Crisis policial se junta con llegada de marchistas indígenas a La Paz

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La Paz, 25 jun (ABI).- El motín de los suboficiales entró el lunes a su quinto día, uno después que sus líderes, dos ex oficiales expulsados de la Policía y la viuda de otro, todos inmersos hace una década en política, desconocieran un acuerdo salarial firmado con el gobierno de Evo Morales, lo que, paradójicamente, hacía coincidir la crisis policial con la llegada a La Paz de una marcha de indígenas de tierras bajas.     La IX Marcha de una fracción de los originarios que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y que, en cabeza de Adolfo Chávez, adversario político del presidente  Evo Morales, se oponen radicalmente a la construcción de una carretera por medio de ese parque natural, se encontraba a un paso de La Paz.     Pese a que el Gobierno ofreció un aumento salarial de entre 22 y 25% a los policías de baja graduación en trance de efervescencia, 14 ó 17%más que el aprobado en sus negociaciones de abril y mayo últimos con la matriz Central Obrera Boliviana, que concernió directamente a profesores, policías y sanitarios, y que sirvió de base para las negociaciones en el sector privado, los uniformados inconformes agudizaron sus protestas, sin detener la escalada de violencia y toma de instituciones.     El desconocimiento del acuerdo que atendió el legítimo reclamo salarial de los suboficiales y que, de hecho, precipitó la crisis policial, se registró dos días después que el Senado de Paraguay depusiera, en juicio sumarísimo contrario a los plazos que establece el debido proceso, al presidente legítimo Fernando Lugo.     Mientras el gobierno de su vicepresidente Federico Franco sufría un aislamiento en la región y Lugo forjaba un gobierno paralelo con el apoyo de la matriz sindical de los proletarios paraguayos, ambivalencia que sentaba un interregno en el gobierno de Paraguay, y los marchistas de Chávez se aprestaban para coronar varias semanas de caminata entre las ciudades de Trinidad y La Paz, el gobierno de Morales detectaba y denunciaba un conspiración detrás de las protestas de agentes encapuchados.     El vicepresidente Alvaro García Linera denunció que un grupo de policías de baja graduación, liderado por ex oficiales vinculados a partidos políticos o con pasado político, "asedia" el Palacio de Gobierno en La Paz.     Se trata, dijo, de "fuerzas oscuras" que galvanizan un motín en 5 de las 9 ciudades de Bolivia, que han "secuestrado a la Policía" y que impiden el trabajo de las instituciones del Estado.     De hecho, sólo en la Plaza Murillo, que congrega a los poderes de la nación, excepto el Judicial, con inclusión de la sede de la Iglesia del Vaticano, el Palacio Quemado se encontraba cerrado, el Legislativo trabajaba menos que a media máquina y la Cancillería estaba en pana.     El gobierno identificó a oficiales expulsados de la Policía, el ex mayor David Vargas entre ellos, que en febrero de 2003 alzó en armas a sus camaradas contra el Ejército, leal al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, barullo que dejó 31 muertos de ambos bandos además de civiles en 2 días.     García Linera y el mismísimo Morales han denunciado la existencia de un subversivo 'Plan TIPNIS', luego de interceptar una comunicación de radio de circuito cerrado que usan los policías en la que los activistas del motín, que mandan encapuchados a la calle para tomarse instituciones y destruir documentación de un tribunal anticorrupción policial, se entienden para fabricar bombas Molotov, enfrentarse con "los plomos" (Ejército) y "limpiar" (asesinar) al ministro de Gobierno, Carlos Romero.     La denuncia se registró minutos después que los policías de baja graduación, en su mayor parte encapuchados y que han paralizado los servicios de seguridad ciudadana desde el jueves, corrieran a golpes de pie, palo y puño y emanaciones de gas lacrimógeno, a mujeres que contramanifestaban por inmediaciones de la Plaza de Armas de La Paz, cerca de donde los inconformes han establecido su cuartel general.     García Linera reconoció que se trata de "infiltrados" con filiación política en la opositora Unidad Nacional, del empresario Samuel Doria Medina, en las líneas de los inconformes con sus salarios y las esposas de éstos.     "Fuerzas oscuras como ex candidatos de partidos políticos que no son policías, que han sido retirados de la Policía, entrando encapuchados a las unidades de las Policía levantando y distribuyendo armas", sostuvo.     La extendida crisis policial, que dividía en dos a la entidad, entre quienes apoyan y no las medidas de presión y que hurgó en viejas heridas entre oficiales y suboficiales, más aún luego que los segundos la emprendieran contra los primeros, el jueves y viernes últimos.     Horas antes que los marchistas indígenas de tierras bajas pongan sus pies en las altas montañas de La Paz, los policías de baja graduación incrementaron en 400% sus pedidos al Gobierno que volvió a abrirse a una nueva negociación.     Además del aumento de sus retribuciones al nivel de las Fuerzas Armadas, la anulación de una ley y la jubilación con el100% de sus ingresos Devolución, los policías de baja graduación o agentes, que han lanzado a las calles también a sus esposas, piden ahora que el Gobierno devuelva a la tuición de la Policía, percibida como la entidad más corrupta en Bolivia, la administración de las oficinas de Identificación Personal y la que otorga los permisos para conducir. 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