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Redacción central / Cambio
El proyecto normativo tendrá alcance en predios rurales y urbanos del país.
La ley se asume contra “empresas de avasalladores” que operan en Bolivia.
Las personas que incurran en el avasallamiento y tráfico de tierras serán sancionadas hasta con cuatro años de cárcel y se dará garantías al sector productivo que tenga sus tierras saneadas, dijo ayer Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Senadores
Todos esos aspectos están contenidos en el proyecto de Ley Contra el Avasallamiento de Tierras, que tratará la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que pretende aprobar antes de que acabe el año.
“Aquella persona que haya avasallado tierras y se le haya comprobado el tráfico no va a poder acceder, al menos por 10 años, a tierras que distribuya el Estado. No puede ser que aquel que entra a una propiedad privada después pueda recibir tierras fiscales, eso no es correcto. Son temas que estamos terminado de trabajar y esperamos inmediatamente meter de manera formal a la Asamblea”, dijo Montaño.
Para la titular de la Cámara Alta, “es una ley que va a solucionar la preocupación de los productores, sea quien sea el avasallador, será sancionado (…), vamos a castigar de manera ejemplar a quien asuma estas actitudes”.
Aseguró que el castigo se aplicará de forma igualitaria y sin distinción para aquellos que pretenden esconder sus actos detrás una bandera o color político.
PROCESO ABREVIADO
En torno a este proyecto de ley, la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, explicó que establece el proceso abreviado para la recuperación de los predios que fueron tomados por la fuerza.
“Es un proyecto que va a resolver, al fin, el tema de avasallamientos, no sólo en lo rural, sino también en lo urbano, pero además de una forma abreviadísima, es decir, no vamos a esperar a que se pierda la cosecha o la maquinaria”, dijo la autoridad legislativa.
Sostuvo que en los casos de toma de tierras por la fuerza, los propietarios de las mismas podrán recuperarlas con la presentación de los documentos de derecho propietario, para evitar que los procesos judiciales largos terminen por provocar mayor daño.
En el área rural, la ley permitirá que los propietarios puedan recuperar los predios avasallados, antes de que se pierda la cosecha o se deteriore la maquinaria; mientras que en el área urbana no se esperará el proceso judicial, ya que los predios podrían ser comercializados hasta antes que se demuestre el derecho propietario de alguna de las partes en conflicto.
Tejada sostuvo que el proyecto normativo incluye en el Código Penal la tipificación del avasallamientos, hasta ahora inexistente. En esa línea atacará directamente a las “empresas de avasalladores” que operan en el territorio nacional y que subsisten con el tráfico de tierras.
El proceso abreviado que se utilizará para este tipo de delitos se encuentra establecido en el Código de Procedimiento Penal, donde se señala que en caso de flagrancia, las personas que incurrieron en el delito serán sentenciados por un juez en una sola audiencia y una vez que la parte afectada demuestre su derecho propietario sobre el predio.
- 4 años es la penalización contra el avasallamiento y el tráfico de tierras, de acuerdo con el proyecto de ley que se considera.
- 10 años es el lapso que estarán excluidas de la distribución de tierras fiscales las personas que incurran en el delito del avasallamiento.
Hay tierras fiscales y deben solicitarse
El presidente Evo Morales demandó recientemente que no se utilice su nombre ni de ningún ministro para la toma de tierras, y refirió la necesidad de aprobar una ley para frenar los avasallamientos.
“Saneamientos sanos, honestos, no como antes, cuando se loteaban tierras y hacían avasallamientos masivos. Ahora hay tierras fiscales, por supuesto. Pero hay algunos problemas que se presentan. Las tierras comunitarias de origen no pueden ser para alquilar, para sacar madera, ni para negocio, eso se respeta”, dijo Morales en la promulgación de la Ley de Ampliación de Saneamiento de Tierras, el 31 de octubre de este año.
El vicepresidente Álvaro García Linera señaló a su vez que existen suficientes tierras fiscales para ser dotadas, por lo que pidió solicitarlas por la vía legal y no por la fuerza.
Lo que ocurrió el 7 de noviembre en Limoncito, 100 km al norte de Santa Cruz de la Sierra, donde un centenar de avasalladores tomó propiedades, derivó en una serie de incidentes que afectaron la producción de alimentos en esa importante zona productora.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió que no se iba a permitir ese tipo de hechos que afectan al legítimo derecho propietario.
