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Especial 1 de Mayo
El 30,8% de la población se benefició con los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad. La redistribución de recursos fue producto de la recuperación de los hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones y minería a favor del Estado.
La nacionalización de los hidrocarburos, telecomunicaciones, minería y electricidad posibilitó al Estado la transferencia de sus ingresos que durante 2011 beneficiaron al 30,8% de la población boliviana, equivalente a 3,2 millones de habitantes.
Las principales transferencias económicas se concentraron en los bonos Juancito Pinto, la Renta Dignidad y Juana Azurduy.
Desde 2006, el Gobierno efectuó la redistribución mediante programas sociales de lucha contra la pobreza para favorecer a la población de menos ingresos. Ese beneficio, a su vez, incidió en el aumento de los índices de consumo de servicios básicos.
Además de esos traspasos en efectivo, el Gobierno aplicó otros programas sociales como la Tarifa Dignidad, el plan de Post Alfabetización y otros orientados a mejorar la calidad de vida de la población.
El proceso permitió establecer una red de protección social básica para un amplio conjunto de la población (3 de cada 10) más vulnerable del país.
La política contribuyó a disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas, en especial de las ubicadas en el área rural, según el Ministerio de Economía.
En ese sentido, el elemento central del modelo económico fue y es la redistribución del ingreso de los excedentes de los sectores estratégicos productivos hacia las esferas sociales desfavorecidas.
Según el Gobierno, esta política de redistribución fue el principal motor del crecimiento económico nacional en los últimos años.
El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, señaló al respecto que “la pobreza extrema disminuyó en Bolivia como resultado de la plata que el Estado saca de su bolsillo y reparte entre los sectores más desposeídos”.
La base económica del Estado es los resultados de la nacionalización de los hidrocarburos, a través de YPFB Corporación, efectuada el 1 de mayo de 2006, que fue el primer hito de esa política, ya que permitió recuperar importantes excedentes económicos.
A esto se sumó el Impuesto Adicional a las Utilidades Mineras y la recuperación de centros mineros como la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) y la Empresa Minera Huanuni (EMH), que son los principales productores de estaño.
A esta lista se añade la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), entre las más importantes.
Todas ellas permitieron generar excedentes de reinversión además del pago de bonos sociales.
Elogio internacional
El Ministerio de Economía destacó los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reportaron una mejora sustancial en las condiciones de vida de la población boliviana más pobre del país en términos de ingresos.
Ambos organismos internacionales señalaron que un millón de personas escalaron de la clase de ingresos bajos a la de ingresos medios y que la reducción de la pobreza extrema en el Estado boliviano fue en 10%, en especial en el área rural.
Asimismo, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en la gestión 2011 superó los 20 mil millones de dólares.
Esos resultados económicos llevaron a Bolivia a dejar el grupo de países considerados pobres y formar parte de los de ingresos medios bajos.
Impacto social
Desde la gestión 2006, se evidenció una significativa merma de la pobreza en Bolivia. En 2005, los índices registraban un 60,6% de pobreza moderada que descendió hasta 48,5% en 2011. En igual período la pobreza extrema bajó de 38,2% a 24,3%.
En la pasada gestión la pobreza extrema se redujo en 1,1 puntos porcentuales (pp) respecto de 2010. La mayor disminución (1,2 pp) se produjo en el área rural, que registró un descenso del 44,7% al 43,5%; en tanto que en el sector urbano bajó de 15,5% a 14,5%.
En 2011, la pobreza moderada alcanzó un índice de 48,5%, es decir se redujo en 1,1 puntos porcentuales en relación a la gestión previa.
En el área rural la incidencia bajó de un indicador de 65,1% en 2010 hasta 64,8%, mientras que en la zona urbana el descenso fue de 41,7% a 40,5%.
Estos logros fueron reconocidos por varias entidades nacionales y extranjeras.
RESUMEN
La recuperación de empresas para el Estado benefició en 2011 al 30,8 por ciento de la población, con los bonos de transferencia directa. De ese total, 15,9% percibió el bono Juancito Pinto, 8,4% la Renta Dignidad y 6,4% el Juana Azurduy de Padilla.
Según los datos más recientes, 1,2 puntos porcentuales fue el nivel en que descendió la pobreza en el área rural en la gestión 2011, respecto del período 2010, la más baja si se compara con la zona urbana que bajó 1,1 puntos.
En 2011, el departamento que más se benefició del Bono Juancito Pinto por número de estudiantes fue Santa Cruz, seguido de La Paz y Cochabamba.
En ese mismo período (2011), 430.292 alumnos de colegios recibieron la bonificación, que sumó 86,1 millones de bolivianos.
El departamento con mayor número de beneficiarios de la Renta Dignidad entre las gestiones 2008 y 2011 fue La Paz. En ese período se registraron a nivel nacional 284.813 nuevos acreedores que percibieron un total de 2.097 millones de bolivianos.
La Renta Dignidad es una prestación vitalicia y no contributiva para la población mayor de 60 años, que pretende garantizar una vejez digna. La principal fuente de financiamiento de esa transferencia son los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), además de otros como los ingresos de la empresa de telecomunicaciones Entel.
