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CONSULTA A LOS PUEBLOS DEL TIPNIS
San Miguelito, una de las primeras comunidades consultadas, determinó por aclamación la construcción de la carretera Beni-Cochabamba, pero sin atravesar el núcleo del Tipnis.
El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Vladimir Sánchez, informó ayer que 29 comunidades del Tipnis rechazan la intangibilidad y optan por la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Desde el 29 de julio hasta el 25 de agosto, en el marco de la Ley 222, el Gobierno realiza la consulta a los 69 pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para que definan la intangibilidad de la zona y las vías para su desarrollo.
“El último informe del proceso, hasta las once (de la mañana de ayer), concluye con la consulta a 29 comunidades que rechazan la intangibilidad y 28 aceptan la construcción de la carretera“, informó Sánchez en una conferencia de prensa.
Agregó que sólo la comunidad de San Miguelito pide una carretera alterna, “es decir que no pase por el corazón del Tipnis”.
Santa Rosa de Ichoa, San José de Angosta, San Antonio de Moleto y Puerto Beni son las comunidades que hasta ayer concluyeron el proceso consultivo de acuerdo con sus usos y costumbres, según reportaron las brigadas a la cartera estatal.
ONU también es veedor
Respecto a la función de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sánchez afirmó: “El viernes, el representante alterno del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia, Roberto Desogus (quien reemplaza a Denis Racicot), me planteó que necesitaba el apoyo para que entren Wilma Romero y Nicolás David, y les brindamos todo el apoyo necesario, y hoy (ayer) se retiran”, indicó Sánchez.
El lunes, la ONU informó a través de un comunicado que sus funcionarios realizaban el monitoreo sobre los derechos humanos en el Tipnis. Según el protocolo o reglamento de la consulta, 15 brigadas acompañadas por los veedores del Tribunal Supremo Electoral, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur) son las encargadas de llevar adelante este mecanismo.
Ley de plazo abierto
Mediante la Ley 240, el plazo de la norma de consulta fue ampliada de 120 a 210 días, tiempo en el cual, las comunidades de los pueblos yuracaré, chimán y mojeño-trinitario participan en el proceso. Sin embargo, para el diputado de origen yuracaré Eleuterio Guzmán el plazo del proceso consultivo “no es suficiente” y debe ampliarse para lograr la cobertura total en el parque.
“Propongo que se tenga una ley abierta para ver hasta dónde nos da el plazo convenido y ver a cuántas comunidades se puede alcanzar”, afirmó Guzmán.
Explicó que el tiempo previsto en el protocolo no es suficiente y la cercanía de la fecha final obliga a que se amplíe el plazo porque el traslado de algunas brigadas no es fácil, ya que las vías de transporte, como la fluvial y terrestre, demoran la llegada a los destinos.
Hace semanas, el ministro Sánchez afirmó la posibilidad de ampliar el plazo, siempre y cuando las comunidades lo pidan. Además, aclaró que el cronograma de la consulta siempre estuvo sujeto a posibles modificaciones que se puedan dar de acuerdo con la evolución de la consulta.
A siete días del inicio de este proceso, a pedido de las comunidades, el Órgano Ejecutivo hizo una primera pausa del 5 al 7 de agosto por las fiestas patrias.
DATOS
• Cada brigada, conformada por 6 miembros, tiene el apoyo de tres indígenas que ayudan con la concertación y traducción de los acuerdos en las asambleas comunales.
• El 6 de septiembre de 2012, según el cronograma, el Gobierno dará a conocer los resultados oficiales del proceso consultivo.
Diputado pide suspender a Vargas
El diputado Eleuterio Guzmán sugirió ayer a los pueblos de la subcentral del Tipnis la suspensión de su presidente, Fernando Vargas, quien en la actualidad hace resistencia a la consulta junto con otros ex dirigentes.
“Lamentamos la situación del compañero Vargas y creo que al igual que la señora Cárdenas (ex dirigente de la Policía Boliviana) sus bases la sacaron y pusieron otro directorio, otros dirigentes nuevos”, afirmó Guzmán.
Explicó que las acciones de Vargas vulneran los derechos de los indígenas a ser consultados y con su mala trayectoria en su vida dirigencial no tiene la moral para dirigir a las comunidades.
Hace meses se difundió documentación donde se explican los contratos de Vargas con empresas madereras y la deforestación ilegal que ocultó.
