El ministro César Navarro
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El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, informó ayer que la Procuraduría General del Estado (PGE) y el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción detectaron que ex-autoridades de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) firmaron contratos mineros lesivos al Estado en el período 1992-2005, favoreciendo los intereses de algunos empresarios.
En abril las autoridades judiciales precintaron algunas oficinas de la Comibol y secuestraron información para analizar presuntos hechos de corrupción en la entidad.
Tras un proceso de auditoría, la Procuraduría del Estado y el Ministerio de Transparencia presentaron una querella formal ante la Fiscalía contra ex autoridades de Comibol, por presuntos malos manejos de recursos públicos.
“Del 100% del total bruto (de ingresos), sólo le corresponde a la Corporación Minera de Bolivia y las Cooperativas el 4% y el 96% a la empresa privada, este tipo de contratos es un enriquecimiento para las empresas privadas”, manifestó Navarro.
Estos contratos irregulares se habrían firmado entre las gestiones 1992 a 2005.
“Son varias autoridades que estuvieron como presidentes, gerentes de la Comibol y bajo su responsabilidad se firmaron contratos lesivos al Estado”, declaró Navarro.
Remarcó que bajo el pretexto de ser autoridades en la estatal de minas, se eludieron las irregularidades.
La autoridad aclaró que no se protegerá a ninguna autoridad que esté implicada en hechos de corrupción.
COMIBOL ResidualNavarro explicó que Comibol fue debilitada en los gobiernos neoliberales y que sólo se mantenía por “arrendamientos y riesgos compartidos”, dejando de lado proyectos de exploración minera.
“En el período oscuro de la privatización la actividad minera nunca se desarrolló y se fomentó las relaciones con empresas privadas”, apuntó.
