Economía
El regulador rechazó el plan presentado para reactivar la aerolínea privada porque es inviable y no satisface las necesidades que requiere la firma.
REDACCIÓN CENTRAL - Cambio
La Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó ayer que iniciará procesos penales contra los ejecutivos y accionistas de la empresa AeroSur por llevar a la aerolínea a una quiebra fraudulenta.
El director del ente regulador, Clifford Paravicini, señaló que la ATT rechazó el plan de rescate que presentó el inversionista estadounidense William Petty porque es inviable para reactivar la compañía en crisis.
“¿Qué nos queda por hacer? Empezar las acciones legales jurídicas que el Estado nos manda, lo que se tiene que hacer son procesos legales (...) a los accionistas, directorio y gerentes (de AeroSur), que la ley recaiga sobre ellos para que asuman su responsabilidad”, manifestó Paravicini.
De acuerdo con el regulador, el plan presentado para salvar la empresa tiene carácter operativo y no de inversión, que es lo que se requiere para que AeroSur pueda salir de su crisis.
“Es un plan que no han logrado analizarlo con sus propios expertos y están pecando de total inocencia (...) el plan es inviable”, dijo Paravicini, quien lamentó la movilización que realizan por varios días los trabajadores de la aerolínea en demanda del pago de sus salarios adeudados y la preservación de sus fuentes de empleo.
En pasados días, el empresario Petty presentó un plan de inversiones que pretendía inyectar inicialmente una suma económica de 15 millones de dólares cuando, según el Gobierno, la aerolínea privada requiere alrededor de 30 millones de dólares.
Paravicini recordó que los ejecutivos de AeroSur nunca solicitaron una suspensión de operaciones de manera oportuna. Pese a esto, la autoridad dijo que la ATT atendió el pedido, cuyo plazo termina el 2 de julio.
Pasado este tiempo, la administración de la compañía tendrá que hacer una nueva solicitud, puntualizó Paravicini.
La ATT sostiene que las deudas de la firma superan los 200 millones de dólares, por lo que el Estado deberá aplicar todos sus recursos legales para recuperar lo que le corresponde.
“La quiebra fraudulenta se da cuando una empresa que era rentable, viable, con alto flujo de ingresos (...) deja de pagar impuestos y algunas deudas hasta que deja de volar”, explicó.
Mientras tanto, los trabajadores continuaban movilizados tanto en La Paz como en otras ciudades.
