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Redacción central / Cambio
Ejecutivos de El Puente admitieron que la web no contiene la información y se comprometieron a colocarla.
Soboce-El Puente destina 26 millones de dólares para los salarios de 267 empleados.
La fábrica El Puente (Tarija), de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), paga al departamento sólo el 2,1 por ciento de lo que genera con la explotación de caliza para la producción del principal insumo para la construcción.
Así revelaron, por separado, Giovanni Pacheco, gerente regional de la fábrica El Puente, y Armando Gumucio, gerente general de Soboce, durante el informe que presentaron en la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga el proceso de privatización.
Ambos afirmaron que el monto aportado como regalías a favor del departamento de Tarija por las operaciones de la fábrica El Puente relacionadas con la explotación de piedra caliza asciende a Bs 658.782 desde 2008 hasta septiembre de 2013.
Precisaron que en 2012 la cementera utilizó 318.000 toneladas de piedra caliza, pagaron 24,6 bolivianos por cada tonelada, lo que generó Bs 7,3 millones, de ellos sólo el 2,1% (unos 153.120 bolivianos) fue entregado al departamento por concepto de regalía.
Argumentaron que el monto “no lo estableció Soboce sino el artículo 96 de la Ley 3787” sobre alícuotas para la explotación de minerales en territorio nacional. La norma en mención determina un pago del 3,5% de regalías por la explotación de la piedra caliza, monto que rebaja al 2,1% si el mineral se utiliza en el mercado interno.
El presidente de la comisión investigadora, el senador Adolfo Mendoza, señaló, sobre las cifras mencionadas, que “son las cifras que ellos dieron, nosotros tenemos otras cifras proporcionadas por los propios ciudadanos de Tarija, son 1.500 dólares anuales de regalías, no la cifra que se anunció aquí, en todo caso es una cifra menor de lo que está establecido en el costo de la propia planilla”.
Al respecto, los ejecutivos de El Puente mencionaron que destinan 26,5 millones de dólares al año para el pago de salarios a 267 empleados, mientras que las regalías a la Gobernación y la Alcaldía no superan el cuarto millón de dólares.
FALTA DE TRANSPARENCIA
El 27 de noviembre, el líder de Unidad Nacional (UN) y accionista de Soboce, Samuel Doria Medina, aseguró que toda la información sobre el proceso de privatización y los estados financieros se encuentran en la página web de la empresa (www.soboce/elpuente.asp), hecho que no es cierto y que fue confirmado por Pacheco y Gumucio, quienes se comprometieron a colocar la información en este medio digital a la brevedad posible.
“Doria Medina menciona que la información es errada, él está mintiendo cuando dice que todo está en la web, lo que no es cierto ni evidente, pero existe el compromiso de la gerencia de la fábrica de colocarla”, añadió el legislador.
Mendoza descartó que exista alguna intencionalidad de represalia política, como aseguró Doria Medina, ya que el objetivo de la comisión investigadora es dar a conocer la forma en la que se realizaron las privatizaciones de las empresas públicas.
PRIVATIZACIÓN
Hace 17 años, en 1997, se realizó la privatización de la cementera, por la cual Soboce pagó 15,7 millones de dólares, pero de este monto, reveló el senador Mendoza, 743.000 dólares fueron devueltos “mediante recibo del 28 de enero de 1997” porque a los trabajadores se entregó el 4,6% de las acciones que fueron recompradas por la empresa.
De los 122 trabajadores con los que contaba en 1997, todos se convirtieron en accionistas y la empresa les compró sus acciones, de ellos hasta la fecha sólo continúan en la empresa 33 empleados, Mendoza añadió que “es sospechoso” que la devolución del dinero se realice el día en que Soboce hizo el pago por la privatización de la cementera tarijeña al amparo de la ley que Doria Medina redactó en 1992.
“Una cosa es lo que dice políticamente Doria Medina y su grado de responsabilidad y otra es la manera responsable en la que se presentó el gerente".
Adolfo Mendoza - Presidente de la Comisión
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
El senador Adolfo Mendoza indicó que hay indicios de que hubo tráfico de influencias en el proceso privatizador de los gobiernos neoliberales, ya que algunas autoridades se adjudicaron “entre ellos” las empresas del Estado.
