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Política
Un asambleísta fue golpeado en presencia de una representante de Derechos Humanos. Los indígenas que decidieron retornar a sus hogares fueron agredidos e insultados por la columna marchista en la UMSA.
LA PAZ - Cambio
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, condenó ayer las agresiones en contra de indígenas como Savino Mendoza (ex constituyente) y anunció que se tomarán las acciones legales correspondientes del caso.
Aclaró que el sábado en la noche, luego de dialogar con la regional chimán-mosetén, se envió a dos funcionarios a las instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para que ayuden a sacar las pertenencias de los indígenas que se querían retirar de la movilización denominada IX Marcha.
Sin embargo, estos funcionarios fueron agredidos física y verbalmente por la columna marchista que los retuvo hasta la llegada del Ministerio Público, esto ayer en la madrugada.
“Vamos a ser implacables, vamos a aplicar una acción judicial que corresponda a quienes han golpeado al señor Savino Mendoza”, afirmó Romero.
También anunció acciones en contra de Amparo Carvajal, representante de Derechos Humanos, que a nombre de esa instancia estuvo “instigando a golpear brutalmente a un indígena”.
Mendoza “ha sido brutalmente agredido con la complicidad de esa señora que se dice ser representante de Derechos Humanos, Amparo Carvajal. Imagínese el rol nefasto, cobarde, de esa señora, haciendo golpear a indígenas”, reiteró el Ministro en entrevista con radio Patria Nueva y Bolivia TV.
En instalaciones de la UMSA, Mendoza, junto con otras personas, fue retenido en contra de su voluntad y agredido por ser un supuesto infiltrado gubernamental. Una representante de la marcha aseguró que el golpe que tenía el asambleísta (sobre la parte superior del ojo y en el lado derecho de su rostro) se debió a que el individuo se habría chocado contra la pared.
Sin embargo, Mendoza negó este hecho y anunció que identificará a sus agresores (dos personas) y acusará a Carvajal por ser cómplice de estos hechos.
Retiro de los indígenas
Al promediar las 04.00, llegó un bus a puertas del coliseo de la UMSA para recoger a los indígenas chimanes-mosetenes, quienes se retiraron en medio de insultos por parte de sus propios similares indígenas.
“Cuando llegan los buses para que vuelvan a sus comunidades, a pedido expreso de ellos, uno de los buses está siendo hostigado (mostró Romero con imágenes televisivas) por el grupo de (Adolfo) Chávez y alguien grita ‘indio de mierda’”, relató la autoridad de Gobierno lamentando esta actitud de discriminación.
El retiro de los marchistas se desarrolló luego de que el Gobierno y la regional chimán-mosetén firmaron un acuerdo de diez puntos para solucionar las demandas de salud, educación, comercio y producción, entre otros, que tienen los comunarios de estos pueblos originarios.
En ese marco, el Ministro reiteró que fueron los pueblos los que buscaron el diálogo con el Ejecutivo ante la negativa de la dirigencia marchista, que está en contra de la consulta a los pueblos del Tipnis.
“Nos dicen en el debate: ‘Tenemos unas demandas, pero nos damos cuenta de que los dirigentes están en otra cosa, no les interesa el lugar, no incorporaron nuestras demandas’”, detalló.
Informó que aún existen indígenas que no se pueden retirar de la UMSA porque no se les permite salir.
Bejarano niega el hecho
Por su parte, la dirigenta de la marcha Bertha Bejarano negó que se haya impedido la salida de los indígenas chimanes-mosetenes y acusó a Romero y al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de haber “pagado” a los indígenas para retirarlos de la movilización.
“Quiero desmentir, no hemos impedido la salida de algunos hermanos, más bien quiero denunciar que el ministro Romero y el ministro Quintana estuvieron anoche pagando a nuestros hermanos marchistas para que retornen a su pueblo, yo creo que más bien la llamada de atención es a esta gente del Gobierno que lamentablemente sigue jugando con la necesidad y la conciencia de mis hermanos, por lo tanto eso fue lo que sucedió”, indicó Bejarano en entrevista con radio Panamericana.
Una movilización política y manipulada
La marcha que busca la abrogación de la Ley 222 de consulta al Tipnis es manipulada por algunos actores de la derecha que tienen como objetivo sacar al presidente Evo Morales del poder, según aseveró ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
“Han creado un movimiento ficticio con fines políticos imaginándose que iban a tumbar al Presidente, que iban a lograr su renuncia, que iban a sustituir un indígena andino por uno del oriente. Eso es lo que les han metido en la cabeza algunos grupos políticos (que están) en contra del proceso de cambio y están manipulando como títeres a algunos dirigentes”, afirmó en entrevista con medios estatales.
Explicó que la marcha salió de Beni sin fuerza ni apoyo y que sólo se masificó luego de que llegaron al departamento de La Paz.
La marcha, desde que inicia su travesía en Trinidad, Beni, espera una masificación de sus regionales, pero éstas se apartan de la movilización, dijo.
“Buscan por todos los medios masificar esa marcha —continuó Romero— incluso con gente del Movimiento Sin Miedo. Llega un grupo de alteños con viáticos, luego retornan porque no podían soportar el clima”.
Recordó que la marcha está disminuida toda vez que los indígenas de los pueblos chimán y mosetén se retiraron de la columna movilizada, dejando a ésta con sólo 200 personas que vienen del oriente.
“Cuando transcurre la movilización (algunos marchistas) se dan cuenta de que los dirigentes están en otra cosa”, explicó Romero.
Vargas dice que la consulta es tardía
El presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas, señaló ayer que la consulta prevista por el Gobierno sobre la construcción o no de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari es tardía y representa una vulneración a los derechos indígenas.
“El punto número uno de la plataforma de la Octava Marcha (del año pasado) era el respeto al Tipnis y la no construcción de la carretera por el medio del territorio indígena, ésa fue la demanda principal, el único propósito era que garantice la existencia de los pueblos indígenas”, dijo en entrevista con Erbol.
“Lo más grave es que le miente al país, dice que la consulta es previa porque no hay proyectos en el Tipnis, entonces ¿qué contrato firmó el Gobierno con una empresa extranjera?”, agregó.
Opiniones
Carlos Romero - Min. de Gobierno
Unos dirigentes que se agarran una movilización confunden a la base indígena, tienen fines políticos, económicos; y una base indígena que a medida que pasa el tiempo ya no quiere estar en la movilización (...) La Constitución Política del Estado dice que hay que hacer consulta.
René Martínez - Senador del MAS
La falta de diálogo también es una falta de determinación de los propios movilizados, en principio se había generado una reivindicación que era la protección de la biodiversidad en ese territorio, ese hecho se modificó radicalmente con actitudes de acciones políticas de los dirigentes.
Fernando Vargas - Pdte. Subcentral Tipnis
Cuando el Ministro (Carlos) Romero era nuestro asesor, ¡caramba!, cómo nos asesoraba, cómo hacía para hacerle entender al Gobierno que no viole nuestras leyes, que tiene que respetar nuestros derechos; y ahora que ya es Gobierno me sorprende mucho porque viola las leyes.
INDÍGENAS desconocen a Chávez y a Bejarano
¿Cómo es posible que personas que no viven y ni siquiera conocen la realidad que existe en el Tipnis sean quienes deben decidir cuál va a ser su destino?
La interrogante fue realizada ayer por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien se refirió a los supuestos voceros de la denominada IX Marcha, Adolfo Chávez, ex presidente de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), y Bertha Bejarano.
Informó que el primero vive en Santa Cruz, mientras que la dirigenta vivía en un barrio de Trinidad, ciudad capital de Beni. Recordó además que ambos dirigentes son cuestionados por hechos delictivos.
“En algún momento el dirigente Chávez se perdió, asumió la dirigencia con fines personales y prebendales, (mientras que) la señora Bertha Bejarano se dedicó al narcotráfico”, dijo.
A parte de haber sido desconocido por 10 de las 12 regionales de la Cidob, Chávez también fue acusado por el ministro Romero por beneficiarse con cobros a las casas de juegos como Bingo Bahiti, de donde supuestamente cobró unos $us 30 mil por una licencia. Por su parte, Bejarano fue detenida en Brasil por tráfico de drogas.
“Estos dirigentes que dicen que viven en el Tipnis no conocen cómo vivimos nosotros y cómo sufrimos nosotros, también quisiera que Bertha Bejarano vaya a vivir con nosotros a nuestras comunidades, ella dice que vive en el Tipnis, pero eso es mentira, no la conocemos a esa señora, ella jamás pisó nuestro territorio”, indicó Clara Gutiérrez, presidenta del Club de Madres de la comunidad de Oromomo del Tipnis.
La posición fue apoyada por el presidente de la Subcentral del Sécure, Carlos Fabricano, quien afirmó que “nosotros queremos, como pueblos indígenas nativos, que seamos nosotros que definamos (este conflicto) y no otra gente entremetida. Nosotros jamás nos vamos a sentar con Adolfo Chávez ni siquiera con Bertha Bejarano”.
La propuesta presentada por el Ejecutivo fue dialogar con los 63 corregidores de las poblaciones del Tipnis que están representados por las subcentrales del Sécure, del Tipnis y del Conisur, esto en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
