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Política
La legisladora señaló que el fallo del Tribunal Constitucional por la legalidad de la Ley 222 de Consulta en el Tipnis da certidumbre al proceso sobre el futuro del parque nacional.
Los países desarrollados dicen que Latinoamérica se conserve, que seamos guardaparques (...)para que los países poderosos luego usen esas reservas como propiedad privada.
ENTREVISTA - GABRIELA MONTAÑO, presidenta de la Cámara de Senadores
La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, considera que la participación del presidente Evo Morales en la Conferencia de las Naciones Unidas Río+20, la semana pasada, “marcó un hito en el modelo de desarrollo que equilibra éste con la naturaleza”.
En la ocasión, el Jefe de Estado presentó esos principios sobre la base de la Ley Marco de la Madre Tierra.
La asambleísta, en entrevista con Cambio, luego de la presencia del Jefe de Estado en el foro internacional, remarcó que la ‘economía verde’, que propuso Naciones Unidas, pretende hacer de los países en desarrollo sus “guardaparques”, para luego usarlos como propiedad privada.
Además, informó que la Cámara Alta, al primer semestre de esta gestión, aprobó y sancionó leyes que defienden el medio ambiente y velan por el desarrollo sostenible como la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral y la Ley 222 de Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
—¿Cuál es su evaluación sobre el avance legislativo en la Cámara de Senadores en el primer semestre de esta gestión?
—Las demandas legislativas que estaban en la lista del Encuentro Plurinacional realizado en Cochabamba, a principios de 2011, fueron leyes muy importantes como la Ley del Derecho Propietario Urbano, la Ley Contra el Acoso Político Hacia las Mujeres, la Ley de Trata y Tráfico, Ley del Código Procesal, la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, además de la Ley 222, entre otras, y las que hemos aprobado hacen también a la aplicación de la Constitución Política del Estado (CPE) y en algunos casos a las decisiones del Órgano Judicial.
—¿Cuál es la importancia de la aprobación en la Cámara Alta de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral?
—La Ley Marco de la Madre Tierra es un hito en el modelo de desarrollo, equilibra la protección y el desarrollo integral de los pueblos indígenas y la obligación del Estado de atender a la población y garantizar el Vivir Bien de la población boliviana. Es un derecho de los sectores más pobres con el fin de salir de esa pobreza. Entonces, todos estos derechos y obligaciones están equilibrados y no pueden ponerse unos por encima de otros.
La Ley Marco de la Madre Tierra es una ley que propone a Bolivia y al mundo mecanismos de mitigación y formas para garantizar la rehabilitación de la Madre Tierra y disminuye el impacto de nuestra labor humana en relación con el medio ambiente, pero esto con principios sólidos para la no mercantilización de las emisiones ambientales.
—Los países ricos y desarrollados insisten con su impostura de la ‘economía verde’...
—Nuestra función como Estado boliviano es que nosotros no podemos permitir que los países desarrollados se contenten con darnos unas cuantas migajas, aunque puede ser mucha plata para los países limitados económicamente en relación con ellos. Lanzar las migajas y seguir contaminando es todo lo que quieren.
No quieren asumir ningún compromiso sobre las emisiones de CO2. No quieren asumir responsablemente el costo y su papel frente a las futuras generaciones.
—En su opinión, ¿cuál debe ser la posición de Bolivia y los países menos contaminados frente a los llamados bonos verdes?
—Ellos nos dicen que los países como Bolivia y Latinoamérica, en general, se conserven. Que sean los guardaparques. Además, no sólo nos dicen que conservemos los recursos de la biodiversidad, sino los recursos de fuentes de energía como el agua con el objetivo de que en algún momento los países poderosos los usen como su reserva, pero no como las reservas del mundo, sino como propiedad privada de los países desarrollados.
Nosotros no podemos poner en duda a través de estos mecanismos, como algunos organismos lo presentan con bombos y platillos, arguyendo una gran solución de los países desarrollados; nosotros no podemos poner en duda nuestra soberanía, nuestras decisiones soberanas sobre las políticas que queremos implementar en nuestro país.
—La semana pasada, el Tribunal Constitucional Plurinacional falló por la legalidad de las leyes 222 de Consulta y 180 de Protección del Tipnis, ¿qué opinión le merece esta acción?
—Primero, para nosotros, nunca estuvo en duda la constitucionalidad de la Ley 222, la convocatoria de una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas del Tipnis, y en el marco de las competencias que el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo.
Ese fallo dice dos cosas: la primera define la constitucionalidad de la convocatoria a la consulta en el caso del Tipnis, a pesar del cuestionamiento que hubo, mal intencionado, de algunos sectores de dirigentes indígenas y la oposición política, el Movimiento Sin Miedo (MSM), de plantear que ya no es una consulta previa, y no debiera hacerse la consulta, y ése es el fondo del argumento que presentaron.
Con el fallo del Tribunal Constitucional queda claro que no es así, porque el objeto de la Ley 222, que convoca a una consulta libre previa e informada en el Tipnis, es absolutamente constitucional. Eso es muy importante porque genera certidumbre en la población en general y en la población del Tipnis.
—Sin embargo, se acerca la marcha que rechaza la Ley 222, pese a ese fallo y la anulación del contrato con la brasileña OAS para la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. A esto se suman los cuestionamientos a los dirigentes de la marcha como Bertha Bejarano, quien tiene una sentencia por tráfico de drogas en Brasil.
—A mí me preocupa mucho la actitud de prebenda que asumieron los compañeros indígenas frente a ofrecimientos como los jugosos bonos verdes.
Ellos tendrán que rendir cuentas a sus organizaciones. Creo que toda la dirigencia mostró acciones contrarias a sus bases. Por ejemplo, Adolfo Chávez (el suspendido presidente de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano, quien lidera la marcha), en su momento, firmó un convenio con Rubén Costas, y ahora Bertha Bejarano tiene evidencias claras de haber sido procesada por problemas de narcotráfico en Brasil. Todo esto muestra a una dirigencia absolutamente lejana de los principios y los anhelos de los pueblos indígenas de las tierras bajas.
