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El presidente Evo Morales reivindicó ayer el derecho soberano de Bolivia de utilizar las aguas del Silala y anunció el respaldo del Gobierno al proyecto de la Gobernación de Potosí, que construirá una planta piscícola en la zona de Quetena Chico.
“Las vertientes del agua del Silala están en territorio boliviano y por ello es una decisión soberana del pueblo boliviano industrializar o darle otros usos”, afirmó Morales durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.
La propuesta de la Gobernación potosina tiene el objetivo de aprovechar los recursos del manantial en la zona de Quetena Chico, primero con la construcción de la planta piscícola y luego con una embotelladora de agua natural y una central hidroeléctrica.
El gobernador de Potosí, Félix Gonzales, presentó la propuesta al Jefe de Estado, y ayer representantes de las Fuerzas Armadas formularon los presupuestos tentativos para este proyecto que despertó la atención del Gobierno chileno, que considera que el Silala es un río de cauce internacional.
De hecho, el Gobierno del país trasandino solicitó a su Consulado en La Paz que pida información a las autoridades bolivianas sobre la construcción de la planta.
Según el texto de la Cancillería chilena, la idea es evaluar debidamente estos proyectos “y prevenir cualquier daño a este recurso hídrico compartido, en especial a aquellos de carácter medioambiental que pudieran producirse por la contaminación de las aguas”.
Morales dejó en claro que este proyecto “no es ninguna agresión ni provocación a Chile, menos una ofensa a Chile”. Recordó que en 2009 se llegó a un preacuerdo con el Gobierno de Chile, entonces dirigido por la presidenta Michelle Bachelet, por el cual el país trasandino aceptó pagar por el 50% de las aguas, mientras que el restante 50% someterlo a un estudio técnico que puede durar cuatro años para medir exactamente el caudal y su origen.
Sin embargo, el preacuerdo fue frenado por los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), porque no incluye el pago de la denominada “deuda histórica” por el uso de las aguas, desde 1886.
Se “avanzó hacia un acuerdo para que (Chile) pueda compensar, como primera fase, no estaba terminado y con ese pago estaban garantizados millones de dólares”, afirmó.
El mandatario destacó el acuerdo logrado en 2009, pero lamentó que con el actual Gobierno ya no se haya logrado más avances. “Entiendo su decisión, es la política de cualquier Gobierno, pero hemos perdido mucho (y) hemos perdido mucha plata, que con seguridad beneficiaba al departamento y a las comunidades”, apuntó.
