Influencia de banda de abogados extorsionadores está intacta: Gobierno (Amplía)

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El ministro de Gobierno, Carlos Romero y el viceministro de INteriores, Jorge Pérez (ABI) La Paz, 4 dic (ABI).- El Ministerio de Gobierno denunció el martes que la red de influencias de la banda de abogados extorsionadores incrustados en instituciones públicas se mantiene intacta, pese a la captura de sus cabecillas visibles.     La denuncia se sustenta en los fallos indulgentes con que operadores de justicia favorecieron a los involucrados en el caso del empresario Jacob Ostreicher, víctima principal, entre decenas de otras, de la banda que encabeza, de manera visible, el despedido asesor jurídico de ese despacho de Estado, Fernando Rivera Tardío y quien arrancó al judío estadounidense decenas de miles de dólares y bienes, luego de presionar para que se mantuviera encarcelado sin sentencia en Santa Cruz, acusado de narcotráfico.     El ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó de laxas las decisiones del juez Juan José Zubieta que la noche del lunes al martes libró de culpa y cargo al fiscal de Sustancias Controladas de Beni, Roberto Achá, en la segunda audiencia verificada, paradójicamente, de madrugada, 3 días después que Rivera Tardío, a nombre de su acólito Denis Rodas Limachi, convenciera al juez, a sola petición verbal, que los alojara en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y no los mandara al Penal de Palmasola.    "Se toma la decisión de dejar en libertad al fiscal Achá sobre el cual pesan acusaciones de formar parte de esta red de corrupción y extorsión, de tal manera que se aprovechan, de repente las sombras de la noche. Luego las decisiones del juez y el requerimiento fiscal son absolutamente laxos, primero con los ex funcionarios del Ministerio de Gobierno (por Rivera Tardío y Rodas Limachi) que, un poco más, y los detienen y pasan a detenerlos en el Hotel Los Tajibos y con este fiscal que un poco más admite que su defensa puede hacerse desde (el balneario dominicano de) Punta Cana, para ir un extremo en sentido figurado, pero no nos gusta estas decisiones de la autoridad judicial, nos llaman a la reflexión y creo que tenemos que ser mucho más vigilantes", sostuvo.      Una cartilla de prensa del Ministerio de Gobienro, estableció que el avance de la investigación sobre la red de corrupción y extorsión "ha permitido revelar que los delitos de esa organización criminal se perpetraban en estrados judiciales y oficinas de la Fiscalía donde los destituidos abogados ejercían el abuso de poder en contra de litigantes, procesados y detenidos que indefensos ante la manipulación de la justicia se veían obligados a satisfacer coacciones en desmedro de sus propios intereses y el debido proceso".     El ministro Romero y su subrogante viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, señalaron la "intención cuestionable" de jueces y fiscales connividos de favorecer con indulgencias judiciales a los involucrados en el caso que sacude las fundaciones del sistema del ya desprestigiado sistema de justicia en Bolivia.     "Las últimas actuaciones del juez cautelar y de los fiscales encargados de esclarecer este caso de interés nacional han develado, no obstante, la intención cuestionable de favorecer a los principales responsables de la red de corrupción y extorsión que presumiblemente mantienen intacta su capacidad de influencia y sometimiento de la justicia", afirma la cartilla.     "La madrugada del 1º de diciembre, el juez cautelar de la causa sentenció en primera instancia que los cabecillas de la red de corrupción y extorsión, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi sean trasladados con detención preventiva a la cárcel de Palmasola. Pero ante un pedido de los acusados, de manera expedita y sin verificar el supuesto riesgo sobre la integridad de Rivera y Rodas, la autoridad judicial determinó su traslado a celdas de la FELCC", hizo notar el comunicado sobre la actuación laxa de los operadores de justicia.     Sobre el trato que recibió Achá anotó que "la madrugada" del martes "los fiscales del proceso contra la red de corrupción y extorsión dejaron en libertad a su colega el fiscal Roberto Carlos Torres, acusado de haber forzado la acusación contra el ciudadano estadounidense Jacob Ostraicher y haber obligado al juez de ese proceso a cambiar una sentencia de libertad a favor de esa persona".     El Ministerio de Gobierno advirtió que "ambas decisiones se manifestaron entre las 12 de la medianoche y las 2 de la madrugada".     En declaraciones a UNITEL, Romero pidió considerar que jueces y fiscales envueltos en el caso Ostreicher han mandado, en cambio, a funcionarios administradores de mando medio fueron enviados sin empacho a la cárcel de Palmasola.     "Resulta que ahora a Palmasola no van los principales acusados, van los ex funcionarios administrativos de Dircabi (Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados al Narcotráfico),  y resulta que los principales acusados tienen un trato absolutamente con mucho beneplácito", ironizó.     Romero planteó su preocupación por la crisis profunda que se ha abatido sobre la justicia en Bolivia y, más aún, sobre la calidad de la formación moral en las facultades de abogacía.     "Nos preocupa, porque en el caso del Ministerio de Gobierno ha sido el Ministerio de Gobierno el que inició una investigación, el que ha presentado públicamente el caso y el que ha presentado una acusación en el ámbito judicial, en el caso del Ministerio Público, nosotros esperamos lo mismo, así sean sus propios integrantes, queremos que se actué con la mayor drasticidad y apego a la legalidad", sostuvo. 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