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El Decreto Supremo 1359 garantiza el derecho a las movilizaciones pacíficas. No se sancionará el uso de petardos en fiestas populares o el uso de explosivos que tengan fines netamente laborales.
En una reunión de gabinete, el Ejecutivo aprobó ayer el Decreto Supremo 1359, que establece sanciones en contra de aquellas personas que transporten o manipulen explosivos en movilizaciones.
La norma impone de uno a cuatro años de cárcel por este delito, explicó la presidenta en ejercicio de Bolivia, Gabriela Montaño.
“El Decreto 1359 tiene que ver con la prohibición del uso de explosivos en movilizaciones sociales, que ponga en peligro la integridad física y la vida de las personas”, señaló la mandataria en una conferencia de prensa.
Quedan excentos de este decreto aquellos materiales explosivos que son utilizados en actividades como las hidrocarburíferas, mineras u otras que requieran el uso de este material para trabajar.
Tampoco se prohibirá el uso de petardos en eventos como fiestas, danzas, entradas, entre otras, según explicó la Presidenta en ejercicio.
“Estamos hablando solamente de aquellos casos en los que se usan, como hemos visto en los anteriores días, artefactos explosivos en una movilización social, que finalmente han terminado con la vida de un boliviano, aquí en la ciudad de La Paz”, dijo.
El 18 de septiembre, el minero Héctor Choque falleció como consecuencia de la manipulación de una dinamita en una manifestación que enfrentó a los mineros asalariados y cooperativistas, en pleno centro paceño.
Cabe resaltar que el decreto garantiza el derecho a la amovilización pacífica siempre y cuando ésta no afecte el derecho de terceros.
“La detentación y el uso de explosivos que pongan en riesgo la vida de personas pasará por el tema penal, y en el tema penal está definida una sanción de uno a cuatro años”, recalcó Montaño.
Dejadez del Estado
En otro aspecto, la presidenta Montaño lamentó que los anteriores gobiernos hayan descuidado la atención de las poblaciones que viven en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
En ese marco, aclaró que las obras y proyectos que el actual Gobierno entrega a estas regiones olvidadas no son una “prebenda”, como lo indican algunos dirigentes de oposición, que prohiben el paso del Estado a dichas comunidades.
“He visto con dolor la dejadez de un Estado que durante toda la época republicana abandonó a las comunidades que están en el Tipnis (...) Todos los que se llenan la boca hablando en los medios de comunicación sobre el Tipnis (...) no vieron lo que yo vi en términos de la cantidad de mujeres embarazadas y niños” que necesitan bonos, educación y salud, dijo Montaño.
DATOS
• El Decreto Supremo 1359 tiene como objetivo prohibir expresamente la tenencia y uso de armas, explosivos industriales, explosivos militares, accesorios y agentes de voladura en manifestaciones.
• Se entiende por explosivo la sustancia o mezcla de sustancias capaces de transformarse por medio de reacciones químicas en productos gaseosos y condensados, que se arma, fabrica o utiliza para producir una detonación, explosión o propulsión, que pueda realizar algún tipo de daño.
• Quedan garantizadas las manifestaciones pacíficas que no afecten el derecho de terceros.
• Las personas que estén en posesión de explosivos u artefactos de similar índole serán remitidos al Ministerio Público.
El Ministerio Público y el de Gobierno avalan la norma
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, destacó el Decreto Supremo 1359, que fue aprobado ayer y tiene como objetivo prohibir el uso de explosivos en marchas y movilizaciones.
Aclaró que la norma permitirá a la Policía Boliviana y al Ministerio Público incautar estos artefactos “en caso de que esta posesión pueda usarse con fines peligrosos que afecten la vida humana o que puedan comprometer la comisión de daños materiales a la propiedad pública o la propiedad privada”.
Asimismo, la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, calificó como positiva la iniciativa del Gobierno, que cuidará a la población afectada con estas detonaciones.
“Yo creo que es positivo, tomando en consideración que el pueblo sufría por este tipo de hechos, sobre todo los niños y el patrimonio de determinadas personas, que se veían afectadas por las detonaciones de los explosivos”, expresó a los periodistas.
Advirtió que la Fiscalía hará cumplir esta norma, que está enmarcada en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, que establece que una de las funciones del Estado es garantizar el bienestar, desarrollo, seguridad y protección de las personas.
