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La Paz, 20 jun (ABI).- La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, consideró el miércoles que el Gobierno de Brasil se "equivocó" al dar de manera "ligera" asilo político al senador de Convergencia Nacional (CN), Roger Pinto, acusado en Bolivia de actos de corrupción. "Brasil se equivocó porque de manera ligera, sin conocimiento de causa y sin tener la información adecuada dio asilo político al senador Róger Pinto, cuando esa persona está siendo procesada por la justicia debido a delitos económicos contra el Estado, que suman seis millones de dólares y además de daños ambientales a la región de Pando", argumentó a los medios estatales. En esa dirección, insistió en que "Brasil se equivocó", porque no consultó la información adecuada y sólo se basó en un informe "falso" proporcionado por legisladores de la oposición que visitaron ese país para denunciar una supuesta persecución política. "Esos diputados falsearon la verdad y mintieron deliberadamente, por lo que creemos que Brasil cometió la ligereza de no informarse adecuadamente sobre ese caso y ver si hay procesos o no", fundamentó. La Ministra de Comunicación recordó convenios internacionales, suscritos por Bolivia y Brasil, en los que se señala "claramente" que para dar asilo político los estados tienen que respetar las clausulas, que establecen que cuando una persona tiene un proceso judicial no puede ser sujeto de asilo político, porque tiene que rendir cuentas en su país de origen. "Por lo tanto, Brasil se equivocó y actuó con ligereza porque se basó simplemente en una fuente de información de un grupo de diputados y no tuvo conocimiento de los procesos en los cuales está involucrado Pinto", reiteró. Aunque la Ministra de Comunicación reconoció el derecho de Brasil de dar asilo político a las personas que considere, pero consideró que ese país, como todos, tiene la "obligación" de cumplir con los tratados internacionales, que favorecen a las personas que son afectadas en sus derechos y no a las personas con procesos judiciales. En esa dirección, Dávila lamentó el asilo político y se solidarizó con el pedido de los familiares de las víctimas de la masacre del Porvenir, registrada en septiembre de 2009, en la que Pinto fue involucrado por la justicia. Por otro lado, ratificó que el presidente boliviano, Evo Morales, no buscará una reunión con su homóloga de Brasil, Dilma Rousseff, para abordar el asilo político, en el marco de la Cumbre de la Tierra Río 20. "El Gobierno no está pidiendo una reunión con las autoridades brasileñas, lo que sí ha hecho el Gobierno es mandar la información necesaria para que las autoridades tomen en cuenta esos antecedentes que tiene Pinto, sin necesidad que eso signifique influir en la decisión de Brasil", explicó. El senador por el departamento amazónico de Pando tiene 20 procesos penales en su contra, entre ellos, procesos por el desvío ilegal de fondos de la Zona Franca de Cobija (Zofraco) en favor de la Universidad Amazónica de Pando, en su gestión de Prefecto de ese Departamento (2001), caso por el que fue imputado por delitos de conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. De acuerdo a los antecedentes, tras la acumulación de las evidencias se determinó que el daño económico causado al Departamento de Pando fue de aproximadamente 11 millones de bolivianos, cuyo destino aún es desconocido. Asimismo, Pinto, ex prefecto del departamento de Pando, está involucrado en la masacre perpetrada en septiembre de 2008, en la que murieron al menos 17 campesinos, emboscados cuando se dirigían a la ciudad amazónica de Cobija, por grupos afines al ex prefecto, Leopoldo Fernández, que está encarcelado como principal acusado. clm/rsl ABI ABI. Copyright 1998-2011. |