La Paz. El fiscal Aldo Ortiz, anoche, tras tomar declaraciones a dos coroneles.
“En primera instancia, existía algunos riesgos de que se podía modificar la documentación o influenciar en los testigos y se ha determinado una resolución de aprehensión en contra de ellos; han prestado la declaración en calidad de aprehendidos”, explicó el fiscal asignado al caso, Aldo Ortiz. La autoridad agregó que se realizará una evaluación de las declaraciones de los uniformados y que, en función a ese análisis, la Fiscalía se pronunciará en cuanto a la remisión o no de los policías ante un juez cautelar.
“Debemos hacer una evaluación integral de todos los elementos, desde la aprehensión tenemos 24 horas para ponerlos ante el juez cautelar, en ese plazo debemos ver si los elementos e indicios existentes son suficientes o no; si no lo son, amerita otro pronunciamiento”, agregó Ortiz.
Denuncia
En marzo, un padre de familia denunció que el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, ordenó a Piérola aprobar la creación del “Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales”. Según la queja, Santiesteban envió a Piérola una lista de 54 jóvenes “recomendados” para ser incorporados a la Anapol, previo pago de $us 5.000, bajo la modalidad de un “plan piloto”.El domingo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el “plan” era legal, pero que con la Policía se decidió dejarlo sin efecto para evitar susceptibilidades por presuntas anomalías. Aseguró que él no tenía conocimiento pleno de ese “programa”, ya que se procesó durante la gestión del exviceministro de Régimen Interior y Policía, Roberto Quiroz.
Ayer, tras la denuncia de un funcionario del Ministerio de Transparencia, las autoridades policiales fueron citadas a la FELCC para brindar sus declaraciones; luego de casi nueve horas de interrogatorio, la Fiscalía determinó su aprehensión e inicio de investigación por los delitos de uso indebido de influencias, cobros irregulares, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, cohecho y falsedad ideológica y material, entre otros.
En 2010, se creó la Comisión de Máxima Instancia que debe velar por la transparencia en la selección de los postulantes a la Anapol; de ese ente forman parte los ministerios de Transparencia, Gobierno, Salud y Educación. Según Ortiz, esa comisión sólo aprobó el ingreso de 460 aspirantes y no así el ingreso extraordinario de otros 54, bajo la modalidad del “Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales”.
La denuncia de la labor irregular
Queja
El 19 de marzo de 2012, Raúl Morales denunció al ministro de Gobierno,
Carlos Romero, que en la Universidad Policial (Unipol) se ejecuta un
plan irregular de admisión de cadetes indígenas. Precisa que se exige el
pago de $us 5 mil por cada alumno.
Medida
El 8 de abril, el Gobierno decide la exclusión de 54 cadetes que
ingresaron a la Unipol en la modalidad intercultural. El Ministro de
Gobierno señaló que el número de carnet de identidad de Morales, el
denunciante, corresponde a otra persona.
Los padres de familia protestan en la Unipol
Padres de familia de los 54 cadetes de la Universidad Policial (Unipol)
que fueron separados de esa institución, anunciaron que realizarán
movilizaciones de protesta, como bloqueos de caminos y huelgas de
hambre, en contra de esa decisión.
Los cadetes retirados forman parte del “Programa piloto de incorporación de bachilleres interculturales”, plan que según queja de Raúl Morales al ministro de Gobierno, Carlos Romero, fue irregular. El denunciante, además, señaló que cada cadete pagó la suma de $us 5.000 para ser admitido en la Unipol.
El fin de semana, Romero anunció que, junto al comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, decidió suspender la aplicación de ese programa “para evitar cualquier tipo de susceptibilidades”.
Ante esa situación, padres de familia de los afectados se concentraron ayer frente a la puerta principal de la Unipol, en la que molestos adelantaron el inicio de movilizaciones en contra de la decisión del Ministro de Gobierno y del Comandante General de la Policía Boliviana.
Uno de los padres dijo que lamenta que aún haya discriminación en contra de sus hijos, que ya estaban estudiando en la Unipol. Agregó que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para evitar que sus hijos salgan de esa institución.
