Posición. El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, durante su conferencia de ayer en Santa Cruz de la Sierra.
Iván Condori.
El Gobierno identificó al menos seis “falacias” en el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) sobre las drogas, en el que cuestiona la política de la administración de Evo Morales en la lucha antidrogas.
El jueves se dio a conocer el informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos, en el que considera que Bolivia no cumplió con los acuerdos internacionales sobre la lucha contra las drogas. Observa los controles para prevenir el desvío del cultivo legal de coca y, además, cuestiona las tareas de interdicción de las fuerzas del orden.
Para el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, la primera falacia del documento emitido es hacer creer que Bolivia, en los últimos años, ha fallado en sus esfuerzos para cumplir sus compromisos en la lucha antidrogas. “La realidad es que hemos logrado la disminución de los cultivos de la hoja de coca de cerca de 31.000 a 23.000 hectáreas en los últimos cuatro años, eso no es valorado por el país del norte”.
El segundo error, que no encuadraría con la realidad, es hacer ver a Bolivia como el tercer productor más importante de la hoja para la elaboración de cocaína y otras drogas ilícitas, pero al final se contradicen al señalar “que solo el 1% de la cocaína incautada en el mercado norteamericano es procedente de Bolivia”.
El tercer desacierto es intentar hacer ver al país como que no ejerció un control adecuado sobre los mercados lícitos de coca, para prevenir su desvío hacia el narcotráfico, cuando el informe señala que el dato en Bolivia está en “proceso”.
La cuarta falacia, agregó, es que el informe se basa en una versión de la Policía peruana que señala que el 95% de la cocaína producida en ese país saldría por Bolivia, cuando la mayor parte de la droga confiscada es de origen peruano.
La quinta es mostrar al país como pasivo en la lucha antidrogas, cuando entre 2006 y 2014 se incautó 10.119 toneladas de coca.
Y la sexta es que las sindicaciones de Estados Unidos dan a entender que Bolivia no habría reaccionado ante la implicación de personeros del Gobierno con el narcotráfico, lo que no sería cierto ya que hay apresados, como es el caso del exgeneral Óscar Nina.