Fundación opositora fracasa ante CIDH que le exige probar sus denuncias

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La Paz, 29 oct (ABI).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió el martes a la Fundación Nueva Democracia, del Secretario de Coordinación de la Gobernación de Santa Cruz y dirigente del partido opositor 'Verdes', Oscar Ortiz, demostrar y documentar sus denuncias sobre las inexistentes '60 ejecuciones extrajudiciales' que aseveró se realizaron en el país desde que el presidente Evo Morales juró al cargo, informaron fuentes oficiales.     El ministro de Gobierno Carlos Romero, representó a Bolivia en la audiencia sobre 'Derechos Políticos e Independencia Judicial en Bolivia', durante el 149 Período de Sesiones de la CIDH, en Washington, Estados Unidos.     En esa audiencia, la Fundación de la oposición improvisó la acusación de las supuestas 'ejecuciones extrajudiciales' y ofreció como testigo a un presunto diplomático húngaro que no fue mencionado en la denuncia ni en la petición de audiencia ante la CIDH, reseña un boletín institucional.     Los integrantes de la CIDH coincidieron en que la presencia del supuesto testigo implicaba la participación de un tercer Estado, además que los representantes de la oposición política debían documentar sus denuncias.     El ministro Romero dijo que 'la audiencia sirvió para demostrar el carácter político de la Fundación Nueva Democracia y su tendencia de ultraderecha conservadora de oposición al Gobierno del presidente Evo Morales'.     Romero reveló que el alegato de la Fundación Nueva Democracia (entregado a la CIDH y derivado al Gobierno de Bolivia) mencionaba varios otros casos de supuestas violaciones a los derechos humanos, especialmente relacionados a la libertad de expresión.     Sin embargo, los representantes de esa organización política intentaron direccionar la sesión para deslegitimar el proceso por 'terrorismo-separatista' y los juicios por corrupción en contra de ex autoridades de la oposición que hoy están en condición de prófugos de la justicia.     El ex embajador de Gonzalo Sánchez de Lozada en Estados Unidos, Jaime Aparicio, y el activista de Nueva Fuerza Republicana (NFR), Teddy Gamboa, estuvieron presentes en la sesión para ejercer presión sobre la CIDH.     La presentadora Marianela Montenegro, que según el Tribunal Nacional de Ética Periodística, incurrió en actitudes racistas y anti-éticas discriminatorias, también estuvo presente en la audiencia para alentar a la fundación opositora.     Los representantes de la organización opositora cayeron en la contradicción al denunciar un supuesto sometimiento del Órgano Judicial al poder político y presentar como prueba un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declara como inconstitucional algunas suspensiones de autoridades, supuestamente promovidas por el Gobierno.     Los peticionarios políticos no pudieron demostrar una sola de las presuntas 60 ejecuciones extrajudiciales y tampoco justificaron las razones de fuga de las ex autoridades procesadas por corrupción, insistió Romero.     La Fundación de Ortiz, denunció además una supuesta persecución política contra dirigentes de la oposición por el caso de tortura y vejámenes contra indígenas el 24 de mayo de 2008.     Pero cuando Romero mostró las fotografías de indígenas obligados a arrodillarse en la plaza principal para entonar cánticos de la oposición, la CIDH recomendó a los peticionarios documentar mejor su denuncia.     'La audiencia sirvió para caracterizar a la Fundación Nueva Democracia como instrumento político ultraconservador del movimiento separatista que en 2003 manifestó a través de una solicitada del Comité Cívico Pro Santa Cruz, entonces dirigido por el actual gobernador Rubén Costas, su advertencia de escindirse del territorio patrio', acotó Romero.     El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, explicó ante la CIDH el proceso de profundización de los derechos ciudadanos y la ampliación de las garantías constitucionales en una administración de justicia cuyas autoridades máximas son elegidas por el pueblo.     El artículo 34 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus incisos a) y b) determina como causales de inadmisibilidad de cualquier petición aquella que 'no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos (--) y que sea manifiestamente infundada o improcedente, según resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado'. Redacción Central/dea/rsl           ABI     ABI. Copyright 1998-2013.