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Política
El analista Reymi Ferreira dijo que convenios programáticos de subcentrales de la Cidob con el Gobierno debilitaron la anunciada movilización. Mientras que el MAS dice que partidos como el MSM quieren sacar réditos.
ANA MARÍA MALDONADO - Cambio
La anunciada IX Marcha Indígena prevista desde mañana contra la consulta en el Tipnis partirá debilitada por la división interna de la Cidob y las intromisiones políticas, según el analista Reymi Ferreira y el diputado Roberto Rojas (MAS).
La Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) ratificó para mañana el inicio de la Novena Marcha, pese a la anulación del contrato con la constructora brasileña OAS para la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, cuyo tramo dos iba a atravesar el Tipnis.
La marcha nace “muy debilitada; hay diferencias, (por ejemplo) en la primera marcha la exigencia era la realización de la consulta y hoy es mantener una ley que declara la intangibilidad y descartar cualquier camino”, señaló Ferreira.
Para el analista político, los acuerdos programáticos y de desarrollo que suscribieron 11 de las 13 regionales de la Cidob con el Gobierno evidencian el grado de división interna de la organización social presidida por Adolfo Chávez.
En ese sentido, y “por lo que vi, hay una (organización) de la zona yuracaré, de la chiquitania, del pueblo guaraní, y varias subcentrales que no van a participar”, dijo.
Precisamente el jueves, el Gobierno selló acuerdos programáticos con la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y la Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB), lo cual significa, según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la suscripción de convenios con 11 de las 13 subcentrales de la Cidob.
El secretario de Justicia de la Cidob, Ángel Yubanore, admitió que los dirigentes de 11 de las 13 subcentrales no serán parte de la marcha. “Los dirigentes que firmaron con el Gobierno no estarán en la marcha, pero sí sus bases”, afirmó.
En tanto que el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Roberto Rojas, considera que la marcha está politizada por partidos como el opositor el Movimiento Sin Miedo (MSM), cuyos dirigentes han expresado públicamente su participación en la movilización.
“Todos los indígenas tenemos derecho a ser consultados, y esta marcha es totalmente legítima y no estamos en su contra, pero está totalmente politizada”, afirmó Rojas en un debate con el secretario político del MSM, Edwin Herrera, en el programa Todo Cambia de radio Patria Nueva. Rojas dijo que el MSM y otros sectores políticos de derecha están atentos a prestar apoyo a los marchistas como lo hicieron en la Octava Marcha de rechazo a la carretera por el Tipnis.
El diputado recordó además que el presidente de la Cidob hizo alianzas políticas con el gobernador cruceño, Rubén Costas, y el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández. En junio de 2011, la Cidob hizo alianzas políticas para controlar la Asamblea y la Dirección de Asuntos Indígenas de la Gobernación. A principios de este año, la dirigenta indígena Justa Cabrera fue posesionada como subalcaldesa por Fernández.
Anteriormente, el senador Adolfo Mendoza repudió la distribución de panfletos contra la consulta, precisamente por el MSM en la ciudad de El Alto. “Todo es un interés político porque quieren sacar rédito político, y en esto se está aprovechando el MSM, como siempre”, dijo Rojas.
A estos vínculos y acuerdos de la derecha con la Cidob se suma la entrega de dinero del suspendido gobernador del Beni, Ernesto Suárez, como denunció el Gobierno.
MSM apoya la marcha
El secretario político del MSM, Edwin Herrera, justificó que el apoyo a la Novena Marcha de la Cidob es cuestión de principios y ante el engaño del Gobierno con la promulgación de la Ley 222.
“Nos parece coherente y parte de nuestros principios apoyar la IX Marcha y lo estamos haciendo asumiendo las reivindicaciones de los pueblos indígenas en los centros urbanos en los que tenemos presencia”, dijo.
El diputado del MAS y dirigente de la Cidob, Pedro Nuni, informó a Erbol que la reunión de hoy en Trinidad analizará los bloqueos a la marcha.
DATOS
• La Ley 222 establece la consulta a las comunidades del Tipnis para definir si el parque se mantiene intangible o no y si con ello se construye la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
• El 10 abril, el Gobierno confirmó la ruptura del contrato con la empresa brasileña OAS, que iba a construir la vía, por incumplimiento.
• Entre otros, el Gobierno suscribió convenios con la Central Indígena de la Región Amazónica (Cirabo) y la Asamblea del Pueblo Guaraní.
Gobierno habla de 2 meses de postergación
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, anuncio ayer la posibilidad de diferir el inicio de la consulta por lo menos por dos meses y aseguró la otorgación de garantías a la Novena Marcha, que comenzará mañana.
En declaraciones a la prensa, Dávila confirmó que el gabinete de ministros definirá el proyecto de ley de modificación de la Ley de 222 y que posibilitaría el aplazamiento de la consulta en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que inicialmente está prevista del 10 de mayo al 10 de junio.
La postergación puede ser “por lo menos dos meses. No es un tiempo largo pero es lo máximo que se podría dar”, dijo Dávila.
La autoridad aclaró que esta posibilidad, que inicialmente ya tuvo la acogida de la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño (MAS), y otros, está en función de la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, a través del representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Bolivia Denis Racicot.
En cuanto a la anunciada marcha de la Cidob, Dávila pidió a las organizaciones sociales de San Ignacio de Moxos (Beni) que desbloqueen la vía y permitan el paso de la gente que pretende iniciar la caminata desde Chaparina, la población próxima.
“Pedimos que levanten cualquier medida de presión, para que la marcha pueda desarrollarse pacíficamente”, dijo.
San Ignacio de Moxos apuesta por la consulta
“Como una sola voz”, los 16 pueblos de la provincia Moxos, afiliados a la Central de Pueblos Indígenas (CEPI) determinaron, el pasado fin de semana, rechazar la marcha convocada por la Cidob, según informó el alcalde de San Ignacio de Moxos, Basilio Nolvani Nojune.
Este rechazo se tradujo en un paro de las organizaciones sociales el sábado y en un bloqueo de los accesos al pueblo para impedir que la marcha organizada por la Cidob atraviese en su recorrido la capital de la provincia.
Según reportes de Bolivia TV las protestas se radicalizaron ayer. San Ignacio de Moxos es el paso obligado a Chaparina, de donde partirá la Novena Marcha.
