BANZER ordenó el fusilamiento de Melquiades Suxo en 1973 y a sus hijos se les aplicó torturas

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Sociedad

El debate sobre la pena de muerte regresó a Bolivia después del asesinato de los hermanos Peñasco Layme. Las posiciones son divididas. Cambio presenta el caso de Melquiades Suxo, que aún genera dudas sobre la efectividad de la pena capital.

1973 es el año en que Melquíades Suxo fue sometido a la pena capital por el delito de estupro y asesinato de una niña de cuatro años.

LA PAZ - Cambio

Es 27 de agosto de 1973. Faltan tres días para que Melquiades Suxo sea fusilado. Este campesino migrante de Sunimuri, un pueblo ubicado a orillas del lago Titicaca, arenero de oficio, ha sido acusado de estupro y asesinato de una niña de cuatro años.

La pena máxima ya no existe en Bolivia, ha sido excluida de la Constitución Política del Estado en 1967, pero la población exige que sea repuesta para aplicarla en contra de Suxo.

El país vive un período de dictadura instaurado por Hugo Banzer Suárez, quien ha rechazado el pedido de indulto de Suxo y ha ordenado su inmediata ejecución.

“He determinado que se cumpla la sentencia pronunciada por su Juzgado, junto al sincero deseo de que la majestad de la Justicia boliviana consiga con sus fallos la vigencia del respeto a la vida, la propiedad privada y el honor de las personas e instituciones en la sociedad nacional, resguardando sobre todo a la mujer y niñez boliviana”, indica la respuesta del Jefe de Estado a la carta enviada por la defensa de Suxo.

El periodista Guido Pizarroso, del periódico Hoy, llega hasta la ófrica celda del condenado en la cárcel de San Pedro, para hacerle una entrevista.

Lo encontró talando un anillo de cuerno de algún animal. La escena le dio el título a su nota periodística: “Talando un todo anillo, Suxo espera la muerte”.

El migrante aymara no habla bien el castellano y tiene que recurrir a palabras de su lengua materna para responder con frases cortas a las preguntas que se le hace, destaca Pizarroso en su entrevista.

“(...) espera pacientemente sin saber realmente en qué consiste la muerte. Muestra  gran resignación cuando se enteró de que el Presidente de la República le negó el indulto, pero insiste en que es inocente. ‘No tengo huevos’, dice y pide que vayan muchos médicos a convencerse”, señala parte de la entrevista publicada en el periódico Hoy el 28 de agosto de 1973.

El estado físico de Suxo evidentemente se mostraba seriamente deteriorado, porque a la pregunta de Pizarroso sobre su salud, Suxo le responde: “Mirame, estoy enfermo, mi cabeza me duele, creo que está llena de sangre. Mi hueso de aquí está roto (se toca el costado izquierdo). Mi pierna está lastimada, mirá (muestra su pierna derecha mal vendada)”.

A los dos días de la publicación de la entrevista, el 30 de agosto, aproximadamente a las 6 de mañana, Melquiades Suxo fue fusilado en el panóptico de San Pedro.

Los hijos de Suxo
En la entrevista de Guido Pizarroso no se menciona que Melquiades Suxo tenía dos hijos: uno de 17 años y una niña de 14, quienes junto a él también fueron sentenciados por complicidad.

Mientras la niña, pese a ser menor de edad, fue condenada a cinco años de cárcel por rapto; su hermano, también menor de edad, recibió la pena de 20 años de prisión por estupro.

En esa misma época, el hoy  periodista y abogado Nicolás Fernández había llegado a la ciudad de La Paz con su madre, procedente de Potosí.

Pese a que aún era un niño, vivió la conmoción nacional de ese entonces. Más porque en la casa a la que llegó a vivir, en la calle Armentia, habitaba uno de los fiscales que estuvo a cargo del caso.

Pasaron 20 años después del hecho, y en 1993 Nicolás, que se había convertido en un periodista, decidió investigar el caso Suxo.

“Durante años busqué, sin suerte, a los hermanos Suxo, de quienes sabía habían cumplido su condena en la cárcel”, dice este periodista.

Su búsqueda terminó en 2011, cuando un día se le ocurrió tomar una guía telefónica de la ciudad de La Paz para buscar el apellido Suxo. Lo encontró. Llamó; y grande fue su sorpresa cuando en el primer intento encontró a la hermana.

Le fue muy difícil lograr una entrevista personal con ella, pero finalmente lo logró. La primera reunión fue impactante para Nicolás porque la mujer había llevado por mucho tiempo oculto el terror que vivió en su infancia. Y al revivir esos episodios estalló en una crisis emocional.

“Sufría y sufre de una victimización permanente”, dice el periodista.

La hija de Suxo contactó a Nicolás con su hermano. Y ambos le contaron su verdad en la que aseguran haber sido forzados, a través de la tortura y la vejación, a confesar una culpa y una condena que cargan hasta hoy.

Al ser aprehendidos, los hermanos Suxo, junto a su  padre, fueron llevados a las oficinas del Departamento de Orden Político (DOP), donde fueron torturados y obligados a confesar que, junto a su padre, habían participado en la violación y asesinato de la niña María Teresa Mamani, de cuatro años de edad.

Pero, lo peor lo vivieron en la morgue, donde la hija de Suxo fue obligada a dormir con el cadáver de la niña María Teresa y “besar a los muertos”, señala el periodista Fernández.

El reportero y también abogado indica que los hermanos Suxo también “fueron obligados a ver cómo le rompían las piernas a su padre para hacerle confesar”,

Y la tortura también había alcanzado al hijo mayor de Suxo,  a quien “le rasgaron el prepucio para demostrar que no era casto y así tener la prueba de que había participado en el ultraje sexual de la menor”.

“Yo ni siquiera sabía qué era sexo”, le confesó el hijo de Suxo Nicolás, 38 años después del fusilamiento de su padre Melquiades Suxo.

El periodista está convencido de que la familia Suxo es inocente y que fue víctima de una medida política del Gobierno de facto de entonces.

“La decisión fue más política  porque Hugo Banzer quería frenar la resistencia de los sindicatos y otros sectores a su Gobierno de facto”, sostiene.

Lo cierto es que a casi 40 años de la última aplicación de la pena de muerte en Bolivia, aún se debate la inocencia o culpabilidad del condenado Melquiades Suxo.

DATOS
• Melquiades Suxo era un campesino migrante que vivía en la zona de Chuquiaguillo de La Paz y era arenero de oficio.
• Los dos hijos de Melquiades, menores de edad, fueron sentenciados a 20 y cinco años de cárcel por complicidad.
• En 2011, el periodista y abogado Nicolás Fernández encontró a los hermanos Suxo, quienes le confesaron su inocencia.
• Después del asesinato de los hermanos periodistas Peñasco Layme, la población demandó la aplicación de la pena capital.
• Autoridades plantean pensar en medidas de rehabilitación y reinserción de las personas que cometen delitos.
• Movimientos sociales proponen la aplicación de medidas de prevención que involucren a la sociedad en su conjunto.

Puntos de vista
Andrés Alanoca - Alcalde de Jesús de Machaca
Pedimos que las autoridades tomen cartas en el asunto porque la población ya está tomando la justicia por mano propia y no podemos hacer nada ante el incremento de la delincuencia, que nos trae luto y dolor a las familias.

Los hijos de uno de los mallkus de nuestra comunidad fueron asesinados por estos delincuentes, y es como si la muerte hubiera llegado a todas las familias, por eso reclamamos justicia y vamos a seguir hasta conseguirla.

Ernestina Colque - Comunaria de Andrés de Machaca
Cómo podemos vivir con miedo, ya no se puede caminar ni temprano ni de noche. Los que vivimos en el campo siempre hemos estado amenazados por los delincuentes que nos asaltan en el camino.

Estamos cansadas de que maten a nuestros hijos, esposos, padres y hermanos. Ahora las mujeres también corremos peligro, como ocurrió con la compañera Verónica Peñasco. Por eso pedimos la pena de muerte para los ‘cogoteros’.

María Mamani - (Familiar de una víctima)
Una pena lo han dejado a mi hermano, totalmente golpeado. La Policía no nos da garantías, y los ‘cogoteros’ nos tienen amenazados a toda la familia. También tenemos gastos que hacer para la curación de mi hermano, necesito harta plata.

Sólo para reconstruirle el pabellón de la oreja necesitamos 4 mil bolivianos y es más dinero para la cara. ¿Acaso ellos piensan en ese daño cuando les hacen eso? Aunque sea debían desvestirlos, pero no matarlos o herirlos.

Gustavo Minaya - Poblador de la Prov. Ingavi
Estos delincuentes no tienen respeto por la vida, parece que matan por gusto. Entonces ¿qué podemos hacer? También el Gobierno tiene que tener en cuenta que sus jueces y fiscales son cómplices de los ‘cogoteros’, porque los dejan libres.

Si por lo menos el Ministerio Público hiciera su trabajo, no estaríamos en peligro de muerte. En todo caso, que las autoridades hagan alguna acción para que estos delincuentes no salgan de la cárcel a enlutar a las familias

“Otro no puede convertirse en asesino”
“Es preocupante porque los casos de violencia se ven todos los días en todas partes de Bolivia y pasan como si nada, pero no quisiera que la pena de muerte convierta a otros en asesinos”, opinó Julia Ramos, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas, Campesinas y Originarias - Bartolina Sisa.

Así la dirigente expresó su desacuerdo con la implementación en Bolivia de la pena de muerte contra ‘cogoteros’ y violadores, como demandó en los últimos días la población de El Alto y de algunas provincias de La Paz, después del asesinato de los hermanos periodistas Peñasco Layme.

Ramos convocó a la población en general a asumir medidas de control en las comunidades y barrios, con la colaboración de efectivos policiales.

“Si hay gente que comete delitos, no puede ser que vaya a cárceles hacinadas, porque ahí es donde tiene que rehabilitarse, estudiando y aprendiendo oficios para generar ingresos incluso para su alimentación”, sostuvo Julia Ramos.

Viceministra de Igualdad: Postura es bastante radical
La viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia,  Karina Marconi, consideró que la demanda de pena de muerte en Bolivia para ser aplicada a delincuentes ‘cogoteros’ y violadores “es una postura bastante radical”.

“Implicaría cambiar la Constitución Política del Estado, que reconoce el derecho a la vida. Más bien, es oportuno pensar en medidas de rehabilitación, de reinserción de las personas que cometen delitos”, dijo la viceministra Marconi.

La autoridad remarcó que el Ministerio de Justicia estableció conversatorios al respecto en mesas de diálogo para analizar el asunto de manera profunda.

“La inseguridad ciudadana no requiere sólo respuestas del Estado, sino también de la sociedad civil”, añadió la Viceministra.

Indicó que “hace falta debatir más y avanzar en políticas que den respuestas desde el nivel central, las gobernaciones, municipios y población en general” al problema de la inseguridad ciudadana, que ha movilizado a algunos sectores de la población de El Alto y provincias de La Paz.

“Apliquemos resultados de la cumbre”
El presidente del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Víctor Vacaflores, afirmó que la pena de muerte no es la solución para resolver el problema de la inseguridad ciudadana, y exhortó a las autoridades a trabajar en medidas de prevención de la delincuencia, como el fortalecimiento de la Policía y la aplicación de las conclusiones surgidas en la Cumbre de Seguridad Ciudadana de Tarija.

“Desde el punto de vista humano y social, y de los derechos humanos, no es la salida instaurar la pena de muerte, porque se corre el peligro de cometer errores, como ocurre en Estados Unidos, donde se tienen registrados casos en que mucha gente inocente fue ajusticiada”, afirmó.

Recordó que Bolivia tiene suscritos una serie de convenios internacionales, como el Pacto de San José, el cual establece la abolición de la pena de muerte de las legislaciones de los países miembros

Afirmó que el debate de la pena de muerte resurge en el país siempre que suceden hechos de violencia y delincuencia que conmueven a la población, “por lo que es necesario que de una vez las autoridades implementen las soluciones concretas que se plantearon y aprobaron en la Cumbre de Seguridad Ciudadana”.

“De lo contrario la sociedad va a seguir viendo que la pena de muerte puede ser la solución a este problema y que hacer justicia con mano propia es la actitud correcta”, concluyó el activista de derechos humanos.