles registrados a nombre de Samuel Doria Medina Auza, Federico Ruck Urubiri Pinto y Lourdes Doria Medina de Urriolagoytia. Esta anotación preventiva de bienes se hizo en el marco del proceso seguido por los jubilados de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), por la apropiación de sus acciones.
Recordemos que el 16 de diciembre de 2014, el líder de Unidad Nacional y ex socio mayoritario de la empresa Soboce, Samuel Doria Medina, vendió el 51,35% de su paquete accionario en la empresa cementera al Consorcio Cementero del Sur por $us 300 millones, por lo que los ex trabajadores de Soboce estiman que el 10% de las acciones de la empresa están estimada en 60 millones de dólares aproximadamente.
En todo este proceso, los denunciantes se percataron que jueces, fiscales y abogados trabajaron de forma irregular y acelerada en detrimento de su causa, perdiéndose documentación en las distintas instancias judiciales. Ante este panorama adverso, y con nueva documentación, se decidió llevar adelante la acción de amparo constitucional. Ante el inminente fallo, los ex trabajadores de la Sociedad Boliviana de Cemento se trasladaron a Sucre para hacer la vigilia respectiva en el Tribunal Constitucional Plurinacional hasta el cierre de la presente edición.
El representante de los ex trabajadores de Soboce, José Montalvo, afirma que este reclamo no es una medida política porque el sector siempre reclamó las acciones que legal y legítimamente les corresponden.
Fuente: http://www.consuladodebolivia.com.ar/
