ABI - El analista político, Carlos Cordero, considera que la célula terrorista comandada por Eduardo Rosza Flores estaba orientada a “construir un grupo de defensa de los intereses cruceños, económicos, sociales, culturales, es decir más bien como una especie de barricada frente al proceso de cambio”, lo cual calificó de “equivocado”, porque “los intereses personales en democracia no se defienden con violencia”, señaló.
Esas son las consideraciones de Cordero a tres años del desbaratamiento de la célula terrorista, que pretendía desestabilizar el gobierno del presidente Evo Morales y provocar la división del país, según se concluyó tras las investigaciones iniciadas en 2009.
Producto de dos explosiones en Santa Cruz, la primera en casa del ex viceministro de Autonomías, Saúl Avalos y la segunda, dos semanas más tarde, en el domicilio del cardenal Julio Terrazas, en abril de 2009 se descubrió la presencia de este grupo irregular, cuya misión, según las investigaciones, era asesinar al presidente Evo Morales mientras se reunía con el Gabinete Ministerial en el Lago Titicaca y dividir el oriente del occidente en el territorio boliviano
Cordero, señaló que en realidad el grupo era de defensa de intereses cruceños económicos, pero una defensa equivocada.
La investigación del caso denominado terrorismo se inició el 15 de abril de 2009, luego del atentado terrorista suscitado a la casa del Cardenal Julio Terrazas.
El 16 de abril de 2009, a las 4h30 de la madrugada, fuerzas de seguridad bolivianas entraron al Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz, de acuerdo con la Policía, los funcionarios acudieron tras recibir reportes de que cinco extranjeros, que ocupaban dos habitaciones, portaban armas.
La Policía declara que cuando agentes quisieron entrar a los cuartos, fueron recibidos por disparos, iniciándose un tiroteo que se extendió por casi media hora. Ese mismo día, la institución del orden reportó haber hallado un arsenal de explosivos y fusiles en el Stand de Cota del recinto ferial de Santa Cruz.
Las investigaciones, a cargo del fiscal Marcelo Sosa, señalaron que el miliciano Eduardo Rozsa fue contratado por personas aún desconocidas, con el objetivo de desestabilizar el Gobierno de Morales.
En el operativo policial del hotel Las Américas, fueron abatidos el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, el húngaro Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. En tanto que Elod Toazó y Mario Tadic quedaron detenidos y hasta la fecha se encuentran retenidos en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Las respectivas familias del Magyarosi y Dwyer solicitaron la repatriación de sus cuerpos, y una vez en su poder, solicitaron la realización de nuevas autopsias.
Al inicio de las investigaciones Mario Tadic dio a conocer que utilizaban un vehículo de color plomo, pero que anteriormente había utilizado otros motorizados.
El supuesto líder del grupo irregular había usado dos aerolíneas para llegar a Brasil. La Fiscalía pidió informes a la empresa boliviana Aerosur para saber quién pagó los pasajes de Rozsa a Bolivia.
El 12 de enero de ese mismo año, Rozsa y otros seis hombres más se alojaron en el Hotel Austria de Santa Cruz, hasta el 3 de abril.
Según un funcionario, su comportamiento en el lugar no generó ningún tipo de sospechas, la investigación realizada en el distrito judicial de La Paz, duró aproximadamente dos años.
Durante toda la investigación se reveló que el grupo irregular fue financiado desde Bolivia, además de los nombres de 39 implicados en el caso, lo que dio lugar a la apertura del caso terrorismo II que investiga específicamente a los financiadores del grupo irregular.
Los imputados en el caso Terrorismo I son Mario Francisco Tadic Astorga, segundo hombre al mando después de Eduardo Rózsa.
Además de Elöt Tóazó, Juan Carlos Guedes Bruno, Ignacio Villa Vargas, Alcides Mendoza Masahui, Alejandro Gelafio Santiesteban Stroebel, Mario Antonio Herrera Sánchez, Roberto Eduardo Justiniano Áñez, Hugo Paz Lavadenz, Hugo Melquiades Vásquez, Zvonko Matkovic Rivera, Marco Antonio Monasterio Mariscal.
Juan Carlos Velarde Roca, Lucio Áñez Ribera, Zoilo Bernardo Salces Sepúlveda, Gary Augusto Prado Salmón, Carlos Eduardo Pereira Pérez, Ronald Enrique Castedo Allerding, Juan Alberto Kudelka, Alberto Melgar Villarroel, Branko Marinkovic, Guido Eduardo Náyar, Mario Antonio Paniagua Alpire.
Gelafio Santiesteban Mercado, Juan Carlos Santiesteban López, Alejandro Melgar Pereira, Hugo Antonio Achá, Alejandro Brown Ibáñez, Luis Alberto Hurtado, Ronny Hurtado Vaca, Enrique Vaca Pedraza, Lorgio Balcázar, David Sejas López.
Héctor Renato Laguna Paniagua, Pablo Humberto Costas Aguilera, Mario Adolfo Bruno Leonhardt, Luis Orlando Justiniano Áñez, Alfredo Saucedo Ayala y Juan Adalberto Torres Césped.
Actualmente, el proceso está a la espera del sorteo de jueces ciudadanos para iniciar el juicio oral, que se anunció comenzará el 24 de abril.
Para Cordero el Estado debía ofrecerle seguridad a la sociedad sobre que iba a ser ésta una investigación imparcial, sin interferencia política.
No obstante, señala que “hay que destacar que el Estado va a presentar pruebas de cargo y los imputados tienen que presentar pruebas de descargo, los jueces emitirán un veredicto y los ciudadanos debemos confiar en la decisión de los jueces, eso es la credibilidad en la justicia”.
