TITULARES
· Crecen las Reservas Internacionales de Bolivia a $us 11.000 millones
· Hay 174 candidatos para el Órgano Judicial
· OEA destaca transparencia en la preselección de candidatos
· Gestores de voto nulo pueden ir a la cárcel
· El 58% de candidatos es funcionario
· Gobierno donará computadoras a profesores
· La aduana boliviana devolverá autos robados a países de origen
· La subvención a la gasolina genera una “chorrera de dinero”
· Policía antidroga destruye unas 100 microfábricas de cocaína
· YPFB desarrollará proyectos de urea, polietilenos y gas a líquidos
· La Paz celebra 202 años de su gesta libertaria
· Recuerdos de una fundación cerca del Illimani
· El “Órgano Judicial” en Bolivia, Estado Plurinacional, Por Idón Moisés Chivi
Crecen las Reservas Internacionales de Bolivia a $us 11.000 millones
AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION.-
http://www3.abi.bo/#
La Paz, 15 jul (ABI).- El presidente Evo Morales anunció el viernes que las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia marcaron un nuevo récord al situarse por encima de los 11.000 millones de dólares en un crecimiento sostenido desde el 2006, año en el que inició su primera gestión de Gobierno.
El Jefe de Estado reveló ese dato después de colocar la piedra fundamental para la construcción de la Feria Exposición de La Paz que se construirá en 15 meses con una inversión de más de 63 millones de bolivianos.
"Una nueva noticia y un récord nacional nuevamente en el día de los paceños sobre nuestras reservas internacionales. Hoy día hemos pasado a tener y contar más de 11.000 millones de dólares de reservas internacionales", subrayó en su discurso.
Morales precisó que el Banco Central reportó 11.043 millones de dólares y contrastó con los 1.700 millones que se registraron en 2006, en el primer año de su Gobierno.
En esa dirección, dijo que Bolivia nunca tuvo esa cantidad de reservas internacionales que, aseguró, son producto de la nacionalización de los hidrocarburos que determinó su Gobierno en mayo de 2006.
"Es resultado de la nacionalización, de la austeridad, como también de la honestidad", complementó.
Con ese crecimiento, ratificó que Bolivia dejó de ser un país mendigo, en un crecimiento que "dignifica a los bolivianos.
Morales abrió la posibilidad de utilizar parte de las reservas internacionales en proyectos de desarrollo, como una fábrica de textiles para los productores de camélidos.
"Al margen del algodón, Bolivia tiene miles, tal vez millones de ganado auquénido, alpacas, llamas, y nuestra lana de alpaca y de llama se va a Perú, y vuelve en hilo (y otros productos)", justificó.
"Cómo pueden irse nuestra lana a Perú y retornar en hilo y tela, aquí debemos tener nuestras industrias de textiles, de hilo, de telas, de lana de alpaca, y no estar importando", complementó.
El Jefe de Estado reveló ese dato después de colocar la piedra fundamental para la construcción de la Feria Exposición de La Paz que se construirá en 15 meses con una inversión de más de 63 millones de bolivianos.
"Una nueva noticia y un récord nacional nuevamente en el día de los paceños sobre nuestras reservas internacionales. Hoy día hemos pasado a tener y contar más de 11.000 millones de dólares de reservas internacionales", subrayó en su discurso.
Morales precisó que el Banco Central reportó 11.043 millones de dólares y contrastó con los 1.700 millones que se registraron en 2006, en el primer año de su Gobierno.
En esa dirección, dijo que Bolivia nunca tuvo esa cantidad de reservas internacionales que, aseguró, son producto de la nacionalización de los hidrocarburos que determinó su Gobierno en mayo de 2006.
"Es resultado de la nacionalización, de la austeridad, como también de la honestidad", complementó.
Con ese crecimiento, ratificó que Bolivia dejó de ser un país mendigo, en un crecimiento que "dignifica a los bolivianos.
Morales abrió la posibilidad de utilizar parte de las reservas internacionales en proyectos de desarrollo, como una fábrica de textiles para los productores de camélidos.
"Al margen del algodón, Bolivia tiene miles, tal vez millones de ganado auquénido, alpacas, llamas, y nuestra lana de alpaca y de llama se va a Perú, y vuelve en hilo (y otros productos)", justificó.
"Cómo pueden irse nuestra lana a Perú y retornar en hilo y tela, aquí debemos tener nuestras industrias de textiles, de hilo, de telas, de lana de alpaca, y no estar importando", complementó.
Hay 174 candidatos para el Órgano Judicial
DIARIO CAMBIO
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-16&idn=49905
En cuatro maratónicas sesiones, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la madrugada de ayer la lista de 118 precandidatos para la elección de 56 magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional del 16 de octubre.
El presidente de la ALP, Álvaro García Linera, en la clausura de la sesión, dijo que este proceso es “una lección para las democracias del mundo” porque incorpora a las mujeres y los representantes de los pueblos indígenas.
Esta primera etapa de preselección de candidatos para las inéditas elecciones judiciales comenzó el 13 de mayo con la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para los comicios de octubre, a la cual se inscribieron 581 aspirantes. Luego del proceso de depuración se habilitaron a 340 postulantes. De esa cantidad, la plenaria de la ALP eligió a 118 candidatos, entre ellos representantes de pueblos indígena originario campesinos, además de mujeres, en el marco de la plurinacionalidad y la equidad de género que exige la Constitución Política del Estado (CPE).
Las listas de los preseleccionados para el Tribunal Constitucional (28), para el Tribunal Agroambiental (28), para el Consejo de la Magistratura (14) y para el Tribunal Supremo de Justicia (48) se remitieron al TSE, para que organice las elecciones, es decir, la segunda parte del proceso eleccionario.
Con las elecciones de octubre “no solamente se viabiliza que el pueblo elija directamente con su voto a sus autoridades judiciales por primera vez en el mundo y en Bolivia, lo que se convierte en un hecho inédito hasta en la historia judicial mundial”, destacó García en la clausura de la plenaria, según la Agencia Boliviana de Información.
No obstante, la opositora Convergencia Nacional (CN), a través de la senadora Carmen Eva González, en su balance de esta etapa inicial de las elecciones afirmó que el proceso “nació con visos de nulidad”.
Su homólogo del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan Carlos Cejas aseguró que la preselección fue en apego a la CPE y las leyes, por lo que pidió a la oposición demostrar cuál o cuáles normas se violentaron.
Para el vicepresidente García Linera, con este proceso Bolivia transita de la “democracia política a la democracia social, de la democracia social a la económica, y de la democracia económica a la democracia jurídica, lo que es una lección para las democracias del mundo”.
Insistió en que la preselección de candidatos en la ALP abrió una nueva etapa en el mundo, porque se ha incorporado a la mujer con todos sus derechos, en su opción de ocupar los máximos cargos de la justicia.
En ese contexto, afirmó que las elecciones del 16 de octubre marcarán una nueva época de igualdad y de fortalecimiento democrático, que será un ejemplo para el mundo. “En el pasado, la estructura de los organismos judiciales era racista, discriminatoria y masculinizada, reservada para varones”, indicó García.
MELLARON LA DIGNIDAD
El diputado Cejas lamentó el mal cálculo político que hizo la oposición en querer boicotear las elecciones.
“Desde un principio la oposición hizo declaraciones alejadas de la verdad, que incluso mellaron la dignidad de muchos postulantes. La oposición apostó por el fracaso, pero para pena de ellos esto no fue así porque el pueblo y los veedores internacionales destacan su transparencia”, dijo.
En cambio, la senadora opositora González insistió en que el proceso electoral de octubre es nulo. “El país ya se ha manifestado, porque no conoce a los candidatos y no denotan garantía de justicia”, dijo.
Postulantes cercanos al MAS fueron depurados
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer que con la finalidad de garantizar la independencia de los comicios se excluyó de las listas de candidatos a los parientes y ex autoridades allegadas al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Ayer, en plena sesión, García Linera informó que pidió a Teresa del Rosario Borda Rocha, quien había sido preseleccionada candidata para el Consejo de la Magistratura, que renuncie a su postulación.
“En el proceso hemos excluido a familiares de funcionarios del Gobierno que tenían todo el derecho de participar en esta elección, y hoy (ayer) hemos excluido a un familiar de una secretaria del Presidente (Borda Rocha) para dar una justicia sin dependencia política y sin dependencia familiar”, afirmó.
Anteriormente, en este proceso de preselección se depuró de la lista de aspirantes al ex asesor del Palacio de Gobierno Eusebio Gironda, a la ex esposa y al hermano del viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez. El presidente Evo Morales, al igual que García Linera, aseguraron que el MAS no tendrá candidatos en las elecciones de octubre. “No conozco ni quiero conocer a ninguno” de ellos, dijo Morales en un acto público.
APUNTES
6 de mayo: La ALP aprueba el Reglamento Interno de Preselección de Candidatas y Candidatos (125) para conformar el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
13 de mayo: El TSE lanza la convocatoria para el 16 de octubre de los inéditos comicios de jueces del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional.
Convocatoria: La convocatoria es para 56 magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional (28 titulares y 28 suplentes), bajo la siguiente relación: Tribunal Supremo de Justicia (18), 2 por departamento; Tribunal Agroambiental (14); Tribunal Constitucional (14) y Consejo de la Magistratura (10).
15 de mayo: La ALP lanza la convocatoria para la preselección de candidatos y, al día siguiente, las Comisiones de Constitución y Justicia Plural, en presencia de un notario de fe pública, abren los libros de registro de aspirantes.
26 de mayo: La Cámara de Diputados sanciona la Ley que modifica parcialmente el artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral, a sugerencia del presidente Evo Morales, para ampliar la libertad de expresión.
12 de junio: Se cierra con 581 inscritos el registro de candidatos para las elecciones judiciales. Al día siguiente, en presencia de un notario de fe pública, se inicia la apertura de sobres y la revisión de requisitos.
El 19 de junio: La ALP amplía por cinco días la convocatoria para el registro de candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia de Beni, Chuquisaca y Pando.
5 de julio: El TSE presenta el Reglamento de Régimen Especial de Propaganda para las elecciones judiciales, que regula la difusión de méritos de los candidatos bajo el principio de igualdad de oportunidades.
En cuatro maratónicas sesiones, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la madrugada de ayer la lista de 118 precandidatos para la elección de 56 magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional del 16 de octubre.
El presidente de la ALP, Álvaro García Linera, en la clausura de la sesión, dijo que este proceso es “una lección para las democracias del mundo” porque incorpora a las mujeres y los representantes de los pueblos indígenas.
Esta primera etapa de preselección de candidatos para las inéditas elecciones judiciales comenzó el 13 de mayo con la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para los comicios de octubre, a la cual se inscribieron 581 aspirantes. Luego del proceso de depuración se habilitaron a 340 postulantes. De esa cantidad, la plenaria de la ALP eligió a 118 candidatos, entre ellos representantes de pueblos indígena originario campesinos, además de mujeres, en el marco de la plurinacionalidad y la equidad de género que exige la Constitución Política del Estado (CPE).
Las listas de los preseleccionados para el Tribunal Constitucional (28), para el Tribunal Agroambiental (28), para el Consejo de la Magistratura (14) y para el Tribunal Supremo de Justicia (48) se remitieron al TSE, para que organice las elecciones, es decir, la segunda parte del proceso eleccionario.
Con las elecciones de octubre “no solamente se viabiliza que el pueblo elija directamente con su voto a sus autoridades judiciales por primera vez en el mundo y en Bolivia, lo que se convierte en un hecho inédito hasta en la historia judicial mundial”, destacó García en la clausura de la plenaria, según la Agencia Boliviana de Información.
No obstante, la opositora Convergencia Nacional (CN), a través de la senadora Carmen Eva González, en su balance de esta etapa inicial de las elecciones afirmó que el proceso “nació con visos de nulidad”.
Su homólogo del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan Carlos Cejas aseguró que la preselección fue en apego a la CPE y las leyes, por lo que pidió a la oposición demostrar cuál o cuáles normas se violentaron.
Para el vicepresidente García Linera, con este proceso Bolivia transita de la “democracia política a la democracia social, de la democracia social a la económica, y de la democracia económica a la democracia jurídica, lo que es una lección para las democracias del mundo”.
Insistió en que la preselección de candidatos en la ALP abrió una nueva etapa en el mundo, porque se ha incorporado a la mujer con todos sus derechos, en su opción de ocupar los máximos cargos de la justicia.
En ese contexto, afirmó que las elecciones del 16 de octubre marcarán una nueva época de igualdad y de fortalecimiento democrático, que será un ejemplo para el mundo. “En el pasado, la estructura de los organismos judiciales era racista, discriminatoria y masculinizada, reservada para varones”, indicó García.
MELLARON LA DIGNIDAD
El diputado Cejas lamentó el mal cálculo político que hizo la oposición en querer boicotear las elecciones.
“Desde un principio la oposición hizo declaraciones alejadas de la verdad, que incluso mellaron la dignidad de muchos postulantes. La oposición apostó por el fracaso, pero para pena de ellos esto no fue así porque el pueblo y los veedores internacionales destacan su transparencia”, dijo.
En cambio, la senadora opositora González insistió en que el proceso electoral de octubre es nulo. “El país ya se ha manifestado, porque no conoce a los candidatos y no denotan garantía de justicia”, dijo.
Postulantes cercanos al MAS fueron depurados
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer que con la finalidad de garantizar la independencia de los comicios se excluyó de las listas de candidatos a los parientes y ex autoridades allegadas al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Ayer, en plena sesión, García Linera informó que pidió a Teresa del Rosario Borda Rocha, quien había sido preseleccionada candidata para el Consejo de la Magistratura, que renuncie a su postulación.
“En el proceso hemos excluido a familiares de funcionarios del Gobierno que tenían todo el derecho de participar en esta elección, y hoy (ayer) hemos excluido a un familiar de una secretaria del Presidente (Borda Rocha) para dar una justicia sin dependencia política y sin dependencia familiar”, afirmó.
Anteriormente, en este proceso de preselección se depuró de la lista de aspirantes al ex asesor del Palacio de Gobierno Eusebio Gironda, a la ex esposa y al hermano del viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez. El presidente Evo Morales, al igual que García Linera, aseguraron que el MAS no tendrá candidatos en las elecciones de octubre. “No conozco ni quiero conocer a ninguno” de ellos, dijo Morales en un acto público.
APUNTES
6 de mayo: La ALP aprueba el Reglamento Interno de Preselección de Candidatas y Candidatos (125) para conformar el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
13 de mayo: El TSE lanza la convocatoria para el 16 de octubre de los inéditos comicios de jueces del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional.
Convocatoria: La convocatoria es para 56 magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional (28 titulares y 28 suplentes), bajo la siguiente relación: Tribunal Supremo de Justicia (18), 2 por departamento; Tribunal Agroambiental (14); Tribunal Constitucional (14) y Consejo de la Magistratura (10).
15 de mayo: La ALP lanza la convocatoria para la preselección de candidatos y, al día siguiente, las Comisiones de Constitución y Justicia Plural, en presencia de un notario de fe pública, abren los libros de registro de aspirantes.
26 de mayo: La Cámara de Diputados sanciona la Ley que modifica parcialmente el artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral, a sugerencia del presidente Evo Morales, para ampliar la libertad de expresión.
12 de junio: Se cierra con 581 inscritos el registro de candidatos para las elecciones judiciales. Al día siguiente, en presencia de un notario de fe pública, se inicia la apertura de sobres y la revisión de requisitos.
El 19 de junio: La ALP amplía por cinco días la convocatoria para el registro de candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia de Beni, Chuquisaca y Pando.
5 de julio: El TSE presenta el Reglamento de Régimen Especial de Propaganda para las elecciones judiciales, que regula la difusión de méritos de los candidatos bajo el principio de igualdad de oportunidades.
OEA destaca transparencia en la preselección de candidatos
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-16&idn=49878
La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia destacó la transparencia del proceso de preselección de candidatos a magistrados judiciales en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y resaltó la presencia de periodistas y medios de información masiva en todo ese proceso.
“Bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos de la transparencia con la que se desarrolló el proceso en la Asamblea Legislativa Plurinacional; la verdad que estuvimos todos atentos, la prensa tuvo todo el acceso, se pudo transmitir en directo vía Internet”, sostuvo Enrique Correa, jefe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA.
El funcionario internacional hizo esas declaraciones durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando.
El Tribunal Electoral recibió ayer de la Asamblea las listas oficiales de 118 candidatos preseleccionados de los cuales la ciudadanía deberá elegir con su voto a 56 nuevas magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.
La elección por voto universal de esas autoridades se realizará el 16 de octubre de este año.
El representante de la misión de veedores de la OEA recordó que él y su equipo de trabajo estuvieron presentes durante el proceso de preselección de autoridades y las entrevistas públicas a los postulantes. En todas sus actividades, dijo, no tuvieron ninguna restricción. “Hemos estado observando estos días todo el proceso llevado a cabo por la Asamblea Legislativa Plurinacional; observamos todo el proceso de entrevistas de la semana pasada y observamos las sesiones de votación en esta semana”, sostuvo
En ese sentido, Correa agradeció a las autoridades de la Asamblea, al vicepresidente Álvaro García Linera, a los presidentes de Diputados y Senadores, ya que la misión internacional tuvo “todas las facilidades” para el cumplimiento de sus objetivos.
“Pudimos trabajar ampliamente en todas la sesiones, no tuvimos ninguna restricción a nuestro trabajo”, sostuvo ayer el representante internacional quien calificó de “estupendas” las reuniones con varias comisiones legislativas encargadas del proceso preliminar de revisión y entrevistas a los postulantes a magistrados.
Sin embargo expresó su preocupación por que el canal televisivo interno de la Asamblea Legislativa no haya transmitido en directo todo el proceso de preselección, aunque aclaró que eso no afectó a la transparencia del proceso.
Sobre la votación en nulo de algunos asambleístas de la oposición en la preselección de postulantes, dijo que esa actitud es democrática y que suele ocurrir en otros legislativos del mundo.
Colaborador de Rubén Costas impulsa el voto nulo
El secretario general de la Gobernación de Santa cruz, Roly Aguilera, anunció públicamente ayer una campaña frontal “por el voto nulo” en las elecciones judiciales pautadas para octubre que se realizarán en Bolivia.
“No tenemos temor a ningún tipo de represalias del Órgano Electoral, porque consideramos que se ha demostrado que estas elecciones son nada más que una manera de legitimar las intenciones del (gobiernista) Movimiento Al Socialismo por el control del Poder Judicial”, aseveró Aguilera, segundo de a bordo de la Gobernación que encabeza el opositor Rubén Costas, del partido cruceño Verdes.
Algunos diputados y senadores de oposición tomaron la misma determinación; incluso hablaron de “una estrategia” en Santa Cruz para realizar la campaña por el voto nulo a través de las redes sociales de Internet como Facebook, con el objeto de llegar a la mayor cantidad posible de ciudadanos con su mensaje.
La oposición legislativa boliviana lanzó implícitamente una campaña contra las primeras elecciones de jueces en Bolivia. (ABI)
La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia destacó la transparencia del proceso de preselección de candidatos a magistrados judiciales en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y resaltó la presencia de periodistas y medios de información masiva en todo ese proceso.
“Bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos de la transparencia con la que se desarrolló el proceso en la Asamblea Legislativa Plurinacional; la verdad que estuvimos todos atentos, la prensa tuvo todo el acceso, se pudo transmitir en directo vía Internet”, sostuvo Enrique Correa, jefe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA.
El funcionario internacional hizo esas declaraciones durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando.
El Tribunal Electoral recibió ayer de la Asamblea las listas oficiales de 118 candidatos preseleccionados de los cuales la ciudadanía deberá elegir con su voto a 56 nuevas magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.
La elección por voto universal de esas autoridades se realizará el 16 de octubre de este año.
El representante de la misión de veedores de la OEA recordó que él y su equipo de trabajo estuvieron presentes durante el proceso de preselección de autoridades y las entrevistas públicas a los postulantes. En todas sus actividades, dijo, no tuvieron ninguna restricción. “Hemos estado observando estos días todo el proceso llevado a cabo por la Asamblea Legislativa Plurinacional; observamos todo el proceso de entrevistas de la semana pasada y observamos las sesiones de votación en esta semana”, sostuvo
En ese sentido, Correa agradeció a las autoridades de la Asamblea, al vicepresidente Álvaro García Linera, a los presidentes de Diputados y Senadores, ya que la misión internacional tuvo “todas las facilidades” para el cumplimiento de sus objetivos.
“Pudimos trabajar ampliamente en todas la sesiones, no tuvimos ninguna restricción a nuestro trabajo”, sostuvo ayer el representante internacional quien calificó de “estupendas” las reuniones con varias comisiones legislativas encargadas del proceso preliminar de revisión y entrevistas a los postulantes a magistrados.
Sin embargo expresó su preocupación por que el canal televisivo interno de la Asamblea Legislativa no haya transmitido en directo todo el proceso de preselección, aunque aclaró que eso no afectó a la transparencia del proceso.
Sobre la votación en nulo de algunos asambleístas de la oposición en la preselección de postulantes, dijo que esa actitud es democrática y que suele ocurrir en otros legislativos del mundo.
Colaborador de Rubén Costas impulsa el voto nulo
El secretario general de la Gobernación de Santa cruz, Roly Aguilera, anunció públicamente ayer una campaña frontal “por el voto nulo” en las elecciones judiciales pautadas para octubre que se realizarán en Bolivia.
“No tenemos temor a ningún tipo de represalias del Órgano Electoral, porque consideramos que se ha demostrado que estas elecciones son nada más que una manera de legitimar las intenciones del (gobiernista) Movimiento Al Socialismo por el control del Poder Judicial”, aseveró Aguilera, segundo de a bordo de la Gobernación que encabeza el opositor Rubén Costas, del partido cruceño Verdes.
Algunos diputados y senadores de oposición tomaron la misma determinación; incluso hablaron de “una estrategia” en Santa Cruz para realizar la campaña por el voto nulo a través de las redes sociales de Internet como Facebook, con el objeto de llegar a la mayor cantidad posible de ciudadanos con su mensaje.
La oposición legislativa boliviana lanzó implícitamente una campaña contra las primeras elecciones de jueces en Bolivia. (ABI)
Gestores de voto nulo pueden ir a la cárcel
DIARIO PAGINA SIETE.-
El Tribunal Supremo Electoral cerró el paso a la campaña por el voto nulo o blanco en las elecciones judiciales, promovida por opositores y organizaciones civiles, y oficializó que los gestores serán sancionados hasta con arresto porque promover esta opción sería un “delito electoral”.
“La ley aprobada establece sanciones para los particulares a partir de multas pecuniarias, arresto, incluso la gravedad puede significar delito electoral”, dijo el presidente del organismo electoral, Wilfredo Ovando.
Explicó que las campañas en general, de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE) artículo 182, están “prohibidas” solamente para este proceso electoral, por ser especial y diferente al resto de los comicios electorales de carácter político.
“Todos estamos prohibidos de hacer campaña a favor o en contra de los candidatos o en contra de todos los candidatos. Es una prohibición aprobada por el pueblo”, precisó después que la Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionó a los postulantes al Órgano Judicial.
Las fuerzas políticas de oposición, como Convergencia Nacional (CN), Unidad Nacional (UN) y Alianza Social (AS), y colectivos ciudadanos promueven el voto nulo como una alternativa a la validación de autoridades judiciales preseleccionados por el Movimiento Al Socialismo.
Consideran que en los comicios de magistrados el partido oficialista tomará el control de la administración de justicia para presuntamente acelerar los procesos contra opositores.
La bancada del MAS, que tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa, impuso su mayoría en la selección de candidatos mientras las bancadas departamentales fueron las instancias de coordinación para las definiciones.
Los asambleístas del partido oficialista votaron con listas predeterminadas, sus votos se repitieron una y otra vez entre 105 y 116 veces para cada elección.
En criterio del diputado opositor Willman Cardozo, el voto nulo es un derecho de todos los ciudadanos. “No vamos a llamar a no participar, pero sí a un voto consciente”, dijo.
Su colega Elizabeth Reyes manifestó que el MAS continuó con son su propósito de llevar adelante una preselección viciada de nulidad por las varias presuntas irregularidades.
Los opositores desafiaron a las amenazas de los oficialistas que advirtieron con analizar posibles procesos legales en contra de quienes llamen al voto nulo.
El diputado Lucio Marca anunció ayer que si se pretende “defenestrar” a los postulantes mediante campañas, la Comisión de Constitución hará un análisis técnico y constitucional sobre este tipo de convocatorias y si el fin es perjudicar a los candidatos y al proceso en sí.
“Es un daño al esfuerzo del pueblo boliviano por modificar estructuralmente su sistema de administración de justicia”, sentenció el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, al referirse a esta intención.
“La ley aprobada establece sanciones para los particulares a partir de multas pecuniarias, arresto, incluso la gravedad puede significar delito electoral”, dijo el presidente del organismo electoral, Wilfredo Ovando.
Explicó que las campañas en general, de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE) artículo 182, están “prohibidas” solamente para este proceso electoral, por ser especial y diferente al resto de los comicios electorales de carácter político.
“Todos estamos prohibidos de hacer campaña a favor o en contra de los candidatos o en contra de todos los candidatos. Es una prohibición aprobada por el pueblo”, precisó después que la Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionó a los postulantes al Órgano Judicial.
Las fuerzas políticas de oposición, como Convergencia Nacional (CN), Unidad Nacional (UN) y Alianza Social (AS), y colectivos ciudadanos promueven el voto nulo como una alternativa a la validación de autoridades judiciales preseleccionados por el Movimiento Al Socialismo.
Consideran que en los comicios de magistrados el partido oficialista tomará el control de la administración de justicia para presuntamente acelerar los procesos contra opositores.
La bancada del MAS, que tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa, impuso su mayoría en la selección de candidatos mientras las bancadas departamentales fueron las instancias de coordinación para las definiciones.
Los asambleístas del partido oficialista votaron con listas predeterminadas, sus votos se repitieron una y otra vez entre 105 y 116 veces para cada elección.
En criterio del diputado opositor Willman Cardozo, el voto nulo es un derecho de todos los ciudadanos. “No vamos a llamar a no participar, pero sí a un voto consciente”, dijo.
Su colega Elizabeth Reyes manifestó que el MAS continuó con son su propósito de llevar adelante una preselección viciada de nulidad por las varias presuntas irregularidades.
Los opositores desafiaron a las amenazas de los oficialistas que advirtieron con analizar posibles procesos legales en contra de quienes llamen al voto nulo.
El diputado Lucio Marca anunció ayer que si se pretende “defenestrar” a los postulantes mediante campañas, la Comisión de Constitución hará un análisis técnico y constitucional sobre este tipo de convocatorias y si el fin es perjudicar a los candidatos y al proceso en sí.
“Es un daño al esfuerzo del pueblo boliviano por modificar estructuralmente su sistema de administración de justicia”, sentenció el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, al referirse a esta intención.
El 58% de candidatos es funcionario
Por Marco Chuquimia
DIARIO EL DEBER, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.-
http://www.eldeber.com.bo/2011/2011-07-16/vernotanacional.php?id=110715232243
Un 58% de los candidatos habilitados para las elecciones judiciales de octubre tiene vínculos con alguna repartición estatal. Tras cuatro días de trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional se encontró que de 118 postulantes habilitados por la mayoría oficialista, 69 seleccionados trabajan o trabajaron en diferentes dependencias bajo control del Gobierno o cercanas al MAS. La lista contempla a exasesores de senadores, de gobiernos municipales y de entidades que están bajo mando del oficialismo.
El resto de los 49 aspirantes no tiene registro de declaración jurada ante la Contraloría General del Estado.
La diputada opositora Elizabeth Reyes aseguró que el Gobierno obligó a sus funcionarios a presentarse como candidatos, ante la ausencia de postulantes para los comicios. La legisladora refirió que en el país existen 60.000 abogados profesionales y que el MAS convocó a 600. “Qué gran logro del MAS, convocar al 1% de todos los profesionales”, dijo en su intervención ante el pleno camaral.
El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, dijo que esa información “habrá que verificarla, porque la bancada tomó la decisión de alejar cualquier sombra de duda sobre este proceso”.
Por otro lado, la Asamblea debió elegir a 125 aspirantes al Órgano Judicial y redujeron la designación de siete personas. Los problemas surgieron en el Consejo de la Magistratura y en el Tribunal Supremo de Justicia.
En el primer caso se debía designar “hasta un número máximo de 15 postulantes”, señala el reglamento de preselección, pero se designó a 14. La presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Sandra Soriano, explicó que ese mismo reglamento señala que el 50% debe ser mujeres y como eso es imposible se decidió suprimir un postulante para que sea equitativo.
En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, el reglamento señala “hasta seis por cada departamento”, pero Beni, Tarija y Pando solo tienen cuatro representantes cada uno y el presidente del Senado dijo que el reglamento fija un tope y no así una cifra mínima; era evidente la ausencia de candidatos porque Beni solo tenía cinco postulantes, Tarija 11 y Pando 14, pero aun así el MAS decidió seleccionar a cuatro por cada uno de estos departamentos.
Las tres regiones también tienen otro problema, el reglamento señala que al menos uno de los candidatos debe ser indígena originario por autoidentificación, pero ninguno de los 12 candidatos seleccionados se autoidentificó como tal.
La diputada Norma Piérola (PPB-CN) afirmó que no es la única instancia en la que se incumplió el reglamento y agregó que es imposible pensar que el actual presidente de la Corte Superior de Distrito de La Paz, Williams Alave, sea representante indígena cuando ya tiene un recorrido profesional que es de conocimiento público.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, dijo que la instancia revisará el procedimiento de preselección y que si se incumplió algún punto del reglamento se puede devolver el informe a la Asamblea para que sea corregido.
Se viene la etapa de organización
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, anunció ayer que después de la selección de los 118 candidatos por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ahora corresponde dar paso a la segunda etapa del proceso, que es la fase de la organización y preparación del acto eleccionario en sí con miras a los comicios judiciales del 16 de octubre.
Para ese efecto, Ovando dijo que el Tribunal Supremo Electoral cuenta con un presupuesto aprobado y que está siendo ejecutado a cabalidad de alrededor de Bs 100 millones, aunque recordó que se espera un segundo desembolso de Bs 25 millones.
"Lo que corresponde ahora es iniciar la segunda fase del proceso eleccionario que está en manos del Tribunal Electoral", agregó la principal autoridad del TSE.
De acuerdo con el cronograma, a partir del 18 de julio el Órgano Electoral encarará la fase de difusión de méritos de los candidatos por medio de estrategias comunicacionales, tales como la elaboración de folletos que contengan los datos de los candidatos.
Asimismo, el ente electoral creará espacios en medios radiales y televisivos para que los candidatos difundan sus méritos, entre ellos su formación académica, la producción intelectual y la experiencia profesional.
En la etapa que concluyó fueron seleccionados 28 candidatos al Tribunal Constitucional (14 mujeres y 14 varones), 28 candidatos al Tribunal Agroambiental (14 mujeres y 14 varones), 14 al Consejo de la Magistratura (7 varones y 7 mujeres) y 48 al Tribunal Supremo de Justicia (24 mujeres y 24 varones). /Agencias
El resto de los 49 aspirantes no tiene registro de declaración jurada ante la Contraloría General del Estado.
La diputada opositora Elizabeth Reyes aseguró que el Gobierno obligó a sus funcionarios a presentarse como candidatos, ante la ausencia de postulantes para los comicios. La legisladora refirió que en el país existen 60.000 abogados profesionales y que el MAS convocó a 600. “Qué gran logro del MAS, convocar al 1% de todos los profesionales”, dijo en su intervención ante el pleno camaral.
El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, dijo que esa información “habrá que verificarla, porque la bancada tomó la decisión de alejar cualquier sombra de duda sobre este proceso”.
Por otro lado, la Asamblea debió elegir a 125 aspirantes al Órgano Judicial y redujeron la designación de siete personas. Los problemas surgieron en el Consejo de la Magistratura y en el Tribunal Supremo de Justicia.
En el primer caso se debía designar “hasta un número máximo de 15 postulantes”, señala el reglamento de preselección, pero se designó a 14. La presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Sandra Soriano, explicó que ese mismo reglamento señala que el 50% debe ser mujeres y como eso es imposible se decidió suprimir un postulante para que sea equitativo.
En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, el reglamento señala “hasta seis por cada departamento”, pero Beni, Tarija y Pando solo tienen cuatro representantes cada uno y el presidente del Senado dijo que el reglamento fija un tope y no así una cifra mínima; era evidente la ausencia de candidatos porque Beni solo tenía cinco postulantes, Tarija 11 y Pando 14, pero aun así el MAS decidió seleccionar a cuatro por cada uno de estos departamentos.
Las tres regiones también tienen otro problema, el reglamento señala que al menos uno de los candidatos debe ser indígena originario por autoidentificación, pero ninguno de los 12 candidatos seleccionados se autoidentificó como tal.
La diputada Norma Piérola (PPB-CN) afirmó que no es la única instancia en la que se incumplió el reglamento y agregó que es imposible pensar que el actual presidente de la Corte Superior de Distrito de La Paz, Williams Alave, sea representante indígena cuando ya tiene un recorrido profesional que es de conocimiento público.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, dijo que la instancia revisará el procedimiento de preselección y que si se incumplió algún punto del reglamento se puede devolver el informe a la Asamblea para que sea corregido.
Se viene la etapa de organización
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, anunció ayer que después de la selección de los 118 candidatos por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ahora corresponde dar paso a la segunda etapa del proceso, que es la fase de la organización y preparación del acto eleccionario en sí con miras a los comicios judiciales del 16 de octubre.
Para ese efecto, Ovando dijo que el Tribunal Supremo Electoral cuenta con un presupuesto aprobado y que está siendo ejecutado a cabalidad de alrededor de Bs 100 millones, aunque recordó que se espera un segundo desembolso de Bs 25 millones.
"Lo que corresponde ahora es iniciar la segunda fase del proceso eleccionario que está en manos del Tribunal Electoral", agregó la principal autoridad del TSE.
De acuerdo con el cronograma, a partir del 18 de julio el Órgano Electoral encarará la fase de difusión de méritos de los candidatos por medio de estrategias comunicacionales, tales como la elaboración de folletos que contengan los datos de los candidatos.
Asimismo, el ente electoral creará espacios en medios radiales y televisivos para que los candidatos difundan sus méritos, entre ellos su formación académica, la producción intelectual y la experiencia profesional.
En la etapa que concluyó fueron seleccionados 28 candidatos al Tribunal Constitucional (14 mujeres y 14 varones), 28 candidatos al Tribunal Agroambiental (14 mujeres y 14 varones), 14 al Consejo de la Magistratura (7 varones y 7 mujeres) y 48 al Tribunal Supremo de Justicia (24 mujeres y 24 varones). /Agencias
Habilitados para los comicios
Al Tribunal Constitucional
Blanca Isabel Alarcón Yampasi
Neldy Virginia Andrade Martínez
Miriam Elena Argandoña Quino
Mirtha Camacho Quiroga
Heldy Shirley Cárdenas Méndez
Soraida Rosario Chanez Chire
Ana María Morales Núñez
Cely Jakeline Ordóñez Lima
Edith Vilma Oroz Carrasco
Ruth Rodríguez Maldonado
Antonieta Jankarla Sahonero Molina
Carmen Silvana Sandóval Landívar
Ligia Mónica Velásquez Castaños
Eugenia Beatriz Yuque Apaza
Juan Carlos Aguilar Martínez
Henry Teddy Arancibia Dávila
William Josué Ayala Baldelomar
Zenón Hugo Bacarreza Morales
Richard Eddy Cardozo Daza
Efrén Choque Capuma
Macario Lahor Cortez Chávez
Gualberto Cusi Mamani
Ruddy José Flores Monterrey
Vladimir Gutiérrez Pérez
Fausto Juan Lanchipa Ponce
Jaime Daniel Mena Soruco
Milton Hugo Mendoza Miranda
Juan Oswaldo Valencia Alvarado
Al Tribunal Constitucional
Blanca Isabel Alarcón Yampasi
Neldy Virginia Andrade Martínez
Miriam Elena Argandoña Quino
Mirtha Camacho Quiroga
Heldy Shirley Cárdenas Méndez
Soraida Rosario Chanez Chire
Ana María Morales Núñez
Cely Jakeline Ordóñez Lima
Edith Vilma Oroz Carrasco
Ruth Rodríguez Maldonado
Antonieta Jankarla Sahonero Molina
Carmen Silvana Sandóval Landívar
Ligia Mónica Velásquez Castaños
Eugenia Beatriz Yuque Apaza
Juan Carlos Aguilar Martínez
Henry Teddy Arancibia Dávila
William Josué Ayala Baldelomar
Zenón Hugo Bacarreza Morales
Richard Eddy Cardozo Daza
Efrén Choque Capuma
Macario Lahor Cortez Chávez
Gualberto Cusi Mamani
Ruddy José Flores Monterrey
Vladimir Gutiérrez Pérez
Fausto Juan Lanchipa Ponce
Jaime Daniel Mena Soruco
Milton Hugo Mendoza Miranda
Juan Oswaldo Valencia Alvarado
Tribunal Agroambiental
Gabriela Cinthia Armijo Paz
Lidia Chipana Chirinos
Rommy Colque Ballesteros
María Reyna Durán Achaval
Selma Gabriela Gutiérrez Cruz
Jenny Ibáñez Sierra
Judith Sandra Lema Fernández
Katia López Arrueta
Fanny Maldonado
Isabel Ortuño Ibáñez
Miriam Gloria Pacheco Herrera
Paty Yola Paucara Paco
Maritza Sánchez Gil
Deysi Villagómez Velazco
Javier Aramayo Caballero
Carlos Marcelino Cruz Arias
Abel Dávalos Vargas
Germán Espada Saavedra
Lucio Fuentes Hinojosa
Bernardo Huarachi Tola
Marbel Demetrio Mark Ponce
Luis Mario Montaño Riveros
Mario Pacosillo Calsina
Luis Carlos Paz Rojas
Javier Peñafiel Bravo
Filemón Sandóval Romero.
Juan Ricardo Soto Butrón
Rufo Nivardo Vásquez Mercado
Gabriela Cinthia Armijo Paz
Lidia Chipana Chirinos
Rommy Colque Ballesteros
María Reyna Durán Achaval
Selma Gabriela Gutiérrez Cruz
Jenny Ibáñez Sierra
Judith Sandra Lema Fernández
Katia López Arrueta
Fanny Maldonado
Isabel Ortuño Ibáñez
Miriam Gloria Pacheco Herrera
Paty Yola Paucara Paco
Maritza Sánchez Gil
Deysi Villagómez Velazco
Javier Aramayo Caballero
Carlos Marcelino Cruz Arias
Abel Dávalos Vargas
Germán Espada Saavedra
Lucio Fuentes Hinojosa
Bernardo Huarachi Tola
Marbel Demetrio Mark Ponce
Luis Mario Montaño Riveros
Mario Pacosillo Calsina
Luis Carlos Paz Rojas
Javier Peñafiel Bravo
Filemón Sandóval Romero.
Juan Ricardo Soto Butrón
Rufo Nivardo Vásquez Mercado
Consejo de la magistratura
Magdalena Teodora Alanoca Condori
Brigida Pilar Alegría Sequeiros de Colque
Paulina Coronado Sandóval
Ximena Nicole Echenique Escóbar
Cristina Mamani Aguilar
Wilma Mamani Cruz
Roxana Orellana Mercado
Ernesto Araníbar Sagárnaga
Rolando Mayta Chui
Emilio Osvaldo Patiño Berdeja
Wilber Choque Cruz
Juan Orlando Ríos Luna
Freddy Sanabria Taboada
Roger Gonzalo Triveño Herbas
Tribunal Supremo de Justicia
Departamento de La Paz
William Eduard Alave Laura
Ángel Aruquipa Chui
Iván Manolo Lima Magne
Yhilka Fátima Hinojosa Fernández
Teresa Lourdes Rosso Gutiérrez
Maritza Suntura Juaniquina
Magdalena Teodora Alanoca Condori
Brigida Pilar Alegría Sequeiros de Colque
Paulina Coronado Sandóval
Ximena Nicole Echenique Escóbar
Cristina Mamani Aguilar
Wilma Mamani Cruz
Roxana Orellana Mercado
Ernesto Araníbar Sagárnaga
Rolando Mayta Chui
Emilio Osvaldo Patiño Berdeja
Wilber Choque Cruz
Juan Orlando Ríos Luna
Freddy Sanabria Taboada
Roger Gonzalo Triveño Herbas
Tribunal Supremo de Justicia
Departamento de La Paz
William Eduard Alave Laura
Ángel Aruquipa Chui
Iván Manolo Lima Magne
Yhilka Fátima Hinojosa Fernández
Teresa Lourdes Rosso Gutiérrez
Maritza Suntura Juaniquina
Departamento de Santa Cruz
José Antonio Ramírez Reynaga
Carlos Eduardo Vargas Vaca
Jorge Isaac von Borries Méndez
Mirna Amparo Arancibia Belaúnde
Carmen Roxana Méndez Padilla
María Arminda Ríos García
José Antonio Ramírez Reynaga
Carlos Eduardo Vargas Vaca
Jorge Isaac von Borries Méndez
Mirna Amparo Arancibia Belaúnde
Carmen Roxana Méndez Padilla
María Arminda Ríos García
Departamento de Oruro.
Rómulo Calle Mamani
Ismael Fernández Cortéz
Julio Huarachi Pozo
Martha Echeverría Heredia
Ana Adela Quispe Cuba
Eugenia Ramos Catari
Rómulo Calle Mamani
Ismael Fernández Cortéz
Julio Huarachi Pozo
Martha Echeverría Heredia
Ana Adela Quispe Cuba
Eugenia Ramos Catari
Departamento de Potosí
Edgar Jallaza Veliz
Pastor Segundo Mamani Villca
Mario Villca Choqueta
Liliana del Fátima Bolaños España
María Inés Leytón de la Quintana.
Elisa Sánchez Mamani
Departamento de Tarija
Antonio Guido Campero Segovia
Arturo Laime Ovando
Juan Guerreo Méndez
Nuñez Villegas Carmen
Edgar Jallaza Veliz
Pastor Segundo Mamani Villca
Mario Villca Choqueta
Liliana del Fátima Bolaños España
María Inés Leytón de la Quintana.
Elisa Sánchez Mamani
Departamento de Tarija
Antonio Guido Campero Segovia
Arturo Laime Ovando
Juan Guerreo Méndez
Nuñez Villegas Carmen
Departamento de Beni
Bergman Cuéllar Araúz
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Mirtha Dolly Ortiz Paniagua.
Silvana Rojas Panoso
Bergman Cuéllar Araúz
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Mirtha Dolly Ortiz Paniagua.
Silvana Rojas Panoso
Departamento de Cochabamba
Rolando Claros Ortiz
Esteban Miranda Terán
Fidel Marcos Tordoya Rivas
Lineth Marcela Borja Vargas
María Lourdes Bustamante de Andia
Ana María Sánchez López
Departamento de Chuquisaca
Freddy Lupa Totola
Humberto Ortega Martínez
Javier Medardo Serrano Llanos
Ana María Forest Cors
Rita Susana Nava Durán
Janeth Fernanda Quiroga Aparicio
Rolando Claros Ortiz
Esteban Miranda Terán
Fidel Marcos Tordoya Rivas
Lineth Marcela Borja Vargas
María Lourdes Bustamante de Andia
Ana María Sánchez López
Departamento de Chuquisaca
Freddy Lupa Totola
Humberto Ortega Martínez
Javier Medardo Serrano Llanos
Ana María Forest Cors
Rita Susana Nava Durán
Janeth Fernanda Quiroga Aparicio
Departamento de Pando
Delfín Humberto Betancourt Chinchilla.
Guery Damián Pérez Torres
Graciela Acuña Valverde
Norka Natalia Mercado Guzmán
Delfín Humberto Betancourt Chinchilla.
Guery Damián Pérez Torres
Graciela Acuña Valverde
Norka Natalia Mercado Guzmán
Gobierno donará computadoras a profesores
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-16&idn=49885ABI
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, confirmó que en las próximas horas llegará al país el primer lote de 3.000 computadoras para distribuir a los maestros del país.
“Lo que me ha llegado es la última notificación de la empresa; llegarían el día 18, es decir, el día lunes, las primeras 3.000, y de ahí ya están viniendo grupos de 26.000 computadoras cada 30 días”, informó a los periodistas.
Explicó que antes de distribuir las computadoras se realizará una inspección técnica a los equipos, destinados a mejorar la calidad educativa en el país.
Por otra parte, informó que el trámite para recoger las computadoras de la Aduana tardará hasta una semana.
“Vamos a tener una semana de desaduanización, ya hemos mandado las cartas correspondientes, la parte legal, está todo preparado”, aseveró la autoridad del ramo.
Los equipos, reiteró, serán sometidos a una revisión técnica a fin de garantizar la calidad de la compra y la garantía.
Dijo que la etapa de revisión técnica es necesaria para verificar que “todas y cada una de las computadoras” cumplan con las especificaciones técnicas y con los requerimientos establecidos antes de la compra. “Porque tiene que cumplir los requisitos técnicos que se han establecido en la licitación”, justificó el ministro Aguilar.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, confirmó que en las próximas horas llegará al país el primer lote de 3.000 computadoras para distribuir a los maestros del país.
“Lo que me ha llegado es la última notificación de la empresa; llegarían el día 18, es decir, el día lunes, las primeras 3.000, y de ahí ya están viniendo grupos de 26.000 computadoras cada 30 días”, informó a los periodistas.
Explicó que antes de distribuir las computadoras se realizará una inspección técnica a los equipos, destinados a mejorar la calidad educativa en el país.
Por otra parte, informó que el trámite para recoger las computadoras de la Aduana tardará hasta una semana.
“Vamos a tener una semana de desaduanización, ya hemos mandado las cartas correspondientes, la parte legal, está todo preparado”, aseveró la autoridad del ramo.
Los equipos, reiteró, serán sometidos a una revisión técnica a fin de garantizar la calidad de la compra y la garantía.
Dijo que la etapa de revisión técnica es necesaria para verificar que “todas y cada una de las computadoras” cumplan con las especificaciones técnicas y con los requerimientos establecidos antes de la compra. “Porque tiene que cumplir los requisitos técnicos que se han establecido en la licitación”, justificó el ministro Aguilar.
La aduana boliviana devolverá autos robados a países de origen
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-16&idn=49920
La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) informó ayer que devolverá aquellos vehículos que sean identificados como robados en el proceso de nacionalización, a los respectivos países de donde fueron hurtados.
Así lo confirmó la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, quien informó que Brasil, Argentina, Chile y Perú enviaron a Bolivia su base de datos de los vehículos robados en esas regiones, por lo que sólo falta Paraguay.
Según Ardaya, la ANB se guardará en reserva la cantidad de vehículos que fueron reportados a Bolivia como robados, como el caso de Chile, por cuestiones estratégicas.
“La Aduana nacional no nacionalizará ningún vehículo robado (...) se va a proceder a la devolución en todos los casos”, remarcó.
En el proceso de nacionalización, hasta el momento se identificaron a nivel nacional entre 5 y 6 vehículos robados, dos de ellos en el departamento de Oruro y que corresponden a Chile. Estas unidades fueron decomisadas por la ANB.
Ardaya explicó que el proceso de devolución se hará mediante la Cancillería boliviana y la autoridad competente en materia judicial del país de origen.
“En un plazo no mayor a 60 días tendríamos que proceder a la devolución (del vehículo robado)”, apuntó la Presidenta de la ANB.
La entidad aduanera nacionalizó hasta el momento 3.051 vehículos indocumentados, o también denominados ‘chutos’, de un total de 128 mil unidades registradas, en su mayoría concentrados en Santa Cruz (33.419), Cochabamba (28.801) y La Paz (20.696).
Para la próxima semana, la Aduana Nacional programó la nacionalización de 5.063 vehículos; de éstos, 265 en Chuquisaca, 1.049 en la Paz, 1.050 en Cochabamba, 550 en Oruro, 300 en Potosí, 299 en Tarija, 1.050 en Santa Cruz, 250 en Beni y 250 en Pando.
El proceso de legalización de los automóviles ‘chutos’ también llegará la siguiente semana a cuatro regiones rurales: Caranavi, Villa Tunari, Puerto Suárez y San Ignacio de Velasco, sostuvo Ardaya.
La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) informó ayer que devolverá aquellos vehículos que sean identificados como robados en el proceso de nacionalización, a los respectivos países de donde fueron hurtados.
Así lo confirmó la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, quien informó que Brasil, Argentina, Chile y Perú enviaron a Bolivia su base de datos de los vehículos robados en esas regiones, por lo que sólo falta Paraguay.
Según Ardaya, la ANB se guardará en reserva la cantidad de vehículos que fueron reportados a Bolivia como robados, como el caso de Chile, por cuestiones estratégicas.
“La Aduana nacional no nacionalizará ningún vehículo robado (...) se va a proceder a la devolución en todos los casos”, remarcó.
En el proceso de nacionalización, hasta el momento se identificaron a nivel nacional entre 5 y 6 vehículos robados, dos de ellos en el departamento de Oruro y que corresponden a Chile. Estas unidades fueron decomisadas por la ANB.
Ardaya explicó que el proceso de devolución se hará mediante la Cancillería boliviana y la autoridad competente en materia judicial del país de origen.
“En un plazo no mayor a 60 días tendríamos que proceder a la devolución (del vehículo robado)”, apuntó la Presidenta de la ANB.
La entidad aduanera nacionalizó hasta el momento 3.051 vehículos indocumentados, o también denominados ‘chutos’, de un total de 128 mil unidades registradas, en su mayoría concentrados en Santa Cruz (33.419), Cochabamba (28.801) y La Paz (20.696).
Para la próxima semana, la Aduana Nacional programó la nacionalización de 5.063 vehículos; de éstos, 265 en Chuquisaca, 1.049 en la Paz, 1.050 en Cochabamba, 550 en Oruro, 300 en Potosí, 299 en Tarija, 1.050 en Santa Cruz, 250 en Beni y 250 en Pando.
El proceso de legalización de los automóviles ‘chutos’ también llegará la siguiente semana a cuatro regiones rurales: Caranavi, Villa Tunari, Puerto Suárez y San Ignacio de Velasco, sostuvo Ardaya.
La subvención a la gasolina genera una “chorrera de dinero”
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-16&idn=49902
El presidente Evo Morales advirtió ayer sobre el peligro que representa para el país la subvención a los carburantes, lo calificó como una chorrera tremenda y dijo que el diálogo está abierto para buscar una solución a este problema.
La reflexión la hizo durante la inauguración de nuevas redes de gas domiciliario en la zona de Irpavi de la ciudad de La Paz, obras concretadas por filiales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Uno de los problemas que puede tener el pueblo boliviano está relacionado con la subvención, es una chorrera tremenda”, advirtió.
El 26 de diciembre de 2010, el Gobierno de Morales, mediante Decreto Supremo 748, determinó nivelar el precio de los principales combustibles (gasolina y diésel), lo que provocó un aumento inmediato en los costos de los productos comunes —como el pan y los taxis— consumidos por la población.
A última hora del 31 de diciembre de ese año, Morales decidió dejar sin efecto la medida luego de una ola de protestas que se focalizaron en las ciudades de La Paz y El Alto.
Basado en encuestas, el Primer Mandatario señaló ayer que “más del 50 por ciento apoyaba la nivelación en el precio del combustible”, pero también algunos sectores usaron esa medida con fines políticos.
“Ahora pueden decirme que el Presidente, el Gobierno no ha explicado muy bien a la población (la nivelación), que debió ser de a poco (y) no de golpe, pero nos está haciendo un daño económico tremendo la subvención”, afirmó.
COSTOS
Al respecto, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, señaló que en la medida en que el precio internacional del petróleo aumenta, la subvención a los carburantes se eleva y también los costos para el erario nacional por la necesidad del país de importar diésel y comercializarlo en el mercado nacional a un valor reducido.
“El subsidio no es malo en la medida en que beneficie a la industria, al comercio al transporte, pero el gran problema que tenemos es que el subsidio beneficia a países limítrofes, y hay una fuga importante a pesar de tener una política de lucha contra el contrabando”, advirtió Villegas.
Sin embargo, el Presidente de YPFB señaló que éste es “un problema estructural que no es fácil (y que no es) de solución inmediata”.
En tanto, el Primer Mandatario dijo que “el debate está abierto: cómo en el futuro buscar la solución a estos problemas (la subvención) que tiene el pueblo boliviano”.
A esta postura se sumó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, al precisar que está en manos de los movimientos sociales el mantener o no la subvención de los carburantes.
“No hay que alarmar a la población (sobre un retiro de la subvención), el debate lo tienen los movimientos sociales, nosotros lo hemos planteado y ahí está, más bien estamos esperando el debate de las organizaciones sociales para ver por qué rumbo quieren ir”, afirmó el ministro Arce.
Descartan alza a precios de carburantes
De forma taxativa respondió ayer el ministro de Hidrocarburos y Energía, José Luis Gutiérrez, al descartar cualquier incremento en los costos de los principales carburantes que se consumen en el país.
“Lo que estamos diciendo es que se descarta cualquier subida de (costos de) los carburantes”, indicó Gutiérrez.
A su vez, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, dijo que no se piensa en suspender la subvención a los carburantes, que es cubierto con los recursos de la propia población a través de los impuestos.
De acuerdo con datos del Ministro, hasta abril de este año se destinaron cerca de 140 millones de dólares para la subvención, cifra que hasta fin de año se elevará entre 450 y 550 millones de dólares de mantenerse el precio del barril de petróleo, en el mercado internacional, por encima de los 90 dólares. Sin embargo, dijo Arce, hay una tendencia a la baja en el precio del petróleo, impulsada por la baja demanda de combustibles por parte de potencias como China.
Gas domiciliario llega a 122.864 familias en La Paz
Un total de 122.864 familias del departamento de La Paz se benefician hasta el momento con instalaciones de gas domiciliario construidas de manera gratuita por YPFB Corporación. A 2006, el servicio llegaba tan sólo a 9.200 familias.
Así lo reveló el presidente Evo Morales al inaugurar, junto con el titular de YPFB, Carlos Villegas, el servicio de redes de gas domiciliario en la zona Sur de La Paz.
Horas más tarde, Villegas puso en marcha dos nuevas estaciones de servicio de la estatal petrolera con las que suman un total 25 en todo el país. Se trata de los surtidores, en Calacoto, ubicado en la calle 23 de Calacoto, y San Pedro, que se encuentra en la avenida 20 de Octubre, esquina Santos Machicado.
Ambos surtidores cuentan con instalaciones que se adecúan a la normativa vigente y se comercializará diesel, gasolina, gas natural vehicular (GNV) con dispensers de última generación. En cada obra se invirtió entre 3 y 4,4 millones de bolivianos.
El presidente Evo Morales advirtió ayer sobre el peligro que representa para el país la subvención a los carburantes, lo calificó como una chorrera tremenda y dijo que el diálogo está abierto para buscar una solución a este problema.
La reflexión la hizo durante la inauguración de nuevas redes de gas domiciliario en la zona de Irpavi de la ciudad de La Paz, obras concretadas por filiales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Uno de los problemas que puede tener el pueblo boliviano está relacionado con la subvención, es una chorrera tremenda”, advirtió.
El 26 de diciembre de 2010, el Gobierno de Morales, mediante Decreto Supremo 748, determinó nivelar el precio de los principales combustibles (gasolina y diésel), lo que provocó un aumento inmediato en los costos de los productos comunes —como el pan y los taxis— consumidos por la población.
A última hora del 31 de diciembre de ese año, Morales decidió dejar sin efecto la medida luego de una ola de protestas que se focalizaron en las ciudades de La Paz y El Alto.
Basado en encuestas, el Primer Mandatario señaló ayer que “más del 50 por ciento apoyaba la nivelación en el precio del combustible”, pero también algunos sectores usaron esa medida con fines políticos.
“Ahora pueden decirme que el Presidente, el Gobierno no ha explicado muy bien a la población (la nivelación), que debió ser de a poco (y) no de golpe, pero nos está haciendo un daño económico tremendo la subvención”, afirmó.
COSTOS
Al respecto, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, señaló que en la medida en que el precio internacional del petróleo aumenta, la subvención a los carburantes se eleva y también los costos para el erario nacional por la necesidad del país de importar diésel y comercializarlo en el mercado nacional a un valor reducido.
“El subsidio no es malo en la medida en que beneficie a la industria, al comercio al transporte, pero el gran problema que tenemos es que el subsidio beneficia a países limítrofes, y hay una fuga importante a pesar de tener una política de lucha contra el contrabando”, advirtió Villegas.
Sin embargo, el Presidente de YPFB señaló que éste es “un problema estructural que no es fácil (y que no es) de solución inmediata”.
En tanto, el Primer Mandatario dijo que “el debate está abierto: cómo en el futuro buscar la solución a estos problemas (la subvención) que tiene el pueblo boliviano”.
A esta postura se sumó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, al precisar que está en manos de los movimientos sociales el mantener o no la subvención de los carburantes.
“No hay que alarmar a la población (sobre un retiro de la subvención), el debate lo tienen los movimientos sociales, nosotros lo hemos planteado y ahí está, más bien estamos esperando el debate de las organizaciones sociales para ver por qué rumbo quieren ir”, afirmó el ministro Arce.
Descartan alza a precios de carburantes
De forma taxativa respondió ayer el ministro de Hidrocarburos y Energía, José Luis Gutiérrez, al descartar cualquier incremento en los costos de los principales carburantes que se consumen en el país.
“Lo que estamos diciendo es que se descarta cualquier subida de (costos de) los carburantes”, indicó Gutiérrez.
A su vez, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, dijo que no se piensa en suspender la subvención a los carburantes, que es cubierto con los recursos de la propia población a través de los impuestos.
De acuerdo con datos del Ministro, hasta abril de este año se destinaron cerca de 140 millones de dólares para la subvención, cifra que hasta fin de año se elevará entre 450 y 550 millones de dólares de mantenerse el precio del barril de petróleo, en el mercado internacional, por encima de los 90 dólares. Sin embargo, dijo Arce, hay una tendencia a la baja en el precio del petróleo, impulsada por la baja demanda de combustibles por parte de potencias como China.
Gas domiciliario llega a 122.864 familias en La Paz
Un total de 122.864 familias del departamento de La Paz se benefician hasta el momento con instalaciones de gas domiciliario construidas de manera gratuita por YPFB Corporación. A 2006, el servicio llegaba tan sólo a 9.200 familias.
Así lo reveló el presidente Evo Morales al inaugurar, junto con el titular de YPFB, Carlos Villegas, el servicio de redes de gas domiciliario en la zona Sur de La Paz.
Horas más tarde, Villegas puso en marcha dos nuevas estaciones de servicio de la estatal petrolera con las que suman un total 25 en todo el país. Se trata de los surtidores, en Calacoto, ubicado en la calle 23 de Calacoto, y San Pedro, que se encuentra en la avenida 20 de Octubre, esquina Santos Machicado.
Ambos surtidores cuentan con instalaciones que se adecúan a la normativa vigente y se comercializará diesel, gasolina, gas natural vehicular (GNV) con dispensers de última generación. En cada obra se invirtió entre 3 y 4,4 millones de bolivianos.
Policía antidroga destruye unas 100 microfábricas de cocaína
LA RAZON, LA PAZ.-
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=133874&EditionId=2592
Un centenar de microfábricas de pasta base de cocaína destruyó la Policía antidrogas en una intervención realizada en tres comunidades al norte cruceño y parte del Chapare. En el operativo, que se realizó por aire y tierra, se decomisó Bs 1,8 millones y se aprehendió a 12 personas.
La intervención se realizó con la participación de al menos 250 efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), acompañados de 18 fiscales que lograron allanar 34 viviendas y propiedades de las comunidades de San Germán, Nuevo Horizonte y Kilómetro 40 (Yapacaní), distante 160 kilómetros de Santa Cruz y una parte del Chapare del departamento de Cochabamba.
Las acciones, que se iniciaron a las 03.00 de la madrugada y se extendieron hasta la tarde de ayer, estuvieron controladas por el director de la FELCN, Fernando Amurrio, y el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, quienes se desplazaron en varios vehículos y helicópteros de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar).
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía antidrogas, en los allanamientos se encontró un centenar de estas microfábricas con tecnología colombiana que funcionaban detrás de las viviendas allanadas y tenían una capacidad de producción de entre cuatro y seis kilos al día.
Los agentes antidrogas que ingresaron a la comunidad de San Germán lograron incautar alrededor de 60 litros de cocaína líquida, más de 20 mil litros de combustible (gasolina y diésel) y tambores de hoja de coca molida, que estaban enterrados en medio del monte.
La coca molida, la droga líquida, los químicos y el combustible encontrado fueron incinerados de inmediato por los agentes antidrogas.
Dinero. El fiscal José Parra informó que, como parte del operativo en la comunidad de Nuevo Horizonte, se realizó una requisa de los motorizados que se encontraban en una propiedad y en una vagoneta de lujo se encontró dinero.
“El dinero incautado que asciende a 1,8 millones de bolivianos fue encontrado en el interior del motorizado en dos mochilas”, informó.
Los propietarios no lograron justificar su procedencia y fueron aprehendidos, ahora serán procesados por ganancias ilícitas.
El fiscal de Distrito, Isabelino Gómez, calificó de exitoso el operativo en la zona norte y dijo que el mismo permitió la aprehensión de varias personas.
El fiscal de Distrito, Isabelino Gómez, calificó de exitoso el operativo en la zona norte y dijo que el mismo permitió la aprehensión de varias personas.
Raúl Montes, jefe de grupo de Umopar, dijo a la red PAT que con el operativo “se logró ingresar a una de las zonas consideradas más peligrosas”, por la agresividad de los comunarios hacia los uniformados.
El director de la FELCN, Fernando Amurrio, manifestó a La Razón que aún no podía dar los resultados oficiales de las acciones policiales, “ya que las operaciones continúan”.
Contó que para las acciones se formaron al menos 20 grupos de policías y fiscales de los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba.
El comando de Umopar de Chimoré fue convertido en el centro de operaciones de los diferentes grupos que llegaban hasta ese lugar después de realizar las intervenciones en la zona.
Además, se informó que en una de las intervenciones se encontró envases o paquetes similares a los de los ladrillos de cocaína, los mismos que eran utilizados para trasladar dinero, siendo que cada uno de ellos tenía registrado los montos económicos.
En la mayoría de las propiedades allanadas, los moradores no fueron encontrados. La FELCN cree que éstos habrían sido advertidos por alguien minutos antes de las intervenciones, ya que dentro de algunas viviendas descubrieron el comedor listo para el desayuno de esa jornada.
La incursión de la FELCN se realizó un día después de que la Policía antidrogas detuvo a cerca de una decena de personas, en su mayoría peruanos, supuestos integrantes de una banda de sicarios ligados al narcotráfico en la capital oriental.
Siguen las pesquisas
La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) seguirán las investigaciones en el transcurso de los próximos días para desarticular las bandas de narcotraficantes que se esconden en las comunidades rurales.
La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) seguirán las investigaciones en el transcurso de los próximos días para desarticular las bandas de narcotraficantes que se esconden en las comunidades rurales.
Nueve peruanos a la cárcel
Cuatro de los nueve peruanos acusados de asesinato de Limberg Baptista e intento de homicidio de Adán López, fueron enviados a la cárcel de Chonchocoro de la ciudad de La Paz y otros 5 a Palmasola.
Cuatro de los nueve peruanos acusados de asesinato de Limberg Baptista e intento de homicidio de Adán López, fueron enviados a la cárcel de Chonchocoro de la ciudad de La Paz y otros 5 a Palmasola.
Los peruanos fueron aprehendidos el jueves junto a otros tres ciudadanos implicados en el secuestro y asesinato de Baptista y de haber herido de bala a López, quien se debate entre la vida y la muerte.
El juez Félix Rivero encontró indicios suficientes de los hechos y determinó la detención.
A Chonchocoro se envió a Julio César Gómez Trujillo, César Augusto Cahuana, Jorge Emerson Montiveros y José Pinedo Vargas. María Nela Guzmán, Pablo Guzmán de la Cruz, Franklin Cahuana, Raúl Gonzales y Cirilo Palomino serán trasladados a Palmasola.
Los otos tres aprehendidos (una colombiana y dos bolivianos) permanecen en celdas de la FELCN con fines investigativos.
De acuerdo con la hipótesis que manejan las fuerzas policiales, Félix Contreras sería el líder de la organización criminal que el pasado 4 de julio secuestró a Limberg Baptista y Adán López; el primero fue muerto con 9 disparos y el segundo recibió 6 balazos.
De acuerdo con la hipótesis que manejan las fuerzas policiales, Félix Contreras sería el líder de la organización criminal que el pasado 4 de julio secuestró a Limberg Baptista y Adán López; el primero fue muerto con 9 disparos y el segundo recibió 6 balazos.
El director de la Fuerza anticrimen, Ramiro Vega, dijo que “se trata de una organización con varios miembros que estaban operando y trabajando en Santa Cruz”.
YPFB desarrollará proyectos de urea, polietilenos y gas a líquidos
LA RAZON.-
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=133859&EditionId=2592
YPFB asumirá los proyectos de primera generación que están a cargo de la Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos (EBIH), porque ésta aún no cuenta con la capacidad técnica para ejecutarlos. La EBIH se hará cargo de la parte administrativa.
El domingo, La Razón informó que el Ejecutivo decidió aprobar el Decreto 0922 que “autoriza al Ministerio de Hidrocarburos—en el marco de la política nacional del sector— determinar los proyectos de industrialización a ser ejecutados por YPFB”, siendo que la Constitución determina que la EBIH esté a cargo de los mismos.
“La EBIH —que es una empresa de reciente creación— tiene que manejar miles de millones de dólares”, lo que es para ésta “una responsabilidad muy complicada, siendo que todavía no tiene el personal capacitado” para este fin, explicó ayer el ministro de Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez.
La EBIH tenía proyectado ejecutar hasta el 2017 la construcción de las plantas de primera generación (Urea Carrasco, GTL Carrasco, Urea Mutún, Polietilenos Mutún y Polietilenos Gran Chaco) con recursos que superan los $us 6.000 millones y ya había desarrollado un Esquema de Negocios para la planta de Urea Carrasco.
“Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene la experiencia y el cuerpo técnico para implementar (estos proyectos)”, aseguró Gutiérrez.
ROLES. El Artículo 363 de la Carta Magna especifica que la EBIH es “responsable de ejecutar, en representación del Estado, la industrialización de los hidrocarburos” en el país.
El Decreto 0922 “no viola la Constitución”, sino “aprovecha a ambas empresas estatales (...). Estamos haciendo un convenio entre empresas”, sostuvo. La norma da mayores recursos (Bs 21 millones) a YPFB para efectuar esta tarea; mientras que “la EBIH capacitará a su personal en el exterior para hacerse cargo de la administración (de las plantas)”, reveló.
La petrolera estatal iniciará la industrialización con la ejecución del proyecto Urea Carrasco, para luego efectuar, junto a la EBIH, los estudios a diseño final de las plantas de polietilenos. Posteriormente, anunció, “YPFB realizaría los estudios para la construcción de una planta de GTL (conversión de gas a líquidos, por sus siglas en inglés)”.
PROYECTO. El complejo industrial Urea Carrasco tiene un costo aproximado de $us 920 millones y tendrá una capacidad de producción de 1.925 toneladas métricas de urea, según datos de la EBIH.
Se prevé que el 40 por ciento del financiamiento del proyecto sea efectuado con aportes propios y el restante 60 por ciento con recursos de futuros socios estratégicos.
El requerimiento estimado de gas para el proyecto hasta el 2030 era de 0,23 trillones de pies cúbicos (TCF), pero el último cálculo es de “al menos 0,34 TCF”. El Análisis Económico-Financiero del Estudio de Factibilidad señala que —tras cubrir los costos operativos, fijos e impuestos— “la utilidad neta (del proyecto) al cabo de 20 años alcanzará un valor estimado de $us 2.800 millones”.
La Paz celebra 202 años de su gesta libertaria
DIARIO LA RAZON.-
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=133863&EditionId=2592
El presidente Evo Morales dio inició ayer las obras de construcción del campo ferial Chuquiago Marka, ubicado en el barrio de Bajo Següecoma de La Paz. La obra costará Bs 63,6 millones y debe estar concluida en 18 meses (540 días).
“Este campo ferial va a costar Bs 63 millones. Ya tiene contrato firmado con la empresa ejecutora. Si no ejecuta, nosotros vamos a ejecutar la boleta de garantía”, dijo el Mandatario, durante el acto de colocación de la piedra fundamental, en el que también participó el gobernador César Cocarico y ministros de Estado.
Este proyecto es financiado por completo con recursos del Tesoro General de la Nación y fue presentado como un regalo del Gobierno nacional para la ciudad de La Paz.
El terreno donde se realizará la construcción está dividido en dos lotes ubicados en cuadras distintas. El bloque 1, donde funcionaba el campo ferial, tiene una superficie de 6.988,29 metros cuadrados y el bloque 2, que funcionaba como parqueo y depósito, 12.872,47 metros cuadrados.
“Ambos predios van a ser conectados por un puente. Éste es el obsequio al pueblo paceño en esta efemérides”, dijo por su parte el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce.
La obra fue adjudicada al consorcio ATI Consultores Bolivia y Asociados, bajo la modalidad llave en mano.
Se prevé que la infraestructura albergue simultáneamente a unos 900 expositores en stands, y que tendrá una capacidad para recibir 26.000 visitas diarias.
“El espacio va a tener un auditorio para 700 personas, plaza de comidas, áreas de carga y descarga, casilleros, áreas de limpieza, infantil, enfermería. Habrá terrazas tipo balcón y de exposición de los feriantes”, remarcó Arce, quien añadió que los fondos son desembolsados exclusivamente por el Gobierno nacional.
PARQUE. En el mismo acto, Morales anunció que la última semana del mes de julio se iniciará la primera fase de la construcción de un parque industrial, que estará ubicado en la zona de Callutaca, de la ciudad de El Alto.
“Hemos proyectado un parque industrial que tiene un costo de $us 14 millones, y para comenzar la primera fase tenemos alrededor de $us 4 millones (...). La última semana de este mes, en homenaje al departamento, vamos a adjudicar rápidamente la primera fase del proyecto”, ofreció el Primer Mandatario.
Tanto la construcción del campo ferial como del parque industrial son la materialización de dos anuncios que hizo el Jefe del Estado el 20 de octubre del 2010, fecha en la que se recuerda la fundación de La Paz, como un regalo para el departamento.
El parque industrial se construirá en un predio de 600 hectáreas de la Gobernación de La Paz.
El parque industrial se construirá en un predio de 600 hectáreas de la Gobernación de La Paz.
Morales adelantó que en este espacio se debería instalar la nueva empresa estatal que producirá paños con lana de alpaca, además de otros tejidos, que llevará el nombre de Textilbol, aunque de momento el Estado no tiene recursos para poner en marcha aquella. Por ello, pidió a la Asamblea Plurinacional autorizar el uso de $us 2.000 millones de las reservas internacionales.
También indicó que el Gobierno dispone de $us 2 millones para proyectos educativos.
Revilla, ausente en la sesión
El alcalde paceño, Luis Revilla, no asistió a la sesión de honor de la Asamblea Departamental. Autoridades nacionales, departamentales y municipales e incluso el alcalde de El Alto, Édgar Patana, estuvieron en el homenaje.
El alcalde paceño, Luis Revilla, no asistió a la sesión de honor de la Asamblea Departamental. Autoridades nacionales, departamentales y municipales e incluso el alcalde de El Alto, Édgar Patana, estuvieron en el homenaje.
El director de Gobernabilidad, Pedro Susz, informó que la Gobernación hizo llegar la agenda de actividades, pero no una invitación a Revilla. Sin embargo, el gobernador César Cocarico dijo que la Asamblea invitó a todos.
Gas para 5.000 usuarios
En el marco de la conmemoración de los 202 años del grito libertario del 16 de julio, el jefe del Estado, Evo Morales, entregó ayer 12.500 metros de red secundaria de gas domiciliario que beneficia a 5.000 usuarios en Irpavi, Valle Hermoso y Plan Autopista.
El acto, organizado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se desarrolló en el barrio de Irpavi. En las zonas de Valle Hermoso (Villa San Antonio, final avenida Litoral, Valle Hermoso Central Sede Vecinal) y Plan Autopista (Urbanización Autopista), también se entregaron avances de red secundaria.
El Primer Mandatario destacó el trabajo desarrollado por YPFB y precisó que cuando llegó al Gobierno, en enero del 2006, sólo 9.200 familias contaban con este servicio. “En la actualidad ya son 122.864 familias”, resaltó.
En el mismo acto también se dio por inaugurado el servicio de Gas Natural Vehicular en las estaciones de servicio de YPFB modernizadas, en los barrios de Calacoto (calle 23) y San Pedro (Av. 20 de Octubre esquina Santos Machicado).
En ambas estaciones distribuidoras, Yacimientos invirtió Bs 4,4 millones. Morales expresó que cuando se hizo cargo de la administración del país YPFB no tenía una sola estación de servicio. “Hoy YPFB ya cuenta con 25 estaciones”, destacó.
Recuerdos de una fundación cerca del Illimani
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-16&idn=49867
Corría septiembre de 1547. La larga y sangrienta guerra civil entre encomenderos y españoles que duró una década llegaba a su fin. En el pueblo de Nazca, sobre la costa peruana, Pedro de la Gasca entregó al capitán Alonso de Mendoza la orden y las provisiones para fundar una ciudad que llevaría por nombre Nuestra Señora de La Paz.
Según el cronista de la época Diego Fernández, La Gasca había elegido ese nombre para la ciudad por haberse, precisamente, “fundado en tiempo de paz después de tantas guerras y en aquel sitio porque era el medio del camino que va desde Arequipa a los Charcas” o, mejor, entre Cusco y Potosí.
Pero hubo otras razones. Los encomenderos no vivían en el lugar de su repartimiento, sino en ciudades a las que los indígenas necesariamente debían ir para pagar sus tributos. Era necesario fundar una ciudad en el centro de la región del Collao para gobernar de cerca a los aimaras y, al mismo tiempo, facilitarles a éstos el pago de sus impuestos.
El mismo cronista apunta que en aquel sitio no había pueblo alguno de cristianos y que era necesario acabar con los robos y “malos casos”, muy frecuentes en aquel sitio.
Tres lugares para una ciudad
La fundación legal fue realizada y se produjo en el altiplánico pueblo de Laja, ubicado a 25 kilómetros de la actual ciudad de La Paz, el 20 de octubre de 1548. Junto a De Mendoza estuvieron los que serían los nuevos vecinos: Francisco Barrionuevo, Alonso de Zayas, Francisco de Herrera Girón, Juan de Vargas, Diego de Castilla, Diego Alemán, Hernando de Vargas, Martín de Olmos y Francisco de Cámara.
En el primer cabildo se nombraron a las autoridades y se decidió también que la locación de la ciudad se hiciera donde mejor les pareciera a los cabildantes, aunque siempre dentro del distrito del Collao, tierra rica y muy productiva que recorría desde el altiplano hasta los valles interandinos, pasando por los yungas, y cuya densidad poblacional de tributantes era por demás interesante.
Fue tres días después, en el valle de Chuquiago o “pueblo de indios”, donde se “depositó” en forma provisoria la ciudad. Los fundadores eligieron el poblado de Churubamba, gobernado por el cacique Quirquincha. Como primera medida se pusieron los símbolos de la justicia real, el rollo y la picota, esta última consistente en un poste de madera o de piedra en el que se imponía justicia a los condenados a penas extremas, como la horca.
No fue sino hasta 1549 que se decidió el diseño de la ciudad y se definió dónde se construiría la casa del cabildo, la iglesia, la plaza, y se trazarían las calles a la usanza de las ciudades españolas, en forma de damero, con manzanas simétricas, rectangulares y de igual superficie. El alarife Juan Gutiérrez Paniagua hizo el plano de la Plaza Mayor, hoy Murillo, y tres manzanas a cada lado partiendo de ésta.
La fundación se había concretado. La Paz era ya una ciudad, sin las “calidades que se requiere que tengan los pueblos y ciudades”, según el cabildo realizado a fines de noviembre; un lugar donde, a juicio del regidor Juan Vendrel, “vivir es morir”.
De coca, oro y telar
La economía de la recién fundada ciudad dependía de la coca de los Yungas, los asientos mineros auríferos de las márgenes del río Choqueyapu y Tipuani, de la producción agrícola de sus valles, los “obrajes” de telares y artesanías, y la industria de la plata labrada.
Si bien no tenían las mismas oportunidades que en ciudades como Potosí para alcanzar la prosperidad, sus habitantes explotaron todas las posibilidades, sobre todo el comercio, y en algunas décadas convirtieron a La Paz en uno de los centros más importantes de la América meridional.
Un informe de los Ministros de la Real Hacienda, en 1791, apunta que “aquel espíritu de negociación, de trato y de comercio, que aprenden los niños desde la cuna en tales lugares no se combinan bien con la abstracción, con la meditación y el estudio que las ciencias requieren. Tal es la ciudad de La Paz, que viene a ser, en el Perú, como un puerto seco de las negociaciones de la América meridional”.
El comercio se desarrollaba en todas las calles y zonas de La Paz, al igual que hoy. La actividad más importante se llevaba a cabo en los tambos, lugares que servían para el intercambio de productos y también para el hospedaje de los comerciantes.
Sus habitantes
En 1570, La Paz contaba con 30 “vecinos”, es decir, españoles que tenían encomiendas y debían necesariamente vivir en la ciudad, y 200 moradores o personas sin ocupación definida. Algo más de una década después, según el corregidor Diego Cabeza de Vaca, el número había subido a 260 españoles, mientras los indígenas llegaban a 5.820. Al finalizar el siglo XVIII, la ciudad tenía 500 españoles y la población llegaba a 20.000 personas, según Sebastián de Segurola.
Martha Otazú
Franz Tamayo y su creativa pedagogía nacional
Franz Tamayo es el primogénito de Isaac Tamayo Sanjinez y Felicidad Solares, mujer de sangre indígena.
Recibe educación privada en humanidades, piano, alemán, latín y francés, entre otras materias. Su padre es nombrado representante diplomático en Brasil y más tarde se ausenta a Europa con su familia, durante la revolución federalista de 1899. El escritor regresa a Bolivia en 1904, pero se ausenta nuevamente en 1908 para estudiar en La Sorbona.
En 1910 publica el libro Creación de la Pedagogía Nacional. Éste sienta las bases de su pensamiento y constituye una de sus obras más importantes. La obra consta de una serie de artículos publicados en el periódico El Diario de La Paz.
El autor resalta en este libro la energía proveniente del indígena, es un impulsor del estudio de la cultura indígena para su inclusión en los planes pedagógicos.
También plantea que se debe reconcebir la pedagogía nacional boliviana partiendo de los mismos profesores bolivianos, los cuales deben incluir a los sectores indígenas en este cometido, ya que el indígena es —según Tamayo— el primer ser que está en condiciones, a diferencia de los blancos y los cholos, de fortalecer el país en su identidad y en la estructuracion de una pedagogía.
El escritor paceño pertenece a la llamada corriente telúrica, que recupera los beneficios de la energía que da vida y precisamente proviene de la tierra. Tamayo funda el Partido Radical, en 1911, y participa activamente en la política.
Corría septiembre de 1547. La larga y sangrienta guerra civil entre encomenderos y españoles que duró una década llegaba a su fin. En el pueblo de Nazca, sobre la costa peruana, Pedro de la Gasca entregó al capitán Alonso de Mendoza la orden y las provisiones para fundar una ciudad que llevaría por nombre Nuestra Señora de La Paz.
Según el cronista de la época Diego Fernández, La Gasca había elegido ese nombre para la ciudad por haberse, precisamente, “fundado en tiempo de paz después de tantas guerras y en aquel sitio porque era el medio del camino que va desde Arequipa a los Charcas” o, mejor, entre Cusco y Potosí.
Pero hubo otras razones. Los encomenderos no vivían en el lugar de su repartimiento, sino en ciudades a las que los indígenas necesariamente debían ir para pagar sus tributos. Era necesario fundar una ciudad en el centro de la región del Collao para gobernar de cerca a los aimaras y, al mismo tiempo, facilitarles a éstos el pago de sus impuestos.
El mismo cronista apunta que en aquel sitio no había pueblo alguno de cristianos y que era necesario acabar con los robos y “malos casos”, muy frecuentes en aquel sitio.
Tres lugares para una ciudad
La fundación legal fue realizada y se produjo en el altiplánico pueblo de Laja, ubicado a 25 kilómetros de la actual ciudad de La Paz, el 20 de octubre de 1548. Junto a De Mendoza estuvieron los que serían los nuevos vecinos: Francisco Barrionuevo, Alonso de Zayas, Francisco de Herrera Girón, Juan de Vargas, Diego de Castilla, Diego Alemán, Hernando de Vargas, Martín de Olmos y Francisco de Cámara.
En el primer cabildo se nombraron a las autoridades y se decidió también que la locación de la ciudad se hiciera donde mejor les pareciera a los cabildantes, aunque siempre dentro del distrito del Collao, tierra rica y muy productiva que recorría desde el altiplano hasta los valles interandinos, pasando por los yungas, y cuya densidad poblacional de tributantes era por demás interesante.
Fue tres días después, en el valle de Chuquiago o “pueblo de indios”, donde se “depositó” en forma provisoria la ciudad. Los fundadores eligieron el poblado de Churubamba, gobernado por el cacique Quirquincha. Como primera medida se pusieron los símbolos de la justicia real, el rollo y la picota, esta última consistente en un poste de madera o de piedra en el que se imponía justicia a los condenados a penas extremas, como la horca.
No fue sino hasta 1549 que se decidió el diseño de la ciudad y se definió dónde se construiría la casa del cabildo, la iglesia, la plaza, y se trazarían las calles a la usanza de las ciudades españolas, en forma de damero, con manzanas simétricas, rectangulares y de igual superficie. El alarife Juan Gutiérrez Paniagua hizo el plano de la Plaza Mayor, hoy Murillo, y tres manzanas a cada lado partiendo de ésta.
La fundación se había concretado. La Paz era ya una ciudad, sin las “calidades que se requiere que tengan los pueblos y ciudades”, según el cabildo realizado a fines de noviembre; un lugar donde, a juicio del regidor Juan Vendrel, “vivir es morir”.
De coca, oro y telar
La economía de la recién fundada ciudad dependía de la coca de los Yungas, los asientos mineros auríferos de las márgenes del río Choqueyapu y Tipuani, de la producción agrícola de sus valles, los “obrajes” de telares y artesanías, y la industria de la plata labrada.
Si bien no tenían las mismas oportunidades que en ciudades como Potosí para alcanzar la prosperidad, sus habitantes explotaron todas las posibilidades, sobre todo el comercio, y en algunas décadas convirtieron a La Paz en uno de los centros más importantes de la América meridional.
Un informe de los Ministros de la Real Hacienda, en 1791, apunta que “aquel espíritu de negociación, de trato y de comercio, que aprenden los niños desde la cuna en tales lugares no se combinan bien con la abstracción, con la meditación y el estudio que las ciencias requieren. Tal es la ciudad de La Paz, que viene a ser, en el Perú, como un puerto seco de las negociaciones de la América meridional”.
El comercio se desarrollaba en todas las calles y zonas de La Paz, al igual que hoy. La actividad más importante se llevaba a cabo en los tambos, lugares que servían para el intercambio de productos y también para el hospedaje de los comerciantes.
Sus habitantes
En 1570, La Paz contaba con 30 “vecinos”, es decir, españoles que tenían encomiendas y debían necesariamente vivir en la ciudad, y 200 moradores o personas sin ocupación definida. Algo más de una década después, según el corregidor Diego Cabeza de Vaca, el número había subido a 260 españoles, mientras los indígenas llegaban a 5.820. Al finalizar el siglo XVIII, la ciudad tenía 500 españoles y la población llegaba a 20.000 personas, según Sebastián de Segurola.
Martha Otazú
Franz Tamayo y su creativa pedagogía nacional
Franz Tamayo es el primogénito de Isaac Tamayo Sanjinez y Felicidad Solares, mujer de sangre indígena.
Recibe educación privada en humanidades, piano, alemán, latín y francés, entre otras materias. Su padre es nombrado representante diplomático en Brasil y más tarde se ausenta a Europa con su familia, durante la revolución federalista de 1899. El escritor regresa a Bolivia en 1904, pero se ausenta nuevamente en 1908 para estudiar en La Sorbona.
En 1910 publica el libro Creación de la Pedagogía Nacional. Éste sienta las bases de su pensamiento y constituye una de sus obras más importantes. La obra consta de una serie de artículos publicados en el periódico El Diario de La Paz.
El autor resalta en este libro la energía proveniente del indígena, es un impulsor del estudio de la cultura indígena para su inclusión en los planes pedagógicos.
También plantea que se debe reconcebir la pedagogía nacional boliviana partiendo de los mismos profesores bolivianos, los cuales deben incluir a los sectores indígenas en este cometido, ya que el indígena es —según Tamayo— el primer ser que está en condiciones, a diferencia de los blancos y los cholos, de fortalecer el país en su identidad y en la estructuracion de una pedagogía.
El escritor paceño pertenece a la llamada corriente telúrica, que recupera los beneficios de la energía que da vida y precisamente proviene de la tierra. Tamayo funda el Partido Radical, en 1911, y participa activamente en la política.
El “Órgano Judicial” en Bolivia, Estado Plurinacional
Por Idón Moisés Chivi Vargas *
AGENCIA BOLPRESS, LA PAZ.-
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011071506
Hace mucho tiempo vengo sosteniendo que el problema principal del sistema judicial en Bolivia y por extensión en América Latina, no es lo que las agencias de cooperación nos hacen ver, y menos lo que los propios auto-diagnósticos judiciales señalan. En el primer caso, las agencias de cooperación solo ven problemas en formación de los operadores, corrupción institucional, ineficiente personal de apoyo, tecnología inadecuada, etc., lo que incidiría claramente en la falta de “acceso a la justicia”.
En cuanto a los auto-diagnósticos, estos señalan que el problema mayor es el presupuestario y, en escala descendente, la formación judicial, los sistemas de selección de jueces; todos ellos problemas en el “acceso a la justicia”.
Sin duda, estas dos miradas han sido las que marcaron las agendas de modernización de los sistemas de administración de justicia en América Latina desde hace casi cincuenta años.
La oleada neoliberal no hizo más que reforzar estructuras coloniales con barniz de modernización, los resultados después de gastar una obscena cantidad de millones de dólares en la región, son evidentes en la distancia: las reformas judiciales neoliberales son un fracaso que le han costado mucho a nuestros pueblos.
Epistemológicamente hablando -en todo el proceso de reformas judiciales-, se perdió de vista un dato que viene de la profundidad histórica: los orígenes de los sistemas judiciales en América Latina.
Y es que los sistemas judiciales contemporáneos están pagando caro su herencia colonial institucional (estructuras subjetivas e institucionales colonizadas, colonizadoras y colonizantes) y las lógicas cotidianas de una elite atrapada en el tutelaje anglo-euro-céntrico.
Estos datos de poder son un déficit enorme en los estudios contemporáneos sobre la administración de justicia en América Latina. Ergo, los sistemas de administración de justicia en América Latina ofrecen un excelente campo de lucha para comprender el funcionamiento de la colonialidad institucional, el orden de saberes y, por supuesto, la solución de sus problemas más recurrentes.
Bolivia –pasada la asamblea constituyente-, está enfrentando un nuevo tiempo político, sin recetas de por medio, sabiendo que un nuevo estado es la base de un nuevo derecho y una nueva institucionalidad. Bolivia está enfrentando el reto de descolonizar el Estado desde el Estado; descolonizar el derecho y las prácticas judiciales.
O se mantiene a los poderes judiciales en calidad de rehenes de los otros poderes o enfrentamos sinceramente el reto de su verdadera independencia política. O se asume la igualdad jerárquica de la jurisdicción indígena originaria campesina con las demás jurisdicciones o todo lo que se habla de pluralismo y pluralidad son una verdadera hipocresía.
El problema no somos nosotros los indígenas, el problema está en el lugar donde estuvo desde su nacimiento: en la justicia liberal y sus saberes, en sus prácticas perversas e indolentes ante el sufrimiento ajeno.
Ahí está la cuestión inicial de una larga lucha por la justicia.
La Jurisdicción Ordinaria, herencia colonial y marco constituyente del desarrollo normativo
América Latina.- 40 años de reforma judicial en América Latina, ponen en evidencia el gran problema de nuestros sistemas judiciales: su pesada herencia colonial. [1]
Una herencia, que no debe ser entendida ni confundida con la reproducción simple de mecanismos coloniales, sean estos institucionales y organizacionales, que para el caso da lo mismo, sino más bien como dispositivos excesivamente complejos y que encubren la colonialidad en envases atractivos como, modernización, tecnología y globalización, además de un largo etc., de argumentos que hoy por hoy han entrado en desuso, tanto en el lenguaje político como en el técnico de la “reformas” judiciales.
Sin duda, los estudios sobre reforma judicial en nuestros países son escasos, a ello se une un marcado acento descriptivo y apego a las líneas institucionales de las agencias financieras que apoyan estos estudios, en general se nos plantea que:
“La reforma judicial se percibe desde hace mucho tiempo como una condición previa para la consolidación de la democracia y del desarrollo sustentable en Latinoamérica. La mayor parte de los países de la región inició la última década del siglo XX con instituciones judiciales débiles, ineficientes y políticamente vulnerables. Pocos fueron capaces de lograr un equilibrio adecuado con el poder ejecutivo, garantizar el respeto pleno de los derechos humanos y civiles básicos, promover un entorno conducente al desarrollo económico, especialmente para la inversión nacional e internacional, y proporcionar a sus ciudadanos los elementos esenciales de la seguridad. Contaban con códigos penales anticuados, tribunales con estructuras organizativas y presupuestarias insuficientes, jueces y funcionarios judiciales y policiales mal remunerados e inadecuadamente capacitados, procedimientos jurisdiccionales que demostraban niveles mínimos de transparencia y condiciones penitenciarias generalmente deplorables.
Muchos países de la región reconocieron estos problemas. Con el estímulo y el respaldo de la comunidad internacional iniciaron programas y proyectos para la renovación integral de sus sistemas e instituciones judiciales. Estas iniciativas han sido de muy diversa índole, y van desde reformas constitucionales, cambios estructurales en la administración de justicia, la sanción de nuevos códigos civiles y penales hasta esquemas menos ambiciosos que tienen por objeto efectuar mejoras técnicas a los sistemas existentes.
El proceso de reforma de los últimos 40 años atravesó diversas etapas, yendo desde los ajustes de tipo mecanicista de los años 60 dirigidos a mejorar el suministro de servicios judiciales hasta los enfoques sistemáticos que se aplicaron en décadas subsiguientes.
La última ola de reformas, que resultó ser también la más concentrada, comenzó a mediados de la década de 1990 poco después de la consolidación de los sistemas democráticos formales en el hemisferio occidental. Durante esta etapa el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), instituciones no gubernamentales y países donantes, entre los que se cuenta a EE.UU. a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), aportaron cerca de mil millones de dólares en concepto de ayuda financiera para las iniciativas de reforma del sistema de administración de justicia. Las mencionadas contribuciones se aplicaron a proyectos de largo plazo con términos de ejecución de al menos diez años, por lo que muchos de ellos continúan desarrollándose”. [2]
Una vertiente, menos descriptiva, más reflexiva con los resultados, menos complaciente con los datos estadísticos y que pone en cuestionamiento los intereses políticos de quienes propugnan la reforma judicial (el cómo lo hacen y para qué lo hacen), ha sido poco fructífera en estas tierras, a pesar de contar con los adalides de la Reforma Procesal Penal y Judicial en América Latina entre sus miembros. [3]
En esta línea de pensamiento las tesis presentadas por Cesar Rodríguez -para el caso colombiano- son ilustrativas además de útiles para una perspectiva regional, señalando que:
“(…) los proyectos contemporáneos de reforma judicial en (…) Latinoamérica hacen parte de una ‘segunda generación’ de programas de transformación de las instituciones legales, que tiene una afinidad directa (aunque también diferencias importantes) en relación con una primera generación de programas de derecho y desarrollo (law and development), que tuvo su auge hace cuatro décadas.
En segundo lugar, muestro las tensiones internas de los programas de reforma judicial y de fortalecimiento del Estado de derecho. Sostengo que ellas revelan, a su vez, las tensiones existentes dentro del ideal liberal del Estado de derecho, entre la protección igualitaria de las garantías democráticas, por un lado, y la protección de la propiedad privada y la libertad de mercado, por el otro.
En tercer lugar, al hacer un balance de los programas de reforma judicial en la práctica, […] éstos han tendido a privilegiar la cara del Estado de derecho que promueve el mercado —por ejemplo, a través del relieve puesto en la reforma a la justicia civil y penal para aumentar la seguridad de los contratos y reforzar el orden público—, antes que los componentes del Estado de derecho que buscan garantizar el acceso igualitario a la justicia y la sujeción de todos los ciudadanos y gobernantes a la ley”. [4]
De estos dos posicionamientos, se puede establecer que la reforma judicial se encuentra en arenas movedizas, entre las urgencias del mercado y las urgencias de los mayoritarios, al medio encontramos -como siempre- la realidad maquillada, la verdad silenciada y el elogio ritual de los procedimientos.
Sin embargo, y a pesar de los autores de uno y otro lado, es posible señalar que, ambas perspectivas tienen una agenda común de los problemas que hacen a la administración de justicia en la región y que se sintetizan en:
i) Independencia Judicial; ii) Acceso universal igualitario; iii) Reclutamiento y promoción en base a los meritos; iv) Organización y gestión administrativa del despacho; v) Asignación de recursos y autarquía presupuestaria; vi) Introducción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos; vii) Implementación del pluralismo jurídico para minorías culturales. [5]
Estas siete líneas de trabajo, han marcado -y dirigen aún- las agendas de la reforma judicial en América Latina.
Cómo podrá notarse, el tema de la colonialidad (los saberes jurídicos y judiciales, sus prácticas institucionales y sociales), están lejos de considerarse como parte de los grandes problemas que tienen nuestros sistemas de justicia, y que de modo reciente Binder (2007), Zaffaroni (2008), Rodríguez Veltzé (2009) y otros están comenzando a ver como uno de los lugares conflictivos clave, en asumirlo como el núcleo mismo de la problemática judicial. [6]
Y ello no es para extrañarse, sino más bien para constatar que un déficit en los estudios referidos a la reforma judicial consiste en agarrar el objeto de investigación y los sujetos interactuantes, al margen del hecho colonial.
La Justicia Boliviana a la luz de la crítica descolonizadora…
Desde el momento mismo de iniciada la vida republicana, el sistema de justicia nació atrapado en las costumbres coloniales, tal como lo atestigua el Decreto de 15 de diciembre de 1825 en el que se disponía la “Creación de una Corte Superior de Justicia en La Paz con las mismas atribuciones que las antiguas audiencias”, por si ello fuera poco, el Decreto de 21 de diciembre del mismo año establece “Que se observe en La República la Ley de 9 de octubre de 1812 y demás decretos de las cortes españolas sobre la administración de justicia”.
El proceso codificador hasta su consolidación con los Códigos Santa Cruz en la primera mitad del siglo XIX, es la constatación más palpable de lo mencionado. [7]
Este momento constitutivo del Poder Judicial evidencia tres hechos:
La continuidad colonial en el nivel institucional (Decreto de 15/XII/1825) La adopción acrítica de un modelo normativo extraño a nuestra realidad, como es el modelo español (Decreto de 21/XII/1825) El desconocimiento olímpico de las formas indígenas en la resolución de conflictos.
La fuerza del positivismo a fines del siglo XIX, muestra con elocuencia extrema la dependencia jurídica de las elites, la Convención Nacional de 1899 y el posicionamiento publico de los juristas del siglo señalado, evidencian con abundancia, la visión racial y cultural sobre cómo debe tratarse jurídica y judicialmente a los pueblos indígenas, a los pobres del campo y la ciudad.
La primera mitad del siglo XX se prodigó en comisiones codificadoras, en anteproyectos de Códigos que –por lo general-, respondían a un derecho extraño y lejano de nuestra realidad, paradójicamente -por ese mismo tiempo- tuvo que ser un pensador español quien volcó su mirada a los pueblos indígenas, Manuel López Rey y Arrojo, en 1942 [8], este acadénmico no solo hizo estudios sobre las posibilidades del tratamiento penal sino que además incursiono en los ámbitos de la sucesión y su tratamiento en el anteproyecto oficial de código civil.
La década de los cincuenta y el proceso de campesinización forzada muestran una nueva época de viejas mañas. Los MNRristas se adueñaron de la justicia y la convirtieron en su cómplice[9] y centro de reproducción partidaria del poder político. [10]
La década de los sesenta se conformaron comisiones codificadoras que dejaron todo su trabajo a la dictadura de Hugo Banzer Suárez, después del derrocamiento de la Asamblea Popular con J. J. Torres Gonzáles.
Los Códigos Bánzer -a través de sus “comisiones coordinadoras” [11]-, pusieron en evidencia, la utilización del derecho penal para consolidar un régimen dictatorial, demostrando -una vez más- la dependencia de teorías jurídicas ajenas a nuestra realidad -el técnico jurídico-, de un diseño institucional remozado en practicas inquisitoriales actualizadas y útiles para una concepción del derecho aséptico a la reflexión política, encasillada en un administrativismo absurdo y cómplice de la Doctrina de Seguridad Nacional que aún hoy tiene efectos devastadores en el sistema judicial, así como en el de la enseñanza universitaria. [12]
La década de los noventa, es testigo de una intensa reforma jurídica y judicial[13], con la promulgación extensiva de códigos, leyes y decretos que nos muestran, una nueva forma de uso del derecho: la legalidad en falso.
El modelo neoliberal, adoptado por aquellos que gobernaban el país, profundizó la dependencia a extremos inadmisibles, la Ley fue usada en grados insospechados para beneficiar a las transnacionales. A titulo de globalización, se cambió la Constitución Política del Estado y se instituyó un nuevo diseño institucional del Poder Judicial.
Es en esta década –precisamente-, donde se ponen en evidencia los mecanismos contemporáneos de dominación colonial y que vienen de la mano de la cooperación internacional [14], ONGs internacionales con ONGs útiles de aliados locales, Universidades, Colegios de Abogados y el propio Poder Judicial.
Al lado de una oenegización de la problemática judicial se formaron empresas corporativas para resolver esa misma problemática, curiosa forma de resolver los problemas sin tener la mínima intención de resolverlos… las lógicas del antidesarrollo diría André Gunder Frank.
Resumiendo, si vemos con atención el largo siglo XIX, los datos del siglo XX particularmente las décadas de los setenta y noventa, y los anuncios de esta primera etapa del siglo XXI reflexionamos sobre los logros, los avances y los aprendizajes, podemos llegar a una sola conclusión, la colonialidad está presente, no ausente.
182 años de vida republicana y el sistema de justicia en Bolivia, al igual que la región no ha logrado emanciparse de la colonialidad persistente, de su naturaleza de rehén político de los otros poderes. No ha logrado emanciparse de su colonialidad interna
El Poder Judicial es el destinatario de ese ejercicio, pero a su vez el mismo Poder Judicial como núcleo problemático, reproduce casi intuitivamente viejos habitus coloniales actualizados y menos perceptibles, pero coloniales al fin.
No todo fue hecho desde nosotros, más bien deberíamos decir que, ni siquiera marcamos la agenda nosotros, sino que ya llegaron paquetes normativos de reformas apropiadas para el país como ser:
i) Independencia Judicial; ii) Justicia Constitucional; iii) Selección, Administración y disciplina judicial; iv) Acceso a la Justicia; v) Formación y Carrera Judicial; vi) Gestión Judicial y seguimiento informatizado; vii) Apertura, consolidación, mejoramiento y profundización de la reforma procesal penal; viii) Arbitraje y Conciliación; ix) Apertura de la reforma de la justicia civil, comercial y administrativa; x) Pluralidad Jurídica; xi) Justicia de Paz, y: xii)Judicialización de los Derechos Humanos.
Como se puede advertir, la agenda de la cooperación internacional, es con creces una de las mas abultadas del país – y el continente- sin embargo los resultados, o son poco alentadores, o no han logrado despegar desde sus viejos cimientos.
Es tiempo de repensar la crisis judicial, su reforma y políticas públicas, ya no desde la bitácora del norte (de los nortes en sentido estricto), sino desde nosotros mismos, de nuestras viejas raíces, de nuestra facultad para inventar el futuro…
Persistencia Colonial en el Poder Judicial: datos contemporáneos
¿Cuáles son los problemas que hacen a la administración de justicia en Bolivia? Esta pregunta ha merecido diversas respuestas, en diferentes momentos y desde momentos políticos particulares. Aquí mostramos una visión que pretende establecer una síntesis de la crisis estructural en la administración de justicia, su síntesis de matriz colonial y existencia contemporánea.
Persistencia Colonial en el Poder Judicial
| En la conformación monoétnica del poder judicial | 1. Corte Suprema 2. Tribunal Constitucional 3. Consejo de la Judicatura 4. Tribunal Agrario 5. Cortes de Distrito 6. Juzgados de Instancia |
| En el sistema de selección, promoción, evaluación y disciplina judicial | 1. Con evidencia suficiente de cuoteo “partidario” de los cargos jerárquicos en todas sus instancias de decisión jurisdiccional que afecta la Independencia Judicial. 2. Control de promoción sujeto a redes sociales, parentales y de compadrazgos. 3. Evaluación débil y casi inexistente o que funciona solo en casos de denuncia de parte 4. Disciplina judicial debilitada y sujeta a mecanismos menos judiciales en su investigación, procesamiento y sanción. |
| En la estructura orgánica y funcional | 1. Evidente diseño de parcelas políticas. 2. Bajos niveles de coordinación entre los órganos que componen el Poder Judicial 3. Bajos niveles de coordinación entre el Poder Judicial y los órganos estatales de apoyo a la función jurisdiccional. 4. Relaciones de autonomía altamente profundizadas entre distritos judiciales y en su relación con la Corte Suprema de Justicia. |
| En el diseño normativo y prácticas institucionales | 1. Normativa y Sistemática más compleja de lo necesario. 2. Dispersión normativa y fragmentación reglamentaria. 3. Lenta en su movimiento procesal y menos transparente en sus acciones. 4. Evidente ineficacia instrumental de sus sentencias por la falta de consistencia doctrinal y legal de su base argumentativa. |
| En el diseño organizacional | 1. Desigual distribución de jueces por jurisdicción territorial urbana y rural. 2. Desigual distribución por materias en los distritos judiciales 3. Deficiente organización interna del despacho. 4. Con evidentes grados de sujeción no deseada de los funcionarios de apoyo jurisdiccional y administrativo en relación a sus estructuras jerárquicas. 5. Con un sistema de selección, formación y capacitación judicial reproductor de habitus sociales perversos. |
| En las prácticas perversas | 1. Excesivamente propenso a la corrupción mimetizada de “impulso procesal” en varios fragmentos de poder (Secretarios, Auxiliares, Oficiales de Diligencias, supernumerarios, amanuenses) que da lugar a una dramática falta de acceso a la justicia. 2. Costos excesivos e irracionales de los valores, tasas y aranceles judiciales, así como las del Ministerio Público y la Policía. 3. Falta de uniformización de los procedimiento entre un distrito judicial y otro, particularmente en la interpretación de las sentencias del tribunal constitucional. |
Nueva Constitución Política del Estado y la descolonización judicial
La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, plantea -al menos en el ámbito regional latinoamericano-, una revolución institucional, al lado de una reformulación política desde la “Descolonización del Derecho”, concepto desconocido en el ámbito académico local, aunque presente ya en los debates internacionales, veamos:
Elección por voto directo
Mucho se ha discutido políticamente y muy poco académicamente sobre el “sufragio universal” como forma de conformación del Órgano Judicial[15] en su vertiente liberal (Arts. 182 Jurisdicción Ordinaria, 187 Jurisdicción Agroambiental, 194-I Consejo de la Magistratura y 198 Tribunal Constitucional Plurinacional).
De hecho, los cuestionamientos siguen y suman, sin embargo existe una poderosa razón que ha llevado la voluntad del constituyente por esos senderos y es que no había otra salida, la única forma de frenar la feria de cuoteos partidarios y cuoteos familiares, de una vez y para siempre era la forma de conformación de este por voto directo y universal[16].
La decisión del constituyente, parte de la siguiente reflexión: “A mayor grado de soberanía popular en la elección de los Jueces, mayor grado de independencia judicial, calidad e imparcialidad en la decisión jurisdiccional". [17]
Este principio no nace en el aire, sino que es parte de un proceso de comprensión de cómo funcionan los mecanismos coloniales en el poder judicial, ello permitió establecer que uno de los mecanismos de perversión del judicial, fue precisamente su cuoteo partidario y las genealogías familiares en su constitución formal.
En un cuestionario reciente planteado al profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, este conocido jurista respondió:
“No discuto el principio: un Juez debe resultar de la soberanía popular y cuanto más directo sea, mejor. En teoría todo bien. El problema que veo es práctico ¿cómo van a hacer para evitar la campaña cuando los medios al servicio del nazi croata [en referencia a Branco Marinkovic] ese que tienen les salga a insultar y calumniar a los candidatos? Esa es la pregunta. Aquí cuando a Kirchner se le ocurrió proponerme para la Corte, abrió una opción de impugnaciones públicas y toda la derecha se largó en una campaña publicitaria en mi contra, sumamente costosa (calculo que les costó 300.000 dólares)que me obligó a una respuesta por todos los medios durantecuatro meses, en que estaba todos los días en la primera plana de todos los diarios. Los medios son muy tramposos en eso y a lagente, cuando la insultan, no se le puede exigir que se calle, son candidatos a jueces y no muñecos de parque de diversiones para que les tiren piedras. En eso veo el problema. De cualquier manera, es interesante probar: en América Latina nunca se hizo una experiencia de elección directa de jueces. Veamos cómo sale”. [18]
Además, para mirar en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos, los “Principios básicos relativos ala independencia de la judicatura” adoptado por el séptimo congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985, señala lo siguiente en su numeral 10: “Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que este no sea nombrado por motivos indebidos. En la selección de jueces, no se hará discriminación alguna por motivo raza, color, sexo, religión opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica nacimiento o condición; el requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que se trate no se considerara discriminatorio”.
Como puede verse, ni siquiera un instrumento especifico sobre independencia judicial prohíbe la conformación del Órgano Judicial mediante voto directo, así que la vía Boliviana constituye una revolución copernicana en materia de independencia judicial.
La desabogadización del control disciplinario
Sin duda este ha sido el paso más grande que se ha dado en el orden constituyente, y su resultado constitucional. El empeño en desabogadizar el Consejo de la Magistratura nace de una evidencia: el fracaso de su modelo inicial implementado en la oleada de reformas judiciales en Bolivia.
La desabogadización del control disciplinario fractura toda una historia larga donde el gremio de abogados tenga todo un Poder del Estado para ellos mismos, caso que ha preocupado a numerosos académicos propios y ajenos al gremio.
Sin duda, los mecanismos de control, administración y disciplina judicial, merecerán un debate mayor en la elaboración de la Ley del Consejo de la Magistratura.
Pero que la desabogadización es un avance en su mejoramiento y desempeño practico, no ha merecido duda ni por parte del mismo poder judicial, de salida…
Tribunal Constitucional Plurinacional: Conformación y atribuciones
Sin duda, desde una perspectiva estrictamente vinculada con la calidad decisional del Tribunal Constitucional, el modelo de la constitución boliviana para la conformación mixta de esta jurisdicción de cierre constitucional con profesionales abogados que hayan pasado cargo de autoridad indígena y abogados constitucionalistas, es un avance decisivo en la construcción del Estado Plurinacional, vía control de “constitucionalidad” y control de “convencionalidad” de los derechos humanos individuales y de sujetos colectivos.
En cuanto a las atribuciones, al incorporar las acciones populares y de cumplimiento, Bolivia podría adquirir una presencia constitucional importante en la protección de los derechos humanos, particularmente de los derechos que hacen a los sujetos colectivos[19], los casos de Colombia y el Brasil son ilustrativos al respecto.
Acción popular: “[son] aquellas en las que cualquier persona perteneciente a un grupo de la comunidad esta legitimada procesalmente para defender al grupo afectado por unos ciertos hechos comunes, con lo cual simultáneamente, protege su propio interés, obteniendo en ciertos casos, un beneficio económico adicional en su favor, constituido por las recompensas que la ley otorga en algunas ocasiones [dichas acciones] son hoy el mecanismo procesal jurídico mas importante del derecho anglosajon, con las cuales el publico en general puede enfrentar los daños colectivos producidos por la acción u omisión de grandes centros de poder económico”[20]
Acción de cumplimiento: “[E]s la acción destinada a brindarle a un particular la oportunidad de exigir de las autoridades la realización del deber omitido. La acción se concreta en una facultad radicada en cabeza de todos los individuos, que les permite procurar la vigencia de las leyes y actos administrativos, con el objeto de dar aplicación a uno de los principios del Estado de Derecho, cual es el de la efectividad de los postulados, derechos y garantías ciudadanas y en suma, del principio de la justicia material”[21]
La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina en la Bolivia del siglo XXI
La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, que se encuentra en los artículos 190, 191 y 192 de la Nueva Constitución Política del Estado,[22] y que junto a otras disposiciones supranacionales de derecho comunitario y de la misma Constitución hacen al “bloque de constitucionalidad”.[23]
Un bloque que, -para decirlo metafóricamente – “amarra” la jurisdicción indígena originaria campesina en los “ marcos políticos liberales” de los derechos humanos y sus principios materiales y procesales en materia de justiciables.
A pesar de ello un logro importante es la noción de igualdad jerárquica entre la jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria y la agroambiental (además de todas las que puedan crearse por Ley), este hecho igualitario marca una distancia enorme con la tradición latinoamericana sobre jurisdicción indígena y reconocimientos estatales, al menos en lo que se ha visto durante el siglo XX y se ve todavía en pleno siglo XXI. De todos modos la política de reconocimientos, políticas indigenistas en desprestigio en toda América latina, se encuentran hoy en retirada o como mínimo tratando de seguir el camino trazado en Bolivia.
Por otra parte, la Constitución incorpora un principio de reserva legal, encargándole al futuro Órgano Legislativo Plurinacional la elaboración de una Ley de Deslinde Jurisdiccional donde se establezca:
a) Los límites de la competencia material de las autoridades indígenas originarias campesinas (sean estos límites generales o restrictivos especiales), y;
b) Los mecanismos de coordinación y cooperación con todas las demás jurisdicciones (las constitucionalmente establecidas y los que puedan crearse mas adelante).
En síntesis, puede decirse que el igualitarismo jurisdiccional entre la jurisdicción ordinaria y la indígena constituye una parte importante en el proceso de descolonización del derecho liberal y su institucionalidad de matriz colonial (art. 179-II Constitución Política del Estado Plurinacional); En el caso de la Constitución Plurinacional Comunitaria de Bolivia, las autoridades indígenas al aplicar sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios (Art. 190(I)) tienen que tomar como reglas de aplicación previas, las garantías materiales y garantías procesales que se encuentran en las normas de derechos humanos en vía de igualdad y no de supremacismo cultural, ni de un lado ni del otro (Arts. 119(II)). De este modo el debido proceso legal en la jurisdicción indígena originaria campesina es – al igual que en la jurisdicción ordinaria – el lugar donde un justiciable hace valer sus derechos y defiende sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal e igualdad material. Como se sabe, el debido proceso es un medio para asegurar la solución justa de una controversia y no el fin mismo del proceso, es un medio para garantizar los derechos de las partes y no un mecanismo de impunidad; La aplicación de la jurisdicción indígena a personas no indígenas no procede, sólo se aplica a miembros de la comunidad (Art. 191(II)) y sólo en su jurisdicción territorial, no existiendo por tanto la extraterritorialidad (Art. 191(II)). Su cumplimiento estricto y de mayor calidad está en manos del proceso de fortalecimiento (Art. 192(III)); y la jurisdicción indígena originaria campesina está sometida a control constitucional por dos vías: a) por vía de consulta de las mismas autoridades indígenas originarias campesinas (Arts. 202-8) y; b) por conflicto de competencias entre jurisdicciones (Art. 202(11)).
El bloque de constitucionalidad en su conjunto evidencia la generosidad y la ciudadanía de alta intensidad del movimiento indígena originario campesino en Bolivia. Uno de los principios rectores emergentes del ‘bloque de constitucionalidad plurinacional’ es el derecho al debido proceso. Ese derecho comprende el derecho a ser juzgado por tribunales competentes, independientes e imparciales, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la asistencia letrada, el derecho a ser informado sobre el motivo de la detención y el derecho a la “acción de libertad”). Otros principios rectores son el principio de jurisdicción, lo cual determina que el lugar del hecho define la acción jurisdiccional de la autoridad indígena, la garantía de ejecución legal de la pena por parte de autoridad indígena originaria campesina (y no por otra), y la garantía de cooperación y coordinación jurisdiccional entre la indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones.
El ruido mediático producido por casos aislados de excesos en la aplicación de las sanciones por parte de autoridades indígenas, son eso: casos aislados que además han recibido inmerecidamente una amplificación política perversa por parte de la derecha boliviana. En relación a los “chicotazos o azotes”, tenemos que esperar una modulación jurisprudencial a nivel interno, pues la doctrina constitucional comparada no es consistente al respecto. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional colombiano no los considera como pena, sino como “expiación” y “purificación”[24].
Los sistemas judiciales latinoamericanos están pagando caro no haber incluido entre sus variables de auto-diagnóstico la pesada herencia colonial. La descolonización del derecho y la nacionalización de la justicia constituyen, por separado y en conjunto, un marco estratégico que inaugura un proceso emancipatorio del sistema judicial.
La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina en su diseño constitucional, explicita la convivencia democráticamente radical entre dos modelos para lograr la paz social.
Tengo que repetirlo de modo insistente: nosotros los indígenas no somos el problema. El problema de la justicia está en otro lugar, está en la jurisdicción ordinaria. Es esta jurisdicción la que merece una atención muy particular, por sus resultados y por los dolores que nos genera… Dolores que deben ser resueltos de una vez, por la dignidad humana y la de la Madre Tierra.
Conclusiones
América Latina esta transitando ya cuatro décadas de reforma judicial, las evaluaciones de la primera generación (reformas normativas sustantivas de los setenta) y la segunda (reformas procesales e institucionales de los noventas), arrojan resultados poco alentadores, tanto para la cooperación internacional como los propios destinatarios del proceso en cuestión.
El debate constituyente en Bolivia permitió esclarecer que, gran parte de los problemas del Judicial, no son resultado de la buena o mala voluntad de los circunstancialmente “Operadores de Justicia”, sino que existe por encima de ellos, toda una cultura inquisitorial, aristocrática y monárquica, que sólo puede admitir una categoría de referencia política para su análisis: la colonialidad institucional
Si pensamos que es posible aún, un modelo judicial en función de las urgencias que tienen los más necesitados y no de un gremio que se autoseduce de profesionalismo, si tan solo se hiciera un modelo judicial propio de un país en proceso de descolonización, habremos contribuido a una nueva mentalidad del conflicto y el cómo de su gestión, habremos logrado que la justicia recupere su verdadero sentido generador de paz social y no solo de apropiación estatal del conflicto muchas veces inefectiva e insuficiente.
Los resultados expuestos aquí (colonialidad institucional y de los saberes normativos, el voto directo para la conformación del Órgano Judicial, la desabogadización del Consejo de la Magistratura, la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional y el igualitarismo de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina con las otras jurisdicciones), no son imparciales, ni mucho menos, se parte exactamente del lugar desde donde se predica, desde un profundo cuestionamiento al sistema de micropoderes liberales que se encuentran en el edificio normativo que define la estructura intima del Poder Judicial, un poder que a su vez, y no nos cansamos de insistirlo, está marcado a sangre y fuego por la colonialidad persistente y que encuentra en la descolonización su partera innovadora, su resignificación institucional, desde la realidad y no contra ella, como solía hacerse.
Como dijo el Vicepresidente Álvaro García Linera, en la Bolivia del siglo XXI, “[…] es posible construir un país para todos, como síntesis de todos”.
Notas:
1. Para un panorama amplio sobre Colonialidad, saberes jurídicos y sistemas de justicia véase: Rodríguez Veltze (2009), Binder (2007); VJDH -República de Bolivia (2006); Chivi (2006); Rodríguez (2005); Orellana (2004), Estella Nagle (2003). Para el caso especifico de colonialismo y constitucionalismo véase de Bartolomé Clavero (1995; 2003; 2006; 2007). En general sobre Colonialidad del Saber y construcciones políticas: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Edgardo Lander (Comp.) Bs. As.: CLACSO, 2000.
2. Cfr. Peter De Shazo y Juan Enrique Vargas; Reforma Judicial en América Latina: Resultados. Santiago de Chile-Washington D.C.: CSIS Americas Program y Centro de Estudios Judiciales de las Américas, 2006, pág. 3. Para una visión comparativa de la reforma judicial en la región véase también: Reporte sobre el Estado de las Reformas Judiciales en las Américas 2002-2003;2004-2005 y 2005-2006. En: Revistas Sistema Judiciales. Santiago de Chile: CEJAS-INECIP; asimismo véase: Enbusca de una Justicia Distinta. Luis Pasará (Comp.). Mexico D.F.: UNAM, 2004, Germán Burgos señala con certeza que: “Las reformas judiciales iniciadas masivamente en América Latina, están costando mucho a nuestras poblaciones, por lo demás cada vez más empobrecidas, de forma tal que los asuntos de la administración de justicia son temas tan importantes que no pueden dejarse en manos solo de los jueces, abogados, o como empieza a ser dominante, de la banca multilateral”. Véase su Reforma Judicial en América Latina: Tiempo de balances. Disponible en:http://www.ilsa.org.co/IMG/html/bb.html.
3. Cf. De Alberto Binder; De las Repúblicas Aéreas al Estado de Derecho. Bs. As. Ad Hoc. 2003; Justicia= ¿Poder Judicial?: necesidades y alternativas de cambio. En: Cuadernos de Reflexión Nro 1. Vicepresidencia de la República de Bolivia, 2007; Luís Pasará; Reformas del sistema de justicia en América Latina: Cuenta y Balance. (mimeo) 2004.
4. Vid. César A. Rodríguez Garavito; Globalización, reforma judicial y Estado de derecho en Colombia y América Latina: el regreso de los programas de derecho y desarrollo. Disponible en:http://www.djs.org.co/pdf/libros/cr_reformaJudicial.pdf.
5. Cf. Enbusca de una Justicia Distinta. Luís Pasará (Comp.). México D.F.: UNAM, 2004
6. Alberto Binder señala al respecto que: “(…) si vemos los 200 años de historia independiente que hemos tenido, ninguno de los países nos hemos podido sacar de encima el modelo colonial, inquisitorial de la administración de justicia (…) me parece que esta época es una enorme oportunidad para que pongamos en cuestión ese modelo y lo echemos debajo de una vez por todas…” En: Cuadernos de Reflexión Nro. 1, Poder Judicial = ¿Justicia?: Necesidades y alternativas de cambio. Vicepresidencia de la República, 2007, pág. 7
7. Para un panorama mas amplio sobre el siglo XIX puede verse de Renato CRESPO: Apuntes para una historia del derecho en la época republicana. En: Revista Jurídica. UMSS, Cochabamba, Año II, Nros. 87=90, diciembre de 1959.
8. Manuel, LÓPEZ REY; Proyecto oficial de Código Penal . Comisión Codificadora Nacional., La Paz, 1946
9. Cf. De Fernando VILLAMOR LUCÍA; La Codificación Penal en Bolivia. La Paz: Popular, 1978
10. Comunicación personal del Profesor Raúl Basualto Caro (Oruro, agosto 2007.
11. Podríamos señalar que esta es la primera generación de reformas normativas en Bolivia y que tuvo efectos en las prácticas sociales de juzgados y cortes… las promulgaciones de los códigos, penal, civil, comercial, de familia, de procedimiento penal, procedimiento civil abren las puertas al mercado y privilegian al capital privado, al mismo tiempo que dar seguridad jurídica a la Doctrina de Seguridad Nacional.
12. El Tecnicismo Jurídico, sigue siendo el sostén ideológico con el cual, los constitucionalistas contemporáneos defienden el Estado Legal, más no -en rigor- Constitucional. Nacido en la primera década del siglo XX y consolidado en la segunda guerra mundial, el “tecnicismo jurídico” se convirtió en un interesante discurso usado por burocracias académicas y judiciales, era lo máximo que se podían permitir elites burocráticas que no conocían los tribunales constitucionales, pues estos surgieron después de la segunda guerra mundial. En el modelo tal como los conocemos hoy, lo básico de esta tendencia es que renuncia ferozmente de la reflexión filosófica y se queda con un normativismo absurdo donde nada esta fuera de la Ley y todo se encuentra dentro de ella.
13. Lo que podemos denominar como la segunda generación de reformas judiciales con alto énfasis en la protección del capital transnacional y la modificación de las reglas procesales en materia de seguridad pública.
14. Comunicación personal de Bartolomé Clavero, Jorg Stippel y Raquel Irigoyen en ocasión del Seminario sobre Descolonización y Estado Plurinacional, Sucre: Abril 25 del 2007; al respecto Trubeck señala que: “Los rumores de su muerte fueron exagerados. Hoy en día, el negocio de la reforma jurídica en los países en desarrollo es muy boyante, hasta el punto de superar incluso los sueños más ambiciosos de los pioneros de la [primera generación] de derecho y desarrollo. Agencias como el Banco Mundial, que antes se dedicaban principalmente a construir carreteras y embalses y a promover el equilibrio macroeconómico, hoy proclaman la importancia del “Estado de derecho” (rule of law) y gastan miles de millones de dólares en reformar los sistemas jurídicos de países tan diversos como Albania, Argentina, Bangladesh o Bolivia” (2006:34). Citado por Rodríguez Garabito en su “Globalización, reforma judicial y Estado de derecho en Colombia y América Latina: el regreso de los programas de derecho y desarrollo. Mimeo, 2006.
15. Un antecedente poco conocido, pero no menos valioso se encuentra en la “Lucha de clases en Francia” escrito por Carlos Marx luego de la experiencia de la Comuna de París (1848-1850). Revolución donde se planteo desde una vertiente proletaria la elección de jueces por voto. Cfr. Lenin, Vladimir Ilich “El Estado y la Revolución” Ediciones en Lengua Extranjera. Moscú, 1970.
16. En 2006 el Movimiento Al Socialismo presentó un documento que lleva por título “Para vivir bien” donde se marca la agenda del debate constituyente en el tema de la elección por sufragio directo de los Magistrados en la Jurisdicción Ordinaria, Agroambiental, Constitucional y el Consejo de la Magistratura.
17. Comunicación personal de Rebeca Delgado (Expresidenta de la Comisión Judicial Nº 6 de la Asamblea Constituyente en Bolivia)
18. Comunicación personal (febrero del 2009)
19. Para una introducción a estas figuras puede verse de Beatriz Londoño su artículo Las acciones populares en Colombia avances y perspectivas. En Derechos Humanos y Acción Defensorial. Revista Especializada del Defensor del Pueblo de Bolivia. Año 2, Nro. 2, 2007. págs. 71 al 91. Desde la perspectiva que en el Brasil se tiene de esta figura puede verse de José Reinaldo de Lima Lopes su: Da efetividade dos directos económicos, culturais e sociais. En Directos Humanos visóes contemporáneas. Brasil 2001. AJPD. Págs. 91 al 106. Para un antecedente de la acción de cumplimiento véase la Constitución Política de Colombia en su artículo 87 donde se establece que Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.
20. Sarmiento Palacio, citado por Julio Cesar Rodas en su Constitución y Derecho Ambiental, Bogotá: Temis, 2001, pág. 186.
21. Vid. de Julio Cesar Rodas su Constitución y Derecho Ambiental, Bogotá: Temis, 2001, pág. 216
22. Disponibles en http://www.laconstituyente.org/files/Libros/nuevacpebolivia.pdf?download.
23. Art. 8, Convenio 169 de la OIT, Arts. 34 y 35, Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU), Art. 38, Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Arts. 120(1) y 203(8) y (11), Nueva Constitución Polítical del Estado, Bolivia.
24. ST-523/97 (Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz).
* Abogado indígena, director General de Administración Pública Plurinacional del Viceministerio de Descolonización, Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia.
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