El Ministerio Público apunta en esta dirección con base en declaraciones informativas y la verificación de llamadas en las que se evidencia que Valda, como abogado de Belaunde, y López mantuvieron conversaciones después de que a la Sala Penal Primera le tocara tratar un amparo constitucional presentado por el peruano, a quien le habían negado el refugio político en Bolivia.
“A los pocos días de que fue sorteado el amparo a su sala, López habría llamado insistentemente (a Valda) pidiendo 100.000 dólares para resolver ese amparo a favor de Belaunde. Indicó que habría conversado con Ricardo Chumacero (el otro vocal de la Sala Penal Primera), con quien hubiesen acordado pedir ese monto porque el riesgo era alto”, se lee en la imputación contra Chumacero.
Como primer pago se habría entregado 40.000 dólares a los dos vocales. Días después de que López y Chumacero emitieron la resolución que concedía el amparo a Belaunde (el 27 de marzo), se entregó una vagoneta BMW a López “para que el magistrado tenga la seguridad de que se le pagaría”.
“López habría llamado insistentemente a Valda porque no se le había pagado el monto total de 100.000 dólares”, dice la Fiscalía. Pero Belaunde y su círculo ya se habrían puesto manos a la obra, porque el 24 de marzo obtuvo un préstamo de 58.000 dólares por un carro Nissan Patrol, “elementos que acreditan que se encontraban en la obtención del dinero pedido por los vocales”.
Otro de los indicios que resalta el Ministerio Público es el informe policial tras la aprehensión de Valda, el 25 de mayo. Al revisar su celular se estableció que López lo llamó en varias ocasiones.
El abogado del vocal, Marco Nina, evitó responder a estas acusaciones y dijo que se defenderán en audiencia. “El que denuncia tiene la obligación de probar y tiene que hacerlo de una manera objetiva. Mi defendido se mantiene en su posición, que él es inocente”.
Por otra parte, Chumacero también manifestó ante la prensa que él es inocente, que nunca recibió un centavo como coima y que está dispuesto a probarlo en un detector de mentiras y un careo.
Su abogada, María Cecilia Rocabado, dijo ayer que la denuncia de cohecho no sólo involucra a los dos vocales, sino también a personas del Órgano Ejecutivo, Conare, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional. “¿Por qué no se investiga a ellos?”.
La imputación
Delito
La Fiscalía imputó a los dos vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Ramiro López y Ricardo Chumacero, por cohecho pasivo del juez, delito sancionado con hasta ocho años de cárcel.Amparo
El fallo que concedió el amparo constitucional a Belaunde (y por el cual se acusa a los vocales de cohecho), según Chumacero se enmarcó dentro de las leyes. Sólo se dispuso que el Conare analizara todas las pruebas entregadas por el empresario antes de decidir si se le otorgaba o no el refugio político.Inocencia
La defensa de Chumacero indicó que en ninguna parte de la declaración de Jorge Valda su defendido figura de forma directa.Magistratura inicia proceso disciplinario contra los dos vocales
La Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura inició un proceso disciplinario contra los dos vocales de la Sala Penal Primera de La Paz imputados por cohecho pasivo en el caso Belaunde.
De acuerdo con la Ley del Órgano Judicial N° 025 se los investigará por una “falta gravísima”, contemplada en el artículo 188, y en caso de comprobarse su culpa serán destituidos. “Son faltas gravísimas y causales de destitución cuando se solicite o reciba dineros u otra forma de beneficio ilegal al litigante, abogado o parte interesada en el proceso judicial o trámite administrativo”.
Mientras tanto, Ricardo Chumacero y Ramiro López permanecían hasta la tarde de ayer privados de su libertad en celdas judiciales a la espera de acciones de libertad y audiencias cautelares.
En horas de la mañana se realizó la audiencia cautelar del primero, que terminó sin resultado alguno.
Después de un cuarto intermedio solicitado por la defensa para revisar el cuaderno de investigación (se denunció que la Fiscalía evitó el acceso al mismo y mantuvo de esta forma en indefensión al imputado) Chumacero recusó al juez primero anticorrupción de la ciudad de El Alto, Ricardo Pinto, con tres argumentos:
Primero, hay un interés de este juez para participar de este caso debido a que recibió la causa cuando no estaba de turno. Segundo, prohibió el derecho a la palabra de su abogada. Tercero, 10 minutos antes de la reinstalación de la audiencia le inició una demanda penal (transcrita en media hoja) por prevaricato.
El caso pasó al Juzgado Primero de Instrucción Cautelar de El Alto y el nuevo juez deberá fijar hora y fecha para que se lleve a cabo la audiencia cautelar de Chumacero. Hasta la tarde de ayer también se esperaba la de su compañero, Ramiro López.
Fuente:http://www.consuladodebolivia.com.ar/
