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Seguridad
El Ministerio Público explicó que el año 2005 la lucha anticorrupción nació con cinco fiscales, los que al presente llegan a 34.LA PAZ - Cambio
El fiscal general, Mario Uribe Melendres, en balance de los cinco años de su gestión, informó que como consecuencia de los juicios de responsabilidades por delitos de corrupción logró que se califique como reparación del daño ocasionado al Estado la suma de 1,3 millones de dólares.
Esta suma considerable —aseguró— beneficiará a la sociedad en su conjunto una vez que estos montos calificados por autoridad competente sean parte de las arcas del Estado.
“En el caso contra el ex prefecto de Tarija Gustavo Aguirre Pérez se tiene calificado como reparación de daño civil ocasionado al Estado la suma de 291.224,37 dólares más el interés del 6% anual. Mientras que en el caso del ex ministro de Salud Tonchy Marinkovic se tiene calificada la suma de un 1.033.957,37 dólares”, informó Uribe.
Mientras que el caso relacionado con Luis Alberto Valle Ureña, también por corrupción, afirmó que se encuentra en proceso de reparación del daño económico ocasionado al Estado.
Explicó que una de sus políticas fue la lucha contra delitos como la corrupción, narcotráfico, trata y tráfico de personas, que derivó este último en la dotación de nuevos ítems para fiscales, además de formular nuevas políticas de persecución penal y fomentar la capacitación de sus recursos humanos.
Recordó que el año 2005 el Ministerio Público inició su trabajo de Lucha Contra la Corrupción apoyado por el entonces Programa Integral Anticorrupción PIA, proyecto que concluyó el año 2010.
En ese entonces aseguró que la lucha anticorrupción nació con un número de cinco fiscales anticorrupción para el país.
Entre el año 2006 y 2008, el Fiscal General fortalece el área disponiendo el incremento de fiscales especializados y capacitados para la persecución en este tipo de delitos a 23, número que es superado en cifras entre el año 2010 y 2011, que actualmente llega a 34 fiscales.
La Fiscalía Especializada en la Persecución de Delitos de Corrupción (FEPDC), creada por Resolución N° 41/2010 de 19 de mayo de 2010 emitida por el Fiscal General, se encuentra fortalecida no sólo respecto de su capacidad técnica jurídica y humana, sino también de su propia organización, asumiéndose políticas institucionales de mayor transparencia en el ámbito de la Justicia.
En ese sentido, Uribe aseguró que en 2011, dispuso el fortalecimiento de la (FEPDC) con la creación de dos brazos operativos que investigan casos de corrupción generados en el Ministerio Público por fiscales, y jueces en el Órgano Judicial.
Entre las principales dificultades señaló el aún deficiente presupuesto del Ministerio Público, la carencia de infraestructura adecuada y la necesidad de un mayor número de ítems para fiscales, para ciudades capitales y provincias. Sin embargo de ello, la autoridad destacó que el Ministerio Público creció levemente en presupuesto y personal desde el año 2006.
DATOS
• Los juicios de responsabilidades lograron la obtención de sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal de Juicio de la Corte Suprema de Justicia.
• Las Plataformas de Atención al Público son atendidas por personal que habla el idioma de cada región del Estado Plurinacional.
• Delitos como la corrupción, el narcotráfico, trata y tráfico de personas motivaron la dotación de nuevos ítems para fiscales en estas áreas.
Fiscales antinarcóticos controlan las fronteras
La Fiscalía de Sustancias Controladas, por su enorme responsabilidad de lucha contra hechos ilícitos producto de la actividad del narcotráfico, logró su fortalecimiento en los últimos años, explicó el fiscal general, Mario Uribe.
Dotó a esta unidad de mayor capacidad humana para la persecución penal de este tipo de delitos, y hoy se cuenta con 50 fiscales distribuidos en su mayoría en la región troncal del país.
Destacó que debido al índice elevado de ilícitos penales en las zonas fronterizas, y tras gestiones realizadas, logró un presupuesto adicional de Bs 9 millones.
“Estos recursos permitieron el mejoramiento del área, permitiendo contar con 10 fiscales en zonas fronterizas colindantes con los vecinos países para realizar la persecución penal en delitos de sustancias controladas, contrabando y ambientales”, evaluó.
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