Editorial
La Ley de la Madre Tierra, que fue aprobada en la Cámara de Diputados, incorpora una serie de iniciativas importantes enmarcadas en la Constitución Política del Estado, entre ellas el establecimiento de una entidad plurinacional de justicia climática que vele por el respeto a la naturaleza sin renunciar al desarrollo.
Esta entidad estratégica será autárquica, de derecho público, con autonomía de gestión, y tendrá como algunas de sus misiones la formulación de políticas, la planificación y la elaboración de estrategias, planes y programas en este sentido.
Esta ley en Bolivia será un modelo que seguramente reproducirán otras naciones preocupadas por los problemas del cambio climático y sus consecuencias por efecto de la irracional industrialización que llevan adelante Estados Unidos y países europeos y de otros continentes.
Ese irrespeto a la naturaleza ha provocado ya una serie de problemas al mundo y se cierne como una amenaza contra la supervivencia del planeta y de la humanidad.
Por ello, el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, ha propuesto en foros internacionales la aprobación de una ley que defienda los derechos de la Madre Tierra.
El Jefe de Estado dijo que son más importantes los derechos de la Madre Tierra que los propios derechos humanos, porque si el planeta queda destruido, la humanidad también desaparecerá.
Bolivia ha dado un paso importante en la Asamblea Legislativa al encaminar la Ley de la Madre Tierra, que incorpora iniciativas innovadoras que forman parte de la política para que existan tribunales de justicia climática que sancionen con drasticidad a todas instituciones públicas, privadas y personas particulares que atenten contra la naturaleza.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, subrayó que a partir de esta ley se determinará una nueva visión de desarrollo para llegar al vivir bien, que es una prerrogativa de los pueblos, por lo que debe ser transversal en todas las acciones que implemente el Gobierno.
