El presidente de la Comisión Nacional del Refugiado de Bolivia (Conare), César Siles y el Viceministro de Justicia y también miembro de esa instancia, Diego Jiménez, rechazaron declaraciones en su contra vertidas por Jorge Valda, abogado en Bolivia del empresario peruano Martín Belaunde Lossio y acusado de cohecho activo para favorecer a su cliente.
En las últimas horas, medios de comunicación informaron que Valda comprometió e implicó a dos miembros de la Conare en presunto delito de corrupción.
“Hemos recibido con ingrata sorpresa las declaraciones del abogado Morales (Alberto) y el señor Valda que son totalmente temerarias e infundadas. Estamos dispuestos a someternos a cualquier investigación que sea necesaria. Las pesquisas iniciadas han determinado que los abogados Valda, Chumacero (Ricardo) y López (Ramiro) tienen indicios de responsabilidad en su contra, por eso se ha dispuesto las medidas preventivas (contra Valda y López)”, dijo Siles.
En conferencia de prensa, Siles y Jiménez manifestaron su predisposición de colaborar en las investigaciones para desbaratar esta “red de corrupción”, que como dijo el Vicepresidente Álvaro García Linera, podría intentar vengarse y “hacer algún daño a las personas que nos hemos involucrado en persona contra esta temática, comenzando del presidente Evo Morales”.
“Hemos conocido hace unos días que declaraciones del imputado Valda pretenden nombrar a miembros de la Conare como supuestos beneficiarios de soborno por parte de Belaunde y otros para ser beneficiado de alguna manera. Queremos decir a la población que no solo observamos algún tipo de venganza sino que estas declaraciones responden a una estrategia bien pensada que pretende enlodar a la Conare con el propósito de manchar al ejecutivo para generar zozobra con tal de eludir sus responsabilidades y con el objetivo de no llegar a la verdad”, agregó Jiménez.
Cabe señalar que la Conare denunció a los vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, (López y Chumacero) de recibir dinero y vehículos para favorecer con un amparo constitucional al empresario peruano Marín Belaunde.
Fuente: Ministerio de Justicia
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