Editorial
Desde que el presidente Evo Morales Ayma asumió la administración constitucional de Bolivia, el 22 de enero de 2006, tras ganar un mes antes en forma contundente las elecciones generales, se ha fijado entre sus principales objetivos recuperar el patrimonio estatal para que beneficie al pueblo.
De esa manera dio curso a una serie de procesos de nacionalización de empresas estatales estratégicas que habían sido transferidas desde la década de los 90, durante los gobiernos neoliberales, a consorcios trasnacionales que usufructuaron de la riqueza y la potencialidad del país hasta fines de 2005.
Por ello, el Gobierno procedió a la nacionalización de los hidrocarburos, el 1 de mayo de 2006, a fin de que los recursos generados en el sector sean encaminados al pueblo.
Por efecto de esa medida se produjo un resurgimiento de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que había sido convertida por las trasnacionales en una simple empresa residual.
Durante la denominada capitalización de empresas estatales, que no fue más que una privatización del patrimonio estratégico nacional a favor de intereses que no eran precisamente del pueblo, los recursos generados por los hidrocarburos fueron destinados en un 82 por ciento a las trasnacionales, y para Bolivia quedaba solamente un 18 por ciento.
Al producirse la nacionalización de los hidrocarburos, esos porcentajes fueron virados para que la mayoría de las ganancias se quede en Bolivia y sean distribuidas en el desarrollo económico y social del país.
Como consecuencia de esa medida, Bolivia comenzó a recuperar su economía con la puesta en marcha de programas de desarrollo que llegaron al pueblo, ya sea a través de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) o de bonos destinados a los ciudadanos de la tercera edad, a los escolares y a las madres gestantes.
En octubre de 2006, el Ejecutivo estatalizó la mina de estaño de Huanuni. Pocos meses después, en enero de 2007, fue anunciada la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).
Otro de los pasos dados en ese sentido se produjo en febrero de 2007 con la nacionalización de la Empresa de Fundición de Vinto, que estaba administrada por capitales suizos.
El Jefe de Estado dispuso, el 1 de mayo de 2008, la nacionalización de la Compañía Logística de Hidrocarburos y de Entel, que funcionaba como una filial de la empresa italiana Telecom.
El 1 mayo de 2009, el Gobierno boliviano dio un nuevo paso hacia la recuperación de la propiedad estatal al introducir la empresa Air BP, filial de la británica British Petroleum, que distribuía carburantes en los aeropuertos para las líneas aéreas nacionales e internacionales.
El 1 de mayo 2010 se produjo la nacionalización de las empresas eléctricas Corani, Guaracachi y Valle Hermoso, y la de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Cochabamba, en las que operaban consorcios como Ecoenergy International, subsidiaria de la francesa GDF Suez; la británica Rurelec PLC; y The Bolivian Generating Group, de la Panamerican de Bolivia, respectivamente.
Igualmente, el 2 mayo de 2010 fue nacionalizada la fundidora de antimonio Empresa Metalúrgica Vinto-Antimonio, filial de la suiza Glencore.
El proceso de nacionalizaciones prosiguió el 1 de mayo de este año con la expropiación de las acciones de Red Eléctrica Española (REE) en la empresa Transportadora de Electricidad (TDE).
El Primer Mandatario ha asegurado que este proceso proseguirá para que el Estado tome a su cargo la administración de las empresas estratégicas a fin de que los recursos que se obtengan sean puestos al servicio de los bolivianos.
