La Paz, 14 de junio (ABI).- El
procurador General del Estado, Héctor Arce, aseveró el domingo que no
corresponde al defensor del Pueblo, Rolando Villena, juzgar sobre la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma jurídica, en
alusión al Decreto Supremo 2366 de exploración y explotación de recursos
naturales.
"El Defensor del Pueblo es una autoridad constitucional cuya
finalidad no es pronunciarse sobre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de una norma (ley o decreto), él tiene la finalidad
de defender a la sociedad", señaló de acuerdo a un boletín
institucional.
En una entrevista con la Radio Panamerica desde Buenos Aires, Arce le
recordó a Villena que está facultado a presentar al Tribunal
Constitucional Plurinacional una acción abstracta de
inconstitucionalidad si tiene dudas o considera que alguna norma atenta
contra el texto constitucional.
"La labor de juzgar la constitucionalidad o no de una norma es del
Tribunal Constitucional Plurinacional, y el Defensor del Pueblo
justamente es una de las cuatro autoridades legitimadas para hacer uso
de la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad", sostuvo.
Respecto al Decreto Supremo 2366 de 20 de mayo de este año, el
Procurador aclaró la norma pretende desarrollar las bases
constitucionales establecidas en los artículos 306 y 316 de la
Constitución Política del Estado (CPE), referidos a la exploración y
explotación de recursos naturales en beneficio de todos los bolivianos,
dado su carácter eminentemente estratégico para el desarrollo del país.
Asimismo, aseguró que el mencionado decreto no contradice la consulta
a los pueblos indígenas, que de acuerdo al artículo 352 del mismo texto
constitucional debe darse sobre la explotación de los hidrocarburos.
"Los recursos hidrocarburifeos son patrimonio de todos los bolivianos
y su aprovechamiento como recurso estratégico le corresponde al Estado,
solamente así tendremos un Estado fuerte y solvente en materia
económica que al mismo tiempo pueda generar políticas de redistribución
de la riqueza en favor de quienes más lo necesitan, los hidrocarburos no
son propiedad ni de empresas extranjeras ni de minorías, son patrimonio
del pueblo boliviano", explicó.
Respecto a otras versiones de algunos dirigentes indígenas que
también cuestionaron el Decreto Supremo, Arce recordó que los recursos
energéticos, hidrocarburíferos y todos los recursos naturales son de
propiedad de los bolivianos y deben ser utilizados en su beneficio y no
sólo a algunos grupos políticos, empresariales nacionales y extranjeros
como era en el pasado.
"Si en el pasado estos recursos fueron entregados a pequeñas minorías
empresariales que se beneficiaron de los recursos naturales en desmedro
del interés nacional, hoy no se puede permitir que haya un exagerado
condicionamiento de algunos sectores minoritarios, que no son los
pueblos indígenas, sino algunos dirigentes que tienen intereses
políticos", sostuvo.
Fuente: Ministerio de Comunicación
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