TITULARES
· Fiscal pide 25 años de cárcel para Alto Mando Militar por masacre
· El narcogolpe y las radios mineras en 1980
· Golpe de 1980 en Bolivia tuvo apoyo de militares de Argentina y Brasil
· El dictador García Meza admitió responsabilidad
· Gobierno mantiene propuesta para proteger Territorio Indígena
· El 31 de julio se bailará la danza boliviana Tinku en 16 países
· Unos 45 banqueros en la mira de la justicia por estafa
· 15.000 llamas podrían morir por el frío
· Entregarán cédulas de identidad en el área rural
· La oposición decide boicotear la elección popular de jueces
· Con programa Evo Cumple, se ejecutaron 4.000 obras
· Evo: Hay sectores que quieren asaltar el Estado
· Unas 230 pequeñas fábricas de cocaína destruidas
· La Iglesia excomulgó a los héroes de la Revolución de 1809
Fiscal pide 25 años de cárcel para Alto Mando Militar por masacre
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-17&idn=50001
Después de una jornada ininterrumpida y en presencia de las víctimas de la masacre de septiembre y octubre de 2003, la Fiscalía, tras concluir con sus alegatos, solicitó al Tribunal de la Corte Suprema una sentencia que imponga una pena máxima de 25 años de presidio para el ex Alto Mando Militar de esa época y los ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
El ex Alto Mando Militar estaba conformado por el general Gonzalo Rocabado Mercado, ex comandante en jefe y jefe de Estado Mayor Conjunto; general Roberto Claros Flores, ex comandante en jefe; general Juan Veliz Herrera, ex comandante general del Ejército; general Oswaldo Quiroga Mendoza, ex comandante de la Fuerza Aérea y el almirante Luis Aranda Granados, ex comandante de la Fuerza Naval.
Asimismo, la pena de 25 años de cárcel fue solicitada para Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa, ambos ex ministros de Trabajo y Desarrollo Sostenible en la gestión de Sánchez de Lozada.
Los fiscales de recursos Milton Mendoza y Mirna Arancibia destacaron en sus conclusiones la participación inconstitucional de las Fuerzas Armadas (FFAA) en los conflictos sociales de 2003 y la utilización del Plan República, un plan antisubversivo ejecutado en contra de la población civil.
Asimismo, destacaron que el Gobierno de Sánchez de Lozada utilizó la represión militar con armas de guerra en contra de la protesta civil, bajo el argumento de presencia de grupos guerrilleros y subversivos que nunca existieron en Bolivia.
Los fiscales también concluyeron que las víctimas de septiembre y octubre fueron presa de la represión del Estado. Asimismo, señalaron como hecho probado el traslado de militares a La Paz y El Alto, además de unidades de Beni, Santa Cruz, Tarija, Pando y Cochabamba.
Ahora tienen el turno de emitir sus conclusiones los abogados de las víctimas y finalmente los acusados, para que el Tribunal emita en los siguientes días una sentencia.
Hace 13 días, las víctimas realizan una vigilia en Sucre, al frente de la Corte Suprema de Justicia.
Después de una jornada ininterrumpida y en presencia de las víctimas de la masacre de septiembre y octubre de 2003, la Fiscalía, tras concluir con sus alegatos, solicitó al Tribunal de la Corte Suprema una sentencia que imponga una pena máxima de 25 años de presidio para el ex Alto Mando Militar de esa época y los ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
El ex Alto Mando Militar estaba conformado por el general Gonzalo Rocabado Mercado, ex comandante en jefe y jefe de Estado Mayor Conjunto; general Roberto Claros Flores, ex comandante en jefe; general Juan Veliz Herrera, ex comandante general del Ejército; general Oswaldo Quiroga Mendoza, ex comandante de la Fuerza Aérea y el almirante Luis Aranda Granados, ex comandante de la Fuerza Naval.
Asimismo, la pena de 25 años de cárcel fue solicitada para Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa, ambos ex ministros de Trabajo y Desarrollo Sostenible en la gestión de Sánchez de Lozada.
Los fiscales de recursos Milton Mendoza y Mirna Arancibia destacaron en sus conclusiones la participación inconstitucional de las Fuerzas Armadas (FFAA) en los conflictos sociales de 2003 y la utilización del Plan República, un plan antisubversivo ejecutado en contra de la población civil.
Asimismo, destacaron que el Gobierno de Sánchez de Lozada utilizó la represión militar con armas de guerra en contra de la protesta civil, bajo el argumento de presencia de grupos guerrilleros y subversivos que nunca existieron en Bolivia.
Los fiscales también concluyeron que las víctimas de septiembre y octubre fueron presa de la represión del Estado. Asimismo, señalaron como hecho probado el traslado de militares a La Paz y El Alto, además de unidades de Beni, Santa Cruz, Tarija, Pando y Cochabamba.
Ahora tienen el turno de emitir sus conclusiones los abogados de las víctimas y finalmente los acusados, para que el Tribunal emita en los siguientes días una sentencia.
Hace 13 días, las víctimas realizan una vigilia en Sucre, al frente de la Corte Suprema de Justicia.
El narcogolpe y las radios mineras en 1980
EDITORIAL DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-18&idn=50073
Hace 31 años, Bolivia era víctima del último como sangriento golpe de Estado en su atribulada historia. Ese día, un grupo de militares y paramilitares liderados por Luis García Meza y Luis Arce Gómez, asaltaba la mañana del 17 de julio de 1980 las instalaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), donde también se hallaban las oficinas de la Central Obrera Boliviana (COB).
Ayer, representantes de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos homenajearon a los mártires que cayeron bajo las bayonetas de la dictadura y nos legaron con su sangre un ejemplo perenne de apego a la democracia; mientras los cabecillas de esa asonada se encuentran donde deberían estar todos los dictadores: en una cárcel de máxima seguridad.
Ese día, los paramilitares que tomaron el edificio de la FSTMB asesinaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz y, junto al líder socialista, a Carlos Flores y Gualberto Vega. En los días posteriores, cientos de bolivianos serían detenidos, torturados, confinados y muchos asesinados.
Durante la resistencia popular al totalitarismo, la Cadena Nacional de Radioemisoras Mineras jugó un papel fundamental, aunque no reconocido en su real dimensión una vez recuperada la democracia. Desde el Consejo Central Sud, Huanuni, Siglo XX, Catavi, Corocoro, Colquiri, Viloco y otros centros mineros, difundieron, no sólo a Bolivia sino al mundo, las atrocidades que cometía el garciamezismo.
Una de esas emisoras, La Voz del Cobre de Corocoro, denunció el bombardeo que hizo un avión de guerra de la FAB sobre las instalaciones de Radio Vanguardia de Colquiri. Esa noticia —que desnudaba lo sangriento del golpe de Estado— fue posible gracias a sacerdotes comprometidos con el ala progresista de la Iglesia Católitica, quienes, entonces, se comunicaron con esa difusora.
La Cadena de Radioemisoras Mineras coordinó el desacato popular a la dictadura. Radio Nacional de Huanuni recordó ayer que la noche anterior al golpe, “desde Tupiza se enviaron más de dos escuadrones al mando del My. Luís Cossio Viruez hacia Atocha” para controlar a los mineros de esa región. “El 19 de julio (…) empezó el combate en proximidades de Animas. Radioemisora Animas hacía insistentes llamados a la unidad, mientras su transmisión recogía como fondo sonoro los nutridos disparos de los militares que luego la acallaron. “Hubo detenciones, muchos murieron torturados, se contabilizaron cinco muertos entre ellos una niña acribillada, se reportaron heridos, secuestraron los cuerpos y hubo desaparecidos”.
El 20 de julio de 1980, tras un violento ataque con tanques de guerra y metrallas se acalló a Radio Nacional de Huanuni. “En esta incursión, que perpetraron los militares sin el menor respeto ni consideración con mujeres y niños ni siquiera por la enseña nacional, perdieron la vida ocho pobladores y resultaron muchos heridos”, asegura Asofamd.
Después de 17 días de huelga, Caracoles resistía el golpe. “El enfrentamiento comenzó el 3 de agosto a las 10 de la mañana” y cayeron dos muertos. Al día siguiente, los regimientos Max Toledo, Tarapacá y Camacho, apoyados por la aviación, atacaron Caracoles. Muchos perdieron la vida, aunque se dio los nombres de sólo 11 muertos, 17 heridos y 14 desaparecidos. Los golpistas saquearon viviendas, golpearon niños, violaron mujeres y niñas. Y es mismo día, intentaron tomar Viloco con armas de guerra, tanques y artillería. Muchos mineros cayeron víctimas de la bala asesina antes que lograran acallar Radio Viloco.
En Siglo XX y Catavi la represión también fue criminal. La comandancia “ordenó el avance, a plena luz del día, sobre el campamento de Miraflores. Los soldados disparaban contra puertas y ventanas de las casas. Allí murieron ocho personas, ninguna de ellas en combate”. Este fue uno de los sangrientos rostros del narcogolpe. Y a 31 años de esa asonada, rendimos nuestro homenaje a quienes lideraron la lucha que permitió al pueblo recuperar la democracia, base en la que se sustenta hoy el Estado Plurinacional.
Ayer, representantes de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos homenajearon a los mártires que cayeron bajo las bayonetas de la dictadura y nos legaron con su sangre un ejemplo perenne de apego a la democracia; mientras los cabecillas de esa asonada se encuentran donde deberían estar todos los dictadores: en una cárcel de máxima seguridad.
Ese día, los paramilitares que tomaron el edificio de la FSTMB asesinaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz y, junto al líder socialista, a Carlos Flores y Gualberto Vega. En los días posteriores, cientos de bolivianos serían detenidos, torturados, confinados y muchos asesinados.
Durante la resistencia popular al totalitarismo, la Cadena Nacional de Radioemisoras Mineras jugó un papel fundamental, aunque no reconocido en su real dimensión una vez recuperada la democracia. Desde el Consejo Central Sud, Huanuni, Siglo XX, Catavi, Corocoro, Colquiri, Viloco y otros centros mineros, difundieron, no sólo a Bolivia sino al mundo, las atrocidades que cometía el garciamezismo.
Una de esas emisoras, La Voz del Cobre de Corocoro, denunció el bombardeo que hizo un avión de guerra de la FAB sobre las instalaciones de Radio Vanguardia de Colquiri. Esa noticia —que desnudaba lo sangriento del golpe de Estado— fue posible gracias a sacerdotes comprometidos con el ala progresista de la Iglesia Católitica, quienes, entonces, se comunicaron con esa difusora.
La Cadena de Radioemisoras Mineras coordinó el desacato popular a la dictadura. Radio Nacional de Huanuni recordó ayer que la noche anterior al golpe, “desde Tupiza se enviaron más de dos escuadrones al mando del My. Luís Cossio Viruez hacia Atocha” para controlar a los mineros de esa región. “El 19 de julio (…) empezó el combate en proximidades de Animas. Radioemisora Animas hacía insistentes llamados a la unidad, mientras su transmisión recogía como fondo sonoro los nutridos disparos de los militares que luego la acallaron. “Hubo detenciones, muchos murieron torturados, se contabilizaron cinco muertos entre ellos una niña acribillada, se reportaron heridos, secuestraron los cuerpos y hubo desaparecidos”.
El 20 de julio de 1980, tras un violento ataque con tanques de guerra y metrallas se acalló a Radio Nacional de Huanuni. “En esta incursión, que perpetraron los militares sin el menor respeto ni consideración con mujeres y niños ni siquiera por la enseña nacional, perdieron la vida ocho pobladores y resultaron muchos heridos”, asegura Asofamd.
Después de 17 días de huelga, Caracoles resistía el golpe. “El enfrentamiento comenzó el 3 de agosto a las 10 de la mañana” y cayeron dos muertos. Al día siguiente, los regimientos Max Toledo, Tarapacá y Camacho, apoyados por la aviación, atacaron Caracoles. Muchos perdieron la vida, aunque se dio los nombres de sólo 11 muertos, 17 heridos y 14 desaparecidos. Los golpistas saquearon viviendas, golpearon niños, violaron mujeres y niñas. Y es mismo día, intentaron tomar Viloco con armas de guerra, tanques y artillería. Muchos mineros cayeron víctimas de la bala asesina antes que lograran acallar Radio Viloco.
En Siglo XX y Catavi la represión también fue criminal. La comandancia “ordenó el avance, a plena luz del día, sobre el campamento de Miraflores. Los soldados disparaban contra puertas y ventanas de las casas. Allí murieron ocho personas, ninguna de ellas en combate”. Este fue uno de los sangrientos rostros del narcogolpe. Y a 31 años de esa asonada, rendimos nuestro homenaje a quienes lideraron la lucha que permitió al pueblo recuperar la democracia, base en la que se sustenta hoy el Estado Plurinacional.
Golpe de 1980 en Bolivia tuvo apoyo de militares de Argentina y Brasil
DIARIO LOS TIEMPOS, COCHABAMBA.-
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20110717/las-heridas-siguen-abiertas-31-anos-despues-del_134109_272769.html
Esteban Miranda amaneció ese día con un fuerte dolor de muelas que no lo dejaba respirar. Como estudiaba derecho en la Universidad San Francisco Xavier y no tenía dinero, pidió a uno de sus amigos de la facultad de Odontología que le curara el diente careado.
Mientras lo atendían escuchó en la radio que el comandante General del Ejército, Luis García Meza, dio un golpe de Estado y sintió temor pues su relación con los militares no era de las mejores debido a que provenía del centro minero de Catavi y tres años antes se había sumado a la huelga de hambre iniciada por mujeres mineras que terminó derrocando al dictador Hugo Banzer.
Vivía en un cuarto con ocho estudiantes provenientes de los centros mineros, pero esa noche ninguno quiso dormir en su temporal hogar chuquisaqueño, pues escucharon sobre las intervenciones militares en la capital de la República y en el resto del país.
Todos permanecieron en la calle la noche del 17 de julio de 1980, pero cometieron el error de volver a dormir en su cuarto un día después. Todos fueron apresados por militares sucrenses.
Soledad Delgadillo, muy temprano en la mañana, se fue a trabajar como secretaria de la Caja Nacional de Salud y en cuanto llegó a su oficina recibió una llamada de sus compañeros de la facultad de Derecho en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). “Estalló el golpe de García Meza” escuchó alarmada al otro lado de la bocina “han allanado tu casa… no vuelvas allí, espéranos, vamos a llevarte algún lugar seguro”.
Las horas se hicieron interminables dentro de esa oficina. Ya toda la ciudad de Cochabamba sabía que en la sede de Gobierno los militares tomaron el poder y cesaron todas las actividades laborales en ese día.
Soledad, que además era ejecutiva del Centro de Estudiantes de Derecho, no podía dejar de temblar pensando que podía repetirse lo que le pasó en el Gobierno de Banzer, en el que vivió cuatro meses dentro de una celda en la ciudad de La Paz, de la cual sólo pudo sacarla un tío militar con muy alto rango. Le perdonaron la vida, pero la obligaron a vivir en Aiquile.
En el 80, los amigos de Soledad la llevaron a una casa en Huayrak’asa donde permaneció escondida por 10 días. Recuerda que durante la época dictatorial vivió como gitana cambiando de residencia constantemente para que no la encuentren los funcionarios leales al régimen. Ahora ella es asambleísta legislativa departamental de Cochabamba.
Más víctimas
El golpe de García Meza y el de los otros dictadores que tomaron por la fuerza el gobierno del país afectaron duramente a muchos de los bolivianos en los principales centros urbanos del país, pues del mismo modo en el que el exmagistrado y la actual asambleísta sufrieron las consecuencias del régimen otras personas en Oruro o La Paz también fueron víctimas, tal como recuerda la exdirigente minera, que fue una de las protagonistas del derrocamiento de Banzer, Domitila Chungara.
“Los mineros hemos vivido la masacre de San Juan, la masacre de Septiembre con Barrientos que fue muy cruel. En esa temporada yo también fui presa. Después vino la dictadura de Banzer y finalmente la de García Meza, que fue quien expulsó a mis hijos del país”.
Una situación similar recordó el cantautor potosino Luis Rico, quien dijo que en la década del 80 entendió lo que se avecinaba cuando su amigo, Coco Manto, le dijo que Lucho Espinal no había vuelto a su habitación en Miraflores (La Paz).
“Se venía eso que sufrimos nosotros en los años 80, la clandestinidad, la persecución, el andar con el testamento bajo el brazo… y eso nos llevó a Coco Manto y a mí a componer una canción en honor a Luis Espinal, que fue terminada cuando nos asilamos en la Embajada de México”, recordó.
GUSTAVO RODRÍGUEZ | HISTORIADOR
“Marcelo es una herida latente”
El historiador Gustavo Rodríguez rememora un poco de lo que ocurrió un día como hoy, hace 31 años atrás.
-¿Cuántas personas murieron (aproximadamente) durante el golpe de estado de Luis García Meza?
-No es fácil establecer, muchos murieron en las calles o durante el toque de queda y fueron enterrados clandestinamente. Estimo que el mismo día del golpe y dos o tres días posteriores perdió la vida, al menos una veintena.
-¿Cuántos desaparecieron en ese golpe de estado?
-Hay faces diferentes. Unos desaparecieron durante el propio golpe y los días posteriores. Otros durante la represión de los meses siguientes. Los más golpeados con las muertes fueron los del MIR.
-¿Quiénes fueron las personas más notables además de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que sufrieron las consecuencias del golpe?
-Carlos Flores Bedregal, por ejemplo, que murió el 17 de julio en la sede de la COB. Exdirigente estudiantil de la UMSA, diputado nacional, alto dirigente del POR, que sigue desaparecido.
-¿Cuándo y cómo desapareció Quiroga Santa Cruz?
-El 17 de julio fue ametrallado, en las instalaciones de la COB, en el Prado de La Paz, pero no murió. Lo trasladaron al parecer a un cuartel del Ejército, donde fue muerto bajo tortura.
- ¿Cómo debería sentirse el país, tras estos hechos?
-Debe recordar críticamente los hechos, para que no se repitan. Las nuevas generaciones deben saber que pasó, que existió toda una generación de luchadores sociales, de estudiantes, trabajadores, campesinos y ciudadanos en general, de hombres y mujeres, que dejaron todo para construir una sociedad mejor
-¿Qué siente usted, como historiador, ahora que transcurrieron 31 años?
-Repudio y una firme confianza en que el sistema democrático, pese a sus imperfecciones, es el único régimen que permite procesar las diferencias en el marco de la tolerancia y el respeto.
INFORMES DE CIA
Muchas de las dudas y las interrogantes respecto a los móviles, la organización y las consecuencias del golpe de García Meza fueron absueltas por los “documentos desclasificados de la CIA”, que fueron obtenidos por el historiador Gustavo Rodríguez.
El experto explicó que en resumen estos documentos dicen “que el golpe de García Meza se sustentó en la ayuda argentina, la represión y el narcotráfico”.
Rodríguez señala que en esos papeles de la CIA además se informa que al menos 2.000 personas fueron detenidas. “Muchos de los jerarcas o del régimen tienen lazos con la ilícita industria de los narcóticos y muchos otros son personas envueltas en operaciones ilegales de drogas", decían estos papeles.
Estos documentos además afirman que hay reportes que mencionan a un traficante de Santa Cruz, quien habría contribuido con 100 millones de dólares para financiar las operaciones del gobierno.
LUIS ESPINAL
El sacerdote jesuita, director del Semanario Aquí, fue probablemente una de las primeras víctimas del régimen de García Meza, pues según recuerda el historiador Gustavo Rodríguez murió el 30 de marzo de 1980 durante el gobierno democrático de Lidya Gueiler, época en la que “García Meza era el comandante del Ejército y nunca se estableció si Arce Gómez (estrecho colaborador del dictador) a quien la gente llamaba ‘arcesino´, fue el responsable de esa muerte”.
Uno de sus mejores amigos y compañeros, el padre Xavier Albó, recordó en el documental Lucho San Pueblo que Espinal llegó a Bolivia escapando de la dictadura en España.
“Llegó en unos tiempos interesantes, en la época de Juan José Torres, le tocó toda la dictadura de Banzer y lo sufrió todo, hasta el momento en el que hubo una pequeña apertura, que fue en el gobierno de Lidya Gueiler, que fue cuando lo agarraron y lo mataron y ése fue Luis García Mesa”, sostuvo.
El dictador García Meza admitió responsabilidad
Por Mauricio Carrasco
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-17&idn=49990
Noviembre de 1997. Luis García Meza está en su habitación de enfermo del piso nueve del Hospital Militar de La Paz, donde, desde que fue detenido, pasa largas temporadas cumpliendo su sentencia a 30 años de reclusión, sin derecho a indulto, que debía cumplir en la gélida planicie donde está la penitenciaria de Chonchocoro.
No hace poco que su camarada de armas Hugo Banzer asumió el mando de la nación por segunda vez. La primera —de agosto de 1971 a julio de 1978— lo hizo por la vía del golpe de Estado y la segunda, convertido en demócrata, por el voto popular.
García Meza quiere revelar “hechos desconocidos de su gobierno” y por eso mismo, tras largos meses de espera, accede a una entrevista con dos periodistas.
Las medidas de seguridad para acceder a su habitación son propias de un jefe de Estado, no de un reo. Sus escoltas visten uniformes de la Policía Militar del Ejército y son rigurosos a la hora de verificar las credenciales de prensa y los equipos de cada uno. Un detector de metales portátil completa el trabajo.
A la hora de la entrevista, inesperadamente se presenta un supuesto tercer periodista. García Meza no lo saluda y lo observa con una mirada de fuego. Con un tono de voz que no admite réplica lo ataca y acusa: “Tú no eres periodista carajo, eres un ‘buzo’ de Banzer; qué quiere saber qué es lo que voy a decir”.
Tras un momento de incómodo silencio, como lo hizo alguna vez en los cuarteles del Ejército, el ex dictador ordena con furia a sus escoltas militares que detengan al ‘buzo’ y lo revisen.
Los militares acatan la orden del reo y lamentan la fuga de seguridad: “Mi general, es un policía del Ministerio de Gobierno y está armado”.
“Sáquenlo y ya saben qué hacer, carajo”.
FFAA FUERON PRESIONADAS
Visiblemente disgustado y ansioso por poner fin a una entrevista que no había empezado, el ex presidente militar dijo, sin que aún medien preguntas, que fueron diversos sectores de la sociedad civil, como los obreros, comités cívicos, fabriles, campesinos y “obviamente los partidos políticos” que presionaron para que las Fuerzas Armadas se encarguen del gobierno y señaló a Banzer como el posible autor de la toma de la Central Obrera Boliviana (COB).
“Banzer era el más desesperado que se haga el golpe del 17 de julio. Nosotros no habíamos escogido ni la fecha, Banzer estaba desesperado por el juicio que le hacía Marcelo, que lo llevó a medidas extremas y se valió de todo, de gente que tenía la consigna de la muerte. A Quiroga Santa Cruz lo sacan de las filas en el operativo de la COB”.
La cabeza de ese gobierno militar, entonces general de Ejército, sentenciado en 1993 en el denominado Juicio de Siglo a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, quizá por el incidente, repentinamente recobró la memoria y anunció la publicación de su libro, Memorias de un Dictador, actualmente sometido a revisión.
El 17 de julio de 1980, las Fuerzas Armadas tomaron el control del país en nombre de la Reconstrucción Nacional e iniciaron la última dictadura de una larga lista que se había inaugurado en 1960.
MARCELO
El ex presidente asumió la responsabilidad política de la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el líder socialista a quien recordó como su compañero de curso de primaria.
“Asumo la responsabilidad de la muerte de Quiroga Santa Cruz, aunque yo no ordené su ejecución”.
“No tenía por qué ordenar que se lo ejecute”, agregó, en referencia a la muerte del político cuyos restos, desde entonces, están en paradero desconocido.
Admitió, sin embargo, que por su condición de ex presidente y cabeza del régimen militar de 1980 asume la responsabilidad de lo ocurrido con el dirigente socialista.
LOS ASESINOS DE MARCELO
En Memorias de un Dictador, el ex presidente de facto asegura, con cierta ironía, “haber recuperado la memoria” en contraste con sus repetidas frases “no recuerdo, no sé, lo olvidé” en el juicio de responsabilidades, que se conoció como el Juicio del Siglo, donde no recordaba muchas cosas del golpe de 1980.
Recordó, por ejemplo, que los que dispusieron la ejecución del líder socialista estaban en ese entonces en el Alto Mando Militar, cuya base era el Estado Mayor del Gran Cuartel de Miraflores.
Ahora “yo estoy en Chonchocoro asumiendo mi responsabilidad, sin haber ordenado su muerte”.
“Los que están en Chonchocoro no participaron en la ejecución de Quiroga Santa Cruz, son inocentes, aunque Juan Del Granado diga lo contrario”, comentó en su alegato contra el ex abogado de la parte civil, el ex diputado del Movimiento Bolivia Libre y (ex) Alcalde de La Paz, en el juicio contra la dictadura.
García Meza dijo que luego de conocer el parte en que se le informaba sobre la muerte del líder socialista, ordenó investigar y esclarecer el caso y devolver los restos a la familia del fallecido líder político.
“Yo ordené que se devuelva el cadáver, cosa que no se cumplió porque pasaron cosas que estaban fuera de mi control”, aseveró. Asimismo, aseguró que el cuerpo del dirigente político fue incinerado en la fundición de Vinto, en Oruro.
Señaló que esos detalles, más lo que declaró ante la Corte Suprema de Justicia en el juicio de responsabilidades, constituyen todo lo que sabe sobre el caso Marcelo y el asalto a la sede de la Central Obrera Boliviana.
Acusado de ocho delitos, entre ellos el robo del diario del guerrillero Ernesto Che Guevara, la masacre de la COB y la calle Harrington, el negociado de los carritos Hanne y la compra irregular de equipos petroleros, entre otros, García Meza aseguró que ninguna de esas acusaciones le fue probada.
Luis García Meza Tejada
Fue presidente de facto de Bolivia a través de un sangriento golpe de Estado el 17 de julio de 1980, derrocando a Lydia Gueiler Tejada.
En ese año, el sacerdote jesuita Luis Espinal Camps, crítico de cine y director del semanario Aquí, fue secuestrado, torturado y asesinado.
Hubo alrededor de 500 asesinatos (entre ellos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz) , desapariciones forzadas y 4.000 detenidos.
Se produjo el asesinato de ocho líderes de la dirigencia clandestina del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) en la Masacre de la calle Harrington (La Paz) el 15 de enero de 1981.
Entre los actos de corrupción que se atribuyen a García Meza se cuenta la venta de los diarios de Ernesto Che Guevara, el robo de los vidrios ray-ban de la Piscina Olímpica de La Paz, caso La Gaiba y protección al narcotráfico.
Fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto en la cárcel de Chonchocoro, La Paz. (Fuente: http://es.wikipedia.org)
Noviembre de 1997. Luis García Meza está en su habitación de enfermo del piso nueve del Hospital Militar de La Paz, donde, desde que fue detenido, pasa largas temporadas cumpliendo su sentencia a 30 años de reclusión, sin derecho a indulto, que debía cumplir en la gélida planicie donde está la penitenciaria de Chonchocoro.
No hace poco que su camarada de armas Hugo Banzer asumió el mando de la nación por segunda vez. La primera —de agosto de 1971 a julio de 1978— lo hizo por la vía del golpe de Estado y la segunda, convertido en demócrata, por el voto popular.
García Meza quiere revelar “hechos desconocidos de su gobierno” y por eso mismo, tras largos meses de espera, accede a una entrevista con dos periodistas.
Las medidas de seguridad para acceder a su habitación son propias de un jefe de Estado, no de un reo. Sus escoltas visten uniformes de la Policía Militar del Ejército y son rigurosos a la hora de verificar las credenciales de prensa y los equipos de cada uno. Un detector de metales portátil completa el trabajo.
A la hora de la entrevista, inesperadamente se presenta un supuesto tercer periodista. García Meza no lo saluda y lo observa con una mirada de fuego. Con un tono de voz que no admite réplica lo ataca y acusa: “Tú no eres periodista carajo, eres un ‘buzo’ de Banzer; qué quiere saber qué es lo que voy a decir”.
Tras un momento de incómodo silencio, como lo hizo alguna vez en los cuarteles del Ejército, el ex dictador ordena con furia a sus escoltas militares que detengan al ‘buzo’ y lo revisen.
Los militares acatan la orden del reo y lamentan la fuga de seguridad: “Mi general, es un policía del Ministerio de Gobierno y está armado”.
“Sáquenlo y ya saben qué hacer, carajo”.
FFAA FUERON PRESIONADAS
Visiblemente disgustado y ansioso por poner fin a una entrevista que no había empezado, el ex presidente militar dijo, sin que aún medien preguntas, que fueron diversos sectores de la sociedad civil, como los obreros, comités cívicos, fabriles, campesinos y “obviamente los partidos políticos” que presionaron para que las Fuerzas Armadas se encarguen del gobierno y señaló a Banzer como el posible autor de la toma de la Central Obrera Boliviana (COB).
“Banzer era el más desesperado que se haga el golpe del 17 de julio. Nosotros no habíamos escogido ni la fecha, Banzer estaba desesperado por el juicio que le hacía Marcelo, que lo llevó a medidas extremas y se valió de todo, de gente que tenía la consigna de la muerte. A Quiroga Santa Cruz lo sacan de las filas en el operativo de la COB”.
La cabeza de ese gobierno militar, entonces general de Ejército, sentenciado en 1993 en el denominado Juicio de Siglo a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, quizá por el incidente, repentinamente recobró la memoria y anunció la publicación de su libro, Memorias de un Dictador, actualmente sometido a revisión.
El 17 de julio de 1980, las Fuerzas Armadas tomaron el control del país en nombre de la Reconstrucción Nacional e iniciaron la última dictadura de una larga lista que se había inaugurado en 1960.
MARCELO
El ex presidente asumió la responsabilidad política de la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el líder socialista a quien recordó como su compañero de curso de primaria.
“Asumo la responsabilidad de la muerte de Quiroga Santa Cruz, aunque yo no ordené su ejecución”.
“No tenía por qué ordenar que se lo ejecute”, agregó, en referencia a la muerte del político cuyos restos, desde entonces, están en paradero desconocido.
Admitió, sin embargo, que por su condición de ex presidente y cabeza del régimen militar de 1980 asume la responsabilidad de lo ocurrido con el dirigente socialista.
LOS ASESINOS DE MARCELO
En Memorias de un Dictador, el ex presidente de facto asegura, con cierta ironía, “haber recuperado la memoria” en contraste con sus repetidas frases “no recuerdo, no sé, lo olvidé” en el juicio de responsabilidades, que se conoció como el Juicio del Siglo, donde no recordaba muchas cosas del golpe de 1980.
Recordó, por ejemplo, que los que dispusieron la ejecución del líder socialista estaban en ese entonces en el Alto Mando Militar, cuya base era el Estado Mayor del Gran Cuartel de Miraflores.
Ahora “yo estoy en Chonchocoro asumiendo mi responsabilidad, sin haber ordenado su muerte”.
“Los que están en Chonchocoro no participaron en la ejecución de Quiroga Santa Cruz, son inocentes, aunque Juan Del Granado diga lo contrario”, comentó en su alegato contra el ex abogado de la parte civil, el ex diputado del Movimiento Bolivia Libre y (ex) Alcalde de La Paz, en el juicio contra la dictadura.
García Meza dijo que luego de conocer el parte en que se le informaba sobre la muerte del líder socialista, ordenó investigar y esclarecer el caso y devolver los restos a la familia del fallecido líder político.
“Yo ordené que se devuelva el cadáver, cosa que no se cumplió porque pasaron cosas que estaban fuera de mi control”, aseveró. Asimismo, aseguró que el cuerpo del dirigente político fue incinerado en la fundición de Vinto, en Oruro.
Señaló que esos detalles, más lo que declaró ante la Corte Suprema de Justicia en el juicio de responsabilidades, constituyen todo lo que sabe sobre el caso Marcelo y el asalto a la sede de la Central Obrera Boliviana.
Acusado de ocho delitos, entre ellos el robo del diario del guerrillero Ernesto Che Guevara, la masacre de la COB y la calle Harrington, el negociado de los carritos Hanne y la compra irregular de equipos petroleros, entre otros, García Meza aseguró que ninguna de esas acusaciones le fue probada.
Luis García Meza Tejada
Fue presidente de facto de Bolivia a través de un sangriento golpe de Estado el 17 de julio de 1980, derrocando a Lydia Gueiler Tejada.
En ese año, el sacerdote jesuita Luis Espinal Camps, crítico de cine y director del semanario Aquí, fue secuestrado, torturado y asesinado.
Hubo alrededor de 500 asesinatos (entre ellos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz) , desapariciones forzadas y 4.000 detenidos.
Se produjo el asesinato de ocho líderes de la dirigencia clandestina del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) en la Masacre de la calle Harrington (La Paz) el 15 de enero de 1981.
Entre los actos de corrupción que se atribuyen a García Meza se cuenta la venta de los diarios de Ernesto Che Guevara, el robo de los vidrios ray-ban de la Piscina Olímpica de La Paz, caso La Gaiba y protección al narcotráfico.
Fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto en la cárcel de Chonchocoro, La Paz. (Fuente: http://es.wikipedia.org)
Gobierno mantiene propuesta para proteger Territorio Indígena
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-18&idn=50061
El Gobierno nacional mantiene la propuesta para elaborar con las comunidades indígenas una ley que ofrezca un “blindaje” o protección al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), afirmó la viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva.
La autoridad estatal respondió de esa manera al temor de algunos indígenas por la posible pérdida de sus tierras y el saqueo de recursos naturales con la construcción de la segunda fase de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
La viceministra Silva participó en el taller de socialización del Proyecto de Ley Marco de la Madre Tierra realizado el viernes en la localidad Piñami, a 10 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.
“En nuestra visión, se debe pensar en el Tipnis de una manera integral, que tenga —incluso el Presidente (Evo Morales) lo ha propuesto— una ley específica para que tenga un blindaje, si se quiere, para de alguna manera cuidarlo”, manifestó la autoridad de Estado.
Silva recordó que la iniciativa de la propuesta de ley fue planteada hace algún tiempo a las comunidades que están en el área de construcción de la nueva carretera, cuyos representantes aún analizan el planteamiento para que se entable el diálogo con el Órgano Ejecutivo.
Según la autoridad, una normativa de esa naturaleza debe estar sustentada por el reconocimiento de los límites territoriales de los indígenas, las actividades permitidas y prohibidas en la región e incluso el desarrollo de obras de infraestructura con tecnología avanzada que garantice el menor daño posible al medio ambiente.
DEMANDA HISTÓRICA
El gobernador del departamento de Cochabamba, Edmundo Novillo, recordó que la construcción del tramo Villa Tunari-San Ignacio de Moxos dará atención a una necesidad histórica del país, además de integrar y desarrollar el valle cochabambino con el norte amazónico del país.
“Fíjense, cuidado que nos vayan a condenar las nuevas generaciones de los pueblos indígenas”, remarcó el Gobernador ante el rechazo de algunos dirigentes fundamentalistas que se oponen a la habilitación de la segunda fase de la ruta.
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo la anterior semana que el Gobierno nacional hará las consultas que se tengan que realizar para llevar adelante la construcción de la nueva ruta de integración.
REUNIÓN DE INDÍGENAS
El dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia (Cidob) Manuel Dosapéi indicó que del 19 al 22 de julio habrá una reunión para establecer si se registraron avances en los intentos de diálogo con el Gobierno central sobre la afectación del Tipnis o si se realiza, a principios de agosto, una marcha hacia la ciudad de La Paz.
PARA TOMAR EN CUENTA
Blindaje: El Gobierno nacional informó que mantiene la propuesta de elaborar con los indígenas una ley que proteja la región del Tipnis.
Oposición: Algunas comunidades indígenas se oponen a la construcción de la segunda fase del tramo Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Decisión: Los indígenas definirán esta semana si van al diálogo con el Gobierno a inician una marcha a La Paz.
La autoridad estatal respondió de esa manera al temor de algunos indígenas por la posible pérdida de sus tierras y el saqueo de recursos naturales con la construcción de la segunda fase de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
La viceministra Silva participó en el taller de socialización del Proyecto de Ley Marco de la Madre Tierra realizado el viernes en la localidad Piñami, a 10 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.
“En nuestra visión, se debe pensar en el Tipnis de una manera integral, que tenga —incluso el Presidente (Evo Morales) lo ha propuesto— una ley específica para que tenga un blindaje, si se quiere, para de alguna manera cuidarlo”, manifestó la autoridad de Estado.
Silva recordó que la iniciativa de la propuesta de ley fue planteada hace algún tiempo a las comunidades que están en el área de construcción de la nueva carretera, cuyos representantes aún analizan el planteamiento para que se entable el diálogo con el Órgano Ejecutivo.
Según la autoridad, una normativa de esa naturaleza debe estar sustentada por el reconocimiento de los límites territoriales de los indígenas, las actividades permitidas y prohibidas en la región e incluso el desarrollo de obras de infraestructura con tecnología avanzada que garantice el menor daño posible al medio ambiente.
DEMANDA HISTÓRICA
El gobernador del departamento de Cochabamba, Edmundo Novillo, recordó que la construcción del tramo Villa Tunari-San Ignacio de Moxos dará atención a una necesidad histórica del país, además de integrar y desarrollar el valle cochabambino con el norte amazónico del país.
“Fíjense, cuidado que nos vayan a condenar las nuevas generaciones de los pueblos indígenas”, remarcó el Gobernador ante el rechazo de algunos dirigentes fundamentalistas que se oponen a la habilitación de la segunda fase de la ruta.
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo la anterior semana que el Gobierno nacional hará las consultas que se tengan que realizar para llevar adelante la construcción de la nueva ruta de integración.
REUNIÓN DE INDÍGENAS
El dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia (Cidob) Manuel Dosapéi indicó que del 19 al 22 de julio habrá una reunión para establecer si se registraron avances en los intentos de diálogo con el Gobierno central sobre la afectación del Tipnis o si se realiza, a principios de agosto, una marcha hacia la ciudad de La Paz.
PARA TOMAR EN CUENTA
Blindaje: El Gobierno nacional informó que mantiene la propuesta de elaborar con los indígenas una ley que proteja la región del Tipnis.
Oposición: Algunas comunidades indígenas se oponen a la construcción de la segunda fase del tramo Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Decisión: Los indígenas definirán esta semana si van al diálogo con el Gobierno a inician una marcha a La Paz.
El 31 de julio se bailará la danza boliviana Tinku en 16 países
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-18&idn=50053
Hasta el momento se ha confirmado que residentes en 36 ciudades de 16 países de América y Europa participarán en el evento denominado Tinku, cien por ciento boliviano, el 31 de julio, para ratificar que la danza tiene su origen en Potosí.
El organizador y defensor del folklore nacional Napoleón Gómez dice que estamos cerca de marcar nuevamente historia internacional en beneficio de nuestra cultura, “unidos en la defensa del tinku”.
Gómez, que dirige la Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore (Obdefo), confirmó que el evento —que cuenta con el respaldo del Ministerio de Culturas y la Cancillería del Estado Plurinacional— se cumplirá el 31 de julio de 12 a 13 en la plaza Camacho de la ciudad de La Paz, donde centenares de personas bailarán la danza potosina y de forma simultánea lo harán los bolivianos que radican en otros países.
“El objetivo no es el de conseguir un récord mundial, sino el de sentar un precedente de que el tinku es boliviano, una forma de evitar el plagio”, explica Gómez, quien organizó el 18 de julio del año pasado la defensa de la danza del caporal con un similar evento en 40 ciudades de 18 países.
Las inscripciones en La Paz aún son recibidas pero sólo de fraternidades, grupos y ballets, en las oficinas de la radio Pasión Boliviana, ubicada en la calle Federico Zuazo esquina Campero.
En Bolivia se bailará el tinku en La Paz, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. También en urbes de Brasil y Argentina, donde existen residentes bolivianos.
Entre las ciudades europeas se destaca la realización del evento folklórico en Barcelona, Madrid, Zaragoza y Pamplona.
Mientras que en Italia la concentración se cumplirá en Bérgamo. En Ámsterdam también se bailará el tinku, además de Londres y Estocolmo. Y en las ciudades estadounidenses de Nueva York, Washington y California.
Una conferencia de prensa con detalles de la organización se realizará el jueves en el Palacio Chico, sede del Ministerio de Culturas.
ORIGEN DEL RITUAL
El significado de la palabra quechua “tinku” es “encuentro”. El ritual ceremonial de donde deriva la danza y que se practica cada año en el norte de Potosí se remonta a la época prehispánica. El tinku es originario de la región en la que habitan los laimes y lucumanis, comunidades quechuas norpotosinas.
Es un rito ancestral dedicado a la Pachamama o Madre Naturaleza. Existe la creencia de que si se logra derramar sangre entonces se tendrá un año agrícola productivo. La costumbre es una mezcla de tradiciones religiosas con la cosmovisión que tienen los pueblos originarios de la región potosina. En el ritual también se incluye a la danza y la música.
Hasta el momento se ha confirmado que residentes en 36 ciudades de 16 países de América y Europa participarán en el evento denominado Tinku, cien por ciento boliviano, el 31 de julio, para ratificar que la danza tiene su origen en Potosí.
El organizador y defensor del folklore nacional Napoleón Gómez dice que estamos cerca de marcar nuevamente historia internacional en beneficio de nuestra cultura, “unidos en la defensa del tinku”.
Gómez, que dirige la Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore (Obdefo), confirmó que el evento —que cuenta con el respaldo del Ministerio de Culturas y la Cancillería del Estado Plurinacional— se cumplirá el 31 de julio de 12 a 13 en la plaza Camacho de la ciudad de La Paz, donde centenares de personas bailarán la danza potosina y de forma simultánea lo harán los bolivianos que radican en otros países.
“El objetivo no es el de conseguir un récord mundial, sino el de sentar un precedente de que el tinku es boliviano, una forma de evitar el plagio”, explica Gómez, quien organizó el 18 de julio del año pasado la defensa de la danza del caporal con un similar evento en 40 ciudades de 18 países.
Las inscripciones en La Paz aún son recibidas pero sólo de fraternidades, grupos y ballets, en las oficinas de la radio Pasión Boliviana, ubicada en la calle Federico Zuazo esquina Campero.
En Bolivia se bailará el tinku en La Paz, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. También en urbes de Brasil y Argentina, donde existen residentes bolivianos.
Entre las ciudades europeas se destaca la realización del evento folklórico en Barcelona, Madrid, Zaragoza y Pamplona.
Mientras que en Italia la concentración se cumplirá en Bérgamo. En Ámsterdam también se bailará el tinku, además de Londres y Estocolmo. Y en las ciudades estadounidenses de Nueva York, Washington y California.
Una conferencia de prensa con detalles de la organización se realizará el jueves en el Palacio Chico, sede del Ministerio de Culturas.
ORIGEN DEL RITUAL
El significado de la palabra quechua “tinku” es “encuentro”. El ritual ceremonial de donde deriva la danza y que se practica cada año en el norte de Potosí se remonta a la época prehispánica. El tinku es originario de la región en la que habitan los laimes y lucumanis, comunidades quechuas norpotosinas.
Es un rito ancestral dedicado a la Pachamama o Madre Naturaleza. Existe la creencia de que si se logra derramar sangre entonces se tendrá un año agrícola productivo. La costumbre es una mezcla de tradiciones religiosas con la cosmovisión que tienen los pueblos originarios de la región potosina. En el ritual también se incluye a la danza y la música.
Unos 45 banqueros en la mira de la justicia por estafa
DIARIO LA PRENSA.-
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/seguridad/20110718/el-caso-bidesa-a-juicio-con-13-anos-de-demora_1004_1947.html
El 12 de diciembre de 1997, el Banco Internacional de Desarrollo Sociedad Anónima (Bidesa) fue intervenido por la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y dispuso su liquidación forzosa.
Trece años más tarde, después de innumerables recursos y chicanas interpuestos por el principal accionista del Bidesa, Roberto Landívar Roca, la Corte Superior de Potosí aprobó el auto de procesamiento contra éste y otras 45 personas por la presunta comisión de delitos relacionados con el manejo financiero, la falsificación de documentos y retención indebida de recursos pertenecientes al Estado.
Los detalles del caso. De acuerdo con el documento judicial, al que La Prensa tuvo acceso exclusivo, “los accionistas del Bidesa, con la colaboración de terceros, abusando del poder real que detentaban en la administración del banco, cometieron una serie de delitos obteniendo ilegal beneficio económico, ocasionando al Bidesa millonarios perjuicios y pérdidas económicas (que debieron ser) asumidas por el Estado mediante el Banco Central de Bolivia”.
El grupo Landívar, según el dictamen judicial, concentraba el 70,34 por ciento del paquete accionario, lo que le “permitió contar con la facultad de designar al personal de apoyo de absoluta confianza (...), por ende, ejecutando actos de administración en beneficio propio.
Los magistrados aseguran que los ejecutivos y socios del banco enviaron información falsa a la Superintendencia respecto del coeficiente de adecuación patrimonial, con base en el que pudo obtener un crédito de liquidez del Banco Central.
Este coeficiente es el cociente entre el patrimonio neto y el total de activos que resulta de la aplicación de la ponderación de activos y contingentes. En la banca, a mediados de los 90, éste no podía ser menor al 8 por ciento, pero en el caso del Bidesa era del 6,89 por ciento.
A pesar de que los activos del banco se reducían, incrementaron los pasivos “aumentando indiscriminadamente la cartera de créditos en beneficio de empresas vinculadas a Bidesa”.
“Se ha establecido retiros de depósitos por 3.158.746 dólares y otras sumas por personas vinculadas al Bidesa y a Roberto Landívar Roca” y hubo “utilización de recursos con fines diferentes a los convenidos documentalmente”.
La justicia sostiene la “existencia de 60.000.000 de dólares, como cartera de crédito, vinculados a los principales accionistas y administradores del Bidesa, cancelados de forma fraudulenta, con garantías insuficientes, con ampliación de plazos indebida, reprogramaciones sin pagos mínimos, aceptación de pagos con entrega de bienes sobrevaluados que motivó de su garantía”.
Los magistrados hallaron que hubo concesión de créditos “con dación de bienes y administraciones fraudulentas e involucradas en organización criminal”.
Dación es la transmisión, al acreedor o a los acreedores, del dominio de una cosa en compensación de una deuda.
Se evidencia, dice el auto mencionado, un engaño a la Superintendencia de Bancos, pues la pérdida fue del 97 por ciento del capital pagado; se causó un perjuicio al Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonvis) por contratos incumplidos y hubo falsificación de firmas.
La Corte de Potosí dispuso la detención preventiva de los imputados en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.
LANDÍVAR, LIBRE. El presidente del Directorio del Bidesa, Roberto Landívar Roca, fue recluido en esa cárcel el 7 de diciembre de 2001, pero fue puesto en libertad por retardación de justicia el 29 de diciembre de 2006, aunque obligado a pagar una fianza de 10 millones de bolivianos y quedó arraigado.
Trece años más tarde, después de innumerables recursos y chicanas interpuestos por el principal accionista del Bidesa, Roberto Landívar Roca, la Corte Superior de Potosí aprobó el auto de procesamiento contra éste y otras 45 personas por la presunta comisión de delitos relacionados con el manejo financiero, la falsificación de documentos y retención indebida de recursos pertenecientes al Estado.
Los detalles del caso. De acuerdo con el documento judicial, al que La Prensa tuvo acceso exclusivo, “los accionistas del Bidesa, con la colaboración de terceros, abusando del poder real que detentaban en la administración del banco, cometieron una serie de delitos obteniendo ilegal beneficio económico, ocasionando al Bidesa millonarios perjuicios y pérdidas económicas (que debieron ser) asumidas por el Estado mediante el Banco Central de Bolivia”.
El grupo Landívar, según el dictamen judicial, concentraba el 70,34 por ciento del paquete accionario, lo que le “permitió contar con la facultad de designar al personal de apoyo de absoluta confianza (...), por ende, ejecutando actos de administración en beneficio propio.
Los magistrados aseguran que los ejecutivos y socios del banco enviaron información falsa a la Superintendencia respecto del coeficiente de adecuación patrimonial, con base en el que pudo obtener un crédito de liquidez del Banco Central.
Este coeficiente es el cociente entre el patrimonio neto y el total de activos que resulta de la aplicación de la ponderación de activos y contingentes. En la banca, a mediados de los 90, éste no podía ser menor al 8 por ciento, pero en el caso del Bidesa era del 6,89 por ciento.
A pesar de que los activos del banco se reducían, incrementaron los pasivos “aumentando indiscriminadamente la cartera de créditos en beneficio de empresas vinculadas a Bidesa”.
“Se ha establecido retiros de depósitos por 3.158.746 dólares y otras sumas por personas vinculadas al Bidesa y a Roberto Landívar Roca” y hubo “utilización de recursos con fines diferentes a los convenidos documentalmente”.
La justicia sostiene la “existencia de 60.000.000 de dólares, como cartera de crédito, vinculados a los principales accionistas y administradores del Bidesa, cancelados de forma fraudulenta, con garantías insuficientes, con ampliación de plazos indebida, reprogramaciones sin pagos mínimos, aceptación de pagos con entrega de bienes sobrevaluados que motivó de su garantía”.
Los magistrados hallaron que hubo concesión de créditos “con dación de bienes y administraciones fraudulentas e involucradas en organización criminal”.
Dación es la transmisión, al acreedor o a los acreedores, del dominio de una cosa en compensación de una deuda.
Se evidencia, dice el auto mencionado, un engaño a la Superintendencia de Bancos, pues la pérdida fue del 97 por ciento del capital pagado; se causó un perjuicio al Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonvis) por contratos incumplidos y hubo falsificación de firmas.
La Corte de Potosí dispuso la detención preventiva de los imputados en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.
LANDÍVAR, LIBRE. El presidente del Directorio del Bidesa, Roberto Landívar Roca, fue recluido en esa cárcel el 7 de diciembre de 2001, pero fue puesto en libertad por retardación de justicia el 29 de diciembre de 2006, aunque obligado a pagar una fianza de 10 millones de bolivianos y quedó arraigado.
31,69 millones de bolivianos retuvo presuntamente en forma indebida el Bidesa después de captar recaudaciones petroleras
del Estado.
del Estado.
PROCESADOS
Roberto Landívar Roca, Eduardo Michel, Rubén Darío Pinto, Fernando Garrón, Ramiro Sillerico, Miguel Ángel Linares, Juan Carlos Aguilera, Peter Walzer, Ramón Darío Aguilera, Javier Fernández Mostajo, Daniel Pérez Saucedo, Néstor Portocarrero, Juan Veza, Renán Guerra, Íver López, Freddy Andrade, Gustavo Antelo, William Banegas, Juan Carlos Fernández, Carlos Leigue y Humberto Suárez serán procesados por los presuntos delitos de estafa y otros. Delfín Gómez y Alfredo Carvajal, por supuestos complicidad y encubrimiento; Germán Sandóval, Emiliano Tórrez, Álvaro Velasco, Germán Mariano, Eduardo Velasco, Jesús Jordán, Ronald Viruez, Luis Eduardo Telesca, Dalcy Padilla, Mario Morales, Napoleón Tapia, Enrique Naguel y Luis Alberto Blanco, bajo la presunción de complicidad y otros; Irma Herta Memm y Oswaldo Vargas, por supuesta falsedad material e ideológica y otros; Virginia Grock, por presunta organización criminal y otros delitos; Alfredo Rivas, por supuesta estafa y otros; además de María Eugenia Vásquez y María Renée Valencia.
Unas 15.000 llamas podrían morir por el frío
DIARIO LA RAZON.-
En la estancia Dulce Nombre, “una llamita y su cría se han caído y después han muerto” por congelamiento, cuenta apenada Teresa Berna Muraño, rescatada del lugar, tras permanecer atrapada por la nevada que cayó en Sud Lípez hace 15 días.
Las llamas son resistentes al frío, pero esta vez que nevó casi tanto como el 2002 —año del peor temporal que azotó a la región en los últimos tiempos— su pelaje no parece ser una garantía, menos considerando que también les falta qué comer, pues la nieve quemó las pasturas y el frío llegó a 18 grados bajo cero.
“Pueden vivir unos 15 días (en estas condiciones), pero después se debilitan y fallecen”, explica Humberto Berna, del comité de Gestión de Quetena Chico, poblado que junto a Quetena Grande fueron los más afectados por la nieve que, en algunos sectores, superó el metro de espesor.
Las crías, a las que llaman ch’ukus, además de las hembras, que por esta temporada están preñadas, son las más vulnerables.
Crucial. Con hoy domingo, han pasado 14 días desde la nevada del 4 de julio, por lo que los comunarios temen que esta semana muchas llamas, de las 15 mil que existen en ese sector fronterizo con Chile, mueran por debilitamiento. “Terminó de nevar, pero ahora la nieve está congelando los bofedales y si no hay forraje, nuestras llamas morirán”, sostiene el subalcalde de Quetena Chico, Marcial Bernal.
Crucial. Con hoy domingo, han pasado 14 días desde la nevada del 4 de julio, por lo que los comunarios temen que esta semana muchas llamas, de las 15 mil que existen en ese sector fronterizo con Chile, mueran por debilitamiento. “Terminó de nevar, pero ahora la nieve está congelando los bofedales y si no hay forraje, nuestras llamas morirán”, sostiene el subalcalde de Quetena Chico, Marcial Bernal.
Los bofedales son humedales de altura que poseen pradera nativa de la que se alimentan los camélidos. El miércoles 13, cuando La Razón visitó el lugar, en las quebradas y los cerros de la zona la nieve estaba ya congelada, y con suerte se podía ver algo de t’ula y paja que ya estaba quemada.
“Ahora, si comen ese pasto quemado, las llamas se enfermarán porque esta hierba ya no tiene nutrientes y los animales se debilitan y mueren”, agrega Berna que cita estudios veterinarios.
A ello se suma, que debido a que todavía hay mucha nieve en los cerros, al congelarse, creará un microclima aún más frío en la zona. “Esto se va a convertir en una especie de refrigerador, donde las llamas no podrán resistir”, considera el maestro JuanJosé Méndez, del colegio Colorados de Bolivia de Quetena Chico.
En Nor y Sud Lípez hay unas 100 mil llamas. La lana y la carne de estos camélidos es una de las mejores del país y, según Berna, los ejemplares ganaron en diversas ferias camélidas.
Los cerca de 700 habitantes de Quetena Chico y Grande se dedican a la ganadería camélida y, aunque hay quienes administran hospedajes turísticos, la mayoría vive de la venta de lana y carne de este animal. “Nuestras llamitas son bien t’ampullis (tienen mucha lana) y ahora se van a morir”, habla con tristeza el subalcalde.
La carne de una llama de cinco años puede llegar a costar Bs 700, mientras que por cada kilo de lana cobran Bs 15. Los camélidos de Quetena pueden producir hasta dos kilos y medio.
Alimentación. Después del desastre que provocó la nevada, la Gobernación de Potosí envió 100 costales de forraje, pero es insuficiente. “Una llama come tres kilos de forraje por día y la ayuda alcanza para unos 300 animales, pero aquí en Quetena Chico tenemos 10 mil y en Quetena Grande otras 5 mil”, insiste el comunario.
Alimentación. Después del desastre que provocó la nevada, la Gobernación de Potosí envió 100 costales de forraje, pero es insuficiente. “Una llama come tres kilos de forraje por día y la ayuda alcanza para unos 300 animales, pero aquí en Quetena Chico tenemos 10 mil y en Quetena Grande otras 5 mil”, insiste el comunario.
Es por eso que Teresa Berna está angustiada, pues sus 180 llamas quedaron en el abandono. “Lo poco que tenía era afrecho y eso fue lo último que les di; ahora, no sé cómo estarán. Yo quisiera ir, pero tampoco hay cómo ir”.
Unas 34 familias de diferentes estancias de Quetena Chico, Quetena Grande, Huayllajara, Laguna Colorada y Laguna Colorada fueron rescatadas y salvadas de morir por congelamiento, pero todos tuvieron que abandonar a sus animales. “No sé cómo estarán las llamas (257 ) que tengo. Ya llevo cinco días aquí y cuando me fui, mis animales ya se estaban echando (cayendo al suelo) y no les he podido ver más”, contó el miércoles Eliseo Delgado, de la estancia Senia Grande (Quetena Chico). Cuando los camélidos se dejan caer, es una señal de que en las siguientes horas morirán.
El turismo permanece paralizado
El turismo permanece paralizado
Vocación
Sud Lípez, donde están Quetena Chico y Quetena Grande, posee atractivos turísticos únicos. Allí está la Reserva NacionalEduardo Avaroa y en ella el nevado Uturunco, a 4.690 metros sobre el nivel del mar, los géiseres y las lagunas Colorada y Verde. Algunos pobladores administran hospedajes, pero cerraron por la nieve.
Los niños esperaron durante dos días a que llegue un helicóptero
Los niños esperaron durante dos días a que llegue un helicóptero
El jueves siete de julio, los cerca de 600 pobladores de Quetena Chico esperaron durante todo el día a un helicóptero que nunca llegó. Por radio, desde La Paz, habían informado que la nave arribaría con ayuda.
“Como un avión sobrevoló toda esta zona, pensábamos que el helicóptero vendría, pero al final todos se fueron bien apenados porque nunca llegó”, recuerda Humberto Berna, del comité de gestión de esa comunidad potosina.
Según el maestro del colegio Colorados de Bolivia, Juan José Méndez, los niños fueron los más esperanzados con el arribo de la cooperación. “Es lamentable, al final nos informaron que no había helicópteros. Los niños esperaron incluso el día siguiente en la plaza y nada”.
Vigilantes. Berna expresa que la Gobernación de Potosí, Defensa Civil, los guardaparques de la Reserva Nacional Eduardo Abaroa e incluso la empresa minera San Cristóbal les ayudaron en las labores de rescate de los comunarios atrapados por la nieve, pero, en cambio, criticó la tardía reacción del Gobierno.
Vigilantes. Berna expresa que la Gobernación de Potosí, Defensa Civil, los guardaparques de la Reserva Nacional Eduardo Abaroa e incluso la empresa minera San Cristóbal les ayudaron en las labores de rescate de los comunarios atrapados por la nieve, pero, en cambio, criticó la tardía reacción del Gobierno.
“Nosotros somos los guardianes de la frontera y no hay nada para la comunidad, cada vez que hay estas contingencias debemos arreglarnos nosotros mismos”, señala el dirigente.
Dice, además, que están molestos con la posición del Comité Cívico Potosino de negar un tratado por las aguas del Silala con Chile, por lo que los comunarios de Quetena Chico advierten con buscar un acuerdo, por su cuenta, con sus pares chilenos. “A cambio de que nos den maquinaria para arreglar nuestros caminos, les podemos dar el agua”.
Dice que tomarían una decisión aún más radical si el Ejecutivo no les apoya para enfrentar las futuras nevadas. “Si no nos dan maquinaria para la próxima nevada, nos haremos chilenos...”.
Los pobladores recuerdan que el 2002, el entonces diputado Evo Morales visitó el lugar y prometió ayuda, y equipos cuando sea sea gobierno. “Nunca más volvió y nosotros le dimos nuestros votos. No hay nada”, indica otro comunario.
Para Berna, cualquier ayuda debe llegar directamente a la comunidad. “Sabemos que la Gobernación dio unos cinco mil litros de gasolina a los militares para ayudarnos, pero nosotros no hemos visto nada”. Cinco soldados de la Unidad Militar en Quetena Chico ayudaron en el rescate de personas durante un día, pero después el pueblo tuvo que arreglárselas.
Guardianes de la frontera en el abandono
Hace dos meses atravesé el río Maniki en San Borja, un lugar olvidado por el Estado, donde los niños mueren por diarrea; después estuve en Pisiga (Bolívar, Oruro), donde siete de cada 10 niños cruzan la frontera, hacia Chile, para estudiar en una escuela primaria.
Esta vez fue el turno de Quetena Chico (Sud Lípez, Potosí), donde al igual que en los otros casos, el Estado está ausente. El viaje de 12 horas por caminos, en muchos tramos de erradura, es poco frente a la dejadez en la que viven, en especial, los niños.
En las aulas de la escuela Colorados de Bolivia hace más frío que en el patio de la unidad. Si a ello sumamos que la temperatura promedio bordea los 15 grados bajo cero, hay que sacarse el sombrero ante los 195 estudiantes de ese establecimiento.
Por eso, quizás, sus padres de vez en cuando afirman que si fuera por ellos recibirían ayuda de los chilenos. “Cuando hay desastres en las tierras bajas corren millones para ayudarlos, pero cuando pasa lo mismo aquí, no hay nada”, reniega Humberto Berna, del Comité de Gestión de la comunidad Quetena Chico.
Pese a ello, el cariño de sus comunarios hacia los visitantes “vale un Potosí”, desde el guía Crisóstomo Estelo Esquivel, que nos condujo hasta destino, hasta Lucrecio Quispe, que en Culpina K nos facilitó la única computadora con servicio de internet. Nos sentimos como en casa, gracias a todos los amigos potosinos.
Entregarán cédulas de identidad en el área rural
La Paz, 17 jul (ABI).- El director general del Servicio de Identificación Personal (SEGIP), Antonio Costas, informó el domingo se prepara el proceso de cedulación en el área rural y ciudades intermedias mediante una base de datos con conexión en línea a nivel nacional para descentralizar ese tipo de trámite.
"Estamos con la planificación para empezar en unos 20 días en todo lo que será el servicio de cedulación en el área rural y también en las ciudades intermedias, pero queremos hacerlo bajo la visión y perspectiva del sistemas computarizado en línea", señaló.
Costas aseguró que su despacho trabaja en la consolidación del "sistema en línea" para que la población que obtenga una cédula de identidad en una región pueda realizar la renovación en otra región.
"Estamos trabajando en la consolidación de ese sistema, hemos sostenido una reunión con el Tribunal Supremo Electoral para ver la cesión de los equipos y la constatación de la base de datos. Estimamos que en 20 (días) iniciaremos ese trabajo", dijo.
El SEGIP inició operaciones el 4 de julio pasado en las diferentes oficinas del ex Servicio de Identificaciones, ubicadas principalmente en las ciudades capitales de departamento.
"Estamos con la planificación para empezar en unos 20 días en todo lo que será el servicio de cedulación en el área rural y también en las ciudades intermedias, pero queremos hacerlo bajo la visión y perspectiva del sistemas computarizado en línea", señaló.
Costas aseguró que su despacho trabaja en la consolidación del "sistema en línea" para que la población que obtenga una cédula de identidad en una región pueda realizar la renovación en otra región.
"Estamos trabajando en la consolidación de ese sistema, hemos sostenido una reunión con el Tribunal Supremo Electoral para ver la cesión de los equipos y la constatación de la base de datos. Estimamos que en 20 (días) iniciaremos ese trabajo", dijo.
El SEGIP inició operaciones el 4 de julio pasado en las diferentes oficinas del ex Servicio de Identificaciones, ubicadas principalmente en las ciudades capitales de departamento.
La oposición decide boicotear la elección popular de jueces
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-18&idn=50039
La oposición aplica una estrategia para boicotear y deslegitimar las elecciones judiciales del 16 de octubre, sostuvieron ayer, en declaraciones separadas, el presidente del Senado, René Martínez, y la diputada Cecilia Ayllón, ambos del MAS.
Sus declaraciones se produjeron luego de que dirigentes políticos opositores intensificaran sus anuncios en sentido de que impulsarán el voto nulo en los comicios (como Samuel Doria Medina, de UN) o promoverán un plebiscito de rechazo (como Juan del Granado, del MSM) debido a que, según ellos, el proceso de preselección de candidatos favoreció a allegados del MAS.
En ese proceso, en la Asamblea Legislativa Plurinacional uno de los requisitos fundamentales fue no tener militancia partidaria.
Al respecto, Ayllón explicó que los sectores de oposición, en una primera fase de su estrategia, hicieron campaña para que exista el menor número posible de postulantes a magistrados. Sin embargo, se inscribieron 581 personas.
Luego, debido a que no se alcanzó el número suficiente de aspirantes mujeres en Beni, Pando y Chuquisaca, la ALP amplió la convocatoria en esos sitios, sin alterar el cronograma electoral. Al respecto, Elizabeth Reyes (UN), propuso declarar desierta la convocatoria, modificar el calendario, por tanto, postergar los comicios.
Después, según Ayllón, el MSM anunció la impugnación de 122 postulantes, pero sólo observó a cuatro. Ese partido pidió “parar” los comicios y amenazó con llamar a un plebiscito de rechazo el 16 de octubre.
Por ello, según Ayllón y Martínez, la oposición quiere boicotear y deslegitimar las elecciones judiciales para evitar que el pueblo elija a sus autoridades y así se mantenga el cuoteo partidario, las influencias familiares y la corrupción en la administración de justicia.
“Guste o no guste a quienes estén en disidencia con este proceso, estamos asumiendo un paso histórico”, dijo Martínez en Bolivia TV. Comparó las formas elitarias, secretas y partidarias de elegir magistrados en el pasado con la decisión actual de que el pueblo sea ahora quien elija a los magistrados, mediante su voto.
Respecto a las campañas a favor del voto nulo o de inducción al sufragio, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilma Velasco, explicó ayer que la gente, de manera individual, puede votar como considere conveniente en las elecciones, pero lo que es considerado como delito electoral es la campaña a favor o en contra de uno o todos los candidatos a magistrados.
“Como TSE nosotros vamos a garantizar este derecho político (al voto)”, sostuvo en radio Erbol.
En referencia a la Ley del Régimen Electoral, Velasco recordó que “no se puede hacer campaña, propaganda”, ya que esa norma califica como delito electoral el hecho de inducir al voto, “ni para uno ni para otro; por ello es que las personas que impulsan una campaña contra un candidato o contra todos estarían entrando en esta tipificación que señala el artículo 238, inciso k”.
Ese artículo indica que quien haga campaña e induzca al voto “será sancionada con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años”.
Entretanto, el TSE revisará hasta esta semana la lista de preseleccionados enviada por la Asamblea y prevé reunirse el jueves con las personas precalificadas, a fin de informarles sobre sus derechos y obligaciones.
La oposición aplica una estrategia para boicotear y deslegitimar las elecciones judiciales del 16 de octubre, sostuvieron ayer, en declaraciones separadas, el presidente del Senado, René Martínez, y la diputada Cecilia Ayllón, ambos del MAS.
Sus declaraciones se produjeron luego de que dirigentes políticos opositores intensificaran sus anuncios en sentido de que impulsarán el voto nulo en los comicios (como Samuel Doria Medina, de UN) o promoverán un plebiscito de rechazo (como Juan del Granado, del MSM) debido a que, según ellos, el proceso de preselección de candidatos favoreció a allegados del MAS.
En ese proceso, en la Asamblea Legislativa Plurinacional uno de los requisitos fundamentales fue no tener militancia partidaria.
Al respecto, Ayllón explicó que los sectores de oposición, en una primera fase de su estrategia, hicieron campaña para que exista el menor número posible de postulantes a magistrados. Sin embargo, se inscribieron 581 personas.
Luego, debido a que no se alcanzó el número suficiente de aspirantes mujeres en Beni, Pando y Chuquisaca, la ALP amplió la convocatoria en esos sitios, sin alterar el cronograma electoral. Al respecto, Elizabeth Reyes (UN), propuso declarar desierta la convocatoria, modificar el calendario, por tanto, postergar los comicios.
Después, según Ayllón, el MSM anunció la impugnación de 122 postulantes, pero sólo observó a cuatro. Ese partido pidió “parar” los comicios y amenazó con llamar a un plebiscito de rechazo el 16 de octubre.
Por ello, según Ayllón y Martínez, la oposición quiere boicotear y deslegitimar las elecciones judiciales para evitar que el pueblo elija a sus autoridades y así se mantenga el cuoteo partidario, las influencias familiares y la corrupción en la administración de justicia.
“Guste o no guste a quienes estén en disidencia con este proceso, estamos asumiendo un paso histórico”, dijo Martínez en Bolivia TV. Comparó las formas elitarias, secretas y partidarias de elegir magistrados en el pasado con la decisión actual de que el pueblo sea ahora quien elija a los magistrados, mediante su voto.
Respecto a las campañas a favor del voto nulo o de inducción al sufragio, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilma Velasco, explicó ayer que la gente, de manera individual, puede votar como considere conveniente en las elecciones, pero lo que es considerado como delito electoral es la campaña a favor o en contra de uno o todos los candidatos a magistrados.
“Como TSE nosotros vamos a garantizar este derecho político (al voto)”, sostuvo en radio Erbol.
En referencia a la Ley del Régimen Electoral, Velasco recordó que “no se puede hacer campaña, propaganda”, ya que esa norma califica como delito electoral el hecho de inducir al voto, “ni para uno ni para otro; por ello es que las personas que impulsan una campaña contra un candidato o contra todos estarían entrando en esta tipificación que señala el artículo 238, inciso k”.
Ese artículo indica que quien haga campaña e induzca al voto “será sancionada con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años”.
Entretanto, el TSE revisará hasta esta semana la lista de preseleccionados enviada por la Asamblea y prevé reunirse el jueves con las personas precalificadas, a fin de informarles sobre sus derechos y obligaciones.
Campaña, delito electoral
Artículo 238. (DELITOS ELECTORALES).
k) Inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas. La persona que induzca el voto mediante la elaboración, promoción, contratación, autorización o difusión de propaganda electoral o estudios de opinión en materia electoral, en contravención a las disposiciones y prohibiciones establecidas en la presente ley, será sancionada con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años. Si fuera servidora pública o servidor público, además quedará inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de tres (3) años.
Artículo 238. (DELITOS ELECTORALES).
k) Inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas. La persona que induzca el voto mediante la elaboración, promoción, contratación, autorización o difusión de propaganda electoral o estudios de opinión en materia electoral, en contravención a las disposiciones y prohibiciones establecidas en la presente ley, será sancionada con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años. Si fuera servidora pública o servidor público, además quedará inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de tres (3) años.
Con programa Evo Cumple, se ejecutaron 4.000 obras
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-18&idn=50050
El programa Bolivia Cambia-Evo Cumple logró la ejecución de más de 4.000 obras de desarrollo en todo el país, evaluó ayer el presidente Evo Morales, quien dijo que con el aporte de otras fuentes se entregó un promedio de 30 obras por municipio.
“Desde la gestión 2007, el Programa Bolivia Cambia-Evo Cumple ejecutó proyectos para el desarrollo de sectores como deportes, educación, equipamiento comunal, infraestructura vial, productiva, riego, salud y saneamiento básico”, sostuvo el mandatario en la entrega de una cancha de césped natural, un mercado y otras obras en Sacaba, Cochabamba.
“Hasta ahora hemos tenido más de 4.000 proyectos en toda Bolivia; hemos estado revisando si algún gobierno de manera específica había implementado programas y proyectos, pero no hay”, aseguró el Presidente.
Señaló que entre los programas desarrollados por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y Bolivia Cambia se tienen ejecutadas 30 obras en promedio por municipio en todo el país.
La modalidad del Bolivia Cambia consiste en otorgar recursos a los municipios, prefecturas, organizaciones sociales, FFAA y Policía para la ejecución de obras de desarrollo social.
La entrega de recursos es por partes y de acuerdo con un proyecto a diseño final entregado por los interesados. Entre las obras entregadas se encuentran colegios, hospitales, canchas deportivas, tinglados, sistemas de riego, retenes policiales y coliseos cerrados, entre otras.
Con ese programa se colocó grama sintética en decenas de canchas en Bolivia. En ese sentido, en el área deportiva se ejecutaron más de 80 millones de dólares. De acuerdo con informes oficiales, esta cifra es una de las mayores que se ejecutaron para infraestructura deportiva en los últimos 20 años.
Morales entregó ayer un mercado campesino y una cancha de fútbol con césped natural que beneficia a los distritos 1 y 4 del municipio de Sacaba, además del desembolso de 3.134.348 bolivianos que serán destinados a la ejecución de nuevas obras del área de educación.
MERCADO EL MORRO
Los actos en Sacaba contaron con la presencia del gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo; el alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez; y el presidente del Concejo Municipal, Grover Villarroel, entre otras autoridades.
El mandatario inauguró primero las nuevas instalaciones del mercado El Morro, que fueron construidas con el empleo de 1.874.100,82 bolivianos del municipio local y del programa Bolivia Cambia-Evo Cumple. La infraestructura cuenta con 46 puestos y todos los servicios básicos.
En la oportunidad, Morales manifestó que con cariño y de manera rápida aprobó el proyecto de edificación del centro de abasto que beneficiará a la Central Campesina El Morro.
“Es para ustedes, hermanas y hermanos. Esperamos que este mercado nos pueda ayudar a comerciar nuestros productos”, manifestó.
El secretario ejecutivo de la Central Campesina El Morro, Leonardo Vargas, a nombre de sus compañeros agradeció por la obra y manifestó la complacencia de su sector porque les proporcionará varios beneficios. “Nosotros como productores estamos satisfechos, porque antes nuestro mercado no nos alcanzaba”, mencionó.
La dirigente campesina Modesta Díaz destacó que el nuevo centro beneficiará a decenas de cultivadores de oca, papa, papalisa, arveja, entre otros tubérculos y hortalizas.
Cancha de césped
El Jefe de Estado se trasladó luego a la entrega de una cancha de césped natural construida en la urbanización Lloyd Aéreo Boliviano, en la zona de Huayllani, Distrito 4 de Sacaba, que beneficiará a 29 organizaciones territoriales de base.
La infraestructura fue habilitada con el uso de 1.523.782 bolivianos para la instalación de una malla perimetral, graderías, camerinos, baños, césped, un sistema de riego con un pozo y un tanque de agua.
Morales exhortó a los beneficiarios que cuiden la cancha con responsabilidad, especialmente para el uso de niños y jóvenes. “Algo he descubierto (...), con el deporte alejamos a la juventud de la perversión; por tanto, yo diría, el papá o la mamá que se oponga a que el niño, la niña, el joven, pueda jugar, comete un grave error”, manifestó.
Nuevas obras
El Presidente entregó también varios cheques por un total de 1.854.612 bolivianos, que servirán para dar continuidad a varias obras comprometidas en Sacaba.
Por otro lado, desembolsó 1.279.736 bolivianos para la habilitación de aulas y un tinglado en cinco unidades educativas, Ulincate, Emilio Villazón, 6 de Junio, Chimboco y Boliviano Japonés.
Los recursos económicos se constituyen en una parte de los 6.698.683 bolivianos que se requerirán en total para los trabajos adjudicados.
“Quiero decirles al Alcalde y a los deportistas de Sacaba que el próximo año empezaremos a construir las graderías del estadio de Sacaba”, anunció Morales.
Aclaró que este año no puede garantizar financiamiento porque esa obra tiene un costo de más de un millón de dólares.
Recordó que el Alcalde de Sacaba le presentó seis nuevos proyectos, pero este año sólo garantizará la ejecución de cinco.
OBRAS EN SACABA
Ejecución. En Sacaba, Cochabamba, se logró la construcción de baterías de baños para una escuela, un tinglado para la unidad educativa Ecuador, una Terminal vehicular, además de 18 aulas para el establecimiento educativo Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Otros. Están en proceso de construcción los mercados Quintanilla y Cantón Aguirre, y el puente sobre el río Mayu.
Ayer. El Presidente entregó cinco cheques con el 20 por ciento inicial de recursos económicos para la refacción y construcción de aulas de cinco unidades educativas.
Escuelas. Se construirán las unidades educativas Emilio Villazón y Ulincate; nuevas aulas para la unidad educativa 6 de junio, construcción de 17 aulas y patio cívico para Chimboco, y un tinglado para el establecimiento educativo Boliviano Japonés.
Desembolso. Entre los proyectos ejecutados y los nuevos se entregó más de 3 millones de bolivianos a la Alcaldía de Sacaba, en el departamento de Cochabamba.
El programa Bolivia Cambia-Evo Cumple logró la ejecución de más de 4.000 obras de desarrollo en todo el país, evaluó ayer el presidente Evo Morales, quien dijo que con el aporte de otras fuentes se entregó un promedio de 30 obras por municipio.
“Desde la gestión 2007, el Programa Bolivia Cambia-Evo Cumple ejecutó proyectos para el desarrollo de sectores como deportes, educación, equipamiento comunal, infraestructura vial, productiva, riego, salud y saneamiento básico”, sostuvo el mandatario en la entrega de una cancha de césped natural, un mercado y otras obras en Sacaba, Cochabamba.
“Hasta ahora hemos tenido más de 4.000 proyectos en toda Bolivia; hemos estado revisando si algún gobierno de manera específica había implementado programas y proyectos, pero no hay”, aseguró el Presidente.
Señaló que entre los programas desarrollados por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y Bolivia Cambia se tienen ejecutadas 30 obras en promedio por municipio en todo el país.
La modalidad del Bolivia Cambia consiste en otorgar recursos a los municipios, prefecturas, organizaciones sociales, FFAA y Policía para la ejecución de obras de desarrollo social.
La entrega de recursos es por partes y de acuerdo con un proyecto a diseño final entregado por los interesados. Entre las obras entregadas se encuentran colegios, hospitales, canchas deportivas, tinglados, sistemas de riego, retenes policiales y coliseos cerrados, entre otras.
Con ese programa se colocó grama sintética en decenas de canchas en Bolivia. En ese sentido, en el área deportiva se ejecutaron más de 80 millones de dólares. De acuerdo con informes oficiales, esta cifra es una de las mayores que se ejecutaron para infraestructura deportiva en los últimos 20 años.
Morales entregó ayer un mercado campesino y una cancha de fútbol con césped natural que beneficia a los distritos 1 y 4 del municipio de Sacaba, además del desembolso de 3.134.348 bolivianos que serán destinados a la ejecución de nuevas obras del área de educación.
MERCADO EL MORRO
Los actos en Sacaba contaron con la presencia del gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo; el alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez; y el presidente del Concejo Municipal, Grover Villarroel, entre otras autoridades.
El mandatario inauguró primero las nuevas instalaciones del mercado El Morro, que fueron construidas con el empleo de 1.874.100,82 bolivianos del municipio local y del programa Bolivia Cambia-Evo Cumple. La infraestructura cuenta con 46 puestos y todos los servicios básicos.
En la oportunidad, Morales manifestó que con cariño y de manera rápida aprobó el proyecto de edificación del centro de abasto que beneficiará a la Central Campesina El Morro.
“Es para ustedes, hermanas y hermanos. Esperamos que este mercado nos pueda ayudar a comerciar nuestros productos”, manifestó.
El secretario ejecutivo de la Central Campesina El Morro, Leonardo Vargas, a nombre de sus compañeros agradeció por la obra y manifestó la complacencia de su sector porque les proporcionará varios beneficios. “Nosotros como productores estamos satisfechos, porque antes nuestro mercado no nos alcanzaba”, mencionó.
La dirigente campesina Modesta Díaz destacó que el nuevo centro beneficiará a decenas de cultivadores de oca, papa, papalisa, arveja, entre otros tubérculos y hortalizas.
Cancha de césped
El Jefe de Estado se trasladó luego a la entrega de una cancha de césped natural construida en la urbanización Lloyd Aéreo Boliviano, en la zona de Huayllani, Distrito 4 de Sacaba, que beneficiará a 29 organizaciones territoriales de base.
La infraestructura fue habilitada con el uso de 1.523.782 bolivianos para la instalación de una malla perimetral, graderías, camerinos, baños, césped, un sistema de riego con un pozo y un tanque de agua.
Morales exhortó a los beneficiarios que cuiden la cancha con responsabilidad, especialmente para el uso de niños y jóvenes. “Algo he descubierto (...), con el deporte alejamos a la juventud de la perversión; por tanto, yo diría, el papá o la mamá que se oponga a que el niño, la niña, el joven, pueda jugar, comete un grave error”, manifestó.
Nuevas obras
El Presidente entregó también varios cheques por un total de 1.854.612 bolivianos, que servirán para dar continuidad a varias obras comprometidas en Sacaba.
Por otro lado, desembolsó 1.279.736 bolivianos para la habilitación de aulas y un tinglado en cinco unidades educativas, Ulincate, Emilio Villazón, 6 de Junio, Chimboco y Boliviano Japonés.
Los recursos económicos se constituyen en una parte de los 6.698.683 bolivianos que se requerirán en total para los trabajos adjudicados.
“Quiero decirles al Alcalde y a los deportistas de Sacaba que el próximo año empezaremos a construir las graderías del estadio de Sacaba”, anunció Morales.
Aclaró que este año no puede garantizar financiamiento porque esa obra tiene un costo de más de un millón de dólares.
Recordó que el Alcalde de Sacaba le presentó seis nuevos proyectos, pero este año sólo garantizará la ejecución de cinco.
OBRAS EN SACABA
Ejecución. En Sacaba, Cochabamba, se logró la construcción de baterías de baños para una escuela, un tinglado para la unidad educativa Ecuador, una Terminal vehicular, además de 18 aulas para el establecimiento educativo Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Otros. Están en proceso de construcción los mercados Quintanilla y Cantón Aguirre, y el puente sobre el río Mayu.
Ayer. El Presidente entregó cinco cheques con el 20 por ciento inicial de recursos económicos para la refacción y construcción de aulas de cinco unidades educativas.
Escuelas. Se construirán las unidades educativas Emilio Villazón y Ulincate; nuevas aulas para la unidad educativa 6 de junio, construcción de 17 aulas y patio cívico para Chimboco, y un tinglado para el establecimiento educativo Boliviano Japonés.
Desembolso. Entre los proyectos ejecutados y los nuevos se entregó más de 3 millones de bolivianos a la Alcaldía de Sacaba, en el departamento de Cochabamba.
Más de 80 millones de dólares para incentivar deportes
Desde 2006, el Ejecutivo invirtió más de 80 millones de dólares en infraestructura deportiva para incentivar a la niñez y a la juventud a la práctica de una vida sana, según datos del Ministerio de la Presidencia (diciembre 2010).
“El deporte es importante para la salud, la educación, la integración, y es un derecho humano”, dijo el mandatario Evo Morales.
Estos cuatro ejes marcan, de acuerdo con el Presidente, una política de Estado que se aplica desde el 22 de enero de 2006.
El propio mandatario señaló que con la refundación del país y la vigencia de una nueva Constitución, el incentivo a la actividad física ejercida como juego o competición está al nivel de otras políticas de Estado, como la incorporación de los derechos de la mayoría indígena, marginada de la vida republicana, de los niños y los ancianos, y de las mujeres embarazadas.
“Durante nuestra gestión constitucional se han ejecutado más de 80 millones de dólares en infraestructura deportiva”, indicó Morales.
Tres escenarios que se construyeron en Sucre para los Juegos Deportivos Bolivarianos son catalogados como los mejores en Sudamérica.
El Ejecutivo no sólo dotó de infraestructura deportiva a más de 250 municipios en el país, sino también apoyó, a través del Fondo de Inversión para el Deporte (FID), la práctica de varias disciplinas.
El programa continuará con recursos propios
“El programa Bolivia Cambia-Evo Cumple va a continuar pero con recursos propios y algunas (obras) con créditos, pero muy poco continuará (con) cooperación (externa)”, anunció ayer el presidente Evo Morales en Sacaba, Cochabamba.
Recordó que antes la mayor parte de los fondos de ese programa eran de cooperación y de donación, especialmente de los países miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas y el Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TPC).
Morales señaló que los proyectos que programó el municipio de Sacaba se ejecutarán con recursos propios. “Ahora, hermanos, estamos empezando desde Sacaba con el programa con nuestros recursos propios para seguir atendiendo las demandas”, aseveró.
De acuerdo con los datos de la estatal agencia ABI, en su primera etapa el programa Bolivia Cambia-Evo Cumple fue financiado, principalmente, con recursos provenientes de Venezuela, que entre enero de 2006 y abril de 2010 desembolsó cerca de 290 millones de dólares, con los que se ejecutaron más de 4.000 obras de infraestructura en la mayoría de los 337 municipios de Bolivia. El jefe de Estado indicó que no se desatenderá las demandas de la población.
“Ahora estamos tratando de ver también (obras) grandes; yo entiendo las necesidades de todos y vamos a priorizar”, añadió Morales.
Recomendó a la población que no lo esperen para entregar las obras concluidas, especialmente construcciones del área educativa, ya que los perjudicados son los niños.
Desde 2006, el Ejecutivo invirtió más de 80 millones de dólares en infraestructura deportiva para incentivar a la niñez y a la juventud a la práctica de una vida sana, según datos del Ministerio de la Presidencia (diciembre 2010).
“El deporte es importante para la salud, la educación, la integración, y es un derecho humano”, dijo el mandatario Evo Morales.
Estos cuatro ejes marcan, de acuerdo con el Presidente, una política de Estado que se aplica desde el 22 de enero de 2006.
El propio mandatario señaló que con la refundación del país y la vigencia de una nueva Constitución, el incentivo a la actividad física ejercida como juego o competición está al nivel de otras políticas de Estado, como la incorporación de los derechos de la mayoría indígena, marginada de la vida republicana, de los niños y los ancianos, y de las mujeres embarazadas.
“Durante nuestra gestión constitucional se han ejecutado más de 80 millones de dólares en infraestructura deportiva”, indicó Morales.
Tres escenarios que se construyeron en Sucre para los Juegos Deportivos Bolivarianos son catalogados como los mejores en Sudamérica.
El Ejecutivo no sólo dotó de infraestructura deportiva a más de 250 municipios en el país, sino también apoyó, a través del Fondo de Inversión para el Deporte (FID), la práctica de varias disciplinas.
El programa continuará con recursos propios
“El programa Bolivia Cambia-Evo Cumple va a continuar pero con recursos propios y algunas (obras) con créditos, pero muy poco continuará (con) cooperación (externa)”, anunció ayer el presidente Evo Morales en Sacaba, Cochabamba.
Recordó que antes la mayor parte de los fondos de ese programa eran de cooperación y de donación, especialmente de los países miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas y el Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TPC).
Morales señaló que los proyectos que programó el municipio de Sacaba se ejecutarán con recursos propios. “Ahora, hermanos, estamos empezando desde Sacaba con el programa con nuestros recursos propios para seguir atendiendo las demandas”, aseveró.
De acuerdo con los datos de la estatal agencia ABI, en su primera etapa el programa Bolivia Cambia-Evo Cumple fue financiado, principalmente, con recursos provenientes de Venezuela, que entre enero de 2006 y abril de 2010 desembolsó cerca de 290 millones de dólares, con los que se ejecutaron más de 4.000 obras de infraestructura en la mayoría de los 337 municipios de Bolivia. El jefe de Estado indicó que no se desatenderá las demandas de la población.
“Ahora estamos tratando de ver también (obras) grandes; yo entiendo las necesidades de todos y vamos a priorizar”, añadió Morales.
Recomendó a la población que no lo esperen para entregar las obras concluidas, especialmente construcciones del área educativa, ya que los perjudicados son los niños.
Evo: Hay sectores que quieren asaltar el Estado
La Paz, 16 jul (ABI).- El presidente Evo Morales denunció el sábado a dirigentes de "algunos" sectores sociales de intentar "asaltar" al pueblo y Estado bolivianos y hasta de "abusar" de su gobierno de izquierdas, durante un acto en La Paz en que anunció la devolución de 5 millones de dólares a casi 120.000 trabajadores bolivianos que aportaron inútilmente al ex Fondo de Vivienda Social (FONVIS) en la década de los '90.
Luego de referir que en el pasado "el Estado asaltaba" al pueblo, como en el caso de los trabajadores que aportaron al FONVIS y que sin embargo no recibieron ni terrenos y menos vivienda, el mandatario denunció que "algunos sectores sociales también quieren asaltar al Estado, al pueblo".
El gobernante llevó su sentir a representantes de trabajadores que fueron a recibir buenas nuevas sobre la devolución de aportes efectuados hace más de 15 años, durante un acto verificado en auditorio de La Paz, que el sábado conmemoraba el aniversario 202 de su gesta libertaria en 1809.
"Algunos dirigentes (de movimientos sociales) abusan del Gobierno", deploró Morales, que describió una cerrada y paradójica oposición a sus proyectos de construcción de carreteras, exploración de hidrocarburos y generación de energía hidroeléctrica.
"Queremos hacer caminos, no quieren (..) Bolivia vive, en este momento, del gas. Queremos hacer exploración y algunos hermanos se oponen", hizo notar en momentos en que representantes indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis),antagonizan la construcción de un tramo de la vía pavimentada de 300 km que unirá los departamentos de Cochabamba (centro) y Beni (nordeste).
Evitemos que algunos sectores asalten al pueblo boliviano", subrayó el jefe de Estado que también ha plantado cara a oenegés, de origen europeo y estadounidense, radicadas en el Tipnis, y que parecen monitorear la oposición y accionar de dirigentes indígenas del lugar a la construcción de la carretera.
Luego de lamentar el accionar de, recalcó, "algunos dirigentes" y de plantear "sus diferencias con "los sectores" aludidos, Morales pidió al grueso de las organizaciones sociales bolivianas "tomar conciencia de que primero está Bolivia".
Luego de referir que en el pasado "el Estado asaltaba" al pueblo, como en el caso de los trabajadores que aportaron al FONVIS y que sin embargo no recibieron ni terrenos y menos vivienda, el mandatario denunció que "algunos sectores sociales también quieren asaltar al Estado, al pueblo".
El gobernante llevó su sentir a representantes de trabajadores que fueron a recibir buenas nuevas sobre la devolución de aportes efectuados hace más de 15 años, durante un acto verificado en auditorio de La Paz, que el sábado conmemoraba el aniversario 202 de su gesta libertaria en 1809.
"Algunos dirigentes (de movimientos sociales) abusan del Gobierno", deploró Morales, que describió una cerrada y paradójica oposición a sus proyectos de construcción de carreteras, exploración de hidrocarburos y generación de energía hidroeléctrica.
"Queremos hacer caminos, no quieren (..) Bolivia vive, en este momento, del gas. Queremos hacer exploración y algunos hermanos se oponen", hizo notar en momentos en que representantes indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis),antagonizan la construcción de un tramo de la vía pavimentada de 300 km que unirá los departamentos de Cochabamba (centro) y Beni (nordeste).
Evitemos que algunos sectores asalten al pueblo boliviano", subrayó el jefe de Estado que también ha plantado cara a oenegés, de origen europeo y estadounidense, radicadas en el Tipnis, y que parecen monitorear la oposición y accionar de dirigentes indígenas del lugar a la construcción de la carretera.
Luego de lamentar el accionar de, recalcó, "algunos dirigentes" y de plantear "sus diferencias con "los sectores" aludidos, Morales pidió al grueso de las organizaciones sociales bolivianas "tomar conciencia de que primero está Bolivia".
Unas 230 pequeñas fábricas de cocaína destruidas
La Paz, 16 jul (ABI).- El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, informó el sábado que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) desmanteló en las últimas 48 horas, 230 pequeñas fábricas de cocaína en el departamento oriental de Santa Cruz.
"En estas pocas horas de trabajo se han desmantelado por lo menos 230 fabricas de cocaína", dijo a los periodistas en la ciudad de La Paz al explicar que ese número fue el resultado de un operación conjunta entre efectivos antinarcóticos y funcionarios del Ministerio Público.
Precisó que esas pequeñas fábricas se encontraban instaladas entre cinco y diez metros cuadrados e informó que hasta hace pocas horas se detuvieron a siete personas y la incautación de más de un millón de dólares.
"La FELCN está actuando de manera muy diligente y en el último mes hemos dado cinco golpes por lo menos contundentes en el narcotráfico", dijo el Ministro de Gobierno.
Hasta el viernes los operativos se concentraron en el norte de ese departamento, en los municipios de Warnes y Yapacaní.
Asimismo, Llorenti descartó que en ese departamento exista una red internacional de cárteles.
"En estas pocas horas de trabajo se han desmantelado por lo menos 230 fabricas de cocaína", dijo a los periodistas en la ciudad de La Paz al explicar que ese número fue el resultado de un operación conjunta entre efectivos antinarcóticos y funcionarios del Ministerio Público.
Precisó que esas pequeñas fábricas se encontraban instaladas entre cinco y diez metros cuadrados e informó que hasta hace pocas horas se detuvieron a siete personas y la incautación de más de un millón de dólares.
"La FELCN está actuando de manera muy diligente y en el último mes hemos dado cinco golpes por lo menos contundentes en el narcotráfico", dijo el Ministro de Gobierno.
Hasta el viernes los operativos se concentraron en el norte de ese departamento, en los municipios de Warnes y Yapacaní.
Asimismo, Llorenti descartó que en ese departamento exista una red internacional de cárteles.
La Iglesia excomulgó a los héroes de la Revolución de 1809
DIARIO PÀGINA SIETE.-
http://www.paginasiete.bo/2011-07-18/Gente/NoticiaPrincipal/156-15700000221LUN18.aspx
Bajar los cuerpos de los protomártires ahorcados el 29 de enero de 1810 en la plaza Murillo, no fue fácil para sus viudas e hijos. No consiguieron ayuda de otras personas.
No fue distinto a la hora de sepultarlos, dice Roxana Moncada una de las descendientes de Pedro Domingo Murillo, quien junto a los revolucionarios del 16 de julio, fue excomulgado y maldecido.
Fue el obispo español Remigio de La Santa y Ortega -a quien echaron de la ciudad el 16 de julio- el autor de la sentencia.
En esa época, la Iglesia Católica jugaba un papel importante y , ante las acciones para obtener la Independencia, tomó tal medida, porque concebía que luchar contra la autoridad del rey era lo mismo que luchar contra la Iglesia, según señala el historiador Edwin Bequer Álvarez en su texto Excomunión para los revolucionarios del 16 de julio de 1809.
Entre los excomulgados figuraban también el argentino José San Martín y el cura Miguel Hidalgo y Costilla de México, que lucharon en favor de la independencia de América.
Por tanto, quienes iniciaron el movimiento libertador en América sabían muy bien de la pena moral que les esperaba. La excomunión para los creyentes de la época resultaba ser una grave censura orientada a la corrección de la delincuencia.
Bequer cree que los protomártires eran conscientes que esa medida no tenía fuerza alguna ni se comparaba con la que ellos desplegaban contra el despotismo y la opresión en América.
Aunque reconoce que la excomunión causó temor en los creyentes, aspecto que influyó para que en varias provincias la Revolución no prosperara, lo que también señalan otros historiadores.
La excomunión
A tiempo de tomar la ciudad e instalar la Junta, los patriotas expulsaron al obispo La Santa, quien en represalia, dice Mariano Batista, desde Irupana decretó la “excomunión” para los que abrazaran la causa de la Revolución.
Eso asustó a los creyentes y fue parte del motivo del fracaso de la Revolución, especialmente en las provincias. Bequer cita como ejemplo a los seguidores de Gregorio García Lanza, que estaban concentrados en Chulumani, aunque luego prosiguieron los preparativos para la lucha.
La sentencia de La Santa, emitida el 27 de septiembre de 1809, señala textualmente: “Separamos del gremio de la católica iglesia, excomulgamos y entregamos a Satanás a las cavesas de este asalto que de público y notorio constan ser Juan Antonio Figueroa, Apolinar Jaén, Don Pedro Domingo Murillo alsado a coronel y comandante general de las tropas, Don Juan Pedro Indaburu alsado a teniente coronel, Don Juan Bautista Sagárnaga regidor alsado a sargento mayor, Mariano Graneros entendido con el apodo de Challategeta alsado a capitán de granaderos. El mulato libertino Ramón Arias alsado a capitán de la Primera Compañía de fusileros, Don Pedro José Indaburo de granadero, Melchor Jiménez, con el apodo de Pichitanca, Buenaventura Bueno, Don Juan Basilio Catacora, Gregorio García Lanza y todos los demás que no podemos declararlos nominatim pero lo haremos cuando tengamos convincentes pruebas”.
El documento agrega: “Declarándolos como los declaramos malditos del Eterno Padre, de Hijo y del Espíritu Santo, como los declaran los Sagrados Concilios de Toledo en la excomunión lata y anatema que fulminan. Y bajo la misma excomunión mayor, mandamos a todos los fieles cristianos les nieguen todo auxilio, favor y ayuda. Que no les comuniquen ni traten, aún en lo civil y político, negándoles el habla enteramente y no obedeciendo este su mandato”.
Bequer dice que más allá de la pérdida de la gracia, la excomunión implica una ruptura de los vínculos que unen al creyente con la Iglesia. “Vaya a saber uno qué pasaba por la mente de los condenados”. Seguramente poco les importaba sentirse fuera a de ella, sabiendo que la búsqueda de la libertad, la autonomía política y el rechazo a la opresión los ponía de cara a la muerte, sin la posibilidad de encontrar una mano salvadora”, comenta el historiador.
Para Moncada, esa sentencia no es válida porque “Dios no es un Dios de maldiciones”.
En los años 70, algunos de los descendientes de los protomártires pidieron al Arzobispado la anulación de esa sentencia.
Alain de Canedo, descendiente de Buenaventura Bueno, afirma que la solicitud llegó al Vaticano, donde informaron que no tienen registro del documento de excomunión. El tema debe ser tratado en el Arzobispado de La Paz.
Para De Canedo, esa sentencia se debió a una acción política coyuntural de la época y no tiene un valor legal, aunque marcó la vida de las familias de los protomártires, a quienes se les despojó de todos sus bienes y otros fueron desterrados. “De que friega, friega, dice De Canedo, aunque yo personalmente no creo en las maldiciones, pero las personas somos algo supersticiosas y podemos sentirnos afectadas con la maldición de La Santa”.
No fue distinto a la hora de sepultarlos, dice Roxana Moncada una de las descendientes de Pedro Domingo Murillo, quien junto a los revolucionarios del 16 de julio, fue excomulgado y maldecido.
Fue el obispo español Remigio de La Santa y Ortega -a quien echaron de la ciudad el 16 de julio- el autor de la sentencia.
En esa época, la Iglesia Católica jugaba un papel importante y , ante las acciones para obtener la Independencia, tomó tal medida, porque concebía que luchar contra la autoridad del rey era lo mismo que luchar contra la Iglesia, según señala el historiador Edwin Bequer Álvarez en su texto Excomunión para los revolucionarios del 16 de julio de 1809.
Entre los excomulgados figuraban también el argentino José San Martín y el cura Miguel Hidalgo y Costilla de México, que lucharon en favor de la independencia de América.
Por tanto, quienes iniciaron el movimiento libertador en América sabían muy bien de la pena moral que les esperaba. La excomunión para los creyentes de la época resultaba ser una grave censura orientada a la corrección de la delincuencia.
Bequer cree que los protomártires eran conscientes que esa medida no tenía fuerza alguna ni se comparaba con la que ellos desplegaban contra el despotismo y la opresión en América.
Aunque reconoce que la excomunión causó temor en los creyentes, aspecto que influyó para que en varias provincias la Revolución no prosperara, lo que también señalan otros historiadores.
La excomunión
A tiempo de tomar la ciudad e instalar la Junta, los patriotas expulsaron al obispo La Santa, quien en represalia, dice Mariano Batista, desde Irupana decretó la “excomunión” para los que abrazaran la causa de la Revolución.
Eso asustó a los creyentes y fue parte del motivo del fracaso de la Revolución, especialmente en las provincias. Bequer cita como ejemplo a los seguidores de Gregorio García Lanza, que estaban concentrados en Chulumani, aunque luego prosiguieron los preparativos para la lucha.
La sentencia de La Santa, emitida el 27 de septiembre de 1809, señala textualmente: “Separamos del gremio de la católica iglesia, excomulgamos y entregamos a Satanás a las cavesas de este asalto que de público y notorio constan ser Juan Antonio Figueroa, Apolinar Jaén, Don Pedro Domingo Murillo alsado a coronel y comandante general de las tropas, Don Juan Pedro Indaburu alsado a teniente coronel, Don Juan Bautista Sagárnaga regidor alsado a sargento mayor, Mariano Graneros entendido con el apodo de Challategeta alsado a capitán de granaderos. El mulato libertino Ramón Arias alsado a capitán de la Primera Compañía de fusileros, Don Pedro José Indaburo de granadero, Melchor Jiménez, con el apodo de Pichitanca, Buenaventura Bueno, Don Juan Basilio Catacora, Gregorio García Lanza y todos los demás que no podemos declararlos nominatim pero lo haremos cuando tengamos convincentes pruebas”.
El documento agrega: “Declarándolos como los declaramos malditos del Eterno Padre, de Hijo y del Espíritu Santo, como los declaran los Sagrados Concilios de Toledo en la excomunión lata y anatema que fulminan. Y bajo la misma excomunión mayor, mandamos a todos los fieles cristianos les nieguen todo auxilio, favor y ayuda. Que no les comuniquen ni traten, aún en lo civil y político, negándoles el habla enteramente y no obedeciendo este su mandato”.
Bequer dice que más allá de la pérdida de la gracia, la excomunión implica una ruptura de los vínculos que unen al creyente con la Iglesia. “Vaya a saber uno qué pasaba por la mente de los condenados”. Seguramente poco les importaba sentirse fuera a de ella, sabiendo que la búsqueda de la libertad, la autonomía política y el rechazo a la opresión los ponía de cara a la muerte, sin la posibilidad de encontrar una mano salvadora”, comenta el historiador.
Para Moncada, esa sentencia no es válida porque “Dios no es un Dios de maldiciones”.
En los años 70, algunos de los descendientes de los protomártires pidieron al Arzobispado la anulación de esa sentencia.
Alain de Canedo, descendiente de Buenaventura Bueno, afirma que la solicitud llegó al Vaticano, donde informaron que no tienen registro del documento de excomunión. El tema debe ser tratado en el Arzobispado de La Paz.
Para De Canedo, esa sentencia se debió a una acción política coyuntural de la época y no tiene un valor legal, aunque marcó la vida de las familias de los protomártires, a quienes se les despojó de todos sus bienes y otros fueron desterrados. “De que friega, friega, dice De Canedo, aunque yo personalmente no creo en las maldiciones, pero las personas somos algo supersticiosas y podemos sentirnos afectadas con la maldición de La Santa”.
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