"Considero que es una decisión desatinada la que asumió el Gobierno de Brasil de otorgar asilo a una persona que en Bolivia está acusado no por sus ideas sino que está acusado por delitos de asesinato por el caso de muertes a dirigentes indígenas en Pando, de la masacre del Porvenir", fundamentó en conferencia de prensa dictada en Palacio de Gobierno.
García Linera recordó que Pinto está acusado también del "uso corrupto" de recursos públicos, por lo que aseguró que es una persona acusada por "delitos comunes" y no un perseguido político.
"Es una persona que está siendo acusada por haberle robado al Estado y por haber malversado fondos públicos, no es un persona que se le está acusando por su concepción de derecha, sino por cometer delitos y robarle al Estado al mal utilizar los dineros del Estado", afirmó.
Según datos oficiales, Pinto se refugió el pasado 28 de mayo en la Embajada de Brasil argumentando persecución política.
El senador por el departamento amazónico de Pando tiene 20 procesos penales en su contra, entre ellos, procesos por el desvío ilegal de fondos de la Zona Franca de Cobija (Zofraco) en favor de la Universidad Amazónica de Pando, en su gestión de Prefecto de ese Departamento (2001), caso por el que fue imputado por delitos de conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
De acuerdo a los antecedentes, tras la acumulación de las evidencias se determinó que el daño económico causado al Departamento de Pando fue de aproximadamente 11 millones de bolivianos, cuyo destino aún es desconocido.
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