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Ayer presentaron el Clasificador Competencial, que compatibiliza competencias por materias y tipos.
Redacción central / Cambio
El compendio de competencias fue elaborado para facilitar la ubicación de competencias, según el nivel y materia al que pertenezcan.
Para la elaboración de este instrumento se consultó la normativa vigente.
Fue elaborado para toda la población, pero prioritariamente se entregará a asambleístas nacionales, departamentales y locales.
Ayer fue presentado el clasificador competencial, el primer instrumento que sistematiza alrededor de 800 competencias autonómicas, correspondientes a todos los niveles gubernativos existentes en Bolivia. El documento se constituye en la primera herramienta para las autoridades locales, destacó la ministra de Autonomías, Claudia Peña.
La autoridad explicó que la complejidad de la distribución competencial en el sistema gubernativo del país llevó a los técnicos de ese Ministerio a elaborar el instrumento “para buscar las competencias y a quién le pertenecen”.
La clasificación se realizó en seis meses de acuerdo con la materia competencial y luego por área, tomando en cuenta la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Marco de Autonomías y la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que modifica algunos artículos de esta ley.
“Hemos tratado de hacerlo (el Clasificador Competencial) de la manera más didáctica y más accesible posible para que la gente encuentre la información que le interesa”, explicó la autoridad.
El Clasificador Competencial está dividido en cuatro materias: las políticas; productivas, económicas y financieras; recursos naturales; y la cuarta con temas sociales.
El documento contiene una otra división más específica basada en el tipo de competencia. El documento establece al menos 116 tipos de competencias autonómicas.
Peña destacó que el libro facilitará enormemente el trabajo de las autoridades para ubicar y evitar equivocaciones al momento de aplicar las competencias de sus respectivos niveles de Gobierno. Señaló que en primera instancia se repartirá a los asambleístas nacionales y luego a las autoridades departamentales y locales.
