miércoles, 20 de mayo de 2015

Corruptelas de Barral transcienden la Cámara de Diputados (Matías)


El diputado suplente de UD, Amilcar barral (Archivo/ABI)  

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La Paz, 20 may (ABI).- Los actos de corrupción cometidos por el diputado suplente de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, trascienden el ámbito de la Cámara Baja y llegan hasta el municipio paceño de Sapahaqui, donde según la denuncia del asesor del poder Legislativo, Hipólito Matías, está procesado por estar involucrado en la suscripción de contratos lesivos al Estado, que ascienden a 40.000 bolivianos.

    Matías, que desde la semana pasada denuncia a ese legislador por cobrarle más de la mitad de su sueldo para la campaña de ese partido político a cambio de continuar trabajando, informó que Barral incluso suspendió una audiencia de medidas cautelares sobre el caso de Sapahaqui.

    "Yo estoy hablando con documentación, y está aquí imputado, tenía una invitación para una medida cautelar y él (Barral) ha hecho suspender", reveló en una entrevista realizada el martes por la noche por la televisora CTV.

    Tras esas revelaciones, el asesor legislativo informó que el pasado fin de semana recibió por teléfono varias "amenazas de muerte", también contra su familia, hecho que lo obligó a responsabilizar al legislador suplente de UD ante cualquier atentado.

     "Han sido amenazas, dicen: "ahora que has puesto las denuncias atente a las consecuencias, ahora como estás jodiendo ahora te voy a joder peor". Yo corro peligro, mi familia y ante las amenazas  y quiero decir que cualquier cosa que pueda pasar es de responsabilidad del señor Amílcar Barral", sostuvo Matías.

    Tras ese amedrentamiento, supuestamente instruido por Barral, Matías informó que acudirá a las empresas telefónicas para identificar a los propietarios de los números telefónicos de donde provinieron las amenazas.

    En cuanto a su caso, el asesor político explicó que toda esa situación engorrosa fue generada a raíz de 21.000 bolivianos (3.000 dólares) que Barral le adeuda.

    Barral se ha convertido en uno de los más polémicos legisladores.

    Según Matías, Barral pretendía pagar esa deuda cobrando la mitad de su sueldo con el pretexto de reunir aportes para la campaña electoral de ese partido político, hecho que fue desmentido recientemente por su homólogo, Grover Huanca, que negó dicha acción.

    El lunes, el funcionario de la Bancada de Unidad Demócrata (UD), Rodrigo Murguía, se sumó a esa denuncia de extorsión revelando que Barral también cobraba más de la mitad de su sueldo a cambio de continuar trabajando para esa tienda política, opositora al Gobierno de Evo Morales.

    "Referente al tema sobre que Barral esté sonsacando dinero, personalmente puedo decir que antes de ingresar (al Legislativo) yo tuve un trato con él en el que me pidió un monto de dinero para ingresar, en principio me dijo que iba a pagar la factura del cable que eran 200 bolivianos y a medida que iba pasando el tiempo me dijo que tenía que pagarle 500 bolivianos", señaló.

    Esa supuesta corruptela generó un malestar en la Asamblea Legislativa y el presidente de esa instancia, José Alberto Gonzales, instó a los funcionarios a denunciar en caso de ser víctimas de descuentos ilegales de sus sueldos o de cobros indebidos.

    "Quiero reiterar a todos los empleados de la Asamblea, a cualquier empleado que le estén sacando una parte de su sueldo, con cualquier tipo de objetivo o propósito, que me busquen y vamos a tomar las medidas respectivas", dijo.

    Sumadas esas denuncias, además de un presunto "acoso político" en las redes sociales contra la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, el presidenta de bancada de UD, Ximena Costas, derivó ese caso a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, instancia que admitió la misma dando un plazo de 10 días para su descargo.

     En  enero último, Barral denunció que Marcelo Arce, hijo del ministro de Economía, Luis Arce, enfrenta un proceso penal por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

    Luis Arce dijo que la denuncia no tenía asidero y entabló un juicio contra el legislador de UD por "delitos contra el honor".

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