domingo, 26 de agosto de 2012

Convenio de lucha contra tráfico de drogas entre Bolivia y Colombia es ratificado por el Senado


El presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, senador Adolfo Mendoza
Prensa Senado
Convenio de lucha contra tráfico de drogas entre Bolivia y Colombia es ratificado por el Senado
(Prensa Senado 23-08-2012).-

El Senado Nacional aprobó por unanimidad y en su estación en grande y en detalle, la ratificación del convenio suscrito entre Bolivia y Colombia para el control del tráfico Ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y delitos conexos, prevención del consumo, rehabilitación y desarrollo alternativo.

El objetivo del convenio es desarrollar la cooperación prevista en la “Convención” a fin de prevenir, reducir y reprimir las actividades de producción, fabricación, tráfico, distribución, venta ilícita y consumo indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, naturales y sintéticas al lavado de activos derivados de actividades ilícitas, control y fiscalización de sustancias químicas por intermedio de sus respectivos organismos nacionales.

El convenio indica que los organismos nacionales acuerdan a prestarse asistencia en el intercambio de información, así como asistencia técnica para programas de capacitación, en concordancia con su derecho interno.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Estado que realizó el informe sobre este proyecto de ley, Adolfo Mendoza, indicó que el espíritu del convenio consiste en generar un espacio para el debate regional, paralelamente, permite al país actuar de manera operativa en la interdicción, acción preventiva y control de estupefacientes.

“Existe la necesidad de la construcción y la articulación de una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico, una política estratégica de Estado que involucre a los países de la región”, sostuvo el senador.

Añadió que la lucha contra este mal debe formar parte de una política de Estado como meta al 2025, que vaya más allá de gobiernos sucesivos, con la convicción de trabajar en un nuevo sistema de seguridad continental con resultados en el marco de la integración.

Por su lado, el asambleísta Eduardo Maldonado valoró la iniciativa concurrente de ambos países hermanos en la lucha contra este mal, apostando por la interdicción y a la lucha contra las drogas. Cuestionó que ésta, en el último tiempo, se constituyó en pretexto para el control hegemónico de parte del imperio sobre la región, “una guerra hipócrita”, calificó.

“El monstruo del narcotráfico devora cualquier intento de freno de la humanidad, el comercio de las drogas es coherente con el capitalismo, ha convertido en mercancía la salud, la libertad y la vida de los seres humanos”, dijo el senador potosino.

Maldonado sugirió que la Asamblea debiera generar las condiciones para encarar un debate nacional sobre la manera de encarar la lucha contra las drogas y asumir el desafío de que si conviene o no la legalización de las drogas, temática que tarde o temprano va a llegar a la sociedad boliviana.

El senador opositor Germán Antelo consideró que éste es un problema internacional que debe ser tratado por los países que producen, consumen y transportan la droga. “El  narcotráfico es una enorme empresa que se maneja por la oferta y la demanda”, afirmó.

“Es importante la tarea de constituir estos convenios en leyes, con la finalidad de asegurar la integración de los países de la región para establecer un solo interés, que es la lucha contra este enorme flagelo”, sostuvo el senador cruceño.

Asimismo, el pleno del Senado ratificó el convenio de cooperación en caso de desastre natural, crisis, accidente grave en Bolivia o Cataclismos Analógicos entre el gobierno de Bolivia y el Gobierno de la Confederación Suiza.

El convenio regula la asistencia que el gobierno Suizo pueda otorgar ante una posible solicitud del Gobierno de Bolivia, a través de las actividades de la División Humanitaria-Cuerpo Suizo, para la ayuda humanitaria.

En opinión del Viceministerio de Defensa Civil, el presente convenio es para fortalecer las acciones que desarrolla en materia de gestión de riesgos de desastres.

Los dos proyectos de ley fueron remitidos al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

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