TITULARES
• Revelan que marcha por el TIPNIS buscaba “tumbar al indio Evo”
• Los dirigentes de la marcha mintieron a los indígenas de base
• Dirigentes del Tipnis avalan la depredación del parque
• En el TIPNIS operan 12 oenegés
• Defensor de Tarija: ONG’s quieren un Super Estado para los indígenas
• Gobierno rechaza el informe del Defensor por sesgado
• Ex ministro de Gobierno dice que la Policía rompió la cadena de mandos
• La USAID, instrumento de ataque contra las naciones, Por Nil Nikandrov
• Chile busca “estrangular” a Bolivia con limitaciones al libre tránsito
• Bolivia y Argentina refuerzan integración fronteriza
• Bolivia fija 5 ejes para renegociar 22 pactos bilaterales de inversión
• Menores 6 y 11 años son víctimas de la trata
• Boliviano cuenta cómo fue explotado en un taller textil
Revelan que marcha por el TIPNIS buscaba “tumbar al indio Evo”
DIARIO CAMBIO, LA PAZ.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-11-25&idn=59123
“Esa marcha que hicieron todos estaba totalmente politizada, porque marchaba una hermana que yo tenía ahí y otro hermano. Mi hermana marchaba porque ella vive en Trinidad, (...) No sé quién le dio su discurso, pero ella tenía su casa que le estaba dando el Gobernador (del Beni, Ernesto Suárez) con la condición de que ella marche y que tumbe a ese indio”, reveló Armando Nolvani Apaza, primer cacique de la comunidad Natividad del Retiro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Nolvani arribó a La Paz junto a 20 dirigentes de comunidades indígenas del Tipnis para reunirse con el Primer Mandatario y pedirle que se construya la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, respetando el trazo original, que cruza por el Parque Isiboro Securé, así como la modificación de la ley de defensa de este territorio.
Los dirigentes revelaron una verdad que estaba condenada a permanecer en el encierro del Tipnis: que la marcha encabezada por la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), en contra de esta vía, fue gestada por móviles políticos dirigidos a lograr el debilitamiento y derrocamiento del gobierno del presidente Evo Morales.
Tanto el Jefe de Estado como el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, y más tarde el presidente del Senado, René Martínez, junto a otros asambleístas, escucharon todos los testimonios indígenas sobre la difícil vida que llevan en el Tipnis y los atropellos a los que son sometidos por el aislamiento en el que viven, como ellos lo manifestaron.
“Esa marcha había sido falsa y manejada por los políticos, si hubiera sido genuina, porque esa marcha la hicieron manejados por la gente del otro lado del departamento (del Beni), habría sido otra cosa. Ni siquiera marcharon los verdaderos indígenas, marcharon otras personas, a nosotros ni nos consultaron, para hacernos firmar documentos nos buscan”, afirmó Demetrio Cita Wachuri, corregidor de la comunidad Villa Esperanza, durante una entrevista con el senador Martínez.
Nolvani develó la injerencia de las oenegés, como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), al momento de preparar la marcha de la Cidob, que arribó en octubre a La Paz.
“Cómo no hubiera querido que esté la prensa para que vean qué es lo que decía ese hombre. Yo estaba muy triste, quería pelearme con ese hombre de esa institución que es Cejis, peleábamos porque yo reclamaba el proyecto de la carretera”, contó.
Asimismo, la capitana grande de Natividad del Retiro, Rosa Fabricano, afirmó que los dirigentes de la Cidob organizaron la marcha y utilizaron a gente que no vive en el Tipnis, sin consultar a los verdaderos pobladores de esta región.
“Estamos muy molestos, hemos visto por la tele esa marcha, nos hemos dicho quiénes son esos indígenas que no viven en el Tipnis, por qué ellos marchan a nombre de nosotros. Es que los dirigentes no nos han preguntado, han salido a hablar a nombre de nosotros. Ellos saben que nosotros queremos proyectos, queremos desarrollo, pero están buscando sus intereses, quieren que vivamos así, y así también estén nuestros hijos”, afirmó.
SINOPSIS
Los dirigentes de las 20 comunidades benianas del Tipnis llegaron aproximadamente a las 11.30 a Palacio de Gobierno, donde el presidente Evo Morales los esperaba junto a los ministros de Transparencia, Nardy Suxo, de la Presidencia, Carlos Romero, y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro.
A su arribo a la plaza Murillo, los corregidores y delegados del Tipnis quedaron impresionados por la imponencia del lugar. Expresaron su complacencia por estar en la sede de gobierno y por conocer el centro del poder político del Estado plurinacional.
En su visita a la Asamblea Legislativa, los originarios ocuparon momentáneamente los curules de los asambleístas e hicieron uso de los micrófonos. Varios legisladores oficialistas les dieron la bienvenida.
PROTAGONISTAS
Jhonny Ervin Moye, corregidor Central Oromomo
“Allá vivimos sumamente lejos, no tenemos ni un camino hecho, nada, ni una posta, ni hospital, ni médicos. Por eso hemos venido para que nos escuchen”.
Waldo Pizarro, tesorero Central Oromomo
“Hemos venido a La Paz porque estamos preocupados por la Ley Corta, para que se modifique, porque nos perjudica, nosotros queremos la carretera y más obras del Gobierno”
Gumercindo Noe Teco, corregidor San José del Río Secure
“Nosotros somos los dueños, queremos carretera, queremos desarrollo, para el mejoramiento de nuestros hijos que les toca también, ya que los dirigentes nunca lo han hecho”.
Aida Montecinos, profesora del Sécure
“Es una pena ver a los niños enfermos, y a nuestro médico como trata de sanarlos, es grave cuando se indisponen, muchos se mueren nomás por falta de un hospital”.
Los dirigentes de la marcha mintieron a los indígenas de base
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-11-25&idn=59115
Los dirigentes que representaron a los originarios del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en la denominada VIII Gran Marcha Indígena, sólo desinformaron a las bases y velaron por sus propios intereses, por lo que ahora son desconocidos en sus regiones, afirmaron ayer, en declaraciones separadas, representantes de organizaciones sociales y corregidores del departamento del Beni.
Las declaraciones de los indígenas fueron vertidas durante una reunión que tuvieron con el presidente Evo Morales. En el encuentro reiteraron su pedido de realizar la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
"Los dirigentes nos dicen allá (en Beni) que el Gobierno es un cochino, que no sirve para nada, que no es un gobierno para ellos, para los dirigentes, y eso nos duele, que vayan con mentiras, que nos mientan", señaló la presidenta del Club de Madres de la Comunidad Río Sécure, Clara Gutiérrez.
Aseguró que dichos dirigentes "siguen diciendo mentiras. Por eso ya no queremos creerles, ya no queremos que los dirigentes nos manejen; queremos despertar".
Por su parte, el corregidor de la comunidad San Ignacio de la Curva, Ilario Canchi Credo, lamentó que los dirigentes indígenas no quieran el progreso de las comunidades y sólo busquen figurar ante los medios de información masiva
"Todo el tiempo los dirigentes nos dicen ‘que no haya carretera, que no haya carretera’. Nos están quitando el derecho de que tengamos carretera, porque ellos no viven en nuestras comunidades, viven en las ciudades. Ellos utilizan a la prensa, a los medios de comunicación para figurar. Dicen que tenemos desarrollo cuando no tenemos nada", manifestó.
Llegada a La Paz
Los dirigentes indígenas llegaron a la ciudad de La Paz el 19 de octubre para dialogar con el presidente Evo Morales luego de 65 días de caminata.
Sin embargo, la reunión se dilató más de tres días debido a que los indígenas solicitaron insistentemente que la reunión se realice en instalaciones del Palacio de Gobierno, se negaron a reunirse en la Vicepresidencia, y la dirigencia marchista pidió algunos elementos como una pantalla gigante en la plaza Murillo —donde se instaló por días una vigilia indígena— para que se vea el diálogo, hecho que no era posible de atender.
Sin embargo, según Gutiérrez y el primer cacique de la comunidad de Natividad, Armando Nolvandi, los dirigentes decían que era el Presidente el que no los quería recibir para dialogar.
"Había sido mentira lo de aquellos dirigentes dijeron del Presidente (Morales), que no quería estar con nosotros, la gente indígena. Mire cómo ellos hablan, mire cómo ellos lo distorsionan", dijo Nolvandi.
En ese sentido, los más de 30 representantes de las comunidades del Tipnis coincidieron en desconocer a los dirigentes indígenas como Pedro Nuni, Adolfo Chávez y Fernando Vargas.
También pidieron a esos dirigentes rendir cuentas económicas sobre las actividades con la madera y otros recursos provenientes directamente del Tipnis.
VOTO RESOLUTIVO
Varias organizaciones sociales y representantes de las comunidades del Tipnis realizaron un voto resolutivo que señala en sus puntos más importantes:
En reunión de coordinación de corregidores indígenas originarios de tres territorios, Tipnis, TIM y TIMI, organizaciones sociales, instituciones vivas de la provincia Moxos, realizada en fecha 23 de noviembre de 2011 en los salones de la Escuela de Música del municipio de San Ignacio de Moxos, determinamos lo siguiente:
1: Trasladarnos a la ciudad de La Paz a reunirnos con el señor Presidente en el Palacio de Gobierno, nosotros, los Corregidores y las bases de nuestras comunidades Tipnis, TIM y TIMI, y las autoridades de la provincia Moxos
2: Solicitamos al señor Presidente gestionar de manera inmediata la modificación de los párrafos de la ley en la que se prohíbe la construcción de la carretera y declara intangible el territorio del Tipnis. Modificar para que permita la construcción de la carretera entre Isinuta y Monte Grande (tramo II), y que permita que trabajemos nuestras tierras que están dentro del territorio Tipnis. Modificar el término de intangibilidad.
3: No permitiremos más el avasallamiento de Justa Cabrera y Adolfo Chávez, estamos viendo por la tele que estas personas, sin conocernos, están hablando a nuestro nombre, nosotros no los hemos elegido para que nos representen y peor aún no los conocemos. Estas personas no conocen nuestro territorio y pedimos al señor Presidente que de ahora en adelante nos consulte a nosotros, que somos los dueños del Tipnis, para decidir qué hacer con nuestro territorio. Pedimos a Fernando Vargas, Pedro Nuni, los dirigentes de la Subcentral Sécure Tipnis y al presidente de la Cepib y de la CPMB que, antes de hablar a la opinión pública sobre el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, bajen a nuestras comunidades a rendir cuentas económicas, venta de madera y otros, también sobre las acciones actuales. Asimismo, para consensuar las posiciones que se deben plantear de manera consensuada para que planteen cualquier posición a nombre de nuestros pueblos indígenas.
4. Pedimos a los señores de la prensa que nos visiten en el Tipnis y nos pregunten si queremos o no la carretera, no les den cobertura a esos dirigentes que no nos representan y que viven en las ciudades, que nos engañan, nos hacen firmar documentos que ni sabemos de qué se trata.
7. Rechazamos las declaraciones mal intencionadas de esos dirigentes de Santa Cruz, donde indican que los que quieren carretera son solamente los cocaleros y los gremialistas de San Ignacio. Dirigentes, no confundan, nosotros no somos cocaleros ni gremiales, somos gente humilde que necesita el desarrollo de nuestros pueblos indígenas, pero si estas organizaciones nos apoyan para que nuestro territorio, nuestra provincia de Moxos, tenga desarrollo, bienvenido; pero aquellos que le niegan el derecho al progreso, esos siempre serán malditos para esta tierra y no tendrán perdón y nunca contarán con nuestro apoyo.
8. Brindar todo el apoyo al señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia para que proceda con la construcción de la mencionada carretera como elemento fundamental para el desarrollo de la provincia de Moxos y el departamento del Beni en general.
Dirigentes del Tipnis avalan la depredación del parque
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-11-25&idn=59125
Los corregidores de poblaciones del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) denunciaron ayer en la reunión que tuvieron con el presidente Evo Morales que continúa la depredación de ese parque.
“Sacan nuestra madera y nunca conocemos los recursos que son de nosotros, donde vivimos sacan los recursos, pero nunca nos dan nada, los corregidores nos dicen firmen aquí y nos prometen plata y nunca la vemos”, señaló el dirigente Justo Edwin Núñez, corregidor de Areruta Sécure.
Núñez pidió la ayuda del Presidente para construir la carretera de integración que los ayudará a vivir mejor y tener una calidad de vida acorde al desarrollo.
Por su parte, el dirigente de la comunidad Palmar de Aguas Negras Tipnis Félix Pizarro Gironda contó al mandatario que vio recientemente a las empresas madereras operando en el interior del parque.
“Tuve la suerte de ir hasta Santo Domingo, como decían allá en las comunidades del territorio del Tipnis donde había bastante madera. Bueno la verdad es que estaban ahí las empresas, en cuanto llegamos estaban embarcando, estaban cargando por la banda del río Sécure”, aseguró el dirigente.
Sin ningún temor, Pizarro señaló que mucha gente se aprovecha de la explotación maderera y no deja réditos para las comunidades.
Asimismo, señaló que "la carretera es sinónimo de vinculación, necesaria para vincular a toda la comunidad y sus alrededores con el departamento de Beni y toda Bolivia".
En ese marco, Clara Gutiérrez, presidenta del Club de Madres del Río Sécure, contó que malos dirigentes se encargan de mentir a los habitantes del Tipnis para obtener madera. "Los obligan a firmar documentación que no conocen por su analfabetismo para obtener dinero que los pobladores del Tipnis no perciben, dijo.
“Los dirigentes nos mienten, sacan madera de allá, ´van a tener beneficios si firman´ nos dicen y como no sabemos escribir ponemos nuestro dedos nomás y se aprovechan de nosotros”, señaló Gutiérrez.
La mujer originaria de Oromomo denunció cómo la gente en las comunidades son denigradas y ultrajadas por una falsa dirigencia que miente y corrompe, amenazando con la cárcel a quien se atreva a denunciarlos.
“Nos tienen amenazados, que nos van a huasquear (golpear) o meter presos, ¿con qué necesidad nos van a meter presos si nosotros no hemos matado a nadie?, no somos comprados de nadie, venimos nosotros conscientemente por nuestra propia voluntad y no pagados como ellos dicen, y les duele porque habiendo carretera ellos no van a tener la mamadera y se la vamos a cortar y eso es lo que reclamo, he dicho que voy a venir acá para que el Presidente escuche mi voz y por eso estoy aquí”, señaló la dirigenta.
La Presidenta del Club de Madres del Río Sécure denunció sin temor que los dirigentes vendieron mucha madera y para continuar con la explotación siguen mintiendo a sus bases, ya que algunos pobladores continúan creyéndoles.
“Por eso no queremos creerles y ya no queremos los dirigentes que nos manejen a nosotros, queremos despertar, así como no sabemos leer queremos despertar ahora, ya no queremos quedarnos allí, tenemos nuestros derechos”, finalizó la representante.
Denuncia de la Ademaf
El 28 de octubre, el director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Ramón Quintana, denunció que tres actividades de carácter industrial y de monopolio se desarrollaban en el Tipnis hace años. Dijo que la información proporcionada por el Ejército y recopilada por esta entidad mostró la verdadera realidad del Tipnis a la población boliviana y a los propios representantes indígenas.
El 17 de noviembre, el director de la Ademaf denunció en conferencia de prensa, en la Gobernación de Cochabamba, que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), expulsada de Bolivia en 2008, encubrió durante 20 años la actividad del narcotráfico en el Tipnis.
En el TIPNIS operan 12 oenegés
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-11-25&idn=59126
La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, señaló ayer que existen 12 oenegés que trabajan en el área del Tipnis, pero algunas tienen el registro vencido, por lo que operan de forma ilegal.
“Nos solicitaron información sobre 12 oenegés y una agencia de cooperación, de la cuales hay varias con el registro vencido y por lo tanto no pueden realizar actividades como ONG, eso fue comunicado a la comisión y fue comunicado a las oenegés, hay algunas que están en trámite de renovar sus registro”, señaló la Ministra.
La titular de planificación explicó que en el país operan 2.175 oenegés, de las cuales 182 son extranjeras.
La normativa establece que para otorgar un registro, las oenegés deben presentar una propuesta de trabajo que señale cómo ésta se enmarca dentro de los planes de desarrollo nacional, departamental o regional ,dependiendo de las áreas de trabajo y los sectores con los que se relacionarán las propuestas.
Los proyectos son evaluados por los sectores sociales y una vez que dan su aprobación el Gobierno brinda el registro. Las oenegés tienen la obligación de remitir un informe anual de sus actividades, con lo que se hace el seguimiento a su trabajo.
“Hasta este momento hemos tenido una normativa de registro que es de buena fe, la información que presentan las oenegés es considerada una declaración jurada”, explicó la autoridad.
Asimismo, explicó que existen muchas otras organizaciones que no envían sus informes anuales por lo que esa es una tarea que se debe subsanar.
Más del 50% de las oenegés son irregulares, ya que muchas se inscriben y solicitan registro, pero no operan, según Caro, quien señaló que este tipo de procedimientos deberá ser subsanado.
La importancia de tener el registro y contar con un mayor seguimiento a actividades fue mencionada por la autoridad, quien destacó que para tener un mayor impacto en lo que representa la cooperación en el país se requieren mecanismos de control en la cooperación oficial, que en muchos casos es ejecutada por las oenegés, pero también en la cooperación no oficial que proviene de la sociedad civil.
Cronología
El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) puede desaparecer en 20 años por la indiscriminada deforestación, la caza y el turismo, manifestó el director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Ramón Quintana.
El 25 de octubre, un sobrevuelo en helicóptero por el parque, con apoyo del Ejército, evidenció la existencia de campamentos y maquinaria pesada que tala árboles.
El titular de Ademaf insistió en que por esas actividades la reserva ya no es un bosque virgen, como se reclamó en la marcha de los indígenas, que consiguió que el Gobierno promulgue una norma de protección que declara al lugar intangible.
Quintana insistió que tres empresas aprovechan más de 70 mil hectáreas en el parque, entre ellas la operadora turística extranjera Untamed Angling SA. Esta compañía tiene una suerte de gerenciamiento exclusivo del Tipnis a través de un contrato con una organización indígena del lugar que le permite trabajar en el área desde la Argentina, explicó el Director de la Ademaf. La otra actividad monopólica es la cacería del lagarto y el aprovechamiento indiscriminado de su piel.
El presidente Evo Morales promulgó el 24 de octubre la Ley de Protección del Tipnis e informó que al menos 200 organizaciones de todo el país mostraron su respaldo a la construcción de la carretera Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de Moxos (Beni).
El 16 de noviembre, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) conminó a tres madereras privadas que operan en las selvas del Tipnis a que detengan sus actividades de explotación bajo anuncios de duras sanciones, dijo su director Clíver Rocha.
Días después, Rocha anunció iniciar una auditoría a las empresa que operan en el Tipnis para conocer qué beneficios dejaron a las poblaciones de las cuales explotaron sus recursos o si estas empresas lucraron inescrupulosamente.
Defensor de Tarija: ONG’s quieren un Super Estado para los indígenas
EL PAIS, TARIJA.-
http://www.elpaisonline.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=41474:segun-defensor-indigenas-buscan-crear-un-super-estado-asesorados-por-las-ong&catid=7:centrales&Itemid=8
Los conflictos entre el Gobierno, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los pueblos indígenas continúan. La construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande, en Santa Cruz, la construcción del último tramo del gasoducto Villa Montes-Tarija y el inicio de los estudios de sísmica 3D en la localidad de Itaguazurenda (Boyuibe, Santa Cruz) son los tres proyectos paralizados por oposición de los pueblos indígenas. La estatal YPFB afirma que no negociará con los asesores de estos pueblos, quienes, según varias autoridades, serían los causantes de la obstaculización.
El defensor del Pueblo en Tarija, Andrés Tablada, denunció que dentro en la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG) existe una fuerte presencia de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que estarían como asesores de los indígenas. “Es por eso que no permiten la construcción de la tercera fase del gasoducto a la capital”, afirmó.
Tablada explicó que en el caso de la APG IG hay una fuerte presencia de la ONG y asesores que no son propios de la zona, hecho que calificó de exagerado. “Es una especie de ‘súper Estado’ en el que realmente nadie puede ingresar”, señaló.
Según el analista David Ledezma Salazar, en los años venideros existirán enfrentamientos entre autoridades del Estado y los diversos grupos denominados controles sociales, naciones y pueblos indígena-originario-campesinos que poco a poco están formando un “súper Estado” que, sin lugar a dudas, “será una bomba de tiempo y un dolor de cabeza para cualquier Gobierno”.
El defensor Tablada aclaró que es muy difícil el acceso a la APG IG, debido a que sólo se puede ingresar con permiso de los indígenas. “Hemos tenido en una oportunidad, la necesidad de hacer una verificación defensorial allá, después de una denuncia. Hemos recibido una nota muy preocupante de que allí sólo se puede ingresar con el permiso de los indígenas. Creo que algunas ONG que están asesorando, están creando una relación de desequilibrio entre los indígenas con otros habitantes”, manifestó.
Esta postura fue apoyada por el secretario departamental de Hidrocarburos, Dino Beltrán, quien ratificó la existencia de personajes externos a las comunidades guaraníes que “manipulan a los dirigentes” impidiendo el desarrollo de esas zonas, y del departamento, oponiéndose a la ampliación de GVT. Empero, el asambleísta departamental Antonio Tato, de la bancada indígena, calificó las denuncias como parte de una “maniobra política”.
El presidente de YPFB Transporte, Fernando Vincenti, sobre el GVT, dijo que existe injerencia de asesores en las negociaciones y acusó a la dirigencia de la APG IG de haberles pedido $us 20 millones para dar luz verde al proyecto.
Empero, un comunicado de la APG IG aclara que se trata de una campaña incitada por autoridades gubernamentales y YPFB Transportes con la intención de intimidar a su organización. Asegura que fue el propio Ministerio de Hidrocarburos el que ordenó a las empresas Petrobras y ex Transredes no negociar con su organización, además enfatizan que tanto el derecho de consulta como el derecho propietario sobre el Territorio Comunitario de Origen (TCO) Itika Guasu son irrenunciables por parte de la APG IG.
Entretanto, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, dijo que se negocia con la APG IG para destrabar los problemas que permitan la obtención de la licencia ambiental. En la actualidad no se puede realizar trabajos.
Frente a este conflicto, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia, José Domingo Vásquez, lamentó que indígenas de APG obstruyan el proceso de industrialización del gas en Bolivia. “Lamentamos algunas actitudes que obstaculizan esta segunda fase del proceso de hidrocarburos que consideramos que es la industrialización, evidentemente ya hay pasos importantes en la planta de Río Grande como en Gran Chaco”, dijo.
Vásquez convocó a la reflexión a los indígenas de la APG para viabilizar esos proyectos de exploración, explotación e industrialización importantes para Bolivia. “Llamamos a la reflexión a las comunidades para que puedan viabilizar (esos proyectos), porque son recursos naturales que tienen que servir al pueblo boliviano”, expresó.
La compensación indígenay la licencia ambiental
El proceso de negociación para la compensación tiene lugar después de la consulta indígena, donde se identifican los impactos socioambientales mitigables y no mitigables del proyecto. La consulta es uno de los requisitos para que la empresa petrolera obtenga la licencia ambiental que le habilita para operar.
Entre los principales problemas de la consulta, según el Ministerio de Hidrocarburos, está “la injerencia de terceros” que no pertenecen a las comunidades indígenas y que en algunos casos responden a “intereses políticos creados” o son asesores contratados o invitados que interfieren en el proceso.
La compensación a los pueblos indígenas por realizar proyectos hidrocarburiferos no es ningún tabú. Actualmente, el pago de la compensación a los indígenas resulta de una negociación entre ambas partes y oscila entre 70 mil y 1,6 millones de dólares. En el caso de la ampliación del GVT, según YPFB, los asesores de los indígenas estarían pidiendo 20 millones de dólares.
La estructura indígena en el país
La Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) es la organización que representa a 34 pueblos de Bolivia. En 1982, nace como Central de Pueblos y Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano (Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos, Guaraníes). Los cuatro pueblos fundadores de la Cidob, se organizan con el fin de fortalecer la unidad y su estructura organizativa, respetando sus formas ancestrales y tradicionales de organización. La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), creada en 1987, es la principal organización representativa del pueblo guaraní y está afiliada a la Cidob.
La APG y otras organizaciones iniciaron un proceso de reconstitución territorial de la “nación” guaraní, con el fin de recuperar sus tierras ancestrales y desarrollarse de acuerdo a su propia visión de progreso, salud, y educación.
En esta tarea hay numerosas ONG que trabajan apoyando a los indígenas, sobre todo en el área productiva. Empero, según varios analistas, éstas han llegado a influir en su visión de desarrollo de forma determinante a tal punto de utilizar como bandera de otros intereses la defensa del medioambiente.
LOS TRES PROYECTOS PARALIZADOS
Planta de Río Grande
Contrato. YPFB Corporación y la empresa argentina Astra Evangelistas S.A. (AESA) firmaron el 15 de enero de 2010 un contrato de adjudicación de la Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Marcha (IPC) para la Planta de Separación de Líquidos Río Grande en santa Cruz por un monto de $us 159.462.470.
Pago. YPFB ha desembolsado a AESA el 45% de ese monto que se ha destinado a la ingeniería de detalle y, fundamentalmente, a empresas en el extranjero que van a fabricar varios equipos.
Gasoducto Villa Montes-Tarija
Transporte. La construcción del gasoducto Villa Montes-Tarija incrementará la capacidad de transporte de 13,8 millones de pies cúbicos día (MMpcd) hasta 64 MMpcd, según informes del Ministerio de Hidrocarburos y de la estatal petrolera.
Ampliación. Este gasoducto permitirá multiplicar por cuatro la capacidad de entrega de gas natural hacia la ciudad de Tarija desde el megacampo Margarita. La inversión supera los $us 23 millones, según el presidente de YPFB Transporte, Fernando Vincenti.
Itaguazurenda
Negociación. La gerencia de Exploración de YPFB encara el proyecto Itaguazurenda en el Chaco. Hace pocos días se suscribió un contrato con la empresa china Sinopec para que se hiciera cargo del levantamiento de información sísmica 3D y la sistematización de la interpretación de esta información. El monto del contrato es de Bs 84,5 millones. YPFB reconoce que no se pudo avanzar más allá de la suscripción del contrato porque la estatal está en proceso de una negociación con la APG Parapitiguazu para la realización de los procesos de consulta ambiental.
Gobierno rechaza el informe del Defensor por sesgado
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-11-25&idn=59085
El Gobierno del presidente Evo Morales Ayma rechazó ayer el informe con las conclusiones y recomendaciones del Defensor del Pueblo en el caso Tipnis, por tener un carácter “sesgado”, nada objetivo y obviar varios elementos relacionados con los hechos del 25 de septiembre en Yucumo.
En conferencia conjunta, los ministros de Gobierno, Wilfredo Chávez, y de Transparencia, Nardi Suxo, a nombre del Gobierno, rechazaron el informe defensorial porque no toma en cuenta elementos de forma y de fondo sobre lo acontecido.
Chávez mencionó que tampoco el informe guarda relación con las funciones específicas del Defensor del Pueblo.
“El informe poco más determina una sentencia judicial, determina responsabilidades, cuando su función en estos casos es elaborar informes administrativos con recomendaciones”, explicó.
En criterio de la autoridad estatal, el Defensor del Pueblo, encabezado por Rolando Villena, con su informe está supliendo las funciones del juez, del fiscal, y ésa no es su atribución.
Además, aclaró que se obvió un principio fundamental que está establecido en el artículo 162 numeral 16 de la Constitución Política del Estado (CPE) y que tiene que ver con que el Gobierno tiene la obligación constitucional de tomar todas las medidas pertinentes para que todos los ciudadanos gocen de seguridad.
Elementos ignorados
La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, expresó que se trata de un informe completamente sesgado y no toma en cuenta varios elementos de los hechos en Yucumo.
La Ministra puntualizó que no se hace mención a la utilización de niños, niñas y mujeres embarazadas en la “marcha política”; tampoco hace mención al riesgo inminente y peligro de vida de quienes estaban bloqueando en Yucumo y los integrantes de la marcha.
El informe defensorial además no hace mención de la situación de peligro que vivió el canciller David Choquehuanca Céspedes, quien fue obligado a marchar siendo utilizado como escudo humano para pasar el sector donde se encontraba un grupo de bloqueadores.
El Gobierno rechazó los hechos de violencia
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, tras rechazar el informe del Defensor del Pueblo sobre la intervención policial a los marchistas indígenas el 25 de septiembre, recordó que como Gobierno rechazaron la violencia ejercida por algunos efectivos policiales y que el presidente Evo Morales Ayma, en persona, pidió disculpas por ello.
“Hemos rechazado la violencia ejercida por la Policía, es más, ha sido el propio Presidente quien ha pedido disculpas por esta violencia practicada por algunos miembros de la Policía”, manifestó la autoridad.
En criterio de Suxo, es de conocimiento público que se ha empezado una lucha contra la corrupción en el interior de la Policía Boliviana y ante ello surgen este tipo de acciones en contra del Gobierno.
En el caso Tipnis, la Ministra aclaró además que el Presidente instruyó una investigación.
Ex ministro de Gobierno dice que la Policía rompió la cadena de mandos
AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION.-
http://www3.abi.bo/#
La Paz, 24 nov (ABI).- El ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, ratificó el jueves que ni él ni el presidente Evo Morales dieron la orden para la violenta intervención policial a la marcha indígena que se oponía a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y aseguró que se rompió la cadena de mando en la institución del orden.
De esa manera replicó el informe presentado el miércoles por la Defensoría del Pueblo, que sindicó a Llorenti como responsable de la operación policial del pasado 25 de septiembre y recomendó al Ministerio Público asumir acciones legales en su contra.
"Reiterar que la instrucción no partió ni del Presidente, ni del Ministro de Gobierno y que hubo una ruptura en la cadena de mando", argumentó en el contacto con los periodistas.
Asimismo, calificó de "inaceptable e inadmisible" el informe presentado por el Defensor, Rolando Villena, porque a su juicio "saca conclusiones y hace aseveraciones usurpando funciones de órganos del Estado".
En esa dirección, señaló que la única instancia competente, para realizar una investigación es el Ministerio Público y el Órgano Judicial el que debe definir si se lleva adelante o no un juicio.
El ex Ministro de Gobierno dijo la situación que se vivió, el pasado 25 de septiembre, en la localidad de Chaparina, se divide en tres momentos: "uno, el carácter violento que había manifestado la marcha; segundo el hecho de que no se impartió la orden para iniciar el operativo y tercero, que jamás hubo ninguna instrucción de vejar, de maltratar, de maniatar a las personas".
Recordó que el pasado 24 de septiembre, los indígenas de tierras bajas tomaron como rehén al Canciller, David Choquehuanca, para romper una barrera policial de seguridad, en una muestra clara de violencia.
Supuestamente, un día después, el 25 de septiembre, se ordenó la intervención a la marcha indígena que se encontraba en la población de Chaparina, aledaña a Yucumo.
Ambas actitudes se saldaron con la apertura de tres procesos independientes pero vinculados a los mismos hechos, dos de ellos en La Paz y uno en la ciudad de Sucre.
La USAID, instrumento de ataque contra las naciones
Por Nil Nikandrov - Cubadebate.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-11-25&idn=59054
El presidente norteamericano John F. Kennedy estableció la USAID (sigla en inglés de Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional) en el mes de noviembre de 1962 como una organización encargada de una misión esencialmente humanitaria, la de suministrar apoyo económico y de otro tipo a países en problemas alrededor del mundo.
Por lo tanto, las metas declaradas de la agencia incluyen la prevención de conflictos, la expansión de la democracia, la asistencia humanitaria y la administración de recursos humanos, pero la verdad —que no yace muy escondida— es que las actividades de la USAID tienden a estar estrechamente entrelazadas con aquellas del Departamento de Estado, la CIA y el Pentágono.
En América Latina, cualquier ilusión con relación a la agenda detrás de las actuaciones de la USAID demostró tener corta vida. Una serie de desenmascaramientos de agentes del FBI y la CIA que operaban bajo la cobertura de la USAID fue tan fabulosa que la verdadera naturaleza de la agencia se tornó imposible de ocultar. No obstante, las actividades de la USAID fueron claramente reimpulsadas durante la primera década del siglo XXI.
En Haití, por ejemplo, los operativos de la CIA alojados en la USAID coordinaron y financiaron numerosísimas ONG que durante el período 2003-2004 fueron fundamentales en el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide, acusándolo de corrupción y complicidad con el narcotráfico. Entonces, poco después, ingresó al escenario una curiosa variedad de rebeldes ataviados con uniformes militares norteamericanos que ocuparon la mayor parte del país y eventualmente sitiaron la capital y el palacio presidencial.
Aristide fue detenido por marines norteamericanos, llevado al aeropuerto y sin mediar ninguna formalidad, como ser un procedimiento judicial, fue sacado en avión del país rumbo a Sudáfrica. La advertencia dada al destituido líder del país durante este procedimiento fue que si trataba de huir tendría problemas aun más graves.
La USAID también tuvo un papel clave en la organización del golpe de estado del mes de junio de 2009 en Honduras, donde agentes de la CIA disfrazados de funcionarios de la USAID de manera similar patrocinaron y condujeron acciones de las títeres ONG, extendiendo el mito de una conspiración comunista conjunta del presidente M. Zelaya y del líder venezolano Hugo Chávez y comandaron a los oficiales del ejército del país.
El golpe culminó con la detención de Zelaya, quien al igual que Aristide fue a la fuerza llevado a otro país, esta vez a Costa Rica, bajo la amenaza de muerte si reingresaba a su país natal. Consecuentemente, Washington estuvo satisfecho con la liquidación del giro hacia el campo populista de América Latina. La prensa simuló no tener conocimiento de la guerra terrorista contra los seguidores de Zelaya desatada por los carniceros dirigidos por el nuevo presidente R. Micheletti y los operativos de la USAID/CIA, quienes organizaron el golpe y luego cobraron sus prestaciones y recibieron sus ascensos.
Existe amplia evidencia que la USAID es utilizada de manera extensiva como herramienta para incitar las revoluciones de colores en los países desafiantes por todo el hemisferio occidental, especialmente en Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.
En cuanto a Cuba, la USAID ha estado empleando operaciones encubiertas durante décadas, pero la mayoría de los esfuerzos de las agencias para instalar en estos países medios “independientes” y organismos políticos “alternativos” en forma de sindicatos o grupos de protesta han sido notables fracasos.
A la agencia cubana de contraespionaje debe reconocérsele su envidiable eficiencia mientras que ocasionalmente surgen las luchas intestinas en las filas opositoras al régimen cubano por el dinero invertido por Estados Unidos. La impresión permanente es que una porción considerable del financiamiento norteamericano, supuestamente para contribuir a llevar la “democracia” a Cuba, sencillamente termina en los bolsillos de los agentes de la CIA y de sus protegidos locales.
Cuando la dirigente del movimiento de oposición cubano conocido como Las Damas de Blanco Laura Pollan murió hace poco por causas naturales, sus colegas iniciaron una auditoría de las finanzas del grupo y descubrieron que faltaban decenas de miles de dólares. La USAID rápidamente acalló el escándalo que fue sólo uno de una serie de incidentes parecidos. La tendencia hacia la evaporación de millones de dólares aportados por Washington para promover el cambio de régimen en Cuba se atribuye insistentemente a la habilidad del contraespionaje cubano para subrepticiamente desviar los fondos de la USAID para su propio provecho.
El contratista Phillip Gross fue detenido y sentenciado a 15 años de cárcel el verano pasado en Cuba por haber transferido a grupos disidentes cubanos equipos de comunicación satelital que les habrían permitido mantener contactos con la estación de la CIA en Miami. Los cubanos supieron de la actividad secreta de la USAID a través de una secuencia de informes de prensa en los cuales ex activistas de la USAID suministraban detalles sensibles de los intentos de la agencia.
La USAID entrega fondos para la organización de una gama de eventos, desde mesas redondas hasta concentraciones de protesta, dándoles a sus activistas un entrenamiento obligatorio en técnicas para movilizar seguidores con la ayuda de avanzadas tecnologías de comunicación, diseminando provocadoras denuncias contra las autoridades y organizando protestas típicas de las revoluciones tuiteras de colores.
En Venezuela, la USAID podría considerarse fuera de la ley, ya que no existe aquí un acuerdo intergubernamental que regule el funcionamiento de la organización. Es más, la cantidad de gente de la USAID estacionada en la embajada norteamericana ha estado poniéndose cada día más atrevida desde el 2002 año en que fracasó el golpe de estado contra Chávez. Su primera medida luego del fallido golpe fue la de instalar la Oficina de Iniciativa para la Transición, OIT en Caracas. Resulta notoria la escala de las operaciones de la USAID en Venezuela, donde se sabe que la agencia ha suministrado dinero a unas 700 ONG y financiado proyectos políticos en el país. Grupos de oposición succionaron por diferentes canales la bonita suma de 70 millones de dólares.
Esta cantidad se empleó desde apoyar las campañas de candidatos antichavistas hasta iniciativas apuntadas a profundizar las divisiones políticas en Venezuela y a la construcción de un equipo de dirigentes de oposición antipopular. Vincularse con agrupaciones estudiantiles y radicalizarlas, junto con realzar los perfiles de sus líderes, son prioridades constantes de la USAID en Venezuela.
Como parte del programa de la USAID para futuros líderes, los estudiantes aprendices más destacados viajaron a Estados Unidos, recibieron entrenamiento ideológico antichavista y, encima de todo esto, se les preparó en capacitación conspirativa.
El carismático dirigente estudiantil Jon Goicoechea, con un registro de enérgicas campañas, aparece actualmente como el socio número uno de la USAID entre los jóvenes de Venezuela. A la edad de 23 años es el beneficiario más joven, en el mes de abril fue galardonado con el Premio Milton Friedman para el Avance de la Libertad más un cheque por quinientos mil dólares ($us500.000) cosa que hizo que los medios progubernamentales adelantaran la sospecha de que el componente material del premio sirvió para apoyar a la oposición.
En Venezuela, en el mes de diciembre se promulgó una ley para la protección de la soberanía política y la autodeterminación nacional, con el propósito de poner fin a la práctica de los partidos políticos y las ONG que reciben inyecciones financieras desde agencias de inteligencia de otros países u organismos vinculados a comunidades extranjeras de inteligencia.
La nueva legislación establece la pena de deportación de Venezuela como medida contra extranjeros sorprendidos entregando dinero a agrupaciones políticas venezolanas. La NED (sigla en inglés de Agencia Estadounidense para el Avance de la Democracia) y la USAID fueron las más mencionadas durante los debates parlamentarios venezolanos que precedieron a la puesta en vigencia de la nueva ley.
En Bolivia, la USAID ha estado claramente comprometida en todos los intentos desestabilizadores. Habiendo obtenido evidencias de que la embajada norteamericana se hallaba preparando un golpe de Estado, el Gobierno de Evo Morales respondió de manera dura y en el mes de septiembre de 2008 ordenó la expulsión del país del embajador norteamericano Phillip Goldberg, quien se mantenía en contacto con grupos locales separatistas y potenciales líderes de una revolución de color.
En noviembre del mismo año, Bolivia clausuró las oficinas de la DEA (sigla en inglés) por inmiscuirse en los asuntos internos del país y por calumniar a miembros del Gobierno boliviano, agentes de la ley y oficiales del Ejército de complicidad con cárteles de la droga. De acuerdo con Wikileaks, durante 2007-2008 el Departamento de Estado norteamericano desembolsó la cantidad de 97 millones de dólares para opositores al Gobierno de Evo Morales.
Un grupo terrorista que vino desde Europa con el objetivo de asesinar a Evo Morales fue neutralizado en un hotel de la ciudad de Santa Cruz en el mes de abril de 2009. Ciudadanos bolivianos conectados con la USAID estaban entre los asistentes del grupo terrorista y huyeron del país cuando se abrió la investigación sobre la conspiración terrorista.
En agosto recién pasado, el Gobierno boliviano señaló que la USAID tendría que retirarse del país, pero, a juzgar por los medios de prensa, Bolivia posteriormente adoptó una actitud más suave y limitó sus exigencias a que la embajada norteamericana abriera una investigación en torno a la conducta inamistosa de algunos de sus diplomáticos. Como era de esperar los resultados de la investigación hasta ahora no se conocen.
Chile busca “estrangular” a Bolivia con limitaciones al libre tránsito
PAGINA SIETE, LA PAZ.-
http://www.paginasiete.bo/2011-11-25/Nacional/Destacados/37Al-00125.aspx
El vicecanciller Juan Carlos Alurralde afirmó ayer que Chile, pretende “estrangular” a Bolivia con la aplicación de políticas restrictivas al libre tránsito de personas y mercaderías. También denunció que Chile prohibió que buses de pasajeros que llevan bolivianos a Iquique lleguen en la noche y que las regulaciones “unilaterales” de ese país impiden que camiones bolivianos transiten libremente por carreteras chilenas.
Según la autoridad, con estas medidas se está incumpliendo el Tratado de 1904 que permite el libre tránsito. “Si cualquier institución chilena, sea pública o privada, se interpone en nuestro derecho (al libre tránsito) es una violación al tratado (de 1904) y eso es lo que hemos empezado a ver a través de los años”. Alurralde, según el portal digital de ERBOL, volvió a cuestionar la entrega del ferrocarril Arica-La Paz a la empresa chilena EPA. “Cómo una regulación de esas características puede imponerse a un Estado que está sometido a la mediterraneidad por otro Estado que se ha comprometido a darle libre tránsito, sin embargo lo está estrangulando con normas y con privatización; el ferrocarril es otro paso más que da Chile al estrangulamiento de Bolivia”.
En ese marco, también denunció que “Chile permanentemente ha ido endureciendo estas regulaciones a tal punto que, según nuestros transportistas, se ha vuelto una odisea llegar al puerto (de Arica), que a su vez tiene grandes problemas de congestionamiento, las regulaciones impiden que nuestros camiones puedan transitar libremente por las carreteras, regulaciones unilaterales como la prohibición que buses de pasajeros que traen bolivianos a Iquique lleguen en la noche. Esto va contra el libre tránsito”.
Las declaraciones fueron realizadas por la autoridad gubernamental ayer después de un informe ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores.
Bolivia ha acentuado su protesta después de que la Cancillería chilena entregó la administración del ferrocarril Arica-La Paz, en el lado chileno, a la empresa pública EPA. Según el Gobierno boliviano, esta empresa subió los aranceles para el ingreso de mercadería boliviana y puso una serie de trabas administrativas en el puerto de Arica.
El Gobierno de Bolivia expresó su intención de administrar ese ferrocarril. El vicecanciller también apeló el domingo a que Chile convoque al mecanismo de consultas políticas, que es el nivel más alto que existe para resolver los problemas que emanan del Tratado de 1904.
“El 13 de septiembre ya se mencionó en la reunión del grupo de Libre Tránsito, en el cual se pidió la administración del puerto de Arica y del tren, se dijo que este tipo de decisiones que tiene un nivel jerárquico, mucho más alto, solamente pueden ser resueltos en el mecanismo de Consultas Políticas, que es el mecanismo más importante que tenemos”.
Para Armando Loaiza, ex canciller boliviano, “el Gobierno boliviano debería ser cauteloso” en sus declaraciones y advirtió que el silencio de Chile se puede interpretar como una “señal de indiferencia” frente a las amenazas de la Cancillería boliviana.
Bolivia y Argentina refuerzan integración fronteriza
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-11-25&idn=59114
El Comité de Integración Fronteriza Bolivia-Argentina se reunió en días pasados en la localidad argentina de La Quiaca, donde se suscribió un convenio vinculado a la migración, derechos humanos, educación, transporte, control aduanero, justicia y seguridad, infraestructura, cultura, deportes, control fito y zoosanitario, salud, medio ambiente y agua.
Juan Ramón Quintana, director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Fronteras (Ademaf), en ocasión de la clausura del encuentro, dijo que la frontera fue concebida siempre como un territorio subalterno y marginal, pensamiento que ha originado una serie de problemas históricos
Sin embargo, agregó, afortunadamente en la actualidad se tienen gobiernos como el del presidente Evo Morales, en Bolivia, y el de la presidenta Cristina Fernández, en Argentina, que han comprendido la dimensión histórica y los problemas que aquejan a estas regiones.
“En ese marco, los problemas de infraestructura, servicios básicos, fluidez para el comercio, comunicación, aparatos productivos, instituciones de seguridad con dominio sobre el territorio, son temáticas que atenderemos a la brevedad”, aseguró la autoridad boliviana.
Quintana añadió que en la actualidad las autoridades bolivianas y argentinas están más comprometidas que nunca para cambiar las cosas de manera coordinada, por lo cual ponderó la integración entre ambos pueblos y la oportunidad que se da para la convivencia.
Luego del acto de clausura, el embajador de la República Argentina en Bolivia, Horacio Antonio Macedo, invitó a las comitivas a trasladarse, con el apoyo logístico de la Gendarmería de La Quiaca, hasta la población argentina de Ciénega de Paicone.
En el lugar fueron recibidos con un emotivo acto por autoridades y pobladores locales junto a sus pares bolivianos de San Antonio de Esmoruco.
Seguidamente se pudo apreciar que ahí se impulsa la instalación de un nuevo paso de frontera, que contribuirá a descongestionar el actual Puente Internacional Horacio Guzmán.
La reunión del Comité de Integración Bolivia-Argentina, en su versión 23, se realizó entre el 21 y 22 de noviembre en la población argentina de La Quiaca.
Participaron en el encuentro funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia y el director ejecutivo de la Ademaf, Juan Ramón Quintana.
Asimismo, estuvieron presentes el embajador de la República Argentina en Bolivia, Horacio Antonio Macedo; además del cónsul de Bolivia en La Quiaca, Wilson Aruquipa; y la cónsul de Argentina en Villazón, Reina Sotillo.
A esas autoridades se agregaron representantes nacionales, locales y vecinales.
Ademaf le da más prioridad a las fronteras
La Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Fronteras (Ademaf), bajo la dirección de Juan Ramón Quintana, ha comenzado en esta gestión a dar una real importancia a las zonas fronterizas de Bolivia.
En ese marco, la entidad trabajó este año en esas regiones mediante los Encuentros de Municipios Andinos Fronterizos para el Desarrollo Económico y Social.
Para ello se efectuaron reuniones en Llica, en el departamento de Potosí, y Sabaya, en el departamento de Oruro. Posteriormente, en septiembre, se llevó adelante la primera fase de la Brigada Andina Solidaria (BAS), que llevó servicios de salud y de los beneficios del Estado al sudoeste potosino.
El Director Ademaf, en su corta estadía en Villazón con el Comité de Integración Bolivia-Argentina, se reunió en Audiencia Pública con autoridades y representantes de organizaciones sociales y tomar conocimiento de sus demandas vinculadas a desarrollo integral y seguridad fronteriza de esa región guardiana de la soberanía.
La banca boliviana crece 25%
La Paz, 24 nov (ABI).- La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) informó el jueves que, a un poco más de un mes de concluir el año, la banca boliviana registró una tasa de crecimiento de 25%, más de mil millones de dólares, en comparación al año anterior.
"La banca está creciendo este año alrededor de un 25%, es uno de los crecimientos más importantes del último tiempo. Esto va a representar alrededor de mil millones de dólares este año de crecimiento", dijo el presidente de ASOBAN, Kurt Koenigsfest.
Según los datos de ASOBAN, la cartera de créditos del sistema bancario al 30 de septiembre de 2011 llegaba a 6.365 millones de dólares y el 98% correspondía a la cartera vigente.
Hasta esa fecha, la cartera registró un crecimiento de 1.028 millones (19,3%), respecto a diciembre de 2010.
Por otro parte, los depósitos en la banca registraron un incremento de 805 millones (11%) en los primeros nueve meses de 2011.
Bolivia fija 5 ejes para renegociar 22 pactos bilaterales de inversión
LA RAZON.-
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=141814&EditionId=2726
Bolivia está en proceso de renegociar 22 tratados de protección de inversiones bajo parámetros que incluyan el interés mutuo del inversionista privado y del Estado. Los convenios serán denunciados gradualmente, pero no existe un plazo para adecuarlos a la CPE y suscribirlos nuevamente.
Bolivia suscribió 22 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) que establecen que en caso de existir un diferendo entre el inversionista público o privado y el Estado se acudirá a instituciones como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el Tribunal de La Haya y las Cámaras de Comercio de París y Estocolmo, entre otros (ver infografía).
“Hay un plazo para denunciar estos TBI, pero no para renegociarlos”, porque “cada uno tiene fechas de vigencia, por lo que el trabajo diplomático tiene que ser paralelo”. Sin embargo, “todos (los TBI) están en plazo para adecuarlos y suscribirlos nuevamente”, informó a La Razón el procurador general del Estado, Hugo Montero.
La Disposición Transitoria Novena de la Constitución Política del Estado (CPE) determina que los tratados internacionales que sean contrarios a la Carta Magna serán denunciados y, en su caso, renegociados en el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo (2009).
Los nuevos TBI, precisó, serán suscritos bajo criterios que consideren la protección de los intereses de los pueblos; el equilibrio del interés público y social con la propiedad y la ganancia privada; la articulación de soluciones de controversias que combinen derechos indígenas, sociales, humanos, de medio ambiente y de respeto a la tierra; y la búsqueda de inversores que contribuyan al desarrollo económico y social de la región. “Buscar socios no patrones”, complementó Montero.
PROCESO. El Procurador sostuvo que el primer TBI denunciado fue el suscrito con Italia y anunció que se preparan medidas similares con otros países. “La Cancillería ha comenzado esta labor con Italia y nosotros vamos a continuar el trabajo con lo que nos corresponda”, expresó Montero.
La aprobación del modelo de libre mercado en Bolivia (1985) —que otorgó a la inversión privada un rol fundamental en la economía—, recordó, permitió “al Banco Mundial (BM) condicionar” a los Estados “ la concesión de créditos a cambio de la privatización de servicios y la suscripción de TBI”.
Estos tratados “dotan a la inversión privada de seguridad jurídica plena para despojar nuestros países y succionar sus recursos”, lamentó ayer Montero, durante el Primer Encuentro Internacional de Procuradores “Rol de las Procuradurías Iberoamericanas y Líneas de Cooperación Mutua en la Perspectiva del Vivir Bien”.
Dos juicios concluidos
Según información oficial, Bolivia desactivó dos de los 12 arbitrajes que le siguen en tribunales internacionales. Los casos serían Rurelec y Swedfund.
Alba-Unasur sustituirían al CIADI en la región
El procurador general del Estado, Hugo Montero, propuso que la solución de controversias de inversión entre una empresa pública o privada de la región y el Estado boliviano se efectúe a través de un sistema inserto en los acuerdos Alba-Unasur.
Aunque fueron originalmente diseñadas como árbitros imparciales, instituciones como el CIADI tergiversaron su propósito y se orientaron más a la protección de las empresas multinacionales, manifestó el Procurador.
“La sustitución de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) por un sistema multilateral Alba-Unasur para el tratamiento y solución de conflictos es una lucha más política que legal; parte de una voluntad conjunta para renegociar todos los TBI y al mismo tiempo avanzar en un nuevo sistema que sea compatible con el desarrollo, la protección del medio ambiente y el reconocimiento de la participación social”, dijo.
Menores 6 y 11 años son víctimas de la trata
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=141819&EditionId=2726
El 52,3 por ciento de los 55 casos de trata y tráfico de menores de edad atendidos por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto, hasta octubre de este año, implica a niños de 6 a 11 años de edad.
De los 55 casos, 29 corresponden a menores entre mujeres y varones de entre 6 y 11 años; 17 a adolescentes de entre 12 y 17 años, y 9 casos a jóvenes de 18 años, informó la Defensoría.
Estos menores provienen de familias de escasos recursos económicos y son abandonados por sus progenitores, quienes o los venden, o los dejan al cuidado de otras personas, o los regalan a terceros. El destino de esos menores es la explotación laboral o sexual.
Los hechos registrados por la Defensoría son producto de batidas realizadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en su mayoría, aunque también hay situaciones denunciadas por vecinos y por los mismos implicados, cuando éstos son adolescentes.
De los 55 casos, 52 corresponden a niños y adolescentes que tenían su domicilio en el área urbana y tres a menores traídos del área rural.
La responsable de la Defensoría 24 Horas, Ana María Callisaya, señaló que “es interesante observar que la mayoría de los casos recibidos corresponde a menores varones, son 33 frente a 22 niñas que fueron rescatadas por denuncias u operativos de la Policía alteña”.
También destacó que entre sus registros llama la atención el dato de 18 homicidios en contra de menores de 18 años de edad, de los cuales en 17 las víctimas fueron mujeres. “16 menores de edad entre 0 y 5 años fueron asesinados, lo que convierte al grupo en muy vulnerable respecto a esta temática”.
La responsable de esta Defensoría informó, además, de que el 1 de diciembre se llevará a cabo la tercera campaña de vacunación contra el maltrato, donde los menores inmunizarán a los adultos para que dejen de ser agresores de este grupo social.
Menores bebedores de alcohol
Los reportes de las defensorías demuestran un alto índice de consumo de alcohol y de drogas en menores de edad. De 383 casos atendidos, 354 corresponden al grupo comprendido entre 12 y 17 años de edad; 58 a menores entre los 6 y 11 años; 16 a adolescentes de 18 años y 4 casos de menores de 5 años.
Boliviano cuenta cómo fue explotado en un taller textil
CANAL 26, BUENOS AIRES, ARGENTINA.-
http://www.26noticias.com.ar/vivir-en-argentina-de-la-esclavitud-al-liderazgo-sindical-143014.html
“Lucho” llegó desde Bolivia y nos cuenta cómo es “Vivir en Argentina”. Su nombre real es José Luis Ychuta y vino engañado a trabajar a nuestro país.
“Me trajeron desde Bolivia para trabajar en un taller clandestino. En la frontera nos piden el documento y nos dicen: 'Che, dénme sus documentos y yo me encargo de hacer sus trámites'...”, narra sobre su historia de vida.
Ychuta cuenta que llegó un domingo al mediodía. “El señor nos sienta en el comedor y nos dice: 'Esto es Argentina, acá los boliviamos venimos a trabajar, somos muy laburantes y los argentinos nos odian por eso, por trabajar mucho'...”, sentencia sobre el hombre que lo trajo engañado.
“Mi plan era quedarme tres meses y poder marcharme, pero no fue así. Cuando nosotros vinimos de allá, el tipo nos dijo 'les voy a pagar los gastos... pero ustedes allá cuando empiecen a trabajar me lo van a pagar con su trabajo'... Y nos pagaba 15 centavos por remera...”, contó Lucho y agregó: “Nos dijo que debíamos 230 pesos cada uno por los gastos. Nos dijo 'si quieren paguen ahora o me lo pueden pagar fraccionadamente'...
“Mi amigo le dio 100, yo le di 100 y me quedé con 50”, dijo Luis sobre aquel hecho insólito donde era un esclavo, sin saberlo. Claro que estaba agotado por esta situación y entonces se cansó de trabajar tantas horas y quiso volver a su país. Pidió a su jefe que le pagara lo que le debía y le entregara su documento.
“Es muy vivo, te lleva a la cancha al Indoamericano, no quiere que ninguno hable con otra gente”, sentencia sobre su par.
Pero de la esclavitud pasó al liderazgo sindical: “Me acerco a un señor que vende choripan y ahí sale otro compañero y me entrega un volante: 'Si tú eres inmigrante y quieres saber tus derechos como inmigrante, hoy va a haber una reunión a las 18 hs'... me senté en un costado y ahí empiezan a hablar los abogados de la Defensoría del Pueblo y allí empiezo a entender...”
“Con esa información fui al taller, le dije 'esto es ilegal, aquí hay explotación laboral'... agarré mi bolso y me fui, quería irme a Bolivia y cuando vi este aprovechamiento de parte de mis propios paisanos, eso me prendió algo en la cabeza y quise colaborar con el tema”, sigue contando.
Actualmente defiende los intereses de sus colegas y siente que su vida “cambió bastante”.
Una de las cosas que más le duele a Lucho es el prejuicio que se tiene en nuestro país por los bolivianos: “Venimos de un país donde 500 años fue explotado, nuestra educación es pésima, por eso la gente nos mira así: 'Ustedes son indios, originarios, vienen de un pueblo, tienen poca educación'... pero somos personas, también”.
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