El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
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El fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, en conferencia de prensa desde Sucre, informó que la Primera Sesión Ordinaria del Consejo del Ministerio Público, correspondiente a la gestión 2015, se realizará en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los días jueves cinco y viernes seis de febrero, donde los nueve Fiscales Departamentales, más un Fiscal Superior y uno de Materia, se reunirán para afinar y aprobar la propuesta institucional sobre las decisiones de cambio para la Revolución de la Justicia, a presentarse la próxima semana.
Prácticamente este documento, que fue trabajado desde el año pasado, está concluido, lo que se va a hacer con los Fiscales Departamentales es un trabajo de validación y aprobación para que esa propuesta, que es un insumo más, sea presentada la próxima semana como un aporte más para la Revolución de la Justicia”, afirmó.
Guerrero señaló que esta actividad servirá para que a nivel nacional se apruebe la implementación, en cronograma y fechas, del nuevo Modelo de Gestión Fiscal y las Fiscalías Corporativas.
“Hace un par de semanas, en Chuquisaca, hemos puesto en vigencia estas Fiscalías Corporativas, con el nuevo modelo de gestión, de aquí a dos semanas lo haremos en Potosí, posteriormente en Oruro, y así sucesivamente este Consejo hará la aprobación de un cronograma en todo el país, hasta llegar, en unos cuatro meses, a las fiscalías más grandes como ser La Paz, Cochabamba y Santa Cruz”, explicó.
Asimismo, anunció que desde el viernes, en Santa Cruz, se pondrá en vigencia la Unidad de Investigación Patrimonial del Ministerio Público, que se encargará de revisar todo el patrimonio de las servidora y servidores públicos, que ya cuenta con un reglamento, una estructura y los ítems correspondientes.
Indicó que la actividad también servirá para evaluar el trabajo de las Fiscalías Departamentales, frente a los últimos acontecimientos de hechos de corrupción encarados por la institución, así como las dificultades que se enfrentan para el ejercicio de la acción penal pública en las diferentes etapas del proceso y mejorar los mecanismos de supervisión, seguimiento y control del ejercicio de esta acción.
